Andrea Taborri[1]
El pasado sábado 17 de enero, en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, Paraguay, se firmó el Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea (UE). Tras más de 25 años de negociaciones entre los dos bloques, los jefes de Estado del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sellaron el pacto que constituirá la mayor área de libre comercio del mundo. No obstante, solo cuatro días después, el 21 de enero, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de que el Acuerdo se someta a revisión jurídica por el Tribunal de Justicia de la UE para verificar su conformidad con los tratados constitutivos de la UE. Esto podría retrasar el voto del Parlamento para su entrada en vigor hasta dentro de dos años. Sin embargo, todavía no está claro si la Comisión decidirá forzar la aplicación de la parte comercial del Acuerdo, sobre la cual tiene competencia exclusiva, con el riesgo de abrir un conflicto con el Parlamento, en el que el ejecutivo tiene una mayoría muy justa.
El Acuerdo plantea la eliminación de la mayoría de los aranceles entre ambos bloques, lo que se reflejará en un aumento del comercio bilateral, según las proyecciones disponibles[2]. Además, acarrea un marco de cooperación política y de armonización legislativa que trasciende las temáticas meramente comerciales. No obstante, se trata de un acuerdo profundamente desigual que profundiza las asimetrías existentes en el marco del capitalismo global.
Aquí se propone una breve revisión de las motivaciones que llevaron a los gobiernos a firmar tras un periodo de negociación de un cuarto de siglo. Se evidencian los elementos propios de la presente coyuntura que han impulsado la llegada a la recta final. Especialmente, se hace hincapié en la creciente importancia de la competición interimperialista, en sus diversas formas, como marco interpretativo actual de las relaciones internacionales. Además, en un segundo apartado, se examinan las razones que han obstaculizado la aprobación del Acuerdo en los últimos años, que se deben encontrar especialmente en las resistencias a sus efectos asimétricos entre los dos bloques y entre sectores productivos.
Caos global y consenso transatlántico
El Acuerdo Mercosur-UE lleva más de 25 años en negociación y es uno de los proyectos comerciales más ambiciosos y controvertidos de las últimas décadas. Su trayectoria se ha desarrollado en un contexto internacional cambiante, que ha transitado desde un mundo unipolar, en el que la hegemonía de Estados Unidos sobre los procesos globales de acumulación se manifestaba también a nivel geopolítico, hasta la actualidad, en la que la contraposición entre potencias a nivel económico, diplomático y militar caracteriza la configuración del sistema internacional.
Pese al énfasis discursivo de los gobiernos europeos y mercosureños en las oportunidades compartidas que este acuerdo acarrea, sus motivaciones profundas han de buscarse en su papel clave de garantizar el acceso a mercados y recursos fundamentales para la valorización de los capitales basados en ambos bloques, y así abrir nuevos espacios de acumulación. Esto refuerza la inserción desigual del Mercosur y de la UE en el capitalismo global: el primero como proveedor de materias primas y mano de obra barata, y el segundo como exportador de bienes industriales. En otras palabras, aunque se presente como un instrumento para fomentar la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y la transferencia tecnológica, los pueblos del Mercosur y de la UE no verán mejorar sus condiciones de vida en consecuencia de su firma, ya que ese aspecto no está contemplado en el Acuerdo.
La propia trayectoria de las negociaciones revela que las motivaciones detrás del Acuerdo han de encontrarse en la búsqueda de una posición ventajosa en un orden mundial cambiante por parte tanto del Mercosur como de la UE. No es casualidad que las negociaciones se hayan reanudado con fuerza a partir de 2016, cuando China empezaba a afirmarse como potencia global y el desafío que esta planteaba a la hegemonía de Estados Unidos (EE.UU.) en los procesos globales de acumulación se volvía cada vez más evidente. En efecto, en 2013 China lanzó la “iniciativa de la Franja y la Ruta”[3], dejando claras sus aspiraciones globales y su voluntad de imponerse como actor clave en el Sur Global. Asimismo, el progresivo repliegue de EE.UU. hacia una política proteccionista, ya expresado por la primera administración de Donald Trump, debe entenderse como telón de fondo de la aceleración de las negociaciones. Lo mismo se puede decir de la creciente conflictividad internacional, impulsada por la disputa interimperialista por recursos y rutas comerciales, cuya intensidad y violencia han aumentado progresivamente desde 2014, año de la invasión de Crimea por Rusia.
La creciente demanda de materias primas críticas por parte de la industria mundial, junto con el imperativo de la transición energética, en la que China mantiene una notable ventaja, también parece haber desempeñado un papel importante en las últimas fases de las negociaciones. La UE, con el Critical Raw Materials Act[4] de 2024 —que corona una trayectoria institucional de una década en este ámbito— establece claramente la estrategia de la Unión para asegurar el acceso a minerales clave en los sectores tecnológico e industrial “verde”. En la última ronda de negociaciones, a partir de 2024, el énfasis en este aspecto ha sido clave en el discurso de aquellos actores que, desde la UE, apoyan la firma del Acuerdo, así como en el de la propia Comisión[5]. Esto evidencia su importancia en un contexto geopolítico en que el acceso a dichas materias primas se está viendo afectado por la rivalidad con actores tradicionalmente hostiles a la UE como China y Rusia y crecientemente con EE.UU., cuya política internacional bajo el mandato de Trump parece no reservar un trato particular a los aliados europeos, véase la actual disputa por Groenlandia.
Resistencias transatlánticas
El Acuerdo ha sido objeto de intensos debates en la UE, debido a que los efectos esperados varían según la estructura productiva y comercial de cada país y, por lo tanto, algunos países saldrían más beneficiados que otros. Si en diciembre de 2024 ya se había alcanzado el consenso entre la Comisión Europea y los presidentes del Mercosur, fue necesario más de un año para que la propuesta transitase por el complejo entramado legal europeo necesario para la aprobación de tratados internacionales.
El Acuerdo, desde el acuerdo político alcanzado en 2024, está atravesando un tortuoso proceso interno de aprobación por parte de las instituciones europeas, hasta el punto de que, más de un año después, se desconoce la fecha de su entrada en vigor. Esto se debe en gran medida a los intereses económicos muy distintos que son representados en las instituciones europeas, manifestación de un bloque heterogéneo. Expresión de esto son las fuertes resistencias de los productores agrícolas en algunos países europeos. En varias ocasiones en los últimos dos años, los agricultores y ganaderos europeos salieron a la calle con sus tractores en varias ciudades para protestar contra la firma del Acuerdo. Francia ha sido el principal opositor en las instituciones europeas y también el país donde han sido más numerosas las protestas de en las últimas semanas[6], aunque en menor medida también han estado presentes en países como Bélgica, Italia, España, Polonia e Irlanda. Estas reivindicaciones tienen un carácter fundamentalmente corporativo, es decir, responden a los intereses de un sector empresarial que ve amenazadas sus ganancias por la dinámica competitiva propia de la apertura de un espacio de libre comercio, como demuestran las principales instancias [7] que animan las protestas. Pese a ello, estas protestas evidencian cómo el Acuerdo profundiza la especialización de la UE como productora de bienes industriales y tecnológicos, y su sector primario queda rezagado en la dinámica competitiva a escala mundial.
Al otro lado del Atlántico, el consenso político sobre el Acuerdo se ha alcanzado con mayor facilidad. Sin embargo, esto tiene que ver más con la arquitectura político-institucional del bloque y de los Estados miembros que con la ausencia de resistencias. El principal impulsor del Acuerdo ha sido el presidente de Brasil Lula da Silva, aunque los demás jefes de Estado del Mercosur en ningún momento han demostrado en la última ronda de negociaciones una seria aversión a la firma del pacto [8]. A este propósito, es necesario señalar la excepción de Paraguay, que, como contrapartida de su firma, ha obtenido un tratamiento preferencial en cuanto a cuotas de exportación y plazos de eliminación de aranceles. Pese a este consenso de fachada, múltiples organizaciones sociales del Mercosur se oponen al Acuerdo por sus efectos esperados sobre el medio ambiente, el tejido industrial, la concentración de la propiedad de la tierra, los desplazamientos forzados de comunidades rurales y otras dinámicas predatorias tristemente conocidas por los pueblos latinoamericanos. El Acuerdo, que como se ha dicho tiene implicaciones profundamente desiguales, intensificará dichas dinámicas, fortaleciendo el rol del Mercosur como exportador y productor de materias primas y desarticulando su débil industria, especialmente en el sector automotriz.
Conclusión
Las negociaciones del Acuerdo Comercial Mercosur-UE parecen haber llegado a su recta final con la firma del Acuerdo el pasado 17 de enero en Asunción. El Acuerdo se ha forjado en un contexto de creciente confrontación entre potencias imperialistas y responde a la necesidad de los estados europeos y del Mercosur de asegurar el acceso a mercados y materias primas para los capitales que operan en sus territorios. En este sentido, este tratado es fundamental en un contexto de creciente incertidumbre y reconfiguración del capitalismo global. Pese a su importancia para sectores de la burguesía en ambos lados del Atlántico, este Acuerdo no beneficiará a los pueblos del Mercosur y de la UE, ni responde a las necesidades de todos los sectores productivos. En consecuencia, son múltiples las resistencias en su contra que se han librado tanto en la UE -principalmente con un carácter corporativo, por parte de los agricultores que han sido capaces ralentizar el proceso de aprobación- como en el Mercosur -por parte de organizaciones sindicales, campesinas, rurales e indígenas que temen los efectos asimétricos del Acuerdo en los países del Cono Sur.
Notas al pie
