En medio del diálogo sobre los impactos socioambientales que generan las plantaciones de monocultivos de eucaliptos en los medios de vida de las comunidades apareció la anécdota de: “de un conejo para comer y 35 personas, a la abundancia productiva y natural”. La misma hacía referencia a los dolorosos pero heroicos 6 meses que pasaron sin comer campesinos y campesinas para dar origen y conformar en el año 1994 el Asentamiento Achita ubicada a unos pocos kilómetros de la Forestal Apepu, distrito de Santaní, departamento de San Pedro.

A un año de la publicación del estudio sobre las actividades de inversión del Fondo Arbaro en los monocultivos de árboles en Paraguay, el equipo Heñói realizó la devolución del mismo en el territorio. En la fecha 24 de junio recorrimos lo que un poblador llamó “el silencio sepulcral de los eucaliptos” haciendo referencia a las más de 6.000 hectáreas de monocultivos controladas por la Forestal Apepu en la zona.

En el año 2021 la Forestal Apepu continúa su proceso de expansión a partir de la compra de las Estancias Ybycai y Campo Ara, que anteriormente pertenecían a la empresa Sociedad de Inversión Agropecuaria del Paraguay S.A. Con la anexión de ambas estancias al negocio forestal la empresa controlará 9.148 hectáreas y destinará a la producción de eucalipto unas 6.059 hectáreas.

En el mismo año los pobladores/as del Asentamiento Julián Portillo denunciaron que la Empresa Apepu había privatizado el camino de acceso a su comunidad y el conflicto que esto trajo consigo. Uno de los pobladores se refería al cartel de la siguiente manera “ellos -haciendo referencia a la empresa Apepu- tantean eso, si uno respeta y es flojo te van a cerrar todo. Y ahí ya quedamos como parte de su propiedad”. 

En la visita del 24 de junio de 2022 el cartel que privaba de acceso a los pobladores/as ya no se encontraba en el lugar. No pudimos constatar si fue una victoria del campesinado, la denuncia del estudio o ambas cosas combinadas. Lo concreto es que el monocultivo de eucalipto sigue creciendo en la zona.

“Todo el mundo es eucalipto acá”

“La plantación de eucalipto controla a toda la Colonia”

Expresiones de dos acompañantes cuando avanzábamos por el camino de la Colonia Defensores del Chaco fracción calle 10.000 en las inmediaciones de la Forestal Apepu.

Esta territorialización asfixiante se verifica más allá de las fronteras de influencia de la Forestal Apepu. A pocos kilómetros del lugar se encuentra el Asentamiento Sebastián Larrosa de una extensión en superficie de 213 hectáreas, lindantes con 200 hectáreas de monocultivo de eucaliptos que según los pobladores/as del Asentamiento son propiedad de un inversor brasilero llamado René.

El monocultivo y la monocultura son muy evidentes en el contraste que divide una calle de la otra. Las 200 hectáreas del Asentamiento Sebastián Larrosa conforman un espacio de trabajo organizado por hombres y mujeres y por la historia misma. En una palabra, es un aporte a la civilización. En ese sentido, desde el año 1996 han resistido a 9 intentos de desalojos. El primero, el fundamental, dado que los pobladores/as lo recuerdan como un mito fundante que marca hasta el presente al asentamiento. En el proceso de la primera ocupación relatan que todos los hombres fueron detenidos y privados de su libertad “pensaron que al apresar a los hombres se iba acabar la lucha, pero las mujeres continuaron las luchas” (…) “En la cárcel, cuando se estuvo un mes, las compañeras se quedaron a resistir, ellas mantuvieron la carpa. Durante un mes en la lucha por la tierra, cada día ellas mantuvieron. Se hizo la comunidad, ellas hacían el trabajo y mantuvieron. Al salir de la cárcel, los hombres se sumaron a los trabajos de las compañeras. Y como resultado, fue la conquista del Asentamiento Sebastián Larrosa”.

Sebastián Larrosa es la continuación de la vida de un joven dirigente estudiantil organizado en la ACADEI que en el año 1994, en un cierre de rutas en el marco de una manifestación de protesta por los precios del algodón, su cuerpo fue abatido por agentes de la policía nacional. Eso que causó dolor y conmoción en aquel tiempo hoy se ha resignificado como una comunidad campesina en movimiento. Por su naturaleza y origen en la lucha comunitaria por el acceso a la tierra y a los derechos, son parte de la historia de Sebastián Larrosa el trabajo social y colectivo y la pedagogía campesina para salir adelante. Porque si “abrimos la historia” como decía un poblador del asentamiento, “Sebastián Larrosa tiene su historia muy importante. Los niños confrontaron al atropello aquella vez. Se prepararon ellos, se enteraron de que el desalojo iba a venir, ya no se iban a la Escuela porque sabían que si el desalojo venía iban a perder hasta sus escuelas, por eso se empezaron a organizar los niños para defender el tekohá. Qué iba pasar con los niños en el desalojo, con los niños en las calles. En todo el proceso de debate y asambleas ellos escuchaban estos temas”.

Parte central de la historia de Sebastián Larrosa es la organización: “Cuando llegamos recién al asentamiento no teníamos nada, animales, vacas, kuré, gallinas. Ahora logramos producir todo. La gente tiene sus animales, tiene para la leche, queso, todo ya tiene la gente. Hicimos una evaluación del asentamiento. La Federación Nacional Campesina (FNC) nos acompaña en el camino para que no abandonemos las tierras. Revisamos eso para darnos cuenta del valor. Por ejemplo, animales, producción, vacas, y si no valorizas, la gente te dice que se va ir a trabajar a otro lugar sin darse cuenta.  Por eso hacemos eso, para valorizar. Imaginate que antes algunos no tenían casa, ahora ya tienen casas lindas, con agua, luz, casas de material, todo eso con las organización campesina”.

En esto último, Sebastián Larrosa se parece mucho al Asentamiento Achita. En Achita, a renglón seguido de la anécdota fundante del conejo y los 35, un viejo-joven poblador, con toda la sabiduría que le otorgan los años en la tierra reflexionó sobre cómo de la nada se construye la vida y la importancia de la tierra para que existan la escuela, las calles, la luz, la producción; y cómo la lucha, la organización y el trabajo son la principal caja de herramientas ante la ausencia del Estado y forjadores de un destino. 

El historiador francés -orgulloso de su origen campesino- Fernand Braudel decía que la civilización es todo lo que el ser humano ya no podrá olvidar. Sin embargo, la tendencia creciente de la expansión del monocultivo en los territorios campesinos evidencia lo que con mucha claridad lo habían señalado en diálogos en el marco del estudio los pobladores/as de las comunidades de Republicano, Julián Portillo y Kururu´o, que el modelo extractivo, primero de producción de soja y ganado, y en el presente de eucalipto, se cierne sobre el desplazamiento y la expulsión de comunidades enteras.

Esta evidencia se complementa con una reflexión de la periodista argentina Soledad Barruti, que el día 8 de julio estuvo en Paraguay en el marco del Feria de Semilla Nativas y Criollas Heñói Jey Paraguay. La misma identificó como víctimas de este modelo de ataque a los animales, a los medios naturales, a los campos, a los cuerpos, a los territorios y a la desaparición de las personas. En otras palabras, las alrededor de 6.000 hectáreas de eucalipto de la Empresa Apepu son comunidades y poblaciones que ya no están, que han desaparecido.

Esto nos conduce a pensar que la desaparición de las anécdotas identitarias, del trabajo colectivo, de la reflexión, la organización y la lucha por la tierra y por la vida, de las sonrisas y del sombrero pirí son exactamente proporcionales al avance del monocultivo de eucaliptos para hacer rentable el negocio agroforestal. En una palabra, es un avance contra la civilización.

Accedé al estudio completo haciendo click aquí

Fotos: Omar T. Yampey – Heñói

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En la teoría política se dice que los contextos electorales como el que estamos viviendo en la actualidad en Paraguay generan escenarios para la confrontación de programas y modelos de país, pero también pueden obturar otras vías y posibilidades e incluso legitimar algunas regresiones. Esto es debido a que los temas de agenda se reducen a ciertas figuras individuales y cuanto más, dichos temas giran en torno a unos escuetos planes electorales, donde las disputas por los cambios en la estructura social y el modelo productivo con los sujetos históricos del cambio hasta el momento no se evidencian.

La extrema concentración de tierras en el país sigue siendo el principal factor que constituye y determina la conflictividad social, obligando a la población campesina e indígena a luchar para lograr el acceso a las mismas, o para defender sus escasos territorios amenazados. Situación que hasta el momento no ha sido abordada seriamente por parte de las instituciones del Estado, y los sectores de poder lo han banalizado sistemáticamente. 

Mientras la fiebre crece y los temas de agenda giran en torno a si los/as candidatos/as son buenos/as, malos/as o feos/as, la alianza entre los sectores del poder político y económico avanzan sobre los territorios campesinos e indígenas amparados en la ley de criminalización Zavala-Riera con dos elementos alarmantes. El primero es la naturalización y banalización con la que se despliegan los operativos de desalojo. En las últimas horas han sido desalojadas alrededor de 120 familias de la zona conocida como Zavala Kue (tierras malhabidas), de la compañía San Jorge en el distrito de Tembiaporá, Caaguazú. El operativo contó con la presencia de 500 uniformados de diferentes dependencias quienes reprimieron y persiguieron a las pobladoras/es de la comunidad. Así también procedieron a la destrucción de sus viviendas, cultivos y animales de autoconsumo. Hubo personas heridas, entre ellas niñas y niños, así también hubo 11 detenidas, de las cuales 9 son mujeres.

 En el relato de la Fiscala del caso Abg. Rita Prieto se torna confuso entender si está haciendo referencia a una salida de compras con amigas o si se trata de un plan sistemático de exterminio, la misma con toda naturalidad expresó ante los medios “fue un procedimiento positivo, con los resultados que estábamos esperando, no hubo violencia, pocos aprehendidos y como ya ves… terminando ya de realizar este procedimiento”.

La banalización del mal a la que se refería la autora judía de origen alemán, Hannah Arendt, consiste en la separación entre la reflexión de la motivación de una acción y sus consecuencias. Esto es, lo que la Fiscala Abg. Rita Prieto interpreta como “un procedimiento positivo” que le dicta su manual de funcionamiento, significa para las comunidades la pérdida de sus derechos económicos, sociales y culturales, es decir su condición de humanidad.

Siguiendo con la “orden debida” y el “manual de funcionamiento”, el día 29 de junio la Policía Nacional frente al Ministerio del Interior intentó reprimir una manifestación pacífica en solidaridad con las presas de Zavala Kue, lo que en la práctica significa vulnerar los derechos de asociación, reunión, manifestación y la libertad de expresión consagradas en la Constitución Nacional.  

La pérdida de condición de la humanidad y violación de los derechos sustentada por la pedagogía anticampesina tuvo su máxima expresión en un episodio donde se reflejó la primacía de las maquinarias sobre la vida humana. El pasado 15 de junio -fecha simbólica y significativa para la historia reciente de nuestro país, por cumplirse 10 años de la masacre ocurrida en Curuguaty- en el Asentamiento 1 de Marzo de la localidad de Pirape´y, de Edelira, Edgar Emiliano Centurión un joven agricultor campesino de 29 años fue asesinado con más de 20 impactos de balas de plomo a corta y larga distancia en la espalda, por parte de efectivos policiales que se encontraban resguardando trabajos de preparación de suelo y de siembra en unas tierras que se encuentran en litigio y escoltando maquinarias pertenecientes a una empresa privada.

También el 15 de junio, pero de 2021 la comunidad indígena Ka’ a Poty del pueblo Ava Guaraní fue desalojada de sus tierras, restituida en su territorio dos meses después, mediante una medida cautelar y desalojada nuevamente a los 3 meses, pese a la vigencia de la medida. Luego de 7 meses, el dia 24 de junio el Estado volvió a restituirla en un sector de las tierras tituladas a nombre del INDI, pero la negativa de colonos brasiguayos que dicen ser propietarios, no sólo impidió que se realice el procedimiento con normalidad, sino que amenazaron con desalojarles y el día 28 de junio una turba impidió que una delegación de organizaciones de DD. HH lleve asistencia médica a niñas y niños que se encuentran en delicado estado de salud. Ka ‘a Poty está sitiada y en absoluta vulneración de sus derechos elementales.

Esto último configura el segundo elemento alarmante que se evidencia en los procedimientos de desalojos actuales, que es el cariz de revancha étnica y clasista por parte de los grupos de poder económico. En un audio difundido se escucha un llamado por parte de un brasiguayo a “hacer fuerza y uso de la fuerza” ante la comunidad indígena de Ka ´a Poty de Itakyry, porque “si ellos (en referencia a la comunidad indígena) ganan acá, van a ganar más fuerza”. Estas declaraciones sugieren cierta anuencia de las instituciones del Estado paraguayo.

Desde el Centro de Estudios Heñói consideramos que esta ofensiva de los sectores de poder económico y político marcan un nuevo momento en el proceso que se inició con la ley de criminalización, y continuó con las victorias recientes del movimiento campesino e indígena que han recuperado y reocupado algunos territorios para poder ser y vivir.

Así también, consideramos que en la tarea de la disputa electoral se debe trascender el campo de las apariencias, para centrarse en los cambios estructurales, y de modelo productivo. La lucha por la tierra y los movimientos campesinos e indígenas no sólo deben quedar en el discurso, sino que ha llegado la hora de que sean sujetos protagónicos de nuestra nueva historia.

Fotos: Captura de pantalla El Portal Noticias.

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Luis Rojas

Heñói

Recientemente, sectores significativos de la sociedad, articulados en organizaciones campesinas, indígenas y urbanas, llevaron adelante una importante movilización social, denominada “Lucha Prolongada contra todas las injusticias”, consigna principal en perspectiva de unidad. Este episodio de la lucha social en Paraguay tuvo su epicentro entre el 9 y el 26 de marzo, con acciones desarrolladas en todo el país, manifestaciones y cierres de ruta en los departamentos del interior, y una significativa marcha de cierre en la capital del país.

Nada de lo ocurrido fue casualidad, ni el mes de marzo, ni los actores participantes, ni la denominación de lucha prolongada, ni la proclama “contra todas las injusticias”. Desde hace algún tiempo, marzo se ha constituido en el país en el mes de las protestas, de la ciudadanía activa, participativa, incluso rebelde e insumisa. Como presagio de ese destino agitado, la inmolación del Mariscal López y del Paraguay como nación independiente, tuvo como fecha simbólica el 1° de marzo, de aquel lejano (pero tan cercano) 1870. En 1999, marzo se graduó como el mes de la protesta y el levantamiento popular, tumbando un gobierno y al último caudillo militar. Desde inicios de la década del noventa y durante casi tres décadas, fue el mes de las marchas campesinas, de la demanda incansable de una reforma agraria real. En los últimos años, marzo fue el mes de las protestas contra los malos gobiernos, contra la corrupción y el prebendarismo, contra las crecientes desigualdades y las deterioradas, cuando no inhumanas, condiciones de vida de gran parte de la población.

En relación a los actores, la Lucha Prolongada fue convocada por una reciente articulación de organizaciones sociales, la Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, donde convergieron los objetivos y esfuerzos de organizaciones históricas, como la FNC, OLT, CONAMURI, MCP, ONAI, entre otras, las que vienen confrontando, desde hace años, con los diferentes gobiernos y sectores económicos que defienden el modelo agroexportador latifundista instalado en el país. El acaparamiento y la concentración de la tierra por parte de terratenientes y grupos de poder, sigue estando en la base de los conflictos sociales, e impacta negativamente en la realidad social y económica de la población, que se ve marginada o explotada por dicho modelo.

Dicha dinámica económica y social excluyente ocurre desde hace décadas, de ahí lo apropiado de la denominación de Lucha Prolongada. La estructura latifundista de tenencia de la tierra nació en la posguerra del setenta del siglo XIX, se profundizó durante todo el siglo XX, particularmente durante el stronismo y sus tierras malhabidas, pero tuvo continuidad en los años de la posdictadura hasta nuestros días. Desde aquel tiempo, el Paraguay es profundamente latifundista, solo fueron cambiando los dueños: primero se conformaron los latifundios de los Carlos Casado, La Industrial Paraguaya, Mate Larangeira, Barthe; hoy día tomaron su lugar la Secta Moon, los grupos Cartes, Favero, Zavala, Riquelme, entre otros. La lucha contra el latifundio y por la democratización del acceso a la tierra es, y seguirá siendo por un tiempo, una lucha prolongada en la que, para que sea victoriosa, deberá sumarse todo un pueblo.

En esta ocasión, la consigna se extendió contra todas las injusticias que suceden en el país, que no son pocas. Las carencias atraviesan la vida cotidiana de miles de personas: falta de tierra, trabajo, vivienda, educación, salud, ocio y esparcimiento, alimento y ambiente sanos. A todo esto se suman las dinámicas políticas dominantes, infectadas por la corrupción, el clientelismo electoral, la captura de instituciones públicas por los grupos de poder, el crecimiento de la mafia, la transa, el crimen con complicidad estatal. Y la lista no termina ahí: las dinámicas represivas implementadas por los tres poderes del Estado, el entreguismo consuetudinario de nuestros bienes comunes, nuestra soberanía y dignidad. El latrocinio del presente y la hipoteca del futuro.

El 2020 había sido un año muy difícil, por la crisis propia del país a la que se sumó la pandemia, que en conjunto generaron efectos devastadores en la salud, el empleo, el acceso a bienes y servicios básicos; el 2021 no fue mejor, las múltiples crisis siguieron su desarrollo, sin mayores visos de solución, ni de políticas sensatas para abordarlas. La inflación general del 2021 fue de 6,8%^[2], la más alta en los últimos años; este indicador casi se duplica en cuanto a inflación de alimentos, donde se ubicó en 12,3%. La mayor parte de los alimentos tuvo incrementos, las carnes vacuna, avícola y porcina aumentaron por la presión que generan las exportaciones, y una menor oferta para el mercado interno; también aumentaron las frutas y hortalizas, cuyo abastecimiento viene teniendo una creciente dependencia hacia productos extranjeros; otros rubros con aumentos fueron las harinas, aceites, cereales. La prolongada sequía y las altas temperaturas golpearon fuertemente la producción, presionando aún más el aumento de precios. Los incrementos en el sector de los combustibles suman presión al alza de los precios, lo cual se proyecta como una tendencia para el 2022.

La crisis productiva se evidencia con la creciente dependencia hacia la importación de productos agrícolas básicos, tanto desde la Argentina como del Brasil. El volumen de hortalizas importadas en el 2021, de manera legal, fue de 144.448 toneladas^[3], sin contar con lo que ingresó de contrabando (forma ilegal). Los frutos frescos importados fueron 78.228 toneladas, los cereales 167.240 ton, y las semillas alcanzaron 38.538 toneladas. El ingreso masivo de estos productos significa el desplazamiento de productores/as nacionales, quienes por diversos motivos, como la falta de apoyo estatal, no han podido hacer frente a las condiciones climáticas y/o del mercado. Los datos de inflación e importación de alimentos son reflejo de la crisis económica y social en desarrollo, con impactos directos en el día a día de la población.

Ofensiva terrateniente por la tierra

Luego de una relativa pausa en los conflictos por la tierra, propiciada por la cuarentena y las restricciones a la movilidad que prevalecieron durante el 2020 a causa de la pandemia, el 2021 fue el escenario del desarrollo de una nueva y agresiva ofensiva de los sectores conservadores, para ampliar su control sobre las tierras y el territorio. Una alquimia destructiva, generada por los vínculos entre terratenientes insaciables y políticos venales, ha impulsado una batería de propuestas legislativas que apuntaron a fortalecer principalmente a los grandes propietarios, incluso a los que detentan tierras ilegalmente, y a dar una vuelta de tuerca más a los mecanismos de represión hacia quienes luchan por un pedazo de tierra. Algunas de estas iniciativas fueron frenadas por las organizaciones sociales, a excepción de la ley Zavala-Riera, también conocida como “Ley de criminalización”. Entre las principales iniciativas legislativas durante esta ofensiva conservadora, se destacaron las siguientes:

DINACARE (Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos)^[4]: el proyecto de creación de esta nueva institución fue impulsado fuertemente por algunos senadores, conjuntamente con gremios empresariales, pero no pudo concretarse por la oposición de diversas organizaciones sociales. El proyecto propone unificar en la DINACARE a las actuales Dirección Nacional de Registros Públicos (DNRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), e incluiría la creación de una Dirección de Regularización con atribuciones para dirimir conflictos en torno a la propiedad de la tierra. En una audiencia pública organizada por la Comisión de Reforma Agraria del Senado, la mayoría de los participantes se opuso a este proyecto, consecuentemente, un dictamen de dicha comisión, aconsejó su rechazo. El análisis del proyecto en el Senado fue postergado sin plazo.   

1er intento de Modificación del Estatuto Agrario^[5]: varios diputados impulsaron la modificación de varios artículos del Estatuto Agrario. Plantearon cambiar el artículo 16, de modo a habilitar a ser beneficiaria con tierras, las personas que no se dediquen directa y habitualmente a la actividad agrícola, con lo cual se ajusta el perfil a un empresario que contrata a otras personas para el trabajo agrícola. Las modificaciones de los artículos 20 y 26 buscaban la creación de lotes ganaderos en la región Oriental del país, cuando solo están permitidos en la región Occidental (Chaco), y habilita que la superficie llegue a 470 hectáreas, cuando los lotes campesinos son de hasta 10 hectáreas. Pero la modificación propuesta de mayor gravedad es la del artículo 88, que trata de los ocupantes de inmuebles rurales pertenecientes al Indert, pues plantea que aquellos ocupantes que no sean beneficiarios del Estatuto Agrario, “por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”. Sin pudor alguno, habilita a ocupantes ilegales de tierras públicas (como las tierras malhabidas) a blanquear o regularizar tierras que no podían haber ocupado. Este proyecto había sido aprobado por diputados en diciembre de 2020, pero por la presión de diversas organizaciones sociales, fue rechazado por la Cámara de Senadores en junio, y aceptado ese rechazo por los diputados en setiembre de 2021.

Modificación del artículo 142 del Código Penal^[6]: conocida como ley de criminalización, fue presentada por los senadores Enrique Riera del Partido Colorado y Fidel Zavala del Partido Patria Querida, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias de 5 a 10 años de cárcel, para los casos de ocupación de inmueble ajeno, pasando de ser considerado un delito a un crimen. Esta propuesta tuvo un importante rechazo ciudadano, expresándose en contra organizaciones campesinas, indígenas, religiosas, entre otras. Sin embargo, la mayoría conservadora en el Congreso impuso la modificación: el 23 de setiembre fue aprobada en Senadores, pasando a Diputados que la aprobó el 29 del mismo mes. Al día siguiente, el presidente Abdo la promulgó, convirtiéndolo en la ley 6830, demostrando la importancia del tema para los grupos de poder. Un nuevo golpe contra quienes luchan por la democratización de la distribución de tierras en el país.

2do intento de Modificación del Estatuto Agrario^[7]: esta iniciativa proponía la modificación del artículo 98, de modo que, si una persona fuese imputada por la fiscalía por el hecho de invasión de inmueble, automáticamente perdería el derecho a ser beneficiario de algún tipo de subsidio estatal, incluso antes de que fuera condenada. El proyecto fue rechazado en la sesión del Senado del 23 de setiembre, minutos después de que fuera aprobada la modificación del artículo 142 del Código Penal.

La intensa actividad del Congreso se complementó con la actuación de los poderes judicial y ejecutivo, que desataron una ola de violentos desalojos contra comunidades campesinas e indígenas durante el 2021. Los intereses económicos del agronegocio y los especuladores inmobiliarios, han presionado suficientemente como para que se reinicie un recrudecimiento de las políticas represivas en torno a la lucha campesina e indígena por la tierra, lo cual se tradujo en múltiples desahucios, imputaciones y detenciones. Se registraron al menos diez desalojos de asentamientos campesinos y doce de comunidades indígenas, además de otros tantos en zonas urbanas. Los violentos desalojos en muchos casos contaron con la ilegal participación de civiles armados, e incluyeron la destrucción de viviendas, cultivos, escuelas, capillas, hasta enseres personales, dejando a las personas, incluidos niños y ancianos, literalmente en la calle. Con todo esto, los sectores terratenientes se sintieron fortalecidos, mientras el miedo y desánimo cundía en las comunidades rurales.

Contraofensiva de las organizaciones sociales

Lejos de amilanarse ante los atropellos sufridos, las organizaciones campesinas e indígenas asumieron que, en esta difícil coyuntura, la mejor defensa es el ataque; antes que desmovilizarse y replegarse, era necesario retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Para ello, varias organizaciones y comunidades rurales se articularon para desplegar acciones conjuntas con mayor fuerza. La más importante de ellas fue la reocupación de asentamientos y comunidades que habían sido desalojadas, por medio de la acción conjunta de las familias afectadas, organizaciones sociales y poblaciones aledañas. La primera reocupación ocurrió en el Asentamiento 29 de junio, de San Vicente Pancholo, desalojado por fuerzas policiales el 1° de diciembre, y recuperado por una numerosa masa campesina al día siguiente, bajo el liderazgo de la Federación Nacional Campesina.

Le siguió la reocupación del Asentamiento Cristo Rey, en el distrito de Guayaibí, donde unas 40 familias habían sido desalojadas el 28 de octubre, luego de 12 años de ocupación. El 21 de diciembre los habitantes del asentamiento reingresaron y se establecieron nuevamente en el asentamiento, con el apoyo de organizaciones y más de mil personas que se sumaron a su lucha. Otros procesos similares de articulación popular y reocupación se dieron, como los casos del Asentamiento María la Esperanza de Tavaí, y la comunidad indígena Hugua Po’i de Caaguazú, donde unas 70 familias habían quedado a la vera de la ruta el 18 de noviembre, y a inicios de febrero recuperaron su territorio.

En paralelo a estas acciones, como parte de la rearticulación de diversos sectores sociales en torno a la lucha por la tierra, el 10 de diciembre se realizó en Asunción, una masiva movilización por el día internacional de los derechos humanos, en la que participaron unas diez mil personas, en su mayoría de zonas rurales, quienes levantaron como principales consignas la derogación de la ley de criminalización Zavala-Riera, y el fin de la política de desalojos.

Todo esto convergió en la conformación de la mencionada Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, y en la organización colectiva y realización de la Lucha Prolongada, fortaleciendo la ofensiva de los sectores populares. Las primeras consigas de la movilización de marzo fueron la derogación de la ley mencionada, el fin de los desalojos y la regularización de los asentamientos, y la demanda de una política nacional para la producción. A éstas se sumaron la exigencia de destitución de la desprestigiada fiscal general, así como la recuperación de la soberanía energética en las binacionales. Finalmente, la movilización colectiva se dirigió contra todas las injusticias, entre ellas la suba del combustible, sumando a otros sectores sociales. Con la marcha multitudinaria del 26 de marzo se levantó la movilización, pasando a un cuarto intermedio donde las diferentes organizaciones trabajarán en las bases, para retornar nuevamente con más fuerza y conquistar los objetivos propuestos.   

Por medio del cambio de estrategia y el ajuste de la táctica, el desánimo y miedo inicial se convirtieron en entusiasmo y esperanza. El primer tiempo defensivo dio paso a un segundo tiempo de ofensiva, de recuperación y reconquistas. La angustia dio paso a la confianza en las propias fuerzas, que articuladas a otras, con los mismos problemas y objetivos, se transforma en ola, marea, torrente de pueblo, que puede torcer el brazo opresivo del poder terrateniente y del Estado represor.

La Lucha Prolongada sigue. La que no es otra cosa que la construcción colectiva de una patria nueva, partido al que todos y todas estamos convocados/as.

[1] Publicado en la Revista Acción N° 420.

[2] Banco Central del Paraguay, Informe de inflación (IPC) Diciembre 2021, https://www.bcp.gov.py/informe-de-inflacion-mensual-i362

[3] SENAVE, Anuario Estadístico 2021.

[4] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539

[5] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116816

[6] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124186

[7] “Ficha técnica del expediente”, SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124199

Material libre para su difusión citando la fuente.

Fotos: Susana Balbuena – Heñói.

En la última Expo ganadera en el Chaco, los colonos ocupantes del territorio ayoreo (y de otros pueblos indígenas) y sus aliados extraterritoriales, tales como los mandamases de la Asociación Rural, la Gobernación y el Ministerio de Agricultura, se ocuparon de emitir enardecidos discursos sobre los valores de la familia cristiana y en contra de la evidencia fáctica sobre el cambio climático que evidenciamos todos quienes andamos con los ojos abiertos sobre esta tierra.

Pero, en realidad, esos exabruptos son producto de una gran confusión conceptual, de una pésima interpretación y una peor percepción sensorial de la realidad.

En cuanto a la defensa de la familia que pregonan, nada más letal para las mismas que los mentados “valores chaqueños” que observan quienes conducen el exterminio de los ecosistemas y los pueblos indígenas que sustentaban sus familias en ellos. Les aclaramos que todas las familias son igual de valiosas y merecedoras de protección. Es obvio que, en las mentes dogmáticas de los personeros de las castas y sectas dominantes, sólo sus familias son dignas de protección, cuidado y derechos. Eso es inaceptable desde los postulados y preceptos de la Constitución Nacional que ellos mismos dicen venerar. Les recordamos, además, que su manera de pensar es incompatible con los más básicos preceptos democráticos y con los Derechos Humanos que, al no respetarlos, sólo sellan su desdén por la propia humanidad.

En cuanto a la negación del cambio climático y a la defensa a ultranza de la deforestación que realizaron en uno de los discursos menos informados que fueran pronunciados bajo este cielo, lo que se oye inequívocamente es el aliento a provocar más y más cambios negativos en el sistema climático. Sólo recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero del Paraguay de los últimos 20 años, aumentaron en un 98% debido a la deforestación en el Chaco (WRI/CAIT, 2019). Detrás de esa cifra hay usurpación de tierras a los pueblos indígenas, transferencias ilegales de tierras que despojan al pueblo de su heredad territorial, entrega de la soberanía a empresarios extranjeros de dudosas credenciales cívicas y la apertura del territorio defendido por la “Generación de la Victoria” a narcotraficantes y contrabandistas.

El pueblo paraguayo está hastiado del despiste moral de la oligarquía nacional y de los advenedizos privilegiados que blanden con arrogancia su degenerado filo sobre seres humanos que se encuentran postrados por el peso de siglos de injusticia amontonada sobre sus espaldas.

Esta hipocresía es inaceptable, no podemos permitirla más, debemos ponerle fin, así como al egoísmo y a la xenofobia que expelen en cada bocanada de aliento y cada latido de sus corazones. La mejor manera de hacerlo es dejando de ser sus clientes, abandonando sus tiendas, y poniendo en evidencia las gravísimas consecuencias de sus decisiones.

Firmado por: Centro de Estudios Heñói e Iniciativa Amotocodie

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