Por Pablo Díaz Almadaⁱ

^{Ciclo de colaborarciones del Centro de Estudios Heñói}

Desde hace años que la inflación en Argentina mostró una tendencia creciente, no sólo como reflejo de desequilibrios macroeconómicos, sino también, y, sobre todo, como expresión de una creciente conflictividad social. La inflación no es simplemente un fenómeno monetario, sino el resultado de tensiones estructurales que enfrentan distintos sectores de la economía.

En este marco, la devaluación de diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión. La inflación mensual alcanzó un récord del 25,5%, profundizando la transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia sectores con capacidad de obtener ganancias en moneda fuerte. El salto inflacionario no solo impactó en el poder adquisitivo, sino que consolidó un nuevo esquema de distribución regresiva del ingreso, con ganadores claros entre los exportadores y actores financieros, y perdedores en el conjunto de trabajadores y sectores populares.

A lo largo de 2024, el gobierno implementó un esquema de crawling peg[1], logrando una desaceleración progresiva de la inflación. Desde el oficialismo, este “éxito” se atribuyó exclusivamente a la reducción del gasto público, argumentando que la disciplina fiscal evitó la emisión monetaria y, con ello, el aumento de precios. Sin embargo, esta narrativa omite factores clave como: la contención del tipo de cambio y, sobre todo, la pérdida de ingresos de la clase trabajadora, en particular del sector público, pero también del privado e informal. Con salarios deprimidos y un consumo restringido, la capacidad de contestación obrera, hasta ahora, fue limitada.

En este contexto, es necesario un análisis más profundo de los mecanismos que explican la caída de la inflación y de las implicancias de este modelo en el corto y mediano plazo.

El rol del ancla cambiaria en la desinflación

El ancla cambiaria ha sido un factor clave en los procesos de desinflación en América Latina, aunque no el único determinante del éxito. Hay estudios que señalan que los planes de estabilización con tipo de cambio controlado tienden a ser más efectivos en el corto plazo. Sin embargo, su sostenibilidad depende de otros factores, como la política fiscal y la capacidad de sostener el ancla sin generar crisis externas.

La evidencia histórica muestra que los intentos de desinflación sin un ancla cambiaria clara han sido menos efectivos o efímeros. En Argentina, los fracasos de los años 80 contrastan con los resultados iniciales de planes como la Convertibilidad o el Plan Real en Brasil, que lograron reducir la inflación, eso sí, a costa de profundos costos estructurales.

Además, en América Latina, los procesos exitosos de desinflación han estado estrechamente ligados al control del tipo de cambio. Sin embargo, esto no implica minimizar el papel de los desequilibrios fiscales y monetarios en los episodios de alta inflación, sino reconocer que el ancla cambiaria ha sido una herramienta clave en los procesos de estabilización.

Inflación como conflicto social

Sin embargo, es importante decir que reducir la inflación a un problema de emisión monetaria ignora su dimensión política y social. La inflación es, en última instancia, una expresión de conflictos distributivos. A lo largo de la historia, distintos regímenes monetarios han condicionado la manera en que se desarrollan estas disputas.

En Argentina, se debe tener en cuenta el papel de la puja distributiva que suele manifestarse en presiones sobre el tipo de cambio y los precios. El capital exige devaluaciones para licuar salarios y la clase trabajadora responde con intentos de recomposición. Sin embargo, cuando la inflación se acelera, el dinero local se debilita en su rol de cumplir sus funciones de unidad de cuenta y reserva de valor. En esos momentos, surge el discurso de un sector de la política de la necesidad de la estabilización, pero que en el fondo se trata de la necesidad de restablecer el poder disciplinario del dinero. Como sostienen Aglietta y Orléan (en Aglietta, M., & Orléan, A. L. (1990). Violencia de la moneda, SXXI Ed.), el dinero no es solo un medio de intercambio, sino una relación de poder que estructura la sociedad. Al igual que en los 90 con la Convertibilidad, hoy se reintroduce ese disciplinamiento al debilitar la soberanía monetaria y someter la economía a la lógica de la austeridad. La estabilización, entonces, no es un proceso neutral: implica una redistribución forzada de recursos y derechos que define quiénes ganan y quiénes pierden en la economía.

Devaluación, ajuste y la sostenibilidad del modelo

El gobierno de Milei, en su discurso, ha ignorado deliberadamente el papel central del tipo de cambio en una economía dependiente como la argentina. La desaceleración inflacionaria no se explica solo por el ajuste fiscal, sino por el anclaje cambiario y la importante caída de los salarios reales. Como en los 80, la devaluación inicial redujo el salario en dólares. Sin embargo, a diferencia de aquella época, hoy la respuesta sindical ha sido más limitada debido a tres factores que no pretendo que sean exhaustivos pero que sirven para el análisis:

1. El corto tiempo de gestión del gobierno, mantiene a ciertos sectores en estado de “espera”. No es fácil confrontar a un gobierno que goza de buena popularidad, sin pérdidas en términos políticos.
2. La represión estatal, con despidos, recortes y amenazas con diferentes protocolos de acción estatal que desarticulan la resistencia.
3. La fragmentación del empleo, dificulta una agenda unificada para el conjunto de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, la baja inversión (19% del PIB), a pesar de la aprobación del RIGI[2] y las promesas oficiales de prosperidad, plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo. La estabilización nominal lograda en 2024 se sostiene con el ajuste del gasto y el anclaje del dólar, pero la historia argentina sugiere que este esquema suele desembocar en crisis de balanza de pagos si no se hace nada con la estructura productiva.

Argentina no solo enfrenta un problema de estabilidad nominal, sino una restricción estructural más profunda: su inserción subordinada en la economía global. La estrategia actual profundiza la primarización y la dependencia del capital extranjero, dejando en manos de factores exógenos la sostenibilidad del modelo. Sin un cambio en la estructura productiva que garantice una mayor generación de divisas, hay altas chances de que cualquier estabilización sea efímera y derive en un nuevo ciclo de endeudamiento y crisis externa. En este sentido, la pregunta clave no es si el ajuste “funciona” para bajar la inflación, sino si es sostenible o si simplemente pospone la próxima crisis.

Ganadores y perdedores de la estabilización

La estabilización inflacionaria de 2024 tuvo un costo social altísimo, algo que la narrativa oficial omite deliberadamente. La estabilidad de precios se logró a través del sacrificio de los ingresos de la clase trabajadora y la consolidación de privilegios para sectores vinculados al capital transnacional y financiero, en línea con lo expresado con el Mirador de la Actualidad, el  Trabajo y  la Economía  (MATE).

Lejos de ser un simple ajuste técnico, la estabilización vía ajuste fiscal y ancla cambiaria es, en realidad, una estrategia para recomponer la tasa de ganancia del capital a costa de la fuerza de trabajo. La caída del salario real no es un “efecto colateral” del modelo de estabilización, sino su objetivo central: garantizar un mayor excedente para los sectores exportadores y financieros. Así, la política económica de 2024 no solo desaceleró la inflación, sino que reconfiguró las relaciones de poder en la economía argentina, beneficiando a unos pocos y precarizando la vida de millones.

Conclusión: ¿es viable este modelo?

La experiencia argentina demuestra que la estabilidad de precios no se sostiene solo con disciplina fiscal, sino con un modelo de desarrollo que reduzca la dependencia del dólar y la vulnerabilidad externa. Sin una recomposición del salario real y sin cambios estructurales en la matriz productiva, la baja de la inflación será apenas un paréntesis antes del próximo desequilibrio macroeconómico.

Además, es pertinente recordar, porque la historia lo demuestra, que todo proceso de desinflación tiende a generar una apreciación del tipo de cambio real, independientemente de la estrategia utilizada. Como señala el artículo “Planes de estabilización en América Latina: ¿qué distingue a los casos exitosos?“, este fenómeno suele traducirse en un deterioro de la cuenta corriente, lo que, a mediano plazo, puede derivar en crisis externas.

El verdadero desafío en los próximos meses no es solo mantener la estabilidad de precios, sino definir qué tipo de modelo económico se construirá a futuro. Apostar únicamente al ajuste y al anclaje cambiario no es una estrategia sostenible ni socialmente viable. ¿Son necesarias reformas estructurales? Sin duda. Pero la cuestión central es a quién beneficiarán. El gobierno actual ha dejado en claro de qué lado está: sus políticas no buscan fortalecer a la clase trabajadora, sino consolidar un orden económico que privilegia al capital concentrado y a los sectores financieros.

[1] Nota del Comité Editorial: Es un sistema utilizado por los bancos centrales para administrar el tipo de cambio de la moneda con relación a otras divisas.

[2] Nota del Comité Editorial: Se refiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), programa impulsado por el gobierno de Javier Milei para favorecer a los capitales.

[i] Licenciado en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Integrante del Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía y del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad.

Por Alhelí González Cáceres¹

Para nadie es novedad el discurso que el gobierno sostiene desde hace años sobre la inflación, aunque claramente no se ajuste a lo que los trabajadores sentimos en nuestros bolsillos cada vez que vamos a los supermercados que ya a principios del año empezaron a remarcar todos los precios.

El mes pasado el Banco Central del Paraguay (BCP) publicó el Informe de Inflación (IPC) correspondiente al mes de enero y en el que se analiza la evolución del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), principal indicador que mide el comportamiento de los precios en una economía. Y, al igual que el reporte de Inflación del cierre del 2024, este informe sostiene que el aumento del IPC fue apenas del 1,0% al compararse con el mismo periodo del año anterior, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 3,8% todavía por debajo de la meta país. ¿Por qué la inflación “es baja” y sobre todo qué dice sobre la economía paraguaya? Para esta y otras interrogantes ensayaremos algunas reflexiones, esta vez alejándonos del típico discurso respecto al rol del BCP como “juez y parte”, pero antes haremos algunas aclaraciones.

¿Qué considera el BCP en su medición?

En el análisis de la inflación el BCP recoge y analiza una serie de datos entre los que se incluyen los bienes que componen la canasta básica de consumo y de alimentos, bienes y servicios entre los que se encuentran los alquileres, combustibles, y una gama amplia de cerca de 600 productos y servicios que son considerados en su conjunto y cuya ponderación arroja una tasa baja del IPC en términos relativos. Amén de tener en cuenta que el año base de la medición se encuentra desfasado dado que los cálculos utilizan como base de comparación precios del 2014, lo que naturalmente conduce a que el IPC nunca sea – ni podrá serlo – una expresión exacta del comportamiento de los precios en una economía. Por tanto, no es cierto que la medición del IPC sea baja porque no considere rubros como el transporte, alquileres, alimentación, vestimenta u otros. La cuestión está en la ponderación de estos ítems en el cálculo final.

Es igualmente importante señalar que no constituye un error metodológico tomar como año base precios constantes de 2014, esta es una práctica común en el cálculo económico dado que se realiza con la intención de establecer parámetros de comparación. La cuestión está en que esa base que permite realizar análisis y comparaciones de estructuras a largo plazo sea lo más cercana posible al año real que se pretende comparar.

Inflación y salarios: un costo de vida cada vez más alto

Como en años anteriores, la fluctuación de los precios ha afectado en mayor proporción a dos rubros fundamentales: alimentos (particularmente hortalizas y tubérculos frescos) y combustibles. En el caso de los combustibles adolece de novedad, dado que Paraguay no cuenta con reservas hidrocarburíferas y depende de las importaciones de petróleo y sus derivados para abastecer la demanda energética del país, además de esto, la condición de mediterraneidad impone costos adicionales en sectores como la logística y el transporte de mercancías que terminan encareciendo los precios. En el caso de la canasta alimentaria, tan solo las hortalizas y tubérculos incrementaron sus precios en un 24%. También en el sector cárnico (avícola, bovino y porcino) se registraron incremento en los precios (BCP, 2025).

Que el mayor incremento en los precios se haya dado – y se dé – en el sector de los alimentos da cuenta de una estructura productiva que ha dejado de producirlos o cuya producción local es insuficiente para satisfacer la demanda, resultado de una decisión política que no atiende la producción nacional de alimentos llevada adelante en gran medida por la pequeña producción campesina para beneficiar a los agronegocios, y, en consecuencia, debe importar cada vez más alimentos para satisfacer la demanda interna [ver gráfico 1]

Gráfico 1.

Como puede observarse en el gráfico que antecede, cada año el país importa más alimentos, particularmente frutas, legumbres y hortalizas, rubros que se han visto sumamente afectados por la expansión de la frontera del agronegocio en las últimas décadas como pudo reflejarse en los datos recogidos por el Censo Agropecuario de 2022. Tan solo en el mes de enero de 2025, el país importó 17% más alimentos que en el mismo periodo del 2024. En resumidas cuentas, el modelo agroexportador aumenta la dependencia de alimentos y genera presión sobre los precios de la canasta familiar haciéndola cada vez más inaccesible para la mayoría de la población (BCP, 2025).

Pero, ¿qué relación guardan los salarios con la inflación? Uno de los logros del poder de turno ha sido la fragmentación de los saberes en compartimentos estancos que no pueden encontrarse para explicar una realidad que es compleja. Así, al analizar fenómenos económicos como es el caso de la inflación, tendemos a mirar solamente cómo se han comportado los precios, pero esto es mirar solamente la apariencia del fenómeno y no su esencia, hay que ir más allá de los precios que se reflejan en la economía para situar la discusión en el terreno que le es propio: el de la disputa por la apropiación del excedente.

Y aquí, tomando datos oficiales para realizar una primera aproximación podríamos inferir a partir de estos que la economía paraguaya produce cada vez menos valor y en este punto haremos una distinción sobre la que no ahondaremos en este artículo. Cuando hablamos de valor producido lo hacemos en términos de la producción industrial o aquella que tiene lugar a partir de las actividades productivas no especulativas ni ancladas en la extracción de renta del suelo, sostenida en las actividades de naturaleza extractiva que tienen lugar en los territorios.

Al observar la balanza de bienes de la economía paraguaya podemos notar que el peso de las importaciones es cada vez mayor, dando por resultado un saldo negativo que en 2024 se situó en -538.804 miles de dólares FOB. Parte de la narrativa oficial ha sido la de ubicar a la economía paraguaya como la de mayor crecimiento sostenido en la región, sin embargo, lo que no dicen los expertos del BCP y del Ministerio de Economía, es que el crecimiento del PIB para que sea sostenible en el tiempo requiere de tres aspectos que se deben conjugar: i) diversificación del aparato productivo; ii) inversión de capital; iii) aumento de la productividad. Ninguno de estos elementos se encuentra presente, entonces, ¿por qué crece la economía? O en todo caso, la pregunta correcta sería, ¿qué explica esa expansión? Simple, la dependencia elevada de los precios internacionales de las commodities en el mercado financiero internacional y el elevado peso relativo del sector terciario (comercio y finanzas) en el PIB.

En pocas palabras, podríamos casi estar hablando de un crecimiento ficticio que no se refleja en la mejoría de indicadores que son centrales para el desarrollo económico. Y esto lo podemos ver al notar que solo las exportaciones de soja concentran más del 36% del valor ingresado por exportaciones, valor que, como es de esperarse, no queda en el país si no que es transferido a las matrices de las transnacionales que, como Cargill, dominan el comercio de estas materias primas. Esta situación desencadena una serie de problemas tanto en términos económicos como sociales y políticos.

En el terreno socioeconómico podemos observar que, junto al aumento sostenido en el precio de los alimentos y otros bienes y servicios, se arrastra una depreciación del poder adquisitivo del salario mínimo legal vigente que roza el 30% [ver gráfico 2].

Gráfico 2.

Una economía estructurada en torno a un patrón de especialización productiva cuyo eje es la extracción de materias primas agrarias con destino a la exportación no solo no requiere desarrollar el mercado interno fomentando el consumo, es que sencillamente, no lo necesita porque obtiene sus ganancias a través del comercio exterior. Esta dinámica tiene graves repercusiones, entre ellas, la precarización y el deterioro cada vez mayor de las condiciones materiales de vida de la población. Hablamos de una economía que no puede emplear productivamente a toda la fuerza de trabajo disponible generando amplios espacios para el desarrollo de actividades ilícitas e ilegales que pasan a suplir esta incapacidad estructural de la economía paraguaya.

En este contexto tiene lugar la agudización de la disputa en torno a la apropiación del escaso excedente de valor que queda en la economía y esa disputa se refleja en el deterioro del nivel salarial, mayor explotación de los trabajadores y, por supuesto, en una inflación que cumple el papel de apropiarse o, mejor dicho, de transferir la riqueza desde los trabajadores hacia los capitales que operan en el mercado local. La inflación es, en las economías capitalistas, un mecanismo más para la acumulación y la concentración de capital a partir de la transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia el empresariado que concentra el poder sobre el proceso de producción y comercialización, como son las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, cuya posición de poder sobre el aparato productivo y el comercio exterior les permite imponer precios.

Finalmente, para no dejar de lado una discusión importante para entender la narrativa oficial es comprender que responde a una forma de interpretar la economía que para nada es estrictamente técnica, sino más bien es absolutamente ideológica. Una interpretación que no logra explicar los fenómenos y procesos inflacionarios a escala global y que poco o nada tiene que aportar para comprender cómo funcionan nuestras economías. Y esto último es una decisión política, una decisión de no ver para no explicar.

Entender el carácter dependiente de las economías latinoamericanas implica recordar que esa dependencia trasciende lo económico para abarcar el sector financiero y tecnológico que dominan y restringen la oferta, dando lugar a lo que se conoce como la paradoja del comercio exterior: baja relativa de los precios de bienes exportables y aumento relativo en los precios de las importaciones, lo que implica un círculo permanente de sangría para las economías latinoamericanas que se conjuga con la fuga de capitales a través de diferentes mecanismos entre los que se incluye el pago de los servicios de la deuda, la adquisición de maquinaria y tecnología, entre otros.

Por tanto, el discurso de “inflación cero” y una “macroeconomía estable” que ha venido sosteniendo este y los gobiernos anteriores, responde a la necesidad de vender la propaganda del éxito económico de Paraguay a los grandes especuladores escondiendo la basura bajo la alfombra y que no se ajusta a la realidad.

1. Economista. Doctoranda en el Programa de Doctorado en Economía del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Investigadora del Centro de Estudios Heñói. Email: caceresalheli06@gmail.com