Categoría: Paraguay Libre de Comercio

Frigoríficos vs Ganaderos: la puja distributiva en la cadena cárnica paraguaya

Frigoríficos vs Ganaderos: la puja distributiva en la cadena cárnica paraguaya


9/06/2025

Por Joaquín Sostoa1

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói


La ganadería para la producción de carne destaca como una de las actividades económicas más antiguas del Paraguay, que no solo es un país agrícola, sino también ganadero. La relevancia económica del sector perdura hasta nuestros días. La cadena cárnica se compone de un componente primario, la ganadería, y de un componente industrial, la producción de carne. En el año 2023 en conjunto ambos contribuyeron en 4,6% al Producto Interno Bruto (PIB). Desde el año 2006 aproximadamente, la participación del sector cayó y actualmente se encuentra estancada. Sin embargo, las exportaciones de carne bovina representan alrededor del 15% de las exportaciones totales del país, experimentando un boom entre 2003 y 2010, para luego estancarse relativamente, a excepción de años puntuales de gran crecimiento motivado, principalmente, por factores externos. 

A pesar de su relevancia y la continua conquista de mercados por parte del sector, también son de público conocimiento los conflictos internos dentro de la cadena, especialmente las críticas que tiene el sector ganadero a su participación en la cadena cárnica a través de medios de prensa. Los ganaderos de carne vacuna reclaman mayores precios para su ganado, en un contexto, según ellos, de suba de precios para la carne de consumo final de parte de los frigoríficos. En otras palabras, el sector ganadero reclama una mayor participación en el valor agregado de la cadena cárnica. 

De esta manera, el sector productor afirma la existencia de una disparidad entre los precios que reciben ellos y los que recibe el consumidor final, dejando claro que los intermediarios -o sea los frigoríficos- están aprovechando esta situación para quedarse con una mayor parte de la torta. Para estos, la causa es evidente: una mayor concentración por parte de los frigoríficos. Este es un clásico conflicto intersectorial en una cadena de valor, donde interactúan actores sumamente heterogéneos en términos de su tamaño, intereses y grados de poder. Aun así, el objetivo de cada sector es común: aumentar o mantener su participación en el excedente económico.

Precios y distribución: ¿Quién se queda con qué?

Para empezar a explorar, hay que responder algunas preguntas. ¿Están subiendo los precios de la carne al consumidor? ¿Cómo evolucionó la participación directa del eslabón primario en la cadena?2 Para responder la primera pregunta hay que dar una breve pausa. Sería ingenuo pensar que la mayor parte de los ingresos de la cadena deviene de los precios que paga el consumidor local, cuando en realidad aproximadamente el 92% de la faena se exporta. Por esta razón, debemos centrarnos en los precios de exportación, pero sin subestimar el restante 8%. En el siguiente gráfico se presenta la evolución de los precios de exportación y los precios del mercado local de carne vacuna por kilogramo (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Evolución mensual del precio de exportación y del precio local de carne vacuna en USD/Kg (ene-17 a nov-24)

Nota y fuentes: el precio de exportación por kilogramo fue elaborado con datos del Banco Central del Paraguay (BCP) utilizando las partidas 0201 y 0202. En ausencia de una serie de precios nominales locales, esta fue estimada utilizando el IPC de carne vacuna medido por el BCP y precios de referencia de supermercados locales, tomando un promedio de cortes específicos de consumo masivo con participación considerable en el IPC: vacío, costilla 1°, carne molida 1° y carnaza 1°. Frente a la ausencia de estos datos, la discusión sobre dicha estimación está totalmente abierta.

Del Gráfico 1 se pueden sacar diversas conclusiones. En primer lugar, se puede observar una diferencia de niveles que llama la atención: desde 2017 la carne vacuna destinada al mercado local presenta un precio promedio más alto que la destinada a mercados de exportación. En noviembre del 2024 la carne de exportación tenía un precio 5,4 USD/Kg, mientras que la carne del mercado local alcanzó 6 USD/Kg. A priori, esto no nos dice nada sobre las participaciones en la cadena, o quién está obteniendo mayores márgenes en el mercado local, o por qué el precio es mayor nacionalmente. 

En segundo lugar, si se compara la serie de punta a punta, se observa un aumento en ambos precios (también en sus tendencias). Mientras que desde enero del 2017 el precio del mercado local aumentó 24,4%, el precio de exportación lo hizo en un 27%. Es decir, de punta a punta, se observa una mayor variación en el precio de exportación. Asimismo, también se percibe una relación clara entre ambos precios, por lo que se infiere que el precio externo influye bastante en el mercado local. Asimismo, fuera del punta a punta, existe un bache en la serie, alrededor del 2020, y una posterior recuperación en ambos precios. En el último año, el precio local aumentó 7,2% y el precio de exportación 13,2%3. En definitiva, este es un contexto de aumentos en los precios cárnicos en el corto y mediano plazo, tanto aquellos precios locales como los de exportación. 

Ahora, respondamos la segunda pregunta. La participación directa del ganadero en el valor de la cadena cárnica vacuna la podemos inferir de dos formas según los datos disponibles.  Primero, sirve aproximarse a través de las Cuentas Nacionales, a un nivel bastante macro y también desactualizado, pero sirve de referencia, ya que las estructuras de valor y mercado no cambian rápidamente4. De esta forma, en el Gráfico 2 se observa la participación del ganado vacuno, como consumo intermedio, del valor bruto de producción de la carne vacuna. 

Gráfico 2. Evolución anual de la participación del ganado vacuno en el valor bruto de producción de la carne vacuna (2008-2014)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Resultados 2008-2014 de las Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay.

Del Gráfico 2 queremos inferir solo una cosa; la participación directa del eslabón primario en la cadena cárnica, para los años 2008 a 2014, promedió un porcentaje del 61,2%. Es decir, el eslabón primario se llevó la mayor parte del valor de la carne en general, sin diferenciar la exportación o el consumo local. También, se puede ver que este no bajó del 60%. Para hilar un poco más fino, así como para validar y actualizar estos datos, utilizaremos ahora una métrica bastante común, la participación del precio de gancho (USD/Kg), que es el precio que suelen recibir los ganaderos por la carne de su ganado, en el precio de exportación y de consumo local (USD/Kg), en promedios (Gráfico 3 y Gráfico 4). 

Gráfico 3. Evolución mensual de la participación del ganadero en el precio local, de exportación y promedio de ambos (ene-10 a dic-11)

Fuente y notas: elaboración propia con datos de ARP, BCP y supermercados locales. No se registran datos de exportación en octubre del 2011, probablemente vinculado a la fiebre aftosa.

En el Gráfico 3 se presenta la participación del eslabón primario entre los años 2010 y 2011, debido a que la serie disponible de precios al gancho de la ARP sufre de una discontinuidad entre los años 2012 y 2016. De todas formas, se debe tener en cuenta que se hace una simplificación: el precio al gancho utilizado no diferencia el mercado local del de exportación, es un promedio publicado por la institución mencionada. Ahora, lo más importante, el promedio de las dos participaciones valida los datos de las Cuentas Nacionales; el promedio de la participación del ganadero en la serie es del 65%, muy similar al promedio 2008-2014 del 61% presentado anteriormente. 

Otro aspecto interesante del Gráfico 3 es que la participación del ganadero en el mercado local presenta una tendencia a la baja, pasando del 71% al 54,3% en dos años. De forma inversa, la participación en el precio de exportación presenta una tendencia creciente, pasando del 70% al 80,6% para mediados del 2011, y luego bajando al 64,4% a finales del mismo año. Por lo tanto, la participación en este periodo, dependiendo del mercado es inversa y fluctuante, pudiendo ser uno mayor que otro y yendo en direcciones contrarias. Sin embargo, en el periodo 2017 a 2024 se observa una tendencia más similar entre ambos (Gráfico 4).

Gráfico 4. Evolución mensual de la participación del ganadero en el precio local, de exportación y promedio de ambos (ene-17 a nov-24)

Fuente: elaboración propia con datos de ARP, BCP y supermercados locales.

A partir del Gráfico 4 podemos sacar conclusiones interesantes al respecto. Primero, además de que la tendencia de ambos es directa, es decir, se mueven a la par, en el promedio de la participación de ambos mercados, comparando de punta a punta de ambos gráficos se observa una disminución, la participación del ganadero pasó de 70,7% al 63,5% entre el 2010 y el 2024 (y una reducción de 2,5 p.p. entre 2017 y 2024). En segundo lugar, la participación que tiene el eslabón primario en el mercado local es sistemáticamente menor que la participación de exportación. Esto se explica totalmente por los precios mayores en el mercado local (Gráfico 1). 

Asimismo, hay que objetar que el promedio simple entre ambos da el mismo peso a ambos mercados, cuando sabemos bien que casi toda la carne se exporta. Por esta razón, es más importante fijar la atención en la participación de exportación. De punta a punta la participación en el 2024 fue de 66,7%, contra 70,4% en 2010, también menor. Sin embargo, hay un gran pero, las participaciones mensuales experimentan sistemáticas fluctuaciones, por lo que nos fijaremos en la participación anual promedio de exportación (Gráfico 5). 

Así, en el Gráfico 5 se observa que de punta a punta la participación fue creciente, si se comparan los años 2010 y 2024 (hasta noviembre), de 63,6% a 65,9%. Sin embargo, se puede observar en el mismo gráfico una tendencia levemente decreciente, lo que nos dice que a inicios y dentro de la década del 2010 hubo participaciones mayores, más cercanas al 70%. Incluso, a través de un promedio móvil se puede verificar que los primeros 5 años de la serie presentan una cifra del 70%, mientras que en la segunda etapa el promedio disminuye a 68%, reflejando la tendencia decreciente.

Gráfico 5. Participación del ganadero en el precio de exportación y tendencia para años disponibles 

Fuente: elaboración propia con datos de ARP y BCP.

En este contexto, los reclamos ganaderos cobran razón de interés, debido a que los precios locales como de exportación suben (Gráfico 1), y su participación se ve levemente disminuida. Asimismo, hay que mencionar también que, a pesar de estas variaciones, la participación no sufre grandes cambios, por lo que es relativamente constante, y el sector primario sigue quedándose con la mayor tajada. 

¿David contra Goliat?

Una vez que confirmamos ciertos reclamos ganaderos, urge identificar la otra parte de la proposición, es decir, ¿hay un oligopolio en el segmento frigorífico? ¿a qué se debe tal perdida en la participación de la cadena? Esta es una tarea muy compleja, y escapa de esta nota inferir causas de una forma tan determinante, pero al menos, podemos aproximarnos a la cuestión. Frente a la menor participación del sector primario, se esperaría que exista una mayor concentración entre los intermediarios, en este caso los frigoríficos y sus grupos económicos, lo que les dotaría de un mayor poder de negociación frente a los productores. Asimismo, fuera del caso monopólico, una baja cantidad de empresas no anula el hecho de que pueda existir competencia entre los frigoríficos, sobre todo en un contexto de menor oferta y mayor demanda de materia prima. 

Hagamos algunos números. Por un lado, es obvio que la cantidad de frigoríficos es abismalmente menor que la cantidad de tenedores de ganado. Existen aproximadamente 136.101 tenedores de ganado y alrededor de 8 grupos de frigoríficos, propietarios de 13 plantas. También hay 37 mataderos, pero el 91% de la faena se realiza en frigoríficos. A primera vista, es una puja bastante desigual. Sin embargo, no todos los tenedores de ganado tienen la misma cantidad de animales. En el Gráfico 6 se observa, en resumen, que 2.412 tenedores poseen el 55% del hato bovino. Esto es el 1,8% de los tenedores. En el otro extremo, el 96,7% de los tenedores posee el 34,7% de todo el hato. 

Gráfico 6. Tenedores por estrato y porcentaje de bovinos en cada estrato (2021)

Fuente: elaboración propia con datos de SENACSA.

Aquí pueden surgir varias aristas. Pero, en aras de no extender demasiado el análisis, es claro que el eslabón primario también se halla bastante concentrado. Con el afán de no presentar otro gráfico más del mismo tema, mencionaremos la distribución de cabezas en el año 2015. Con una mayor cantidad de cabezas, en el extremo superior, el 1,7% de los tenedores poseía el 53,4% del hato ganadero (2.496 tenedores). El porcentaje de tenedores con más de 1000 cabezas no varió mucho, pero sí aumentó levemente su participación en el hato total en 6 años. Aquí estamos diciendo que, por un lado, el poder de negociación de los ganaderos no es subestimable, y que, por supuesto, este va en aumento. 

De todas maneras, 2000 y tantos ganaderos sigue siendo una cantidad considerable en relación a la cantidad de frigoríficos existentes. ¿Cómo evolucionó la cantidad de frigoríficos y su participación? Como los frigoríficos son también exportadores, tomaremos la cantidad de grupos exportadores como un proxy para ver la evolución histórica. En el año 2010, de los 18 frigoríficos existentes, los dos más grandes concentraban 48,5% de las exportaciones.  Por lo tanto, la concentración en dicho año se encontraba en un rango moderado, que en palabras del economista italiano Sylos Labini se podría describir como una situación de concentración relativa. Por otro lado, en 2024 solo el principal exportador realizó el envío del 38,2%. Acumulando los dos principales frigoríficos, concentraron el 64,2% de la exportación de carne vacuna, siendo en su totalidad 8 grupos económicos. De esta manera, sin lugar a dudas la concentración en los últimos tiempos es alta, pasando de una concentración relativa a una concentración absoluta.5 

En suma, desde ambos lados existió una concentración del valor. Sin embargo, la concentración de los frigoríficos fue mucho más agresiva y avanzó mucho más rápido, lo que podría explicar el deterioro en los términos de intercambio para los ganaderos en la cadena. A pesar de dicha concentración, el eslabón primario sigue jugando un papel importante en su participación, y tampoco disminuyó demasiado. 

Una fuerza que juega a favor de los ganaderos

Hasta aquí dijimos que los precios locales y externos aumentaron, que la participación del eslabón primario disminuyó levemente y que la estructura empresarial de ambos grupos se concentró, una más que otra. Podría ser que la mayor concentración en los tenedores juegue un papel en la sostenibilidad de la participación ganadera. Sin embargo, podría decirse que existe una fuerza mayor que permite que el sector primario siga manteniendo una buena rebanada del pastel. 

En 2015 el hato ganadero alcanzó un máximo histórico, de alrededor de 14.216.256 cabezas de bovinos. En dicho año se faenaron aproximadamente 1.889.134 de cabezas, es decir, el 13,3% del total del hato. Con algunas excepciones, entre los años 2018 y 2020, la faena mantuvo un buen ritmo de crecimiento, al igual que las exportaciones. Sin embargo, el hato ganadero nunca volvió a alcanzar el pico del año 2015, presentando casi disminuciones constantes año a año. Con esto queremos decir algo muy simple: aumenta la demanda y disminuye la oferta potencial. Esto lo podemos medir con la relación faena/hato, que se observa en el Gráfico 7.

Gráfico 7. Evolución anual de la relación faena/hato (2020-2023)

Fuente: elaboración propia con datos de SENACSA.

Así, en el Gráfico 7 se observa una tendencia creciente de dicha relación, lo que expresa una mayor presión sobre la cantidad de ganado disponible en el país. De acuerdo a la estructura factual del mercado de los frigoríficos, esto puede generar cierta competencia por parte de ellos para asegurar el suministro de carne; cada vez necesitan más carne, pero la oferta potencial disminuye. 

A pesar de que esta fuerza pueda jugar algún papel en el precio del gancho, sin dudas no fue la que primó. Por esta razón, este es un caso práctico para entender que en la economía real no todo es oferta y demanda. 

Algunas conclusiones y algo de futurismo

Todo este entramado productivo nos deja una lección económica valiosa. En mercados reales, donde la concentración empresarial es significativa, los precios no reflejan únicamente la lógica abstracta de la oferta y la demanda, sino también relaciones de poder y negociación entre actores asimétricos.

En el caso de la cadena cárnica paraguaya, el aumento en el precio de la carne se origina principalmente por el comportamiento del mercado internacional. Es el precio de exportación —determinado por la demanda externa y el contexto global— el que marca la pauta. Sin embargo, una vez que ese precio sube, lo central ya no es tanto por qué sube, sino cómo se reparte ese aumento entre los actores locales de la cadena.

Aquí entra el poder de negociación: mientras el precio internacional crece, el precio recibido por el ganadero no siempre acompaña en igual medida. A pesar de que existe una presión estructural sobre el hato ganadero —menos stock disponible, más faena— que debería elevar el precio del ganado, ese efecto se ve limitado. La razón está en la concentración del mercado frigorífico: un número reducido de actores con capacidad para contener la transmisión del precio internacional al productor primario. La escasez, entonces, opera, pero su efecto queda subordinado al poder de mercado de quienes controlan los encadenamientos industriales y comerciales.

Los precios, así, expresan también una disputa por la renta generada en la cadena. El precio que uno paga o recibe es, al final, una forma de participación en el excedente. Los ganaderos, organizados gremialmente, buscan defender su porción. Por ejemplo, lo mismo hacen los trabajadores, cuando pelean por sus salarios. Y como no puede ser de otra manera, toda esta disputa también afecta al consumidor.

Porque, como vimos, los precios en el mercado local también aumentan —y en guaraníes, mucho más—. Sea quien sea el actor que logre aumentar su participación, el consumidor es quien finalmente convalida ese aumento. Y en un país donde la carne es parte central de la dieta y de la cultura, esto tiene implicancias económicas y sociales que no pueden ignorarse.

El conflicto entre ganaderos y frigoríficos, si bien es el más visible, no agota la complejidad de la cadena. También están los transportistas, los comercios, los proveedores de servicios, y todos aquellos que forman parte del entramado logístico. Un análisis profundo e integral de la industria cárnica es aún una tarea pendiente.

Aunque este artículo evidencia una relación entre la pérdida relativa del eslabón primario y la creciente concentración industrial, el oligopolio no se define solo por contar empresas. Importan los incentivos, las barreras de entrada, las escalas mínimas eficientes y el marco institucional. La tendencia a la concentración no es exclusiva de Paraguay: es un fenómeno global, visible en el MERCOSUR y en países como Estados Unidos.

En nuestro país, este proceso parece responder tanto a economías de escala como a exigencias técnicas y comerciales del mercado internacional. A pesar de la entrada de nuevos frigoríficos, la tendencia podría incluso profundizarse —y no se descarta una integración vertical— donde quien controla la materia prima, controla la renta.

Frente a este escenario, la respuesta no puede venir de recetas ideológicas sin sustento empírico. Es necesario abrir el debate con pragmatismo, incluyendo a todos los actores: desde los grandes ganaderos hasta los pequeños productores, desde los frigoríficos hasta los consumidores. Solo así podrá pensarse una política cárnica que sea equitativa, eficiente y nacionalmente sustentable.


Notas al pie de página

  1. Este artículo no pretende ser un análisis exhaustivo en la materia, por lo que posee un carácter exploratorio. De esta manera, la presente nota invita a profundizar mucho más en la cadena de la carne paraguaya, a través de una aproximación que trata de no perder la rigurosidad en ningún momento con los datos disponibles. ↩︎
  2. Hay que aclarar que lo que llamamos aquí participación directa es el valor bruto que recibe el ganadero del total del valor generado en la cadena. No se debe confundir con el margen del ganadero, ya que con lo que este recibe también debe pagar costos de producción. Asimismo, técnicamente esta es la participación del eslabón primario en la cadena. ↩︎
  3. Algo importante, para comparar ambos precios se tuvo que utilizar una misma moneda: el dólar, a través del tipo de cambio nominal corriente del BCP. Sin embargo, si se analiza la evolución del precio local en guaraníes, de punta a punta este aumentó 69%, y en el último año 12,5%. ↩︎
  4. Una aproximación similar, válida y con datos actuales estaría basada en la contribución de la Ganadería y la Producción de carne al PIB o valor agregado. Sin embargo, aunque actual, sería menos preciso, debido que aquí no se incluye solo la carne vacuna, al menos que se realice la simplificación no lejana a la realidad de que la carne vacune abarca la gran mayoría de ambos sectores. ↩︎
  5. “Respecto al problema que nos interesa, el índice de Gini deja de ser revelador si el número de las empresas (o de los establecimientos) es pequeño; inferior a diez, por ejemplo. Pero en este caso ya no se necesita un índice de concentración para describir, empírica y económicamente, la estructura de una industria dada. Empíricamente, basta indicar el número absoluto de las unidades; bajo el aspecto económico, la industria se encuentra obviamente en condiciones de oligopolio. También en este caso se puede decir que la industria esta ‘concentrada’. Para distinguir una situación de este tipo (pequeño número de empresas) de la descrita anteriormente (número relativamente amplio de empresas, con pocas dominantes), conviene hablar, en el primer caso, de ‘concentración absoluta’, y en el segundo, más frecuente, de ‘concentración relativa’” (Labini, 1966). ↩︎

Bibliografía

Labini, P. S. (1966). Oligopolio y progreso técnico. Oikos-Tau.

El capitalismo también entra por la boca – Seminario Internacional

El capitalismo también entra por la boca – Seminario Internacional

SEMINARIO INTERNACIONAL

En la semana de las semillas nativas y criollas “Nuestras semillas, Nuestra Soberanía” 

“El capitalismo también entra por la boca”

Salud, Alimentación, Tierra y Ambiente en el sistema agroalimentario global

30 de mayo de 2025

Salón Auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación

Asunción – Paraguay


PRESENTACIÓN

La defensa y promoción de las semillas nativas y criollas que lleva adelante el Centro de Estudios Heñói, es la estrategia para la defensa de los territorios campesinos e indígenas, la producción de alimentos sanos, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En coincidencia con la realización de la feria nacional de semillas nativas y criollas, que pone de relieve la extraordinaria agrobiodiversidad que aún conservan las comunidades campesinas e indígenas del Paraguay, se propone un encuentro teórico orientado a estudiantes, profesionales y activistas interesados en estos temas. La expansión del extractivismo en los territorios del Sur global causa graves impactos en la vigencia de derechos, y muy especialmente imposibilita la vigencia del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. En el origen y el centro del problema está la gestión de la tierra, principal objetivo del avance neoliberal de los grandes capitales trasnacionales en el Sur global. El modelo productivo asociado a este acaparamiento de tierras destruye biodiversidad, expulsa comunidades, contamina, empobrece, deteriora culturas e identidades, en síntesis, destruye las condiciones para la reproducción de la vida. En Paraguay y en todo el Sur global los desafíos son similares: preservar la tierra, el conocimiento, la cultura, la tecnología y la capacidad de trabajo para recuperar la autonomía, y lograr la plena vigencia de la soberanía genética, productiva y alimentaria.


ORGANIZA:

Centro de Estudios Heñói

APOYAN:

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Paraguay

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO

Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEP-Paraguay

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY


PROGRAMA 

CONFERENCIA INAUGURAL 

08:00 a 09:30

 “Evolución de los sistemas agroalimentarios. Perspectivas en un mundo posneoliberal” 

Prof. PhD. Gustavo Setrini 

FLACSO Paraguay


MESAS TEMÁTICAS

MESA 1: GEOPOLÍTICA DEL AGUA

09:45 a 12:00

Prof. Luciano Orellano “¿Quién se queda con la riqueza de nuestros pueblos? Agua y Soberanía sobre el Paraná”

Movimiento por la Recuperación del Paraná

Ing. Mercedes Canese “Soberanía energética y la disputa por la soberanía sobre Itaipú”

Campaña Itaipú Causa Nacional

Prof. Dr. Osvaldo Aly “Agua y Derechos Humanos: impactos del agronegocio”

Núcleo de Investigación en Cambio Climático, Recursos Hídricos y Gobernanza, Programa de Ciencias Ambientales del Instituto de Energía y Ambiente, IEE – USP. 


MESA 2: REPENSANDO LA SALUD  DESDE NUESTROS PUEBLOS

13:30 a 15:30

Dra. Patricia Lima “Alimentación, Salud y Poder: brechas territoriales y desafíos políticos” 

Laboratorio de Políticas Sociales, FLACSO Paraguay 

Dra. Marcela Bobatto “No hay soberanía alimentaria sin soberanía en salud”

Movimiento Latinoamericano de la Salud – LAICRIMPO

Dante Leguizamón “Situación del derecho a la salud en Paraguay”

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY


MESA 3: ALIMENTACIÓN ¿DERECHO O MERCANCÍA?

15:40 a 17:00

Lic. Gerardo Segovia “Las semillas como condición necesaria para la soberanía alimentaria. Potenciales del proceso Nyéleny como espacio articulador”

Movimiento para la salud de los pueblos, Argentina

Mgter. Sarah ZevacoPerspectivas actuales a los desafíos alimentarios”

Sociedad de Economía Política del Paraguay

Mgter. Alhelí González Cáceres “Dinámicas inflacionarias en la economía paraguaya y sus impactos sobre el derecho a la  alimentación”

Centro de Estudios Heñoi 


MESA 4: LA TIERRA EN LA LÓGICA DEL CAPITAL 

17:30 a 19:00

Mgter. Alan Fretez “Dinámicas del capital agrario: Tierra y producción en Paraguay”

Sociedad de Economía Política del Paraguay

Guadalupe Quiñonez y Jhony Alvarenga “La disputa y el derecho a la tierra en la ciudad”

Organización Guara

Federación Nacional Campesina “Experiencias del movimiento campesino en la lucha por la tierra”

Mario Rivarola “Experiencias del movimiento indígena en la lucha por la tierra”

Organización Nacional de Aborígenes Independientes 

Mgter. Omar YampeyMovimientos sociales y lucha por la tierra en Paraguay”

Centro de Estudios Heñói 

Brindis de cierre

Contacto: +595982282741

Descarque el programa completo aquí

El Plan de Acción para la Industria Automotriz en el Acuerdo UE – Mercosur

El Plan de Acción para la Industria Automotriz en el Acuerdo UE – Mercosur

20/03/2025

Por Andrea Taborri [1]

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói

Foto: Gentileza

El pasado 5 de marzo la Comisión Europea publicó su “Plan de Acción para el Sector Automotriz Europeo” (PASAE), marcando las pautas de desarrollo de este sector para el futuro. El automotive es uno de los principales sectores productivos de la UE y una de sus principales fuentes de exportación, sin embargo, ante el escenario geopolítico incierto y los retos conectados con la transición energética, enfrenta una crisis profunda (ACEA, 2025). El sector automotriz está atravesando una época de profunda reestructuración en todo el globo, intentando dirigir su rumbo hacia la sostenibilidad energética. En este marco, la Comisión sanciona la necesidad de mantener la competitividad de Europa, y de ponerse al frente de la reestructuración, manteniendo una posición proactiva. El plan remarca la voluntad de la UE en jugar un papel de relieve en esta transición, para seguir siendo el centro de cadenas de valor a escala global. Cabe entonces interrogarse acerca de la relevancia de este Plan de Acción para los países periféricos, y de manera especial para los países del Mercosur, con los cuales la UE ha cerrado el pasado 6 de diciembre un acuerdo de asociación que sanciona la liberalización de gran parte del comercio bilateral. 

Plan de Acción: ¿hacia dónde va la UE?

El objetivo deliberado del PASAE es soportar la transición del sector automotriz europeo manteniendo su competitividad. En líneas generales el Plan plantea un mayor grado de concertación entre los actores europeos vinculados al sector automotriz -principalmente capitales y estados miembros- a través de amplia financiación, acceso privilegiado al crédito y recortes en los procesos burocráticos/administrativos. Los cinco ejes temáticos del Plan se articulan alrededor de tres principales necesidades del sector automotriz vinculadas con el imperativo de transitar hacia la producción de vehículos “limpios” manteniendo la competitividad y la rentabilidad. Estas necesidades son: (I) la innovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos, (II) la accesibilidad a materias primas críticas para la fabricación de baterías y combustibles alternativos, (III) flexibilidad en las sanciones por incumplimiento de las normas sobre emisiones de CO2 y expansión de la demanda de vehículos “limpios”.  Los capitales basados en Europa que durante décadas han liderado el mercado mundial en el rubro automotriz, están lentamente sucumbiendo a las presiones competitivas de capitales más dinámicos. El patrón de acumulación europeo corre el riesgo de estancamiento, y la UE con sus instituciones trata de respaldarle y subsanar sus contradicciones internas.  

… ¿Y el Mercosur?

En todo esto es natural preguntarse cómo se va a modificar la relación entre Europa y el resto del mundo a raíz de estas conmociones en el núcleo de su matriz productiva, y qué nos indica el PASAE acerca de la relación de la UE con el Mercosur. De cara a estas interrogantes los aspectos más relevantes son los que se vinculan a la necesidad para la industria automotriz europea de “[…] tener acceso seguro y fiable a materias primas críticas [2]de bajo coste” (Comisión Europea, 2025. Pág. 13). En el PASAE la Comisión anuncia la movilización de €1.800 millones en los próximos dos años en el marco del programa “Battery Booster” orientado a la financiación de productores de baterías europeos y no europeos (a condición de que estos últimos se asocien con empresas europeas). Asimismo, la Comisión presentará en este mes de marzo 2025 un conjunto de proyectos estratégicos en todos los eslabones de las cadenas de suministro de materiales críticos para asentar las piedras angulares de la transición energética en el sector automotriz. Yuxtaponiendo a este cuadro el cierre de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE (AAMEUE), se vislumbra una verdadera estrategia europea para ganar acceso a recursos energéticos “limpios” en el Mercosur.

La Comisión pone de manifiesto que uno de los instrumentos fundamentales para ganar acceso a minerales críticos son los tratados de libre comercio. Entre ellos destaca el AAMEUE ya que los países del Mercosur albergan importantes recursos en minerales críticos. Brasil es el tercer país al mundo por reservas de tierras raras [3], mientras que Argentina es el tercer productor mundial de litio (material clave para las baterías de vehículos) y junto con Brasil concentran casi el 10% de la producción mundial (IRENA, 2023). Paraguay por su parte es un importante productor de soja, que está en la base de la elaboración del etanol, utilizado como biocombustible [4]. Dentro de las pautas marcadas por el Plan de Acción, el AAMEUE adquiere particular importancia.

Foto: Gentileza

Esto tiene varias implicaciones para los países del Mercosur. En línea general, el Plan de Acción no hace más que reforzar la inserción asimétrica de la UE y el Mercosur en el capitalismo global, reiterada en el AAMEUE (Ghiotto y Echaide, 2020). Según expresa claramente el PASAE, el sector automotriz UE necesita acceso a materiales críticos, pero es crucial que “[…] la mayor parte del valor agregado se localice en Europa” (Comisión Europea, 2025. Pág. 13). En otras palabras, los actores europeos solamente están interesados en la extracción de los materiales necesarios para el sector automotriz, mientras que las demás etapas de fabricación de baterías y componentes eléctricos se llevarán a cabo en el viejo continente. Dicha dinámica será facilitada por el AAMEUE que desincentiva la producción en el Mercosur de artículos tecnológicos y de alto valor agregado. Esta dinámica queda patente en el hecho a que se hacía referencia anteriormente: los fondos del programa Battery Booster solo podrán ser aprovechados por actores ajenos a la UE siempre y cuando haya empresas europeas capaces de capturar la parte mayoritaria del valor agregado.

A este cuadro hay que añadirle los posibles efectos negativos de la estrategia de la Comisión sobre dinámicas ya existentes en el Mercosur conectadas con la minería, la apropiación de tierras y los desplazamientos forzados de población rural e indígena [5]. El AAMEUE por sí solo despierta preocupación entre académicos y activistas por sus posibles efectos adversos en la vida cotidiana de los pueblos mercosureños (Ghiotto y Echaide, 2020). La carrera para el acceso a minerales estratégicos en el Cono Sur propiciada por el PASAE no puede hacer otra cosa que agudizar dichas dinámicas, incrementando el precio de las tierras, y proporcionando incentivos a los grandes capitales -locales y extranjeros- que operan en la minería para expandir sus inversiones, y con ellas sus efectos negativos sobre el ambiente, la salud y los derechos de las poblaciones rurales. 

En síntesis, con el Plan de Acción para el sector automotriz la Comisión Europea marca unas claras pautas para el futuro del sector. El acceso a minerales críticos es uno de los objetivos principales. Esto es particularmente relevante para el Mercosur: la combinación del Plan y el Acuerdo refuerzan su rol subordinado en el capitalismo global como productor de materias primas e importador de tecnología, cristalizando la asimetría entre los dos bloques. En efecto el Plan establece con claridad que al esfuerzo “hacia fuera” en busca de materiales estratégicos va vinculado al mantenimiento de la mayor parte del valor agregado en el viejo continente. Asimismo, la expansión de las actividades de minería vinculadas a la estrategia de la Comisión exasperará dinámicas existentes en detrimento de las condiciones materiales de vida de los pueblos del Mercosur, especialmente en el mundo rural.


Notas al pie de página

[1] Doctorando en el Programa de Doctorado “Frontier Sciences in Sustainability, Diplomacy and International Cooperation”, Departamento de Ciencias Humanas y Sociales Internacionales, Universidad para Extranjeros de Perugia, Perugia, Italia.

[2]Las definiciones de materias primas criticas difieren sutilmente entre ellas. Según el Critical raw Materials Act (Consejo Europeo, 2023) aprobado en 2024 por el Consejo Europeo, son un conjunto de 34 elementos del subsuelo que tienen particular importancia para la economía de la UE y cuyas cadenas de valor tienen riesgos de interrupciones debido a la concentración de estos materiales en pocos lugares.

[3] Tierras raras y minerales críticos son dos conceptos distintos y afines, y su definición varía entre qué entidad o institución la proporcione. No obstante, se puede afirmar que las tierras raras (que deben su nombre a su escasez o a su difícil extracción) son un subgrupo de los minerales críticos, entre los cuales se encuentran otros elementos (Litio, Cobalto, Níquel, etc.) que no son tierras raras (IGF, 2023).

[4] Si bien en esta nota se trata con especificidad la transición hacia los vehículos eléctricos, cabe resaltar que otra vertiente importante de la movilidad “limpia” son los biocombustibles, aunque el PASAE no hace referencia explícita a ellos. En este marco el AAMEUE es crucial para la UE, ya que aumenta de mucho la cuota de importación a la UE de bioetanol. Este se produce en gran medida a través del cultivo de soja, en el cual Paraguay tiene gran relevancia.

[5] En su informe de 2023 sobre la geopolítica de los minerales críticos la International Renewable Energy Association advierte de los potenciales conflictos acerca de la extracción de estas materias primas. Ejemplos de estos conflictos ya existentes en el Mercosur se pueden encontrar en las provincias argentinas de Jujuy y Catamarca (Pérez, 2024) y en la Amazonia Brasileña (Pérez, 2024). Según el medio Agencia Brasil en 2022 en Brasil se registraron más de 900 conflictos a raíz de proyectos de minería. 


Bibliografía

Agência Brasil. (2023). Brasil registrou 932 conflitos derivados de la mineração em 2022. https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/direitos-humanos/noticia/2023-12/brasil-registro-932-conflictos-derivados-de-la-mineria-en-2022#:~:text=En%202022%2C%20Brasil%20registr%C3%B3%20932,su%20mayor%C3%ADa%20ind%C3%ADgenas%20y%20trabajadores

European Commission. (2020). Communication on the action plan for the European green deal (Doc. 89b3143e-09b6-4ae6-a826-932b90ed0816). Retrieved from https://transport.ec.europa.eu/document/download/89b3143e-09b6-4ae6-a826-932b90ed0816_en?filename=Communication%20-%20Action%20Plan.pdf

European Council. (2023). Critical raw materials. Retrieved March 13, 2025, from https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/critical-raw-materials/

Pérez, M. (2024, 21 enero). La minería ilegal amenaza con exterminar a la tribu indígena yanomami en Brasil. El País. https://elpais.com/america/2024-01-21/la-mineria-ilegal-amenaza-con-exterminar-a-la-tribu-indigena-yanomami-en-brasil.html

Pérez, M. (2024, 21 marzo). Una comunidad argentina frena a las mineras que explotaban litio después de que se secara un río. El País. https://elpais.com/america-futura/2024-03-21/una-comunidad-argentina-frena-a-las-mineras-que-explotaban-litio-despues-de-que-se-secara-un-rio.html

International Institute for Sustainable Development. (2023). Critical minerals primer. https://www.iisd.org/system/files/2023-09/critical-minerals-primer-es.pdf

International Renewable Energy Agency. (2023). Geopolítica de la transición energética: materiales críticos. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Jul/IRENA_Geopolitics_energy_transition_critical_materials_2023_ES.pdf

European Automobile Manufacturers Association. (2025, enero). New car registrations: 2.6% in January 2025; battery electric: 15% market share. https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-2-6-in-january-2025-battery-electric-15-market-share/ Ghiotto, L., Echaide J., (2020). Informe sobre la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Mercosur_UE_2020.pdf

Inflación y salarios en 2024: estabilización a costa de los trabajadores

Inflación y salarios en 2024: estabilización a costa de los trabajadores

06/03/2025

Por Pablo Díaz Almadai

Ciclo de colaborarciones del Centro de Estudios Heñói

Foto: GN Noticias

Desde hace años que la inflación en Argentina mostró una tendencia creciente, no sólo como reflejo de desequilibrios macroeconómicos, sino también, y, sobre todo, como expresión de una creciente conflictividad social. La inflación no es simplemente un fenómeno monetario, sino el resultado de tensiones estructurales que enfrentan distintos sectores de la economía.

En este marco, la devaluación de diciembre de 2023 marcó un punto de inflexión. La inflación mensual alcanzó un récord del 25,5%, profundizando la transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia sectores con capacidad de obtener ganancias en moneda fuerte. El salto inflacionario no solo impactó en el poder adquisitivo, sino que consolidó un nuevo esquema de distribución regresiva del ingreso, con ganadores claros entre los exportadores y actores financieros, y perdedores en el conjunto de trabajadores y sectores populares.

A lo largo de 2024, el gobierno implementó un esquema de crawling peg[1], logrando una desaceleración progresiva de la inflación. Desde el oficialismo, este “éxito” se atribuyó exclusivamente a la reducción del gasto público, argumentando que la disciplina fiscal evitó la emisión monetaria y, con ello, el aumento de precios. Sin embargo, esta narrativa omite factores clave como: la contención del tipo de cambio y, sobre todo, la pérdida de ingresos de la clase trabajadora, en particular del sector público, pero también del privado e informal. Con salarios deprimidos y un consumo restringido, la capacidad de contestación obrera, hasta ahora, fue limitada.

En este contexto, es necesario un análisis más profundo de los mecanismos que explican la caída de la inflación y de las implicancias de este modelo en el corto y mediano plazo.

El rol del ancla cambiaria en la desinflación

El ancla cambiaria ha sido un factor clave en los procesos de desinflación en América Latina, aunque no el único determinante del éxito. Hay estudios que señalan que los planes de estabilización con tipo de cambio controlado tienden a ser más efectivos en el corto plazo. Sin embargo, su sostenibilidad depende de otros factores, como la política fiscal y la capacidad de sostener el ancla sin generar crisis externas.

La evidencia histórica muestra que los intentos de desinflación sin un ancla cambiaria clara han sido menos efectivos o efímeros. En Argentina, los fracasos de los años 80 contrastan con los resultados iniciales de planes como la Convertibilidad o el Plan Real en Brasil, que lograron reducir la inflación, eso sí, a costa de profundos costos estructurales.

Además, en América Latina, los procesos exitosos de desinflación han estado estrechamente ligados al control del tipo de cambio. Sin embargo, esto no implica minimizar el papel de los desequilibrios fiscales y monetarios en los episodios de alta inflación, sino reconocer que el ancla cambiaria ha sido una herramienta clave en los procesos de estabilización.

Inflación como conflicto social

Sin embargo, es importante decir que reducir la inflación a un problema de emisión monetaria ignora su dimensión política y social. La inflación es, en última instancia, una expresión de conflictos distributivos. A lo largo de la historia, distintos regímenes monetarios han condicionado la manera en que se desarrollan estas disputas.

En Argentina, se debe tener en cuenta el papel de la puja distributiva que suele manifestarse en presiones sobre el tipo de cambio y los precios. El capital exige devaluaciones para licuar salarios y la clase trabajadora responde con intentos de recomposición. Sin embargo, cuando la inflación se acelera, el dinero local se debilita en su rol de cumplir sus funciones de unidad de cuenta y reserva de valor. En esos momentos, surge el discurso de un sector de la política de la necesidad de la estabilización, pero que en el fondo se trata de la necesidad de restablecer el poder disciplinario del dinero. Como sostienen Aglietta y Orléan (en Aglietta, M., & Orléan, A. L. (1990). Violencia de la moneda, SXXI Ed.), el dinero no es solo un medio de intercambio, sino una relación de poder que estructura la sociedad. Al igual que en los 90 con la Convertibilidad, hoy se reintroduce ese disciplinamiento al debilitar la soberanía monetaria y someter la economía a la lógica de la austeridad. La estabilización, entonces, no es un proceso neutral: implica una redistribución forzada de recursos y derechos que define quiénes ganan y quiénes pierden en la economía.

Devaluación, ajuste y la sostenibilidad del modelo

El gobierno de Milei, en su discurso, ha ignorado deliberadamente el papel central del tipo de cambio en una economía dependiente como la argentina. La desaceleración inflacionaria no se explica solo por el ajuste fiscal, sino por el anclaje cambiario y la importante caída de los salarios reales. Como en los 80, la devaluación inicial redujo el salario en dólares. Sin embargo, a diferencia de aquella época, hoy la respuesta sindical ha sido más limitada debido a tres factores que no pretendo que sean exhaustivos pero que sirven para el análisis:

  1. El corto tiempo de gestión del gobierno, mantiene a ciertos sectores en estado de “espera”. No es fácil confrontar a un gobierno que goza de buena popularidad, sin pérdidas en términos políticos.
  2. La represión estatal, con despidos, recortes y amenazas con diferentes protocolos de acción estatal que desarticulan la resistencia.
  3. La fragmentación del empleo, dificulta una agenda unificada para el conjunto de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, la baja inversión (19% del PIB), a pesar de la aprobación del RIGI[2] y las promesas oficiales de prosperidad, plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo. La estabilización nominal lograda en 2024 se sostiene con el ajuste del gasto y el anclaje del dólar, pero la historia argentina sugiere que este esquema suele desembocar en crisis de balanza de pagos si no se hace nada con la estructura productiva.

Argentina no solo enfrenta un problema de estabilidad nominal, sino una restricción estructural más profunda: su inserción subordinada en la economía global. La estrategia actual profundiza la primarización y la dependencia del capital extranjero, dejando en manos de factores exógenos la sostenibilidad del modelo. Sin un cambio en la estructura productiva que garantice una mayor generación de divisas, hay altas chances de que cualquier estabilización sea efímera y derive en un nuevo ciclo de endeudamiento y crisis externa. En este sentido, la pregunta clave no es si el ajuste “funciona” para bajar la inflación, sino si es sostenible o si simplemente pospone la próxima crisis.

Ganadores y perdedores de la estabilización

La estabilización inflacionaria de 2024 tuvo un costo social altísimo, algo que la narrativa oficial omite deliberadamente. La estabilidad de precios se logró a través del sacrificio de los ingresos de la clase trabajadora y la consolidación de privilegios para sectores vinculados al capital transnacional y financiero, en línea con lo expresado con el Mirador de la Actualidad, el  Trabajo y  la Economía  (MATE).

Lejos de ser un simple ajuste técnico, la estabilización vía ajuste fiscal y ancla cambiaria es, en realidad, una estrategia para recomponer la tasa de ganancia del capital a costa de la fuerza de trabajo. La caída del salario real no es un “efecto colateral” del modelo de estabilización, sino su objetivo central: garantizar un mayor excedente para los sectores exportadores y financieros. Así, la política económica de 2024 no solo desaceleró la inflación, sino que reconfiguró las relaciones de poder en la economía argentina, beneficiando a unos pocos y precarizando la vida de millones.

Conclusión: ¿es viable este modelo?

La experiencia argentina demuestra que la estabilidad de precios no se sostiene solo con disciplina fiscal, sino con un modelo de desarrollo que reduzca la dependencia del dólar y la vulnerabilidad externa. Sin una recomposición del salario real y sin cambios estructurales en la matriz productiva, la baja de la inflación será apenas un paréntesis antes del próximo desequilibrio macroeconómico.

Además, es pertinente recordar, porque la historia lo demuestra, que todo proceso de desinflación tiende a generar una apreciación del tipo de cambio real, independientemente de la estrategia utilizada. Como señala el artículo “Planes de estabilización en América Latina: ¿qué distingue a los casos exitosos?“, este fenómeno suele traducirse en un deterioro de la cuenta corriente, lo que, a mediano plazo, puede derivar en crisis externas.

El verdadero desafío en los próximos meses no es solo mantener la estabilidad de precios, sino definir qué tipo de modelo económico se construirá a futuro. Apostar únicamente al ajuste y al anclaje cambiario no es una estrategia sostenible ni socialmente viable. ¿Son necesarias reformas estructurales? Sin duda. Pero la cuestión central es a quién beneficiarán. El gobierno actual ha dejado en claro de qué lado está: sus políticas no buscan fortalecer a la clase trabajadora, sino consolidar un orden económico que privilegia al capital concentrado y a los sectores financieros.


[1] Nota del Comité Editorial: Es un sistema utilizado por los bancos centrales para administrar el tipo de cambio de la moneda con relación a otras divisas.

[2] Nota del Comité Editorial: Se refiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), programa impulsado por el gobierno de Javier Milei para favorecer a los capitales.


[i] Licenciado en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Integrante del Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía y del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad.

Salarios e “inflación cero” en Paraguay

Salarios e “inflación cero” en Paraguay

Por Alhelí González Cáceres1

Foto: Elisa Marecos Saldívar

Para nadie es novedad el discurso que el gobierno sostiene desde hace años sobre la inflación, aunque claramente no se ajuste a lo que los trabajadores sentimos en nuestros bolsillos cada vez que vamos a los supermercados que ya a principios del año empezaron a remarcar todos los precios.

El mes pasado el Banco Central del Paraguay (BCP) publicó el Informe de Inflación (IPC) correspondiente al mes de enero y en el que se analiza la evolución del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), principal indicador que mide el comportamiento de los precios en una economía. Y, al igual que el reporte de Inflación del cierre del 2024, este informe sostiene que el aumento del IPC fue apenas del 1,0% al compararse con el mismo periodo del año anterior, en tanto que la inflación interanual se ubicó en 3,8% todavía por debajo de la meta país. ¿Por qué la inflación “es baja” y sobre todo qué dice sobre la economía paraguaya? Para esta y otras interrogantes ensayaremos algunas reflexiones, esta vez alejándonos del típico discurso respecto al rol del BCP como “juez y parte”, pero antes haremos algunas aclaraciones.

¿Qué considera el BCP en su medición?

En el análisis de la inflación el BCP recoge y analiza una serie de datos entre los que se incluyen los bienes que componen la canasta básica de consumo y de alimentos, bienes y servicios entre los que se encuentran los alquileres, combustibles, y una gama amplia de cerca de 600 productos y servicios que son considerados en su conjunto y cuya ponderación arroja una tasa baja del IPC en términos relativos. Amén de tener en cuenta que el año base de la medición se encuentra desfasado dado que los cálculos utilizan como base de comparación precios del 2014, lo que naturalmente conduce a que el IPC nunca sea – ni podrá serlo – una expresión exacta del comportamiento de los precios en una economía. Por tanto, no es cierto que la medición del IPC sea baja porque no considere rubros como el transporte, alquileres, alimentación, vestimenta u otros. La cuestión está en la ponderación de estos ítems en el cálculo final.

Es igualmente importante señalar que no constituye un error metodológico tomar como año base precios constantes de 2014, esta es una práctica común en el cálculo económico dado que se realiza con la intención de establecer parámetros de comparación. La cuestión está en que esa base que permite realizar análisis y comparaciones de estructuras a largo plazo sea lo más cercana posible al año real que se pretende comparar.

Foto: Sandino Flecha Torres

Inflación y salarios: un costo de vida cada vez más alto

Como en años anteriores, la fluctuación de los precios ha afectado en mayor proporción a dos rubros fundamentales: alimentos (particularmente hortalizas y tubérculos frescos) y combustibles. En el caso de los combustibles adolece de novedad, dado que Paraguay no cuenta con reservas hidrocarburíferas y depende de las importaciones de petróleo y sus derivados para abastecer la demanda energética del país, además de esto, la condición de mediterraneidad impone costos adicionales en sectores como la logística y el transporte de mercancías que terminan encareciendo los precios. En el caso de la canasta alimentaria, tan solo las hortalizas y tubérculos incrementaron sus precios en un 24%. También en el sector cárnico (avícola, bovino y porcino) se registraron incremento en los precios (BCP, 2025).

Que el mayor incremento en los precios se haya dado – y se dé – en el sector de los alimentos da cuenta de una estructura productiva que ha dejado de producirlos o cuya producción local es insuficiente para satisfacer la demanda, resultado de una decisión política que no atiende la producción nacional de alimentos llevada adelante en gran medida por la pequeña producción campesina para beneficiar a los agronegocios, y, en consecuencia, debe importar cada vez más alimentos para satisfacer la demanda interna [ver gráfico 1]

Gráfico 1.

Elaboración propia con base en datos del Anexo Estadístico del Informe Económico del BCP, 2025.

Como puede observarse en el gráfico que antecede, cada año el país importa más alimentos, particularmente frutas, legumbres y hortalizas, rubros que se han visto sumamente afectados por la expansión de la frontera del agronegocio en las últimas décadas como pudo reflejarse en los datos recogidos por el Censo Agropecuario de 2022. Tan solo en el mes de enero de 2025, el país importó 17% más alimentos que en el mismo periodo del 2024. En resumidas cuentas, el modelo agroexportador aumenta la dependencia de alimentos y genera presión sobre los precios de la canasta familiar haciéndola cada vez más inaccesible para la mayoría de la población (BCP, 2025).

Pero, ¿qué relación guardan los salarios con la inflación? Uno de los logros del poder de turno ha sido la fragmentación de los saberes en compartimentos estancos que no pueden encontrarse para explicar una realidad que es compleja. Así, al analizar fenómenos económicos como es el caso de la inflación, tendemos a mirar solamente cómo se han comportado los precios, pero esto es mirar solamente la apariencia del fenómeno y no su esencia, hay que ir más allá de los precios que se reflejan en la economía para situar la discusión en el terreno que le es propio: el de la disputa por la apropiación del excedente.

Y aquí, tomando datos oficiales para realizar una primera aproximación podríamos inferir a partir de estos que la economía paraguaya produce cada vez menos valor y en este punto haremos una distinción sobre la que no ahondaremos en este artículo. Cuando hablamos de valor producido lo hacemos en términos de la producción industrial o aquella que tiene lugar a partir de las actividades productivas no especulativas ni ancladas en la extracción de renta del suelo, sostenida en las actividades de naturaleza extractiva que tienen lugar en los territorios.

Foto: Elisa Marecos Saldívar

Al observar la balanza de bienes de la economía paraguaya podemos notar que el peso de las importaciones es cada vez mayor, dando por resultado un saldo negativo que en 2024 se situó en -538.804 miles de dólares FOB. Parte de la narrativa oficial ha sido la de ubicar a la economía paraguaya como la de mayor crecimiento sostenido en la región, sin embargo, lo que no dicen los expertos del BCP y del Ministerio de Economía, es que el crecimiento del PIB para que sea sostenible en el tiempo requiere de tres aspectos que se deben conjugar: i) diversificación del aparato productivo; ii) inversión de capital; iii) aumento de la productividad. Ninguno de estos elementos se encuentra presente, entonces, ¿por qué crece la economía? O en todo caso, la pregunta correcta sería, ¿qué explica esa expansión? Simple, la dependencia elevada de los precios internacionales de las commodities en el mercado financiero internacional y el elevado peso relativo del sector terciario (comercio y finanzas) en el PIB.

En pocas palabras, podríamos casi estar hablando de un crecimiento ficticio que no se refleja en la mejoría de indicadores que son centrales para el desarrollo económico. Y esto lo podemos ver al notar que solo las exportaciones de soja concentran más del 36% del valor ingresado por exportaciones, valor que, como es de esperarse, no queda en el país si no que es transferido a las matrices de las transnacionales que, como Cargill, dominan el comercio de estas materias primas. Esta situación desencadena una serie de problemas tanto en términos económicos como sociales y políticos.

En el terreno socioeconómico podemos observar que, junto al aumento sostenido en el precio de los alimentos y otros bienes y servicios, se arrastra una depreciación del poder adquisitivo del salario mínimo legal vigente que roza el 30% [ver gráfico 2].

Gráfico 2.

Elaboración propia con base en datos del Anexo Estadístico del Informe Económico del BCP, 2025.

Una economía estructurada en torno a un patrón de especialización productiva cuyo eje es la extracción de materias primas agrarias con destino a la exportación no solo no requiere desarrollar el mercado interno fomentando el consumo, es que sencillamente, no lo necesita porque obtiene sus ganancias a través del comercio exterior. Esta dinámica tiene graves repercusiones, entre ellas, la precarización y el deterioro cada vez mayor de las condiciones materiales de vida de la población. Hablamos de una economía que no puede emplear productivamente a toda la fuerza de trabajo disponible generando amplios espacios para el desarrollo de actividades ilícitas e ilegales que pasan a suplir esta incapacidad estructural de la economía paraguaya.

En este contexto tiene lugar la agudización de la disputa en torno a la apropiación del escaso excedente de valor que queda en la economía y esa disputa se refleja en el deterioro del nivel salarial, mayor explotación de los trabajadores y, por supuesto, en una inflación que cumple el papel de apropiarse o, mejor dicho, de transferir la riqueza desde los trabajadores hacia los capitales que operan en el mercado local. La inflación es, en las economías capitalistas, un mecanismo más para la acumulación y la concentración de capital a partir de la transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia el empresariado que concentra el poder sobre el proceso de producción y comercialización, como son las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, cuya posición de poder sobre el aparato productivo y el comercio exterior les permite imponer precios.

Finalmente, para no dejar de lado una discusión importante para entender la narrativa oficial es comprender que responde a una forma de interpretar la economía que para nada es estrictamente técnica, sino más bien es absolutamente ideológica. Una interpretación que no logra explicar los fenómenos y procesos inflacionarios a escala global y que poco o nada tiene que aportar para comprender cómo funcionan nuestras economías. Y esto último es una decisión política, una decisión de no ver para no explicar.

Entender el carácter dependiente de las economías latinoamericanas implica recordar que esa dependencia trasciende lo económico para abarcar el sector financiero y tecnológico que dominan y restringen la oferta, dando lugar a lo que se conoce como la paradoja del comercio exterior: baja relativa de los precios de bienes exportables y aumento relativo en los precios de las importaciones, lo que implica un círculo permanente de sangría para las economías latinoamericanas que se conjuga con la fuga de capitales a través de diferentes mecanismos entre los que se incluye el pago de los servicios de la deuda, la adquisición de maquinaria y tecnología, entre otros.

Por tanto, el discurso de “inflación cero” y una “macroeconomía estable” que ha venido sosteniendo este y los gobiernos anteriores, responde a la necesidad de vender la propaganda del éxito económico de Paraguay a los grandes especuladores escondiendo la basura bajo la alfombra y que no se ajusta a la realidad.

Foto: Elisa Marecos Saldívar

  1. Economista. Doctoranda en el Programa de Doctorado en Economía del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Investigadora del Centro de Estudios Heñói. Email: caceresalheli06@gmail.com

Acuerdo UE – Mercosur y América Latina como territorio de extracción

Acuerdo UE – Mercosur y América Latina como territorio de extracción

Por Alhelí González Cáceres1

El seis de diciembre de 2024 concluyó la ronda de negociaciones entre los estados parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Un acuerdo que, caracterizado por la falta de transparencia en cuanto a su contenido y a las discusiones que han tenido lugar durante su tratamiento en las diferentes instancias, sienta las bases para profundizar la dependencia de América Latina como territorio de extracción de materias primas agrarias y mineras, además de “tierras raras” indispensables para la transición energética y la industria verde en Europa. En palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el acuerdo UE – Mercosur es un “ganar – ganar”. Pero, ¿quiénes ganan?

Fumigación con agrotóxicos sin barreras vivas. Foto: Elisa Marecos

Un acuerdo ¿ganar – ganar?

Ante la crisis de acumulación que enfrentan los capitales más concentrados de Europa, el Mercosur representa la posibilidad de ampliar esas escalas de acumulación al acceder a un mercado de alrededor de más de 88 mil millones de euros en mercancías y servicios según datos de la Comisión Europea (2024). Al mismo tiempo, esta región concentra suelo fértil y agua potable, factores estratégicos para asegurar la cadena de suministro alimentario europea, y grandes reservas de las llamadas “tierras raras”, es decir, minerales escasos y críticos que son indispensables para la transición energética, el complejo militar – industrial y sobre todo para el sector de tecnología avanzada.

Y en este punto nos encontramos antes dos problemas. Por un lado, la liberalización económica solo puede ser beneficiosa si el tejido industrial de ambas partes puede competir en igualdad de condiciones. O, dicho de otro modo, la liberalización solo beneficiará a aquellos capitales más concentrados que pueden transar sus bienes y servicios en el exterior en los mismos niveles de competitividad y productividad que los capitales europeos. Y, por el otro, además de materias primas y mano de obra barata, ¿qué podría ofrecer el Mercosur a un bloque que incluye a las economías más poderosas de aquel continente y que opera con tecnología de avanzada?

La historia económica de América Latina, con el intento de industrialización por sustitución de importaciones en el siglo pasado, entre otras experiencias, aporta evidencias concretas de que las políticas comerciales, sean estas proteccionistas o liberalizadoras, en realidad responden a los intereses de los capitales que hegemonizan los procesos globales de acumulación. En otras palabras, son escasos los capitales que podrían competir al nivel del mercado europeo; más específicamente, salvando las diferencias entre el tejido industrial de los países que integran el Mercosur, son los capitales que operan en el sector primario exportador los que se verán más beneficiados con un acuerdo de este tipo, a expensas, por supuesto, de los territorios, las comunidades rurales y, en definitiva, de los trabajadores.

El acuerdo UE – Mercosur es estratégico para Europa en una disputa cada vez más creciente por el control de minerales y materias primas agrarias que son fundamentales para garantizar el abastecimiento de la cadena de suministros alimentarios y energéticos. En lo que respecta al sector energético, Europa necesita garantizar su acceso a tierras raras esenciales e irremplazables para la reconversión tecnológica y energética de su aparato productivo en franca competencia con China y Estados Unidos y para ello, el acuerdo posibilita que Europa se deshaga de tecnología atrasada exportándola hacia el Mercosur, a la vez de garantizar el ingreso de sus mercancías a los mercados nacionales sin posibilidad de que los pequeños capitales que operan y se reproducen a escala Mercosur puedan competir en precios contra ellas. Situación que indefectiblemente conducirá al desmantelamiento del escaso tejido industrial de países como Argentina y Brasil, mientras que acentúa y amplía las escalas de producción del extractivismo en Paraguay.

Desmonte en el Chaco argentino. Foto: Gentileza

El Mercosur en la geopolítica del imperialismo

En 2022 el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), publicó el listado de minerales críticos esenciales para la “seguridad nacional y la economía” del gigante del norte. El listado contiene 50 productos minerales críticos, que llevan este nombre debido a la vulnerabilidad de su cadena de suministros. En otros términos, son críticos porque Estados Unidos no posee el control total sobre estos minerales, dado que muchos de ellos se encuentran fuera de su territorio. Entre los principales minerales críticos para el complejo militar – industrial y tecnológico, se encuentran el aluminio, el cesio, el cromo, el berilio, cobalto, litio, níquel, magnesio, titanio, zinc, platino, rodio, y otros, utilizados principalmente en el sector de alta tecnología como es la producción de baterías, aleaciones aeroespaciales, la electrónica, la tecnología nuclear, entre otros.

Este listado también lo elaboran Japón, China, Rusia y, por supuesto, la Unión Europea. En lo que respecta a esta última, del total de minerales críticos necesarios para el despliegue de su industria solamente el 0,5% se encuentra dentro de sus fronteras nacionales, por lo que necesariamente debe ir a buscarlas afuera. Las llamadas “tierras raras” son un conjunto de 17 elementos entre los que se encuentran el lantano, cerio, praseodimio, samario y otros, que son indispensables en el desarrollo de la tecnología “inteligente”, los drones y autos eléctricos. La cadena global de suministros energéticos y de tierras raras se encuentra altamente centralizada y América Latina y el Caribe concentran el 47% de las reservas mundiales de litio, 36% de cobre, 35% de molibdeno, 34,5% de plata y el 20,6% de estaño, entre otras materias primas exigidas por el sector energético e industrial (Bloomberg en línea, 2024; Comisión Europea, 2023).

Contaminación con mercurio del arroyo Silva Kue por la extracción de oro en Paso Yobái – Paraguay. Foto: gentileza

Y es en este punto en el que el acuerdo UE-Mercosur adquiere un carácter estratégico para la industria europea dado que Brasil alberga una de las grandes reservas de tierras raras en el mundo, junto a Bolivia, Paraguay, Perú y Argentina. Esto se constata con el despliegue de los grandes capitales transnacionales que desde hace dos décadas han reforzado su presencia en el mercado energético latinoamericano y el impulso de actividades de prospección minera en toda la región particularmente en el mercado andino y brasilero por el potencial en cuanto a reservas de estos elementos necesarios para la industria del siglo XXI. 

Claramente, la riqueza natural de la región se encuentra – como no podía ser de otra manera – en disputa entre los capitales más concentrados de Europa, Estados Unidos y China que, con sus matices, intentan asegurar el acceso a estos recursos para garantizar la cadena global de suministros que necesitan sus economías, particularmente en el caso de Estados Unidos y Europa. Esta disputa se  acrecentará a medida que estos minerales vayan siendo cada vez más escasos por la elevada demanda mundial.

En definitiva, una vez más los patrones de acumulación se reconfiguran girando sobre el mismo eje: la especialización productiva de América Latina como proveedora de materias primas agrarias y mineras para la transición hacia una industria “verde” en Europa y hacia una mayor debacle social y ambiental y, por qué no, política y económica, para nuestra región. Y, respondiendo a nuestra pregunta de quiénes ganan, lo hacen los capitales más concentrados de Europa y, por supuesto, el sector primario exportador del Mercosur, cada vez más en manos de capitales foráneos.

En septiembre del 2024 la ciudad de Asunción se llenó de humo tras incendios desatados mediante quemas para el agronegocio. Foto: Sandino Flecha

  1. Economista. Doctoranda en Economía, IDEI – UNGS, Argentina. Coordinadora de la Plataforma Paraguay Mejor sin Libre Comercio. Investigadora del Centro de Estudios Heñói. Email: caceresalheli06@gmail.com

Este texto fue elaborado con base en un artículo escrito en coautoría con el investigador italiano Andrea Taborri, doctorando en el Programa de Doctorado “Frontier Sciencies in Sustentability, Diplomacy and International Cooperation” de la Universidad para Extranjeros de Perugia, Perugia, Italia, en proceso de publicación.

Un año de Milei: de licuadoras, carretillas y triciclos

Un año de Milei: de licuadoras, carretillas y triciclos

Por Nicolás Dvoskin[i]

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói


[i] Nicolás Dvoskin es Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Historia Económica y Políticas Económicas. Licenciado en Economía y Ciencias Políticas. Es investigador categorizado por el CONICET, Argentina, adscripto al Centro de Estudios e Investigaciones Laborales [CEIL – CONICET]. Coordina la Licenciatura en Economía Política de la Universidad de Lanús y es profesor en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional de José C. Paz. Sus líneas de trabajo incluyen las Teorías del Desarrollo Económico y la Seguridad Social, la Heterogeneidad Estructural e Historia de las Ideas Económicas. Es integrante de la Sociedad de Economía Crítica (Argentina – Uruguay) y de la Asociación Latinoamericana del Pensamiento Económico, ALAHPE. Además de coordinar diversos grupos de trabajo en el marco de la Young Scholar Initiative (YSI Group).


Ya llevamos más de un año de gobierno de Javier Milei en Argentina. En este año pasó de todo, menos lo que Milei anunciaba en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. El peso argentino, denunciado como excremento, se iba a eliminar, y resultó ser la moneda más apreciada -en términos reales- del mundo. El cepo cambiario era simultáneamente un delito contra el inalienable derecho de propiedad y un limitante del crecimiento, y sigue ahí, más vivo que nunca. El Banco Central habría de cerrar sus puertas para dar paso a la dolarización, y sigue ahí, con emisión monetaria récord y la menor independencia entre sus autoridades y las de Hacienda desde su creación hace noventa años.

Es decir, del programa de transformación radical de las instituciones, sostenido en cambios profundos en materia monetaria, no hubo ni siquiera un atisbo. ¿Qué fue lo que sí hubo? Licuadoras, carretillas y triciclos, en un renovado, pero no del todo novedoso ciclo de valorización financiera. ¿Cómo es eso? Veamos.

Foto: Diálogo Político

Licuadoras

Uno de los problemas que tanto Milei como gran parte de la ortodoxia económica venían denunciando en los años posteriores a la pandemia era la distorsión de los precios relativos, que se había potenciado con la aceleración inflacionaria. En este sentido, la brutal devaluación de principios de diciembre de 2023, que llevó al dólar oficial de 360 a 800 pesos, y por consiguiente a la inflación a un récord de 25,5% mensual, duplicando el ya elevado dato de noviembre, fue justificada como una corrección necesaria, pero causada por los desequilibrios preexistentes. La brecha cambiaria del 200% fue reducida a poco más del 30% y empezaron a autorizarse elevados aumentos de precios de bienes y servicios regulados, siendo el combustible y la salud los más notorios.

La inflación creciente hizo que las ganancias de competitividad de la mega devaluación se fueran diluyendo muy rápidamente. Ya en febrero el índice de tipo de cambio real multilateral estaba a niveles de agosto de 2023, y ya a principios de abril estaba en valores similares a los del promedio de los primeros siete meses de 2023, antes de la pequeña devaluación posterior a las elecciones primarias. Es decir, el dólar oficial estaba muy atrasado, pero la devaluación solo corrigió ese retraso de manera coyuntural, por pocos meses.

Lo que hizo la devaluación, al acelerar la inflación, fue atentar contra el precio relativo más importante para los/as trabajadores/as: el salario.

Gráfico 1: Elaboración propia en base a INDEC y Ámbito Financiero

El salario promedio de los trabajadores registrados medido por el RIPTE[1] era de 447.000 pesos en noviembre de 2023, lo que equivale a 1.189.000 pesos de noviembre de 2024 (línea azul). En moneda constante, el salario se derrumbó hasta 961.000 pesos en febrero, para después subir muy lentamente. Hacia noviembre de 2024 -último dato disponible hasta hoy- el salario promedio llega a 1.178.000 pesos, casi el mismo que un año atrás. Es decir, llegamos a un salario real privado registrado igual al de antes de Milei, pero con toda la pérdida acumulada en el medio. En el caso de los trabajadores del sector público, la pérdida es mucho mayor, y hacia noviembre de 2024 sigue estando 20% por debajo del mismo mes de 2023.

El área en rojo presenta la pérdida de ingreso acumulada por un trabajador registrado promedio, medida en dólares CCL[2]. Se la obtiene la diferencia entre el salario promedio en pesos de cada mes, menos el de noviembre de 2023 en pesos del mes en cuestión, dividido el tipo de cambio del último día hábil del mes. La suma luego de un año da 821 dólares. Es decir, eso es lo que perdió cada trabajador/a registrado/a en promedio luego de un año de gobierno de Milei. El número aumenta si tenemos en cuenta que la baja pronunciada de los salarios en los primeros meses pudo haberse cubierto con endeudamiento personal a tasas reales positivas (récord en montos durante 2024), que se llevaron los aumentos salariales de los meses siguientes.

Podemos hacer un ejercicio similar con la jubilación mínima y el resultado es una pérdida acumulada de 155 dólares por cada jubilado/a.

¿Todos perdieron entonces? Pareciera que no.

Carretillas

Tanto en campaña como en el gobierno, el discurso de Milei se focalizó en que el ajuste sería pagado por “la casta”. Más allá de lo amorfo del concepto y del énfasis en algunas medidas simbólicas como el congelamiento de salarios del alto funcionariado público, lo cierto es que el ajuste fue pagado principalmente, como vimos en el apartado anterior, por trabajadores/as y jubilados/as. Sin embargo, en economía generalmente cuando hay ganadores también hay perdedores.

Es difícil medir la ganancia o pérdida del capital en general, porque lo cierto es que muchos sectores han visto reducida su tasa de ganancia a lo largo del año: los industriales enfocados en el mercado interno vivieron cataclismos durante el primer semestre, con la pronunciadísima recesión; los agroexportadores lo están viviendo ahora con la acelerada apreciación cambiaria sumada a los bajos precios internacionales. Sin embargo, hay un sector que ganó sin parar: el financiero.

Gráfico 2: Elaboración propia en base a Ámbito Financiero

La línea azul nos muestra la evolución del índice del Mercado de Valores (Merval), que promedia las variaciones de la bolsa de Buenos Aires, pero en dólares. Lo que vemos es que el valor de las acciones se mantiene prácticamente constante hasta febrero de 2024, cuando empieza a subir, luego baja hacia mediados de año, alcanzando su piso en la corrida cambiaria de la segunda semana de julio (cuando el dólar CCL alcanzó los 1500 pesos), pero vuelve a acelerarse con fuerza durante los últimos cinco meses. Hacia noviembre de 2024 el índice Merval en dólares duplicaba al de noviembre de 2023. Si nos extendiéramos hacia enero de 2025, veríamos una cuasi triplicación. La rentabilidad real durante noviembre de 2024 –en pesos, descontando la inflación- fue del 18,5% mensual.

El área verde lo que hace es simular la ganancia acumulada de un inversor que compró una cartera promedio de acciones valuada en 1000 dólares en noviembre de 2023. En noviembre de 2024, un año después, esa cartera valía 2107 dólares. Es decir, más que duplicó su valor en un año. Se trata de una tasa de ganancia abismal, pero al mismo tiempo insostenible.

Mientras a algunos/as, vendiendo su fuerza de trabajo, les licuaron los ingresos, otros/as, haciendo que el dinero trabaje solo, pudieron juntarlo en carretillas. De hecho, podemos verlos a todos juntos:

Gráfico 3: Elaboración propia en base a INDEC y Ámbito Financiero

El área roja es la pérdida de un/a trabajador/a registrado/a promedio. El área amarilla es la de un/a jubilado/a de la mínima. El área verde es la ganancia acumulada de quien invirtió solo mil dólares en la bolsa. Como vemos, la suma del área amarilla y la roja es similar a la verde hacia noviembre de 2024.

Triciclos

¿Cómo se pudo sostener este mecanismo de brutal transferencia de riquezas del trabajo al capital financiero? La clave estuvo en el triciclo, una versión ad hoc de la famosa bicicleta financiera que tantas veces rodó por las carreteras bursátiles argentinas.

En resumidas cuentas, la bicicleta financiera consiste en que el Estado ofrezca títulos de alta rentabilidad nominal en pesos, lo cual en un contexto de alta inflación no necesariamente va a desincentivar la inversión, pues las tasas reales pueden seguir siendo bajas o incluso negativas, pero con una promesa creíble de un tipo de cambio relativamente estable, lo que traduce esa alta tasa nominal en pesos en una alta tasa en dólares. Su versión más pura es la de la última dictadura militar, donde el tipo de cambio estaba fijo por la “tablita cambiaria”, pero también es bastante pura la versión que rigió entre mediados de 2016 y principios de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con un tipo de cambio flexible pero estable a partir de los masivos ingresos de capitales.

Mientras rueda, la bicicleta atrae inversiones que se pesifican. La entrada de dólares le da fuerza a la estabilidad cambiaria que mantiene activo al rodado. Incluso puede suceder que los ingresos sean tan masivos que se acepte una baja de tasas. Normalmente al inicio una bicicleta viene acompañada de algún ingreso extraordinario de capitales, como fue en 2016 -y también en 2024-, el blanqueo. Entonces, la bicicleta rueda, los dólares entran, el tipo de cambio se estabiliza y se controla la inflación.

¿Por qué decimos que lo de ahora no es una bicicleta sino un triciclo? Bien, porque es un mecanismo mucho más pequeño y controlado. En primer lugar, no llega tan lejos: opera solo a escala nacional. Argentina está fuera de los mercados internacionales de deuda, y en estos términos el triciclo está funcionando principalmente para evitar la compra de dólares por parte de residentes, no tanto para atraer recursos extranjeros. De hecho, las reservas internacionales no se han movido mucho en el último año, mientras que entre 2016 y 2018 se habían duplicado.

En segundo lugar, se mueve mucho más lento: los montos operados son menores, e incluso está funcionando con letras a tres, seis o nueve meses, con vencimientos escalonados mensuales, mientras que en 2016 se operaba con letras mensuales y vencimientos todas las semanas.

En tercer lugar, y por sobre todo, es mucho más estable: la vigencia del cepo cambiario impide que los vaivenes de la bicicleta afecten a las reservas internacionales. Impide la salida de capitales y así desincentiva la entrada. Juegan menos jugadores y el riesgo es mucho menor. Al mismo tiempo, es más difícil hacerlo circular por caminos sinuosos: si el triciclo juega en el terreno del tipo de cambio financiero, mucho más volátil, es difícil proveer credibilidad a la estabilidad del mismo, algo que este gobierno ha conseguido, muchas veces a costa de la propia acumulación de reservas.

Las grandes ganancias bursátiles necesariamente están atadas a este proceso de valorización financiera garantizado con deuda pública -que crece a pesar del superávit fiscal-, proceso cuyos resultados son harto conocidos en el país.

En síntesis, llevamos poco más de un año de un proceso que se autoconsagra por la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Mientras el gobierno insiste en que el elemento clave de todo ello fue la motosierra (reducción salvaje del gasto público), lo cierto es que el clivaje que jugó fue otro: no se trata de un gobierno donde el Estado se retira para dar aire y libertad al sector privado; se trata de un proceso por el cual los/as trabajadores/as ven licuados sus ingresos a costa de una acelerada valorización financiera que crea fantasías de estabilidad y posibilidades de enriquecimiento acelerado para algunos. Sin embargo, no solo es pan para hoy y hambre para la mañana (porque indefectiblemente las bicicletas o triciclos terminan chocando) sino que tampoco es pan para todos: algunos llenan sus carretillas y otros ven migajas pasadas por licuadora.


[1]Nota del Comité Editorial: El RIPTE o Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, es un indicador que mide la evolución de los salarios en Argentina y es calculado a partir de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia y sujetos al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

[2] Nota del Comité Editorial: El dólar CCL es uno de los instrumentos financieros más utilizados en Argentina para intercambiar pesos por dólares en el extranjero y se refiere a aquellos dólares adquiridos al contado con liquidación en los mercados bursátiles a través de la venta de instrumentos financieros como bonos y acciones.

¿Por qué frenar la puesta en marcha del acuerdo UE-Mercosur?

¿Por qué frenar la puesta en marcha del acuerdo UE-Mercosur?

Por F. Javier Murillo Arroyo1

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói


1 Profesor de Economía Política en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Miembro Coordinador del Diploma de Formación Permanente de la UCM “Análisis crítico de la Economía Capitalista” e integra el Grupo de Investigación Economía Política: Capitalismo y Desarrollo Desigual. Sus líneas de investigación incluyen el análisis de los procesos de acumulación, ajuste salarial, tendencias de concentración y centralización de la riqueza y el análisis del proceso europeo de integración.


“No os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador”.

En estos términos se expresa Marx en el Discurso sobre el libre cambio pronunciado en 1848, en el que desgrana el verdadero significado del debate entre proteccionismo y librecambio. El citado texto resulta esclarecedor para comprender los verdaderos intereses que defiende el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, así como el rechazo que está encontrando entre la clase trabajadora a ambos lados del Atlántico. 

Performance durante la cumbre de la UE-CELAC del año 2023 en Bruselas. Foto: Ecologistas en Acción

Las crecientes dificultades a las que se enfrenta el capitalismo a nivel mundial, que se expresan en el deterioro tendencial de la tasa de ganancia, explican la feroz disputa por los mercados y el reposicionamiento del capital financiero internacional. En la batalla que se libra por el reparto del mercado mundial, la burguesía europea se ha lanzado al arrebato con el objetivo de extender su área de influencia hacia el continente sudamericano. Los segmentos dominantes del capital procedente de los países de Mercosur han considerado que esta alianza puede resultar funcional a sus propios intereses a efectos de reforzar su posición en la economía mundial.  

A falta de la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los países implicados, los líderes de Mercosur y de la UE alcanzaron un acuerdo el pasado mes de diciembre que cerraba un largo proceso de negociaciones, mediante el que pretenden crear un área de libre comercio entre dos regiones que concentran más de 700 millones de personas y un PIB agregado de más de 22 mil millones de dólares.

En primer lugar, se ha de destacar el contexto de opacidad en el que han tenido lugar las negociaciones. Atendiendo al carácter de ambas entidades supranacionales, tanto UE como Mercosur, se puede entender que haya sido así: en ambos casos se erigen como instrumentos institucionales que el capital utiliza para auspiciar medidas que resulten funcionales a sus propios intereses, sorteando tanto los mecanismos democráticos estatales como los resortes de oposición que la clase trabajadora ha podido levantar en los espacios nacionales.

A la luz de quienes serán los beneficiarios de las medidas recogidas en dicho acuerdo, es fácilmente comprensible que la negociación haya tenido lugar de espaldas a la población de las sociedades afectadas. El acuerdo comercial entre Mercosur y la UE se consagra a la rentabilidad, situándola por encima de las necesidades sociales y de la naturaleza. Las grandes empresas multinacionales de ambas regiones sacarán provecho del nuevo marco regulatorio, reforzando su posición competitiva en los mercados. Todo ello, favorecerá un escenario de mayor concentración y centralización de la propiedad.

El capital europeo pretende aprovechar el menor grado de protección social que tienen los trabajadores del sector agroindustrial en América del Sur. La mayor incidencia de la informalidad, la menor sindicación y el grado más reducido de protección en materia de seguridad social y salarios permitirá unas condiciones más ventajosas para la explotación de la fuerza de trabajo. En Sudamérica, serán los grandes latifundios los más beneficiados por el acuerdo, al ampliar sus mercados potenciales.

Los trabajadores de ambas regiones sufrirán las consecuencias de este proceso. No solo por el impacto que generará sobre los salarios sino también por la pérdida en términos de empleo que implica. La pequeña agricultura y ganadería, circunscrita en la mayoría de los casos al ámbito familiar, así como la producción de las cooperativas, sucumbirá frente a la mayor competencia de las grandes empresas del sector agropecuario. El mayor tamaño de sus explotaciones les permite disfrutar de unas economías de escala frente a las que los pequeños productores no pueden competir. Además, la ausencia de cláusulas espejo en el acuerdo, que garantizarían que las normas de producción del Mercosur coincidan con las de la UE, permitirá que puedan aprovechar un marco más laxo de regulación laboral, sanitaria y medioambiental. El contraste entre lo que se exige a los pequeños agricultores en Europa y lo que se tolera a las grandes multinacionales de la agroalimentación es atroz.  

Jefes de estado del Mercosur junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión europea, durante la cumbre del Mercosur en Montevideo. Foto: EFE

Asimismo, el acuerdo no hace sino agudizar los desequilibrios entre ambas regiones: lejos de corregir las asimetrías productivas, las intensifica. Así como potencia las exportaciones del sector primario entre los países de Mercosur, promueve la entrada de manufacturas y servicios procedentes de Europa en estos países, especialmente en lo que se refiere a algunas ramas productivas particularmente sensibles para sus estructuras productivas. Sectores como el automovilístico, la industria química, el sector farmacéutico y también la banca se verán afectados. De este modo, la entrada de multinacionales europeas en estos sectores provocará la destrucción de cierta parte del tejido industrial sudamericano y, por lo tanto, la liquidación de miles de puestos de trabajo. Y se ahondará la posición de vulnerabilidad que estas economías mantienen en los mercados mundiales.

Todo ello redundará, además, en la agudización de los problemas ambientales. El refuerzo de la agroindustria y el monocultivo, especialmente de sectores como la producción de soja, de caña de azúcar, de biomasa forestal o de carne procesada, implicará la devastación de ecosistemas, más deforestación y, por tanto, pérdida de biodiversidad. En el centro de la producción no se sitúa la soberanía alimentaria sino la defensa de los intereses de la elite económica. Asimismo, el comercio de mercancías en ambos sentidos provocará un mayor número de emisiones asociadas al transporte. Aunque se ha recogido la pretensión de cumplir con ciertos objetivos climáticos, en realidad es un movimiento que únicamente responde a una estrategia de lavado verde de imagen, ya que no establece medidas específicas para alcanzarlos.

Con base a todo esto se puede afirmar que la agenda política se rige por los intereses de las grandes empresas y no por las necesidades de la mayoría de la población. A ambos lados del océano se está levantando un movimiento de resistencia frente a la ratificación del acuerdo, liderado por trabajadores, pequeños productores y organizaciones ecologistas que denuncian los problemas asociados a su implementación. Es necesario articular una estrategia internacional entre los pueblos de América del Sur y de Europa para rechazar frontalmente la ratificación de este acuerdo en los parlamentos de los países de ambas regiones: su implementación representaría un paso atrás en la lucha de los intereses de la mayoría de la población y en la defensa de una estrategia de desarrollo sostenible y respetuosa con el  ambiente. La única libertad que promueve es la libertad de explotación para el capital. Por eso, las organizaciones de los trabajadores y los pueblos de ambas regiones deberían tejer alianzas para frenar su implementación. 

Entre el agro, la construcción y el dólar: ciclos y desafíos de la macroeconomía paraguaya

Entre el agro, la construcción y el dólar: ciclos y desafíos de la macroeconomía paraguaya

Por Joaquín Sostoa

La macroeconomía busca preservar dos equilibrios: el interno, asociado al pleno empleo y la inflación, y el externo, orientado a evitar déficits excesivos en las cuentas externas. Estos dos objetivos, aunque distintos, están profundamente interrelacionados. En los últimos años, Paraguay hizo gala en la región de su macroeconomía estable, basándose principalmente en su baja inflación. ¿A qué se debe? ¿Es sostenible?

Banco Central del Paraguay Foto: Gentileza

Para entender la trayectoria de la macroeconomía paraguaya, es crucial enmarcarla en las características comunes de las economías periféricas: una base productiva primarizada y la ausencia de una moneda con estatus global de reserva. Estas condiciones, cuando el crecimiento es impulsado por la demanda interna, suelen derivar en crisis de estrangulamiento externo, donde los límites al crecimiento económico vienen impuestos por déficits en el balance de pagos y la pérdida sostenida de reservas internacionales. El ciclo termina, con frecuencia, en devaluaciones significativas y episodios de alta inflación.

En la historia macro del Paraguay, por lo general, está no fue la regla, sino más bien la excepción. La economía paraguaya suele crecer de forma sostenida (i.e. sin estrangulamiento externo) porque los motores de su crecimiento generan divisas, es decir, son sectores exportadores. Por supuesto, esto es positivo, pero, por otro lado, también significa que el país nunca proyectó un plan de desarrollo que pueda controlar, sino más bien dejó su crecimiento económico a los vaivenes de la demanda externa y el clima. Por supuesto, no generar motores internos de la demanda que impulsen el crecimiento tiene un costo en términos de producto; el país no crece tanto como podría, pero a su vez no experimenta crisis de balanza de pagos.

De esta manera, el país logró controlar el equilibrio interno y el equilibrio externo con una estrategia de crecimiento agroexportadora1. Cada vez que el país crece, es muy difícil que las importaciones crezcan más que las exportaciones, porque el único componente que suele traccionar a la demanda agregada de manera significativa son las exportaciones. Esto permitió, por un lado, tener resultados manejables en la cuenta corriente, lo que deriva en un tipo de cambio nominal (el precio del dólar) relativamente estable. Y esto resultó históricamente en un régimen de moderada y baja inflación.

Esta es la película, el trayecto, que se hizo más visible en el super ciclo de commodities a inicios de siglo. La alta demanda china de soja y los buenos precios internacionales permitieron superávits de cuenta corriente y acumulación de reservas. Incluso el tipo de cambio nominal se apreció considerablemente, lo que presionó a la baja a la inflación. Ya sabemos que este ciclo terminó alrededor del año 2014. Un poco antes, sequía de por medio, los superávits de cuenta corriente desaparecieron y empezaron los déficits. La buena noticia es que ningún déficit externo fue muy significativo. Aunque el boom acabó, la estrategia agroexportadora siguió más o menos el mismo rumbo.

Este fin de ciclo marcó también un cambio en la estrategia de la política macroeconómica, y, por supuesto, frente a precios más bajos de las materias primas, el entramado productivo paraguayo también inició un leve proyecto de diversificación productiva. Hay tres factores de cambio en este ciclo, pero primero hay que entender que cuando se inicia el desequilibrio externo hay dos formas de revertirlo: depreciando la moneda (que suba el precio del dólar) o desacelerando el crecimiento del producto, lo que también puede aumentar el desempleo.

Entendido eso, se pueden asimilar los tres factores, que, sin duda, no dejan de ser también un poco contradictorios en la práctica. Por un lado, hacia el 2015 la banca matriz inició un proceso progresivo de saltos nominales en el precio del dólar, con el objetivo de revertir los resultados externos negativos. Esto es visible hasta ahora, en las subas del tipo de cambio. En segundo lugar, se estableció desde 2013 un control conservador, pero no muy respetado, de las finanzas públicas a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Déficits fiscales altos y persistentes pueden presionar a la cuenta corriente. En tercer lugar, se inició un proceso acelerado de endeudamiento externo para impulsar la inversión pública, en un contexto de bajas tasas de interés globales. En criollo, ahora se diversificarían levemente los motores del crecimiento, dando lugar también a la construcción, pero financiado con divisas, lo que no amenazaría a corto plazo el equilibrio externo2.

Este segundo ciclo de crecimiento mixto tiene sus luces y sombras. Por un lado, no le levantó el freno de mano al crecimiento económico, lo siguió impulsando, tratando de diversificar sus motores. Sin embargo, el motor era financiado externamente, lo que permitió seguir acumulando reservas internacionales. Como esta estrategia es de corto plazo, al final el elemento de ajuste del equilibrio externo fue -y es- el tipo de cambio. En teoría, un tipo de cambio flotante puede ajustar los desequilibrios externos minimizando los costos en términos de producción, por lo que es la variable a tener en cuenta por la política macro. Pero también, un tipo de cambio real más alto suele significar un salario real más bajo, por lo que, grosso modo, se puede decir que el costo de mantener el equilibrio externo son salarios con menor poder adquisitivo.

Bajo este escenario ya entramos en el tercer ciclo, en la actualidad. Por un lado, los costos fiscales de la pandemia elevaron de sobremanera la ratio deuda pública/PIB, lo que hoy toca un techo de 40%. El gobierno inició un ajuste de las finanzas públicas, donde el elemento afectado fue la inversión, por lo que el motor de la construcción perdió fuerza en los últimos años. Esto quiere decir que no hay más grandes entradas de divisas para financiar inversión pública por un tiempo. Los precios de los productos exportables vienen a la baja, y las condiciones climáticas no ayudan. En 2022 Paraguay experimentó uno de sus déficits de cuenta corriente más grandes de la historia reciente, del orden del 7% del PIB. Por supuesto, en los años siguientes se aceleró también la depreciación cambiaria, a pesar de gozar con un buen volumen de reservas internacionales.

Aún así, bajo este contexto de debilidad externa, la economía paraguaya sigue creciendo, lo que refleja cierta diversificación de su matriz productiva. Si no es la construcción pública ni el agro, entonces, ¿qué es? En el 2024, se espera que la economía en su conjunto crezca 4%. Hasta el segundo semestre, esta se había expandido 4,6%. Sin embargo, el PIB sin agro ni binacionales mostró un mejor desempeño, creciendo 6,2%. El sector agrario manifiesta un crecimiento raquítico, mientras que las binacionales se contraen.

Entonces, los sectores que mayor incidencia han tenido en el crecimiento son los servicios y la manufacturas, sectores ligados a la demanda interna. Si bien la construcción muestra signos de recuperación, aún no está sólida. Estos datos están en línea con la incidencia de los componentes de la demanda: el consumo y la inversión están guiando el crecimiento. Por el lado del primero, el consumo privado tiene mayor incidencia, lo que no deja atrás la gran variación de más de 10% del consumo público en el segundo trimestre. Ajuste fiscal sí, pero solo del lado de la infraestructura.

Por el lado de la inversión se observa una recuperación de la construcción privada. Pero la mayor incidencia se encuentra en la inversión en maquinarias y equipos, lo que se refleja ferozmente en las importaciones de maquinarias, aparatos y motores, en consonancia con el crecimiento del sector manufacturero.

El impacto del crecimiento de la demanda interna y de los sectores estimulados por ella también se refleja en el empleo, pero no de forma muy contundente. Interanualmente, en el tercer trimestre del año hubo 6.483 ocupados más. En la industria manufacturera la diferencia fue de 34.288, y, en los servicios sociales, de 19.176 personas. A pesar de que la desocupación cae, también es notable que la subocupación aumentó, por lo que los nuevos empleos generados podrían no ser sostenibles.

Hay varios factores que pudieron haber dinamizado la actividad interna. Del lado del consumo, hay que tener en cuenta el gran crecimiento del crédito, y, por otro lado, el encarecimiento de la economía argentina. Por el lado de la inversión, la flexibilización de tasas de interés suele tener un papel en sectores como el agro o la construcción, pero en este escenario de diversificación hay que darle un mayor rol al propio dinamismo del consumo, que acrecienta las expectativas en torno al aumento de la capacidad productiva3.

Aunque el crecimiento estimulado por componentes internos no tradicionales con generación de empleo, y con una inflación en el rango meta, habla bien del equilibrio interno de la economía, lo más o menos preocupante se encuentra en el equilibrio externo. El déficit de cuenta corriente de 2022 fue abismal, y para el presente año se proyecta un déficit de 3,5%. Aunque se cuentan con abundantes reservas para financiar esta diferencia, esto es un llamado de atención debido a que no suele ser normal para el país experimentar este tipo de desequilibrios externos, menos de forma tan recurrente.

En condiciones de precios internacionales más bajos y de ajuste en la inversión pública, las proyecciones para el año entrante no son más alentadoras. El crédito podrá seguir creciendo, lo que se ve afectado también por la flexibilización de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, el sobre encarecimiento real de Argentina puede dar un giro brusco, hacia una devaluación, lo que aumentaría de nuevo el contrabando. La depreciación del real también puede aumentar las compras del Brasil. Entonces, las expectativas sobre el consumo son menores. Estos factores, sumado a la política de depreciación progresiva, también generan expectativas de un dólar más alto para el año que viene.

Paraguay enfrenta un dilema macroeconómico no menor: mientras los sectores internos como servicios y manufactura ganan protagonismo en el crecimiento, los motores tradicionales, como el agro y la construcción pública, pierden fuerza coyunturalmente. El desafío ahora es cómo sostener este dinamismo interno más diversificado sin comprometer la estabilidad externa, especialmente en un contexto de déficits en la cuenta corriente, menor deuda externa y un tipo de cambio al alza. El país debe implementar transformaciones estructurales que equilibren la demanda interna de forma sostenible, fortalezcan la generación de divisas y garanticen un desarrollo económico a largo plazo.

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[1] Está claro que un modelo país de esta índole posee también un alto costo social, principalmente en términos de calidad de empleo, productividad hombre, distribución de ingresos y activos.

[2] Endeudarse externamente para invertir en obras es como exportar, pero menos sostenible. Si bien la mayor demanda agregada generada por la inversión en infraestructura tiene su contrapartida en entradas de divisas, tiene un techo más bajo. Esto genera una deuda con intereses, que hay que pagar y añade más presión a las cuentas externas en el futuro, además depende de las condiciones financieras internacionales, de las tasas de interés del mercado, y también de las ratios de endeudamiento observados por los prestamistas. En corto, no se puede hacer indefinidamente.

[3] No hay que dejar de observar el boom inmobiliario privado. Aunque la cartera crediticia de este sector crece a tasas chinas, su participación sigue siendo relativamente pequeña en comparación a sectores como el consumo, lo que disminuye su incidencia.

Acuerdo UE-Mercosur: Divisiones en Europa y Alianzas “Inesperadas”

Acuerdo UE-Mercosur: Divisiones en Europa y Alianzas “Inesperadas”

Andrea Taborri [1]

Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói


[1] Es estudiante de doctorado en la Universidad para Extranjeros de Perugia (Italia). Su proyecto de tesis doctoral plantea estudiar el Acuerdo entre la UE y el Mercosur y sus efectos. Consiguió el grado de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional en la Universidad de Florencia (Italia), obtuvo un título de Master en Relaciones Internacionales en Leiden (Países Bajos) y un segundo título de Master por la Universidad Complutense de Madrid en Estudios Contemporáneos de América Latina. Sus intereses académicos se centran en la economía política internacional, América Latina, la integración económica y las cadenas globales de valor desde enfoques críticos. Contacto: a.taborri@studenti.unistrapg.it

Europa se divide

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ha vuelto a estar en la agenda pública en los países europeos las pasadas semanas en ocasión de la reunión del G20 en Río de Janeiro. El presidente francés Emmanuel Macron aprovechó su visita en el continente para viajar a Argentina, donde discutió con el presidente argentino Javier Milei -entre otras cosas- el Acuerdo comercial entre los dos bloques. Esto ocurría mientras en Francia recrudecían las protestas de los agricultores frente a la posibilidad de que durante el G20 se llegase a una resolución entre las partes.

Entre los gobiernos de los países del Mercosur hay un consenso político bastante difuso acerca de la bondad del Acuerdo que deriva del fuerte incremento en las exportaciones de bienes primarios que este conllevaría[2]. En la Unión Europea la situación es distinta, con países cuyos gobiernos apoyan abiertamente el Acuerdo y otros que hacen lo posible para obstaculizar su firma. Francia lidera el bando de los “opositores”, mientras que Alemania se posiciona claramente en favor. Entre estas dos posiciones se pueden encontrar instancias variadas, como la de Irlanda, cuyo sector cárnico se vería perjudicado, Italia que ha tenido una posición ambigua, Países Bajos y Bélgica que han sido centro de fuertes protestas de los agricultores en los últimos años, o España, cuyas empresas se beneficiarían de la liberalización de las licitaciones públicas en el Mercosur.

Agricultores europeos en protesta contra el acuerdo. Foto: NOS

Divisiones intercapitalistas

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur incrementaría los intercambios existentes entre los dos bloques, cristalizando su inserción en el mercado mundial. Los intercambios actuales siguen el patrón centro-periferia; el Mercosur exporta hacia la UE principalmente productos de la minería (29,6%), alimentos (19,2%), y productos vegetales (17,9%), mientras que los productos de exportación de la UE al Mercosur son principalmente maquinaria (26,7%), productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (11,9%) (European Commission, s.f.). Pese a los posibles efectos negativos que el Acuerdo tendría acerca de la tutela del medioambiente y de los derechos humanos, la UE -que recordamos, tiene competencia supranacional para firmar este tipo de tratados- cobraría varias ventajas firmando el acuerdo. Consolidaría su posición como exportadora de servicios y bienes de alto contenido tecnológico, conseguiría materias primas baratas para su industria, y reduciría la dependencia de China en cuanto a materias primas minerales.

Cabe entonces interrogarse sobre las raíces de la oposición al acuerdo. Dentro de la UE conviven países muy distintos, en los cuales los diferentes segmentos de la burguesía están en pugna, disputando el modelo de desarrollo. Estas pugnas se reflejan en las posiciones que los gobiernos adoptan de cara a la apertura comercial de la UE[3] [4]. La posición muy favorable al Acuerdo de Alemania se entiende a partir la importancia en ese país de la industria de bienes de capital, productos químicos y farmacéuticos, y automotriz; sectores que incrementarían sus exportaciones al Mercosur con la firma del Acuerdo. El valor de las exportaciones hacia el Mercosur de ese país es el más alto de la UE (US$16 billones), y el sector exportador constituye acerca del 47% de su PIB (World Bank, 2024). La crisis de la economía Alemana (se prevé que cerrará el 2024 en recesión), que tiene sus raíces en la crisis generalizada del capitalismo global y en los conflictos interimperialistas, obliga los capitales a buscar salidas rentables, y el Mercosur es un mercado atractivo.

Asimismo, la hostilidad de Francia al tratado de libre comercio tiene sus raíces en la confrontación entre distintas fuerzas sociales en el país. Pese a sus posiciones políticas liberales Macron en varias ocasiones ha subrayado que el acuerdo con el Mercosur configuraría una competencia desleal hacia los agricultores y ganaderos franceses por los menores costos de producción y regulación más laxa en los países del Mercosur. En efecto, Francia es el mayor productor agrícola de la UE (US$38 billones en 2023), y aunque el sector solamente representa el 1,9% del PIB (World Bank, 2024), tiene peso en la opinión pública y fuerte capacidad de movilización -como quedó demostrado en Febrero de 2024 cuando los agricultores en protesta bloquearon los accesos a París durante varios días. La industria en ese país tiene un peso relativo mucho menor que en Alemania, y las ventajas vinculadas al acuerdo no son consideradas decisivas por el ejecutivo a la hora de elaborar su posición en las negociaciones.

Entre estos dos extremos encontramos posiciones variadas, que reflejan las peculiaridades de cada país, así como las mediaciones políticas e ideológicas en acto. El gobierno español, por ejemplo, se posiciona decididamente en favor del acuerdo, ya que sus empresas se beneficiarían de la liberalización de las licitaciones públicas en el Mercosur. Esto a pesar de la importancia relativamente alta del sector agrícola en el país (2,3% del PIB según el Banco Mundial), cuyas reivindicaciones son recogidas por los partidos de derecha y extrema derecha. La posición de Italia es paradigmática en este sentido. Hace unos días el ministro de Agricultura Francesco Lollobrigida (miembro del ala más conservadora y nacionalista del gobierno) se pronunció en contra del Acuerdo, mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani (miembro de la componente más liberal) matizó las palabras de su socio de gobierno reafirmando la disponibilidad de Italia en firmar el Acuerdo. Estas contradicciones internas al gobierno reflejan la pugna entre distintos segmentos del capital en este país; las pequeñas empresas con horizonte nacional y el sector agrícola por un lado (representadas por los conservadores/nacionalistas) y las medianas y grandes empresas con capacidad exportadora por otro (representadas por los liberales).

Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión europea. Foto: EFE

Alianzas peculiares, alianzas del capital

La pugna entre distintos sectores capitalistas sobre el modelo de desarrollo europeo se repercute en los posicionamientos de los gobiernos nacionales acerca del Acuerdo entre UE y Mercosur. La UE, que a menudo se presenta como un actor unitario, también alberga luchas entre segmentos de la burguesía en su interior. De ahí que, lejos de tener una postura unificada, los países europeos se dividen acerca del Acuerdo, cada uno de ellos adoptando posiciones que -de una manera u otra- reflejan la estructura interna de los sectores productivos, mediada ideológica y políticamente. De esta manera se forjan alianzas continentales y transcontinentales inesperadas en favor y en contra del Acuerdo. En Europa, el liberal y europeísta Emmanuel Macron comparte el bando de los opositores con el gobierno de extrema derecha y antieuropeísta italiano, con el partido de extrema derecha español Vox, y con los partidos nacionalistas euroescépticos Neerlandeses y Belgas. Por otro lado, el gobierno socialdemócrata alemán -en el que participa el partido ecologista Die Grünen– y el gobierno de centroizquierda español sostienen el Acuerdo, pese a su proprio compromiso con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Paradójicamente, acerca del Acuerdo, estos gobiernos concuerdan con el ultraliberal Javier Milei. Mientras tanto, en Europa y en el Mercosur, una multitud de organizaciones de la sociedad civil, se oponen al Acuerdo, advirtiendo sobre su impacto medioambiental y las posibles violaciones de derechos humanos que acarrea.

Fuentes consultadas:

European Commission. (s.f.). Mercosur. Recuperado el 27 de 11 de 2024, de EU trade relations with Mercosur. Facts, figures and latest developments: https://shorturl.at/bv2c9

Ghiotto, L., & Echaide, J. (2019). Analysis of the agreement between the European Union and Mercosur. Berlin, Buenos Aires, Brussels: Anna Cavazzini MEP, The Greens.

World Bank. (2024). Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP). Recuperado el 27 de 11 de 2024, de World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MG&view=map

World Bank. (2024). Exports of goods and services (% of GDP). Recuperado el 27 de 11 de 2024, de World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?view=map-IT&locations=1W-DE


Notas al pie de página

[2] Esto no quiere decir que todos los presidentes mantengan la misma postura frente a las negociaciones. El brasileño Luis Ignacio da Silva es el mayor impulsor del tratado, mientras Javier Milei mantiene una postura más ambigua. El presidente paraguayo Santiago Peña siempre ha reconocido la voluntad de insertar a Paraguay en el mercado mundial a través de este tipo de acuerdos, pero se ha mostrado pesimista por la postura de la UE que pide demasiadas garantías en estándares sanitarios y medioambientales. En Uruguay tanto el presidente saliente Luís Lacalle Pou como el entrante Yamandú Orsi se han pronunciado en favor de cerrar un acuerdo en tiempos breves.

[3] Cabe recordar que, si bien la UE se funda sobre el principio de libre comercio, en realidad es un bloque que tiene fuertes barreras comerciales hacia afuera. Si, por un lado, en su interior, hay libertad completa de movimiento de capitales, servicios, personas y mercancías, por otro hay barreras muy altas para el acceso de estos ismos factores.

[4] El hecho de que el gobierno de un país se posiciones en favor o en contra del Acuerdo, no quiere decir que exista un consenso social a su alrededor. En toda la UE existen movimientos y organizaciones que se oponen al Acuerdo “desde abajo” a partir de una perspectiva ambientalista y de los derechos humanos. Asimismo, incluso en el país cuyo gobierno se ha demostrado más favorable (Alemania), existen fuerte protestas por parte de los sectores económicos que se verían perjudicados.