Categoría: Paraguay Libre de Comercio

El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

12/Junio/2024

Por Alhelí González Cáceres

En el 2019 Mario Abdo Benítez inició el proceso de acercamiento al FMI en la búsqueda de la firma del Acuerdo Técnico sobre Instrumentos de Coordinación de Políticas (PCI) que le permite a Paraguay un acceso mucho más rápido al crédito si aplica el programa de estabilización económica o también conocido como “programa de reformas”.

El programa de estabilización económica se estructuran en torno a diez puntos, a saber: 1) Disciplina en la política fiscal, 2) redireccionamiento del gasto público en subsidios, 3) ampliación de la base tributaria mediante una reforma que adopte tipos impositivos marginales, 4) liberalización de las tasas de interés, 5) liberalización del tipo de cambio, 6) eliminación de barreras arancelarias a la inversión extranjera, 7) liberalización del comercio, 8) privatización de empresas estatales, 9) desregulación del mercado, 10) seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Con la firma del Acuerdo PCI el Fondo tiene vía libre para diseñar e implementar los programas de política macroeconómica, incluyendo el direccionamiento del Fondo para que el Estado aplique el programa de reformas económicas durante al menos dos años desde su firma.

Foto: Elisa Marecos Saldívar

Los acuerdos con el Fondo están sujetos a evaluaciones semestrales de cuyos resultados dependen los desembolsos comprometidos para Paraguay, dicha evaluación tendrá lugar en el mes de junio del presente año en curso. Para ello el gobierno de Santiago Peña ha acelerado la aprobación de las reformas que implican la aprobación del marco jurídico que las avale, como es el caso de la Ley 7235/23 de Jubilaciones y Pensiones, así como impulsa el proyecto de Ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, en el marco de la denominada “modernización del Estado”. Estas reformas implican la reestructuración de la maquinaria estatal, y sus primeros pasos pudieron observarse en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas mediante la Ley 7143/23 que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, así como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas que, en su conjunto, forman parte de las exigencias del acuerdo firmado con el FMI.

Si bien ya en el 2020 durante la pandemia el FMI aprobó un fondo de emergencia por USD 274 millones al gobierno de Abdo, el gobierno de Peña también ha solicitado un crédito por USD 400 millones correspondientes a los fondos del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) a un plazo de 24 meses y a una tasa máxima de interés del 9.5%. Los desembolsos de este fondo dependen del grado de implementación del paquete de reformas fiscales y monetarias que el Ejecutivo se encuentra aplicando con toda rigurosidad.

Un buen alumno del Fondo

Las principales exigencias del Fondo incluyen mantener la estabilidad macroeconómica, la reforma del sistema de pensiones del funcionariado público y la racionalización de los programas de asistencia social, entre otros. La más importante del conjunto de medidas es el restablecimiento de la regla de déficit fiscal. Esta exigencia se encuentra establecida en la Ley N° 5098/2013 De Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes que estipula un techo al déficit de 1.5% respecto al PIB, siendo la prioridad de cara al 2026 (FMI, 2023).

Foto: Elisa Marecos Saldívar

La centralidad de las políticas económicas neoliberales es la regla fiscal. La también conocida como regla de equilibrio fiscal o de déficit cero no sólo abandona el propósito del desarrollo social y económico, sino que además impone elevados costos sociales por sus implicancias en términos de la instrumentalización de la política fiscal, cuyos alcances se ven limitados por la disciplina en las finanzas públicas en dirección hacia el déficit cero.

Es decir, desde el instante en el que los instrumentos de la política económica como lo son la política fiscal, monetaria, cambiaria y de rentas, son direccionadas para alcanzar el equilibrio, contribuyen a la profundización del ciclo recesivo, terminando por afectar lo que se persigue: el equilibrio macroeconómico y el despliegue de la economía.

Paraguay exhibe una economía disciplinadamente recesiva, en el sentido de que las políticas económicas de ajuste estructural que se han venido implementando desde hace décadas han operado como obstáculos para el desarrollo socio-productivo, para generar empleos de calidad y mejorar los indicadores de calidad de vida del conjunto de la población.

El foco en una política de equilibrio fiscal conduce al desequilibrio de las finanzas públicas, dado que, mientras exige la disminución de la presencia del Estado a través de la disminución del gasto público (principal mecanismo de redistribución de la riqueza), también demanda la reducción de la presión tributaria, propiciando regímenes tributarios regresivos. Es decir, la política económica neoliberal es en su conjunto ineficaz, recesiva y contradictoria, puesto que, al suprimir las fuentes de financiamiento del tesoro, el Estado se ve obligado a contraer deuda cada vez en mayor proporción, generando desequilibrios en las finanzas públicas a largo plazo.

Foto: Gentileza

El caso paraguayo es evidencia de la ineficiencia e ineficacia de las políticas económicas recetadas por el Fondo que, en la búsqueda de mantener el equilibrio macro deja al Estado sin margen fiscal para implementar políticas económicas que contribuyan a generar mejores condiciones de empleo y de desarrollo de las fuerzas productivas, mientras aumenta el endeudamiento y disminuyen las reservas internacionales, cuyo fondeo,  así como el pago de los servicios financieros de la deuda se realizan con más deuda.

Gráfico. Dinámica de la deuda pública como % del PIB

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo Estadístico del Banco Central

Concretamente, el problema de la política de déficit cero o de disciplina fiscal conduce al aumento del déficit privado que se traduce en una nueva forma de transferencia de riquezas desde el conjunto de la clase trabajadora hacia los capitales que operan dentro y fuera del territorio. Dado que el Estado concede subsidios al capital, transfiere recursos a actores privados mediante el rescate de empresas, la concesión de exoneraciones o exenciones fiscales, devuelve impuestos o establece regímenes especiales de tributación, entre otros mecanismos de transferencias como es el caso de la deuda e inclusive la política cambiaria.

La estabilidad macroeconómica como concepto se basa en dos principios: 1) Equilibrio fiscal y 2) baja inflación. En el caso paraguayo, el discurso de la estabilidad o del equilibrio macroeconómico es bastante cuestionable, pues si nos detenemos a analizar las finanzas públicas y más concretamente, las fuentes de financiamiento del plan de gastos de la nación, se puede observar la baja capacidad de financiamiento del Estado paraguayo. En el año 2022, el 49% del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) se financió con recursos institucionales (Fuente 30), frente a tan solo un 32% financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10). En el PGN que se encuentra en ejecución, el 50% se financia con Fuente 30, frente a un 34% financiado con Fuente 10. La tendencia que puede observarse es la de que, cada vez más, el PGN se encuentra financiado con deuda y mediante el arancelamiento de bienes y servicios públicos, o la liquidación de activos de las instituciones del Estado (Zevaco y González, 2022).

La cuestión es que no puede lograrse el déficit cero sin ajuste y, por consiguiente, sin deuda. Y al hablar de ajuste, nos referimos a la pérdida de derechos laborales, económicos y sociales que conducen al deterioro de la calidad de vida de la población como resultado de la ruina de los servicios públicos. Por el lado de la inflación, es importante hacer notar que las estadísticas oficiales adolecen de credibilidad, pues la misma institución que se encarga de diseñar la política monetaria y tiene como objetivo controlar la inflación, se encarga también de monitorear las fluctuaciones en el índice de precios, indicador de la inflación.

Foto: Fotociclo

La preciada estabilidad macroeconómica de la que presume el gobierno de Santiago Peña en los foros empresariales regionales e internacionales se encuentra sostenida en la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población y en ningún caso constituye elemento suficiente para generar empleos ni propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

Referencias

FMI. (2022). FMI alcanza acuerdo técnico sobre Instrumento de Coordinación de Políticas de Paraguay. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/10/13/pr22350-imf-reaches-staff-level-agreement-on-paraguays-policy-coordination-instrument

Zevaco, S., & González, A. (2022). Inversión Fiscal del Estado: Derechos Vs. Capital. Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Paraguay, 405-420.

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica


23/Abril/2024

Por Heñói

Foto: Sandino Flecha

Los debates sobre liberalización o proteccionismo en términos del funcionamiento de la economía han colmado las esferas de discusión no sólo académicas, sino también en el ámbito de las organizaciones de la clase trabajadora desde el siglo XIX. Por ejemplo, el discurso presentado por Marx en 1848 precisamente en el marco de la discusión sobre el librecambio da cuenta de un debate no resuelto, en tanto continúa presentándose en las reflexiones sobre el papel del Estado y la inversión extranjera en el desarrollo.

En este sentido, los argumentos que se exponen en las líneas siguientes han resultado de problematizar la concepción respecto al desarrollo y a las posibilidades que se presentan para las economías dependientes y periféricas, en tanto estas se encuentran inmersas en las dinámicas globales del capital y a las exigencias de la acumulación. Así como por supuesto, a su desarrollo cíclico, contradictorio y profundamente conflictivo.

Este documento es el resultado de una investigación realizada por Luis Rojas, Alhelí Cáceres, Sintya Valdez y Alan Fretes y forma parte de un trabajo mas amplio denominado “Poder Corporativo, Estado y luchas sociales Apuntes desde el derecho y la economía política internacional” publicado por Clacso.

Descargue el capítulo sobre Paraguay aquí.

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Hablemos de Libre Comercio

Hablemos de Libre Comercio

¿Qué es el libre comercio?

Las ideas del libre comercio o libre cambio no son nuevas y resultan de la interpretación sobre el desarrollo vigente en el siglo XIX, asociada al florecimiento de la industria y la urbanización, en el contexto histórico del surgimiento y la expansión del capitalismo, desde Europa hacia el resto del mundo. Abrir las economías o protegerlas de los capitales y las mercancías extranjeras era la dicotomía de los Estados en esa época. El elemento de fondo de esta discusión es sin duda el papel del capital extranjero y el comercio internacional en el desarrollo económico. 

La expresión libre comercio, aunque refiere solo al ámbito comercial, impacta en toda la estructura productiva, incluido el mercado de trabajo, puesto que involucra un conjunto de políticas económicas cuya finalidad es reducir al máximo las restricciones a la libre circulación internacional de capitales, bienes y servicios. Entre las medidas más utilizadas podemos encontrar la reducción de tasas arancelarias y la eliminación y/o disminución de otras restricciones, tanto cuantitativas como cualitativas, ya sea sobre  las importaciones o exportaciones.  

Foto: gentileza

Uno de sus principales efectos es la especialización productiva de las economías, que se propicia y reproduce mediante el diseño y aplicación de un marco jurídico de protección a las inversiones de capital extranjero. La especialización de las economías latinoamericanas en la producción y exportación de materias primas agroalimentarias y minerales de bajo valor agregado, y sus efectos en el mercado de trabajo es uno de los impactos de la liberalización económica de la región. 

El libre comercio, en definitiva, trata de la apertura total de las economías a los capitales extranjeros más concentrados, y a los bienes y servicios que necesitan vender. Una apertura que implica bajas o nulas tasas impositivas, precarización de la fuerza de trabajo local, especialización productiva y mayor vulnerabilidad a shocks externos como resultado de la destrucción de capacidades productivas, industriales y ambientales.

¿Cómo impacta el libre comercio en Paraguay?

La liberalización económica en Paraguay se impuso a través de la Guerra contra la Triple Alianza. La derrota en la Guerra Guasú posibilitó a los invasores garantizar la libre navegabilidad de los ríos, la apropiación de las tierras y yerbales en la forma de latifundios, la dependencia de las importaciones y la destrucción de la estructura productiva industrial, lo que implicó la especialización de la economía paraguaya en la producción y exportación de materias primas.

La visión ortodoxa de la economía internacional sostiene que una economía abierta debe especializarse en la producción de los bienes cuyo proceso productivo consuma los factores más abundantes de esa economía. En el caso de América Latina y el Caribe y, por tanto, de Paraguay, el factor más abundante ha sido la riqueza natural.

La especialización de la economía paraguaya en la producción agraria con destino a la exportación ha conducido a la concentración de la tierra en pocas manos, la destrucción de la naturaleza y el avance del modelo extractivo sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas. Un puñado de transnacionales, en su mayoría de origen estadounidense como Cargill, ADM, y la multinacional francesa Louis Dreyfus Company (LDC) concentran alrededor del 85% del comercio internacional de las commodities agrícolas de Paraguay. A estos actores se suman los colonos extranjeros y un número muy reducido de familias paraguayas que se apropian de la tierra y los bienes comunes como es el Grupo Cartes, la familia Riquelme, el Grupo Favero, entre otros.

Foto: Inés Franceschelli

El libre comercio propició el avance de los agronegocios sobre los territorios, lo que ha significado la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, ya que el mayor porcentaje de tierras aptas para la producción agrícola es destinado a la producción de soja y carne vacuna a gran escala con destino a la exportación, teniendo como correlato la disminución de la producción campesina, la destrucción de la riqueza hídrica, la contaminación, la pérdida de suelos y la eliminación de la agrobiodiversidad.

La economía paraguaya es una de las más abiertas de toda América Latina, con un índice de apertura comercial del 0.53 en 2023. Este indicador da cuenta del grado de apertura teniendo en cuenta el volumen del comercio exterior y el de la actividad económica. Es decir, lo que mide es qué tanto de la producción está volcada al mercado exterior. Un indicador cercano a uno expresa no sólo que las capacidades productivas están volcadas completamente al mercado externo, sino que además da cuenta de la vulnerabilidad de las economías en tanto dependen de las fluctuaciones de los precios en el mercado financiero internacional.

La bandera del libre comercio es enarbolada como la solución a los problemas que enfrentan las economías latinoamericanas, con la potencialidad de promover mejoras en la calidad de vida de la población y el despliegue de los sectores productivos. Sin embargo, en el caso paraguayo, al igual que en el resto de América Latina, la liberalización económica no sólo no ha resuelto los problemas de nuestras economías, sino que ha sido impotente para generar puestos de trabajo genuinos y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.

La liberalización ha significado el aumento de empleos de baja calidad y productividad, principalmente en el sector de los servicios y la intermediación financiera, promoviendo el desarrollo de actividades ilícitas e ilegales como el contrabando, tráfico de armas, narcóticos y personas, y un deterioro cada vez mayor de la calidad de vida de la población, junto con la pérdida de capacidades productivas, bienes comunes y particularmente, de la soberanía alimentaria.