Lucha contra la colonización y la resistencia histórica
Un día como hoy en el año 1492 iniciaba la invasión de los territorios indígenas de nuestro continente por parte de colonizadores europeos. Muy por el contrario de lo que el colonialismo y cierta historiografía presentan como “descubrimiento de América”, este hecho significó un genocidio, etnocidio y desposesión de los pueblos indígenas, base sobre la cual posteriormente se constituyeron los Estados-nación del presente.
A pesar de la barbarie colonialista, los pueblos indígenas recuerdan hoy 531 años de resistencia al colonialismo y la opresión. Esta es la primera victoria simbólica, revertir y resignificar el sentido de la fecha histórica. Y la segunda victoria contundente es que la pervivencia del mundo indígena en las condiciones que lo han hecho demuestra que son sujetos de la historia que se hacen a sí mismos y que están llamados a construir la nueva historia.
La resistencia histórica de los pueblos indígenas data de 1524 en el territorio de lo que hoy se denomina Paraguay, con las rebeliones guaraníes que culminaron con el ahorcamiento del cacique Aracaré por resistirse al servicio militar auxiliar de los españoles. A este alzamiento se le suman otras resistencias localizadas contra el sistema de encomiendas hasta finales del siglo XVII, tal como la revuelta del pueblo Arecayá junto a otros pueblos indígenas contra los excesos de los encomenderos. Este levantamiento fue desmantelado violentamente por los españoles, y según Susnik desde entonces la resistencia de los guaraníes solamente pudo ser pasiva y de carácter localizado.
Meliá y Telesca (1997) sostienen que la historia de los pueblos indígenas es una historia de exclusión, bajo la colonia primero, bajo el Estado paraguayo después. Este último configura una institucionalidad jurídica y una política integracionista y de asimilación a una única “ciudadanía paraguaya” que atraviesa toda la historia constitucional del Paraguay, desde el Decreto del 7-X-1848 al suprimir la institución del táva comunal, declarando extinta la “comunidad” y apropiándose de las tierras indígenas.
Organización y articulación para la resistencia al régimen de Stroessner
Después de décadas de represión, subordinación y vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales, la resistencia indígena emergió e hizo frente a la política estatal de integración y de exclusión por la fuerza de la dictadura de Stroessner (1954-1989).
Para la respuesta al estronismo fue clave la realización del Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur realizado en Asunción en 1974, que replanteó la lógica organizativa y estratégica del mundo indígena, con dos direcciones “que marcan hasta hoy la lógica de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)” (Prieto, 1994). El surgimiento de movimientos indígenas de protestas en zonas rurales con organización y resistencia generalizadas, llevó a la conquista la aprobación de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, aportando al socavamiento y la crisis orgánica del régimen dictatorial, con movilizaciones inéditas contra la integración del régimen, por la conservación de sus tierras, bosques y territorios ancestrales y por su autonomía económica y cultural.
Desde 1988 en docenas de protestas y persistente lucha por sus derechos políticos, los grupos indígenas forjaron una amplia unidad pan-indigenista, victorias importantes en recuperación de tierras y un sentido de identidad étnica. Se ganaron un lugar en la Constitución Nacional de 1992 donde el Capítulo V reconoce y define a los pueblos indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo.
Si bien los indígenas contribuyeron activamente al quiebre de la dictadura estronista y alcanzaron una mayor participación en la política nacional, la transición democrática no significó mejores condiciones de vida, acceso a sus territorios y respeto a sus culturas.
La resistencia del presente y el resurgir de las luchas indígenas
Según los datos del ultimo Censo Indígena (2022) la población total asciende a 140.206 personas, de los 19 pueblos pertenecientes a las 5 familias lingüísticas y cerca de 500 comunidades en el país. Se mantiene en el mundo indígena la inseguridad en el acceso a la tierra, altos niveles de pobreza y la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales.
En la coyuntura actual, la síntesis de la política del Estado se expresa en la conocida como “Ley de criminalización”, una modificación del Código Penal que elevó las penas carcelarias de 5 a 10 años para el “delito” de invasión de inmueble, pasando a ser definido como crimen en el año 2021 para desmovilizar y desmoralizar a quienes luchan por la tierra a través de las ocupaciones.
En el periodo que va desde la modificación de la ley hasta el momento, se registraron alrededor de 30 desalojos forzosos dejando a cientos de familias indígenas y campesinas sin sus medios comunitarios de producción y reproducción, en donde las mujeres, niños, niñas y adolescentes son las más afectadas.
Frente a esto se dan los casos paradigmáticos de recuperación de tierras, como Hugua Po´i y Veraro donde se evidencia un ciclo de resistencia popular que tiene como novedad histórica la articulación indígena y campesina, primero para resistir a los desalojos y atropellos del modelo agroexportador, y en un segundo momento, para construir un plan de lucha común que se expresó en las luchas contra la aprobación y por la derogación de la “Ley de criminalización”; en los casos de recuperación de tierras y territorios desde el año 2021, en las movilizaciones del 10 de diciembre por los derechos humanos y contra todas las injusticias, en las marchas, espacios de unidad, debates, plenarias y congresos sobre la estrategia de defensa, articulación y proyección para hacer frente a la ola de desalojos y atropellos a los derechos indígenas y campesinos.
En el 2021 se creó la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (ANIVID) con el objetivo de defender la tierra, el territorio, los derechos y la cultura de los Pueblos Indígenas que viven en territorio paraguayo nucleando a más de 35 organizaciones. Desde ese año vienen marchando cada 12 de octubre por las calles de la capital con sus pasos que hacen historia, por la conquista de sus derechos, haciendo un llamado a la hora histórica, el momento en que nuestros pueblos toman por derecho propio lo que les pertenece.
Ante los atropellos del capitalismo extractivista interesado sólo en el lucro y los atropellos de un Estado ciego a las necesidades de su pueblo, nuestra esperanza está en la resistencia de los pueblos indígenas, del campesinado, y del pueblo paraguayo en general, para construir un Paraguay sostenible y soberano.