7/Mayo/2024
Por Heñói
Una vez más, la Federación Nacional Campesina (FNC), acompañada por organizaciones indígenas y populares, marchó el 21 de marzo de 2024 por las calles de Asunción trayendo a la ciudad sus reivindicaciones y su lucha por un Paraguay mejor. El propósito de esta columna no es agregar a la cobertura de la acción política del campesinado y sus aliados, sino llamar la atención sobre un aspecto que no se menciona: el miedo del gobierno paraguayo a su propio pueblo.
Es difícil tener cifras precisas del número de gente que participó en la marcha, pero fueron varios miles de participantes quienes con trabajos comunitarios y de autogestión de todo un año organizaron la movilización anual.
Esta demostración de dignidad, de autonomía y de organización que significa un faro ejemplar y de esperanza para el pueblo y para los movimientos sociales y políticos del Paraguay hace más de 30 años, para el Estado paraguayo prebendario, corrupto y clientelar es un mal ejemplo que debe ser invisibilizado y silenciado.
El Estado ausente para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su pueblo está presente para garantizar que la pedagogía anticampesina e indígena se reproduzca por la vía del consenso y el uso de la fuerza, en los centros educativos, en los desalojos y hasta en los márgenes de las calles de Asunción.
Lo que no se destina a garantizar estos derechos, se destina a la vigilancia de la marcha que tuvo un alto costo para todo el pueblo paraguayo.
Cualquiera que asistió a la marcha tiene que haber notado el extraordinario operativo policial que la rodeaba: viendo el número de policías que abrían la movilización, un visitante extranjero podría haber pensado que se trataba justamente de una marcha policial. Y decimos “un visitante extranjero”, porque los paraguayos ya estamos acostumbrados a esas excesivas demostraciones de fuerza.
Si bien no es objeto de esta columna, cabe señalar que la evolución de las fuerzas especializadas del Estado paraguayo es exactamente proporcional al avance del modelo del agronegocio, el declive de la agricultura campesina e indígena y el control social para el ejercicio del poder sin oposición del coloradismo. A partir de 1990 con la creación de la Compañía Antimotines (Casco Azul), la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) en 1998; la creación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la síntesis superior de la fuerza y violencia con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC – CODI), en 2013 y el Grupo Lince en 2017.
Esta evolución de las fuerzas represivas se apreció en la marcha del 21 de marzo: a los efectivos que vestían el uniforme tradicional hay que agregarle la presencia de un helicóptero, motociclistas uniformados de negro con las caras cubiertas y sin identificación, camionetas con vidrios polarizados y sin chapa.
¿Cuánto le cuesta al pueblo paraguayo ese despliegue? La Dirección General de Administración y Finanzas de la Policía Nacional informó a través del Portal de Información Pública, en nota del 26 de marzo, que se presupuestaron 200 millones de guaraníes para doscientas patrulleras, omitiendo el número de equipamiento (vehículos terrestres, helicópteros, etc.) por ser “de carácter reservado y confidencial”. El Departamento de Planificación de Operaciones Policiales informó, en nota del 2 de abril de 2024, que fueron asignados 3636 efectivos policiales de distintas dependencias. 3636 policías y el equivalente a más de 70 sueldos mensuales para “controlar” una movilización popular absolutamente pacífica, sin ningún tipo de incidentes.
Los medios de prensa comerciales continúan con sus campañas de intimidación a la población reportando sobre la ola de inseguridad que envuelve al país… Tal vez sea porque la policía, en vez de estar protegiendo a los ciudadanos de los hechos delictivos, está ocupada en defender a los gobernantes de quienes ellos perciben como su mayor enemigo: un pueblo con dignidad que defiende su derecho a marchar y manifestarse, y que se encuentra cada vez más harto del régimen de miseria y opresión a que se lo somete.