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El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

12/Junio/2024

Por Alhelí González Cáceres

En el 2019 Mario Abdo Benítez inició el proceso de acercamiento al FMI en la búsqueda de la firma del Acuerdo Técnico sobre Instrumentos de Coordinación de Políticas (PCI) que le permite a Paraguay un acceso mucho más rápido al crédito si aplica el programa de estabilización económica o también conocido como “programa de reformas”.

El programa de estabilización económica se estructuran en torno a diez puntos, a saber: 1) Disciplina en la política fiscal, 2) redireccionamiento del gasto público en subsidios, 3) ampliación de la base tributaria mediante una reforma que adopte tipos impositivos marginales, 4) liberalización de las tasas de interés, 5) liberalización del tipo de cambio, 6) eliminación de barreras arancelarias a la inversión extranjera, 7) liberalización del comercio, 8) privatización de empresas estatales, 9) desregulación del mercado, 10) seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Con la firma del Acuerdo PCI el Fondo tiene vía libre para diseñar e implementar los programas de política macroeconómica, incluyendo el direccionamiento del Fondo para que el Estado aplique el programa de reformas económicas durante al menos dos años desde su firma.

Foto: Elisa Marecos Saldívar

Los acuerdos con el Fondo están sujetos a evaluaciones semestrales de cuyos resultados dependen los desembolsos comprometidos para Paraguay, dicha evaluación tendrá lugar en el mes de junio del presente año en curso. Para ello el gobierno de Santiago Peña ha acelerado la aprobación de las reformas que implican la aprobación del marco jurídico que las avale, como es el caso de la Ley 7235/23 de Jubilaciones y Pensiones, así como impulsa el proyecto de Ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, en el marco de la denominada “modernización del Estado”. Estas reformas implican la reestructuración de la maquinaria estatal, y sus primeros pasos pudieron observarse en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas mediante la Ley 7143/23 que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, así como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas que, en su conjunto, forman parte de las exigencias del acuerdo firmado con el FMI.

Si bien ya en el 2020 durante la pandemia el FMI aprobó un fondo de emergencia por USD 274 millones al gobierno de Abdo, el gobierno de Peña también ha solicitado un crédito por USD 400 millones correspondientes a los fondos del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) a un plazo de 24 meses y a una tasa máxima de interés del 9.5%. Los desembolsos de este fondo dependen del grado de implementación del paquete de reformas fiscales y monetarias que el Ejecutivo se encuentra aplicando con toda rigurosidad.

Un buen alumno del Fondo

Las principales exigencias del Fondo incluyen mantener la estabilidad macroeconómica, la reforma del sistema de pensiones del funcionariado público y la racionalización de los programas de asistencia social, entre otros. La más importante del conjunto de medidas es el restablecimiento de la regla de déficit fiscal. Esta exigencia se encuentra establecida en la Ley N° 5098/2013 De Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes que estipula un techo al déficit de 1.5% respecto al PIB, siendo la prioridad de cara al 2026 (FMI, 2023).

Foto: Elisa Marecos Saldívar

La centralidad de las políticas económicas neoliberales es la regla fiscal. La también conocida como regla de equilibrio fiscal o de déficit cero no sólo abandona el propósito del desarrollo social y económico, sino que además impone elevados costos sociales por sus implicancias en términos de la instrumentalización de la política fiscal, cuyos alcances se ven limitados por la disciplina en las finanzas públicas en dirección hacia el déficit cero.

Es decir, desde el instante en el que los instrumentos de la política económica como lo son la política fiscal, monetaria, cambiaria y de rentas, son direccionadas para alcanzar el equilibrio, contribuyen a la profundización del ciclo recesivo, terminando por afectar lo que se persigue: el equilibrio macroeconómico y el despliegue de la economía.

Paraguay exhibe una economía disciplinadamente recesiva, en el sentido de que las políticas económicas de ajuste estructural que se han venido implementando desde hace décadas han operado como obstáculos para el desarrollo socio-productivo, para generar empleos de calidad y mejorar los indicadores de calidad de vida del conjunto de la población.

El foco en una política de equilibrio fiscal conduce al desequilibrio de las finanzas públicas, dado que, mientras exige la disminución de la presencia del Estado a través de la disminución del gasto público (principal mecanismo de redistribución de la riqueza), también demanda la reducción de la presión tributaria, propiciando regímenes tributarios regresivos. Es decir, la política económica neoliberal es en su conjunto ineficaz, recesiva y contradictoria, puesto que, al suprimir las fuentes de financiamiento del tesoro, el Estado se ve obligado a contraer deuda cada vez en mayor proporción, generando desequilibrios en las finanzas públicas a largo plazo.

Foto: Gentileza

El caso paraguayo es evidencia de la ineficiencia e ineficacia de las políticas económicas recetadas por el Fondo que, en la búsqueda de mantener el equilibrio macro deja al Estado sin margen fiscal para implementar políticas económicas que contribuyan a generar mejores condiciones de empleo y de desarrollo de las fuerzas productivas, mientras aumenta el endeudamiento y disminuyen las reservas internacionales, cuyo fondeo,  así como el pago de los servicios financieros de la deuda se realizan con más deuda.

Gráfico. Dinámica de la deuda pública como % del PIB

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo Estadístico del Banco Central

Concretamente, el problema de la política de déficit cero o de disciplina fiscal conduce al aumento del déficit privado que se traduce en una nueva forma de transferencia de riquezas desde el conjunto de la clase trabajadora hacia los capitales que operan dentro y fuera del territorio. Dado que el Estado concede subsidios al capital, transfiere recursos a actores privados mediante el rescate de empresas, la concesión de exoneraciones o exenciones fiscales, devuelve impuestos o establece regímenes especiales de tributación, entre otros mecanismos de transferencias como es el caso de la deuda e inclusive la política cambiaria.

La estabilidad macroeconómica como concepto se basa en dos principios: 1) Equilibrio fiscal y 2) baja inflación. En el caso paraguayo, el discurso de la estabilidad o del equilibrio macroeconómico es bastante cuestionable, pues si nos detenemos a analizar las finanzas públicas y más concretamente, las fuentes de financiamiento del plan de gastos de la nación, se puede observar la baja capacidad de financiamiento del Estado paraguayo. En el año 2022, el 49% del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) se financió con recursos institucionales (Fuente 30), frente a tan solo un 32% financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10). En el PGN que se encuentra en ejecución, el 50% se financia con Fuente 30, frente a un 34% financiado con Fuente 10. La tendencia que puede observarse es la de que, cada vez más, el PGN se encuentra financiado con deuda y mediante el arancelamiento de bienes y servicios públicos, o la liquidación de activos de las instituciones del Estado (Zevaco y González, 2022).

La cuestión es que no puede lograrse el déficit cero sin ajuste y, por consiguiente, sin deuda. Y al hablar de ajuste, nos referimos a la pérdida de derechos laborales, económicos y sociales que conducen al deterioro de la calidad de vida de la población como resultado de la ruina de los servicios públicos. Por el lado de la inflación, es importante hacer notar que las estadísticas oficiales adolecen de credibilidad, pues la misma institución que se encarga de diseñar la política monetaria y tiene como objetivo controlar la inflación, se encarga también de monitorear las fluctuaciones en el índice de precios, indicador de la inflación.

Foto: Fotociclo

La preciada estabilidad macroeconómica de la que presume el gobierno de Santiago Peña en los foros empresariales regionales e internacionales se encuentra sostenida en la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población y en ningún caso constituye elemento suficiente para generar empleos ni propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

Referencias

FMI. (2022). FMI alcanza acuerdo técnico sobre Instrumento de Coordinación de Políticas de Paraguay. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/10/13/pr22350-imf-reaches-staff-level-agreement-on-paraguays-policy-coordination-instrument

Zevaco, S., & González, A. (2022). Inversión Fiscal del Estado: Derechos Vs. Capital. Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Paraguay, 405-420.

UN PAÍS A LA VENTA: PARAGUAY, TIERRA DE EXTRACTIVISMO

UN PAÍS A LA VENTA: PARAGUAY, TIERRA DE EXTRACTIVISMO

Paraguay, situado en el corazón de América del Sur, es un país mediterráneo con una gran biodiversidad, abundantes recursos hídricos, y grandes extensiones de territorio recientemente deforestadas o en proceso de deforestación.

En sus orígenes como país independiente a principios del siglo XIX, luego del sometimiento colonial español, Paraguay se caracterizó por su fuerte liderazgo nacionalista y anticolonial, que lo llevó a convertirse en un territorio autosuficiente e igualitario. Este período de prosperidad llegó a su fin con la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), en la cual Argentina, Brasil y Uruguay, con el financiamiento de la corona británica, destruyeron al país y a la mayoría de su población.

Desde entonces, comenzó el proceso de neocolonialismo extractivista que se mantiene hasta hoy, y que ha llevado al país a una de las desigualdades socioeconómicas más altas del mundo, con una alta concentración de poder y riqueza en manos de unas pocas élites. En el centro de la disputa en Paraguay está la tierra.  A pesar de que la constitución garantiza el derecho a la tierra del pueblo paraguayo, y obliga la reforma agraria, la realidad es que el país exhibe el peor índice GINI de tenencia de la tierra del mundo: 0,93 (el 1,00 expresa la desigualdad perfecta). Como referencia, el índice de GINI europeo es de 0,57 y el de América Latina es de 0,79. La conflictividad social que deviene de esta inequidad se costea con la vida y la libertad de los y las luchadores campesinos e indígenas.

El extractivismo se manifiesta en numerosos ámbitos: económico, industrial, laboral, educativo, pero sus expresiones más notables son la producción de commodities, tales como soja, maíz y trigo transgénico, la producción industrial de carne bovina, las plantaciones de eucalipto, la minería y criptominería. En este sentido, Paraguay representa la peor expresión regional del libre comercio.

Comunidad Guahory. Territorio recuperado por la lucha campesina contra los agronegocios. Foto: Inés Franceschelli

La injusticia en la posesión de tierras impacta directamente en la vigencia del derecho a la alimentación. Paraguay pasó de ser en el un país autosuficiente en materia alimentaria hasta la década de 1990, al extremo actual, en que se importa más del 60% de los productos frutihortícolas necesarios para el consumo.

No es casualidad entonces que la desnutrición crónica afecte al 13% de la infancia, y la inseguridad alimentaria grave impacte en el 6% de la población en promedio, es decir, cerca de medio millón de personas que no pueden comer todos los días.

Foto: Sandino Flecha

Los millones de hectáreas dedicadas a los monocultivos extractivos están sujetas a un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, en muchos casos sustancias prohibidas por la Unión Europea, pero que son fabricadas en Europa o por empresas europeas. Hablamos de 60 millones anuales de kilos de venenos que se vierten en los territorios, contaminan aguas, suelos, para generar una renta que la nación paraguaya no alcanza a ver. Hablamos de casi 10 kilos de veneno por persona por año.

Estos monocultivos, junto con la producción de carne bovina y de carbón vegetal para exportación, es la principal causa de la persistente deforestación con ritmo alarmante: En los últimos 10 años el país perdió 2,5 millones de hectáreas de vegetación nativa, donde se desplazó población campesina e indígena, en algunos casos todavía en aislamiento voluntario. Esta deforestación implica directamente pérdida de biodiversidad, una alta vulnerabilidad climática, más pobreza, exclusión y humillación para el pueblo.

Cultivos de soja custodiado por fuerzas policiales. Foto: Kregg Hetherington

Mas recientemente el Paraguay recibe un fuerte caudal de inversiones transnacionales orientadas al desarrollo de “soluciones verdes”, como la producción de hidrogeno “verde” o de celulosa a gran escala. Estas inversiones cuentan con condiciones excepcionales de subordinacion nacional, como exoneración impositiva y la posibilidad de repatriar capitales sin costo alguno, a cambio de unos pocos empleos precarios.

Es para luchar contra estas realidades que nacen la Red de Semillas Heñói y el Centro de Estudios Heñói, trabajando con organizaciones campesinas e indígenas en el desarrollo de capacidades y la incidencia política.

Heñói es una ONG paraguaya que comenzó como una red de base de campesinos, activistas e investigadores que trabajaban para fortalecer la participación democrática, los derechos humanos y la sostenibilidad social y ambiental.

La Red de Semillas Heñói es una red operativa y política de productores de semillas, que une a productores tradicionales involucrados en el rescate y promoción de las semillas nativas. La Red de Semillas tiene como funciones principales proteger y promover las semillas tradicionales, unir a los productores de semillas en una alianza política para enfrentar la violencia en los territorios impuesta por el modelo agroindustrial, y fortalecer la capacidad de incidencia en las instituciones públicas. Por último, la red tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas de sus miembros, ya que conecta a los productores de semillas, agricultores y consumidores de una manera que crea mercados locales para sus semillas y cultivos.

HEÑÓI – Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay, que reivindiquen o promuevan derechos humanos, la ampliación de la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la organización comunitaria, la promoción de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental, tendientes a una democracia más participativa, más conectada con los procesos de integración de la región y orientada al disfrute de una mejor calidad de vida para la población del país. Dirige su accionar prioritariamente a la formación de una ciudadanía crítica, en la construcción de una sociedad equitativa, solidaria, respetuosa de los derechos humanos y de la naturaleza. Para cumplir con esos objetivos, HEÑÓI cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye especialista en agronomía, agroecología, comunicación, economía, sociología, trabajo social, humanidades.

Alfonso Maidana, productor y guardián de las semillas nativas en Itapúa. Foto: Sandino Flecha
El miedo al pueblo

El miedo al pueblo

7/Mayo/2024

Por Heñói

Una vez más, la Federación Nacional Campesina (FNC), acompañada por organizaciones indígenas y populares, marchó el 21 de marzo de 2024 por las calles de Asunción trayendo a la ciudad sus reivindicaciones y su lucha por un Paraguay mejor. El propósito de esta columna no es agregar a la cobertura de la acción política del campesinado y sus aliados, sino llamar la atención sobre un aspecto que no se menciona: el miedo del gobierno paraguayo a su propio pueblo.

Es difícil tener cifras precisas del número de gente que participó en la marcha, pero fueron varios miles de participantes quienes con trabajos comunitarios y de autogestión de todo un año organizaron la movilización anual.

Esta demostración de dignidad, de autonomía y de organización que significa un faro ejemplar y de esperanza para el pueblo y para los movimientos sociales y políticos del Paraguay hace más de 30 años, para el Estado paraguayo prebendario, corrupto y clientelar es un mal ejemplo que debe ser invisibilizado y silenciado.

El Estado ausente para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su pueblo está presente para garantizar que la pedagogía anticampesina e indígena se reproduzca por la vía del consenso y el uso de la fuerza, en los centros educativos, en los desalojos y hasta en los márgenes de las calles de Asunción.

Lo que no se destina a garantizar estos derechos, se destina a la vigilancia de la marcha que tuvo un alto costo para todo el pueblo paraguayo.

Cualquiera que asistió a la marcha tiene que haber notado el extraordinario operativo policial que la rodeaba: viendo el número de policías que abrían la movilización, un visitante extranjero podría haber pensado que se trataba justamente de una marcha policial. Y decimos “un visitante extranjero”, porque los paraguayos ya estamos acostumbrados a esas excesivas demostraciones de fuerza.

El despliegue policial incluyó helicópteros sobrevolando la marcha

Si bien no es objeto de esta columna, cabe señalar que la evolución de las fuerzas especializadas del Estado paraguayo es exactamente proporcional al avance del modelo del agronegocio, el declive de la agricultura campesina e indígena y el control social para el ejercicio del poder sin oposición del coloradismo. A partir de 1990 con la creación de la Compañía Antimotines (Casco Azul), la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) en 1998; la creación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la síntesis superior de la fuerza y violencia con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC – CODI), en 2013 y el Grupo Lince en 2017.

Esta evolución de las fuerzas represivas se apreció en la marcha del 21 de marzo: a los efectivos que vestían el uniforme tradicional hay que agregarle la presencia de un helicóptero, motociclistas uniformados de negro con las caras cubiertas y sin identificación, camionetas con vidrios polarizados y sin chapa.   

¿Cuánto le cuesta al pueblo paraguayo ese despliegue? La Dirección General de Administración y Finanzas de la Policía Nacional informó a través del Portal de Información Pública, en nota del 26 de marzo, que se presupuestaron 200 millones de guaraníes para doscientas patrulleras, omitiendo el número de equipamiento (vehículos terrestres, helicópteros, etc.) por ser “de carácter reservado y confidencial”. El Departamento de Planificación de Operaciones Policiales informó, en nota del 2 de abril de 2024, que fueron asignados 3636 efectivos policiales de distintas dependencias. 3636 policías y el equivalente a más de 70 sueldos mensuales para “controlar” una movilización popular absolutamente pacífica, sin ningún tipo de incidentes.

Los medios de prensa comerciales continúan con sus campañas de intimidación a la población reportando sobre la ola de inseguridad que envuelve al país… Tal vez sea porque la policía, en vez de estar protegiendo a los ciudadanos de los hechos delictivos, está ocupada en defender a los gobernantes de quienes ellos perciben como su mayor enemigo: un pueblo con dignidad que defiende su derecho a marchar y manifestarse, y que se encuentra cada vez más harto del régimen de miseria y opresión a que se lo somete.

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica


23/Abril/2024

Por Heñói

Foto: Sandino Flecha

Los debates sobre liberalización o proteccionismo en términos del funcionamiento de la economía han colmado las esferas de discusión no sólo académicas, sino también en el ámbito de las organizaciones de la clase trabajadora desde el siglo XIX. Por ejemplo, el discurso presentado por Marx en 1848 precisamente en el marco de la discusión sobre el librecambio da cuenta de un debate no resuelto, en tanto continúa presentándose en las reflexiones sobre el papel del Estado y la inversión extranjera en el desarrollo.

En este sentido, los argumentos que se exponen en las líneas siguientes han resultado de problematizar la concepción respecto al desarrollo y a las posibilidades que se presentan para las economías dependientes y periféricas, en tanto estas se encuentran inmersas en las dinámicas globales del capital y a las exigencias de la acumulación. Así como por supuesto, a su desarrollo cíclico, contradictorio y profundamente conflictivo.

Este documento es el resultado de una investigación realizada por Luis Rojas, Alhelí Cáceres, Sintya Valdez y Alan Fretes y forma parte de un trabajo mas amplio denominado “Poder Corporativo, Estado y luchas sociales Apuntes desde el derecho y la economía política internacional” publicado por Clacso.

Descargue el capítulo sobre Paraguay aquí.

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17 de abril, día internacional de las luchas campesinas

17 de abril, día internacional de las luchas campesinas

17/Abril/2024

Heñói

Con el lema “Construyamos la solidaridad. ¡Basta de genocidios, desalojos y violencia!”, las diversas organizaciones que conforman la Vía Campesina hacen un llamado internacional para conmemorar este emblemático día, en el que se recuerda la masacre de El Dorado do Carajás, ocurrida en 1996 en el estado brasileño de Pará, cuando una represión policial instigada por empresarios del agronegocio costó la vida a 21 campesinos que luchaban por su derecho a la tierra. Quienes participaron de aquellos hechos lograron conquistar tierras para la reforma agraria, creando un asentamiento campesino que permitió el arraigo de más de tres mil familias de sin tierras. Por ello, el 17 de abril nos recuerda cada año que solo con la lucha organizada es posible avanzar y lograr derechos, en el marco del sistema económico dominado por los dueños del capital.

Desde entonces han pasado 28 años en los que el sistema alimentario agroindustrial, controlado y dirigido por las grandes corporaciones financieras y agroindustriales se ha seguido expandiendo a nivel global, intensificando la exclusión y empobrecimiento de la población rural, la mercantilización de los alimentos, las semillas, las tierras y otros bienes comunes, así como la explotación irracional e insostenible de la naturaleza, profundizando sus gravísimos impactos traducidos en las crisis climática, social y económica en que se encuentra sumergida la humanidad.

Este año la Vía Campesina además levanta su voz con fuerza en contra de los genocidios, las guerras, las violaciones contra la soberanía y los derechos de los pueblos, los desalojos y la criminalización de familias campesinas e indígenas, el extractivismo y las múltiples violencias y acciones represivas que se ejercen contra los sectores populares. Frente a esto proponen ampliar y fortalecer la esperanza, conciencia, compromiso, organización y unidad para enfrentar los innumerables desafíos actuales.

A propósito de este aniversario hemos conversado con Perla Álvarez, destacada dirigente de la Vía Campesina Internacional y de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay, quien, con su amplio conocimiento de la realidad y las luchas campesinas en la región y el mundo, nos ilustró algunos de los aspectos más relevantes de la coyuntura actual. Sobre un balance de la situación y las luchas campesinas en perspectiva, expresó que:

“A partir de lo que denominamos la Revolución Verde en el mundo entero, incluso en nuestro país, hemos tenido grandes pérdidas de tierras que estaban en manos de campesinos, de campesinas, de pueblos indígenas. Esto significa un deterioro en términos de producción de alimentos sanos y diversos, también del ambiente. Las catástrofes climáticas que hemos estado sufriendo son consecuencia de aquella primera oleada de la revolución industrial en el campo, la Revolución Verde. Estamos sintiendo ahora lo que se hizo en los 60, en los 70, en los 80. Así que lo que nosotros estamos haciendo ahora va a impactar en las generaciones futuras.

Es en el mundo entero esa disminución del control y del cuidado de los territorios en manos de campesinas, de campesinos. Tenemos que entender que cuando hablamos de campesinos, también incluimos a los pueblos indígenas que están en las zonas rurales, también hablamos de pescadores y pescadoras, hablamos de gente que se dedica a la ganadería trashumante, a las personas nómadas que trasladan su ganado de un territorio, de los recolectores y recolectoras. La situación actual es bastante dramática, hay una desprotección de los derechos con el avance del sistema capitalista en el campo, se siente con la introducción de tecnologías como las semillas transgénicas, el uso de agrotóxicos y maquinarias pesadas. Esto vino a descomponerse muchísimo con la introducción de la soja transgénica en nuestros territorios, esto hace que se vulneren derechos porque no es gratuita la expansión del modelo del agronegocio, el monocultivo, se hace a costa de los derechos a la tierra, al agua, a los bosques, a las plantas medicinales, al derecho de organizarse. Entonces, la gente se organiza para recuperar derechos, para conquistar derechos y esto es criminalizado aquí y en todo el mundo”.

Pero los atropellos e injusticias siempre han generado resistencia, oposición, luchas individuales y colectivas, lo cual ha sido parte fundamental de la historia de nuestros pueblos desde hace décadas, incluso siglos, hasta el presente. Álvarez destaca este aspecto fundamental, que permite tener una perspectiva de futuro diferente:

“Es bueno reconocer que hay resistencia, en el campo se sigue produciendo alimentos que nutren las mesas cotidianas en el país y en todas partes. En las ferias de semillas que organizamos como muestra de la resistencia campesina indígena está el potencial que tendríamos que desarrollar a través de la promoción y el desarrollo de la agroecología. Estamos trabajando para cambiar políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional. Tal es así que hemos avanzado en el plano internacional con la conquista de un instrumento internacional como la Declaración de los Derechos Campesinos en el 2018, y estamos avanzando porque ya tiene un mecanismo de seguimiento, resta que nuestras organizaciones tomen esa herramienta como propia y la vayamos impulsando en todas partes. Creo que es una de las cuestiones más importantes, así como haber colocado la soberanía alimentaria como una bandera de lucha, pero no solamente como una bandera de lucha, sino como un principio. Hoy la agroecología también está en esa misma línea de promoción y de un principio que defendemos, porque no es solo un modo de producción, sino por sobre todo un modo de vida”.

La coyuntura reciente se ha complejizado con las disputas geopolíticas, económicas y militares, el avance de proyectos conservadores y autoritarios en varios países, el deterioro de los mecanismos democráticos y de los espacios de participación social, además del acaparamiento económico, de territorios y de los medios de comunicación. Los desafíos son grandes, lo que requiere un mayor esfuerzo en el fortalecimiento de la organización de los pueblos, como señala Perla:

“Entre los principales desafíos está el fortalecimiento de nuestras organizaciones, reagrupar al movimiento campesino en alianza con las organizaciones de la ciudad o con el movimiento ciudadano urbano en la defensa y promoción de derechos colectivos. Así como seguir trabajando en cómo lograr implementar la declaración de los derechos campesinos a nivel de todas las políticas públicas. También es un desafío organizar la resistencia productiva, activa en el campo, de manera a sostener lo que se ha conquistado en términos de tierra, del cuidado del territorio, porque de eso depende el futuro de las generaciones, no solamente aquí, sino en todas partes”.

Por tanto, en este día de luchas campesinas y en todo momento, el llamado es a redoblar la esperanza y el trabajo por ese otro mundo posible, el de la solidaridad, la justicia y la hermandad de los pueblos del mundo, en armonía con la madre tierra.

PARACEL: superposición de fincas y militarización del conflicto 

PARACEL: superposición de fincas y militarización del conflicto 

Heñói – 27 de Marzo de 2024

Miembros de la Comisión Vecinal reunidos en plenaria.

El pasado 12 de marzo, integrantes de la comisión “Porvenir Mejor” del distrito Sargento José Félix López (Puentesiño), departamento de Concepción, decidieron ingresar a las tierras ocupadas por la gigante de la celulosa PARACEL. El reclamo: unas 3.587 hectáreas pertenecientes al INDERT, ocupadas ilegalmente por la empresa con plantaciones de eucaliptos, según la denuncia.

El terreno en disputa pertenece a la de la finca N° 573, padrón 714, expropiadas a Pancracio Giménez por el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), mediante el decreto N° 9.264, del 25 de setiembre de 1974, por razones de utilidad e interés social, para establecer la colonia Sgto. José Félix López. Según documentos del Poder Judicial dicha finca 573 cuenta con una orden de “prohibición de innovar sobre la finca” desde el año 2011, medida cautelar que impide cualquier tipo de alteración en el terreno.

Así también, según la Dirección de Registros Públicos no se registran modificaciones de dominio según constancia del año 2016, lo que significa que las 3.587 hectáreas siguen perteneciendo a la finca N° 573 del INDERT.

Decreto 9264 de expropiación de las 3.587 hectáreas de la Finca N° 5734

Superposición de fincas y cambio de propietario

La lucha por la recuperación de las tierras de la finca N° 537 impulsada desde la Comisión Vecinal data de hace unos 16 años. En diálogo con los pobladores, estos señalaron que el conflicto con la multinacional se dio a raíz de que en el mes de febrero del 2024, se percataron de un cambio en los registros catastrales de la finca 22 perteneciente a PARACEL. Este terreno ocupa parte de la finca N° 537 reivindicada como tierras pertenecientes al INDERT para sujetos de la Reforma Agraria.

Resulta llamativo que entre enero y marzo de 2024 en los registros catastrales se observaron cambios en los padrones y fincas pertenecientes a PARACEL. El caso en conflicto, la Finca 22, que cuenta en total con una extensión de 15.178 hectáreas y se encuentra superpuesta a la finca N° 573, sorpresivamente cambió de propietario en marzo de 2024. En lugar de Paracel estas tierras figuran ahora a nombre de FINEXPAR, financiera cuyo presidente es Luis María Zubizarreta. Esto también se replica en otros padrones pertenecientes a PARACEL en el distrito de Sgto. José Félix López.

En el mapa se observa la superposición de la Finca 22 perteneciente a PARACEL (desde marzo a FINEXPAR) en parte de las tierras de la finca N°537. El punto referencia para ubicar el polígono de la Finca Nº 573 es donde se encuentra el arroyo Zanja Molina con el Arroyo Itagué (según título) o Itaky (según toponimia actual), que se halla ubicado en la esquina noreste de la propiedad. A partir de este punto, el lindero al Norte de la propiedad es el arroyo Zanja Molina y el lindero al Este es el arroyo Itagué o Itaky. En polígono rojo la Finca Nº 573 del INDERT, en polígono de línea blanca el Padrón Nº 22 usufructuado por Paracel. En color naranja transparente está pintado el área ocupada por PARACEL que pertenece a la finca N° 537 del INDERT.

Criminalización de la protesta y represalias

El viernes 15 de marzo una comitiva fiscal policial llegó hasta las tierras en conflicto para realizar un desalojo. Integrantes de la comisión vecinal, acordaron salir del lugar sin oponer resistencia. Reubicaron sus campamentos a pocos metros del lugar donde actualmente permanecen en condiciones precarias. Según pobladores, existen cuatro órdenes de captura contra dirigentes que lideraron la ocupación.

Militarización del conflicto: frente al precario campamento establecido por los pobladores, a su vez, la agrupación de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE)   levantó un puesto de control donde permanecen vigilantes oficiales munidos con armas largas, granadas y un vehículo sin distintivo institucional ni patente. Al ser consultados sobre la función que desempeñaban en el sitio, respondieron que se encontraban ahí para dar aviso a las autoridades en caso de que los campesinos vuelvan a ingresar a las tierras en conflicto.

Los pobladores señalaron que dicho despliegue policial militar es desproporcionado considerando que quienes se encuentran en el campamento son familias empobrecidas, con niños y niñas que solo reclaman un pedazo de tierra para poder desarrollarse como campesinos/as.

Daños ambientales y precariedades laborales

Los pobladores refirieron que las plantaciones de eucaliptos de PARACEL en el distrito ya están generando sequía en arroyos, tajamares y esteros, pérdida de fauna silvestre y destrucción del suelo. También señalaron que en las tierras ocupadas de manera irregular por PARACEL se deforesta y utilizan agrotóxicos en ingentes cantidades.

En un recorrido realizado por el lugar, el equipo de heñói pudo constatar rastros de desmonte y preparación del suelo para implantar nuevos cultivos de eucalipto.

Un concejal municipal de Puentesiño cuestionó que PARACEL no cumple con las leyes ambientales. Además mencionó que los trabajos que la empresa ofrece a miembros de la comunidad son en condiciones de esclavitud y que eso no representan ningún tipo de desarrollo para las comunidades. Recordó que en un principio PARACEL prometía planes sociales para las comunidades y brindaba cierto tipo de apoyo pero que en la actualidad eso es inexistente.         

La Comisión Vecinal plantea realizar una mensura judicial con las instituciones responsables y la empresa PARACEL para dilucidar la legalidad de origen de la finca N°573 y restablecer el usufructo a los verdaderos sujetos de la reforma agraria que son los campesinos sin tierra. En tanto, la Empresa PARACEL debe detener la plantación en las tierras en conflicto hasta que se resuelva la irregularidad de las mismas.

Hablemos de Libre Comercio

Hablemos de Libre Comercio

¿Qué es el libre comercio?

Las ideas del libre comercio o libre cambio no son nuevas y resultan de la interpretación sobre el desarrollo vigente en el siglo XIX, asociada al florecimiento de la industria y la urbanización, en el contexto histórico del surgimiento y la expansión del capitalismo, desde Europa hacia el resto del mundo. Abrir las economías o protegerlas de los capitales y las mercancías extranjeras era la dicotomía de los Estados en esa época. El elemento de fondo de esta discusión es sin duda el papel del capital extranjero y el comercio internacional en el desarrollo económico. 

La expresión libre comercio, aunque refiere solo al ámbito comercial, impacta en toda la estructura productiva, incluido el mercado de trabajo, puesto que involucra un conjunto de políticas económicas cuya finalidad es reducir al máximo las restricciones a la libre circulación internacional de capitales, bienes y servicios. Entre las medidas más utilizadas podemos encontrar la reducción de tasas arancelarias y la eliminación y/o disminución de otras restricciones, tanto cuantitativas como cualitativas, ya sea sobre  las importaciones o exportaciones.  

Foto: gentileza

Uno de sus principales efectos es la especialización productiva de las economías, que se propicia y reproduce mediante el diseño y aplicación de un marco jurídico de protección a las inversiones de capital extranjero. La especialización de las economías latinoamericanas en la producción y exportación de materias primas agroalimentarias y minerales de bajo valor agregado, y sus efectos en el mercado de trabajo es uno de los impactos de la liberalización económica de la región. 

El libre comercio, en definitiva, trata de la apertura total de las economías a los capitales extranjeros más concentrados, y a los bienes y servicios que necesitan vender. Una apertura que implica bajas o nulas tasas impositivas, precarización de la fuerza de trabajo local, especialización productiva y mayor vulnerabilidad a shocks externos como resultado de la destrucción de capacidades productivas, industriales y ambientales.

¿Cómo impacta el libre comercio en Paraguay?

La liberalización económica en Paraguay se impuso a través de la Guerra contra la Triple Alianza. La derrota en la Guerra Guasú posibilitó a los invasores garantizar la libre navegabilidad de los ríos, la apropiación de las tierras y yerbales en la forma de latifundios, la dependencia de las importaciones y la destrucción de la estructura productiva industrial, lo que implicó la especialización de la economía paraguaya en la producción y exportación de materias primas.

La visión ortodoxa de la economía internacional sostiene que una economía abierta debe especializarse en la producción de los bienes cuyo proceso productivo consuma los factores más abundantes de esa economía. En el caso de América Latina y el Caribe y, por tanto, de Paraguay, el factor más abundante ha sido la riqueza natural.

La especialización de la economía paraguaya en la producción agraria con destino a la exportación ha conducido a la concentración de la tierra en pocas manos, la destrucción de la naturaleza y el avance del modelo extractivo sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas. Un puñado de transnacionales, en su mayoría de origen estadounidense como Cargill, ADM, y la multinacional francesa Louis Dreyfus Company (LDC) concentran alrededor del 85% del comercio internacional de las commodities agrícolas de Paraguay. A estos actores se suman los colonos extranjeros y un número muy reducido de familias paraguayas que se apropian de la tierra y los bienes comunes como es el Grupo Cartes, la familia Riquelme, el Grupo Favero, entre otros.

Foto: Inés Franceschelli

El libre comercio propició el avance de los agronegocios sobre los territorios, lo que ha significado la pérdida de nuestra soberanía alimentaria, ya que el mayor porcentaje de tierras aptas para la producción agrícola es destinado a la producción de soja y carne vacuna a gran escala con destino a la exportación, teniendo como correlato la disminución de la producción campesina, la destrucción de la riqueza hídrica, la contaminación, la pérdida de suelos y la eliminación de la agrobiodiversidad.

La economía paraguaya es una de las más abiertas de toda América Latina, con un índice de apertura comercial del 0.53 en 2023. Este indicador da cuenta del grado de apertura teniendo en cuenta el volumen del comercio exterior y el de la actividad económica. Es decir, lo que mide es qué tanto de la producción está volcada al mercado exterior. Un indicador cercano a uno expresa no sólo que las capacidades productivas están volcadas completamente al mercado externo, sino que además da cuenta de la vulnerabilidad de las economías en tanto dependen de las fluctuaciones de los precios en el mercado financiero internacional.

La bandera del libre comercio es enarbolada como la solución a los problemas que enfrentan las economías latinoamericanas, con la potencialidad de promover mejoras en la calidad de vida de la población y el despliegue de los sectores productivos. Sin embargo, en el caso paraguayo, al igual que en el resto de América Latina, la liberalización económica no sólo no ha resuelto los problemas de nuestras economías, sino que ha sido impotente para generar puestos de trabajo genuinos y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.

La liberalización ha significado el aumento de empleos de baja calidad y productividad, principalmente en el sector de los servicios y la intermediación financiera, promoviendo el desarrollo de actividades ilícitas e ilegales como el contrabando, tráfico de armas, narcóticos y personas, y un deterioro cada vez mayor de la calidad de vida de la población, junto con la pérdida de capacidades productivas, bienes comunes y particularmente, de la soberanía alimentaria.

La hora histórica. El resurgir de nuestros pueblos.

Lucha contra la colonización y la resistencia histórica

Un día como hoy en el año 1492 iniciaba la invasión de los territorios indígenas de nuestro continente por parte de colonizadores europeos. Muy por el contrario de lo que el colonialismo y cierta historiografía presentan como “descubrimiento de América”, este hecho significó un genocidio, etnocidio y desposesión de los pueblos indígenas, base sobre la cual posteriormente se constituyeron los Estados-nación del presente.

A pesar de la barbarie colonialista, los pueblos indígenas recuerdan hoy 531 años de resistencia al colonialismo y la opresión. Esta es la primera victoria simbólica, revertir y resignificar el sentido de la fecha histórica. Y la segunda victoria contundente es que la pervivencia del mundo indígena en las condiciones que lo han hecho demuestra que son sujetos de la historia que se hacen a sí mismos y que están llamados a construir la nueva historia. 

La resistencia histórica de los pueblos indígenas data de 1524 en el territorio de lo que hoy se denomina Paraguay, con las rebeliones guaraníes que culminaron con el ahorcamiento del cacique Aracaré por resistirse al servicio militar auxiliar de los españoles. A este alzamiento se le suman otras resistencias localizadas contra el sistema de encomiendas hasta finales del siglo XVII, tal como la revuelta del pueblo Arecayá junto a otros pueblos indígenas contra los excesos de los encomenderos. Este levantamiento fue desmantelado violentamente por los españoles, y según Susnik desde entonces la resistencia de los guaraníes solamente pudo ser pasiva y de carácter localizado.

Meliá y Telesca (1997) sostienen que la historia de los pueblos indígenas es una historia de exclusión, bajo la colonia primero, bajo el Estado paraguayo después. Este último configura una institucionalidad jurídica y una política integracionista y de asimilación a una única “ciudadanía paraguaya” que atraviesa toda la historia constitucional del Paraguay, desde el Decreto del 7-X-1848 al suprimir la institución del táva comunal, declarando extinta la “comunidad” y apropiándose de las tierras indígenas.

Organización y articulación para la resistencia al régimen de Stroessner

Después de décadas de represión, subordinación y vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales, la resistencia indígena emergió e hizo frente a la política estatal de integración y de exclusión por la fuerza de la dictadura de Stroessner (1954-1989).

Para la respuesta al estronismo fue clave la realización del Primer Parlamento Indio Americano del Cono Sur realizado en Asunción en 1974, que replanteó la lógica organizativa y estratégica del mundo indígena, con dos direcciones “que marcan hasta hoy la lógica de la militancia indígena: una vertiente de desarrollo local (comunitario), y una de política global (con representatividad multiétnica)” (Prieto, 1994). El surgimiento de movimientos indígenas de protestas en zonas rurales con organización y resistencia generalizadas, llevó a la conquista la aprobación de la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, aportando al socavamiento y la crisis orgánica del régimen dictatorial, con movilizaciones inéditas contra la integración del régimen, por la conservación de sus tierras, bosques y territorios ancestrales y por su autonomía económica y cultural.

Desde 1988 en docenas de protestas y persistente lucha por sus derechos políticos, los grupos indígenas forjaron una amplia unidad pan-indigenista, victorias importantes en recuperación de tierras y un sentido de identidad étnica. Se ganaron un lugar en la Constitución Nacional de 1992 donde el Capítulo V reconoce y define a los pueblos indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo.

Si bien los indígenas contribuyeron activamente al quiebre de la dictadura estronista y alcanzaron una mayor participación en la política nacional, la transición democrática no significó mejores condiciones de vida, acceso a sus territorios y respeto a sus culturas.

La resistencia del presente y el resurgir de las luchas indígenas

Según los datos del ultimo Censo Indígena (2022) la población total asciende a 140.206 personas, de los 19 pueblos pertenecientes a las 5 familias lingüísticas y cerca de 500 comunidades en el país. Se mantiene en el mundo indígena la inseguridad en el acceso a la tierra, altos niveles de pobreza y la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En la coyuntura actual, la síntesis de la política del Estado se expresa en la conocida como “Ley de criminalización”, una modificación del Código Penal que elevó las penas carcelarias de 5 a 10 años para el “delito” de invasión de inmueble, pasando a ser definido como crimen en el año 2021 para desmovilizar y desmoralizar a quienes luchan por la tierra a través de las ocupaciones.

En el periodo que va desde la modificación de la ley hasta el momento, se registraron alrededor de 30 desalojos forzosos dejando a cientos de familias indígenas y campesinas sin sus medios comunitarios de producción y reproducción, en donde las mujeres, niños, niñas y adolescentes son las más afectadas.

Frente a esto se dan los casos paradigmáticos de recuperación de tierras, como Hugua Po´i y Veraro donde se evidencia un ciclo de resistencia popular que tiene como novedad histórica la articulación indígena y campesina, primero para resistir a los desalojos y atropellos del modelo agroexportador, y en un segundo momento, para construir  un plan de lucha común que se expresó en las luchas contra la aprobación y por la derogación de la “Ley de criminalización”; en los casos de recuperación de tierras y territorios desde el año 2021, en las movilizaciones del 10 de diciembre por los derechos humanos y contra todas las injusticias, en las marchas, espacios de unidad, debates, plenarias y congresos sobre la estrategia de defensa, articulación y proyección para hacer frente a la ola de desalojos y atropellos a los derechos indígenas y campesinos.

En el 2021 se creó la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (ANIVID) con el objetivo de defender la tierra, el territorio, los derechos y la cultura de los Pueblos Indígenas que viven en territorio paraguayo nucleando a más de 35 organizaciones. Desde ese año vienen marchando cada 12 de octubre por las calles de la capital con sus pasos que hacen historia, por la conquista de sus derechos, haciendo un llamado a la hora histórica, el momento en que nuestros pueblos toman por derecho propio lo que les pertenece.

Ante los atropellos del capitalismo extractivista interesado sólo en el lucro y los atropellos de un Estado ciego a las necesidades de su pueblo, nuestra esperanza está en la resistencia de los pueblos indígenas, del campesinado, y del pueblo paraguayo en general, para construir un Paraguay sostenible y soberano.