Heñoi participó del espacio convocado por Transnational Institute, con el apoyo CLACSO y de la Universidad del Rosario, donde se abordó el impacto del sistema de arbitraje de inversiones ISDS en la defensa de los territorios y las comunidades de América Latina.
Entre los días 21 y 22 de abril de 2026, en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Universidad del Rosario fue sede del primer Encuentro de Formación de Defensores Comunitarios y de los Territorios, centrado en el sistema de protección de inversiones y las demandas ISDS (Sistema de Resolución de Controversias Inversor-Estado). El evento tuvo como objetivo proporcionar herramientas para la protección del interés público en la región, y contó con la participación activa de Heñoi.
El encuentro convocó a referentes de diversas organizaciones sociales y comunitarias, quienes, además de participar en el proceso formativo, debatieron en torno a casos emblemáticos relacionados con la lucha de los territorios contra el extractivismo impulsado por grandes inversores extranjeros. En este marco, se puso de relieve cómo la acción en defensa de los territorios y comunidades ha llevado a que los inversores recurran a tribunales de arbitraje internacional para demandar a los Estados.
Entre los casos analizados en los paneles de discusión se destacaron la demanda de Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano, Glencore contra Colombia, Scatec/Norfund contra Honduras y First Quantum et al. contra Panamá. Estos ejemplos permitieron comprender los procesos en los territorios, las características de las inversiones y las respuestas estatales ante el avance del extractivismo.
Desde la perspectiva compartida por Heñoi en el encuentro, se subrayó que el sistema de protección de las inversiones —lejos de presentarse como un problema técnico-jurídico— constituye un problema político profundo. Los Estados se enfrentan a un sistema jurídico internacional que cristaliza relaciones de fuerza y poder no solo entre los Estados y los inversores extranjeros, sino también entre las comunidades y los territorios frente a sus propios Estados nacionales. Frente a la amenaza de los elevados costos de los arbitrajes, muchos Estados retroceden en la protección de las comunidades y los territorios. El sistema diseñado funciona, de hecho, como un mecanismo de disuasión, donde la resistencia de los territorios y comunidades es entendida como un pasivo financiero que los Estados deben incorporar a sus presupuestos.
Durante el encuentro se explicó que el régimen de protección de las inversiones se estructura a partir de tratados bilaterales de inversión (TBI), tratados de libre comercio (TLC) y contratos con empresas privadas de capital extranjero —como las contratistas en el marco de alianzas público-privadas (APP)— que, en general, incorporan cláusulas de arbitraje internacional. Este sistema obliga a los Estados a promulgar leyes nacionales de protección de las inversiones que incluyen mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, las cuales se dirimen en tribunales situados en Europa y Estados Unidos con elevados costos para los Estados demandados.
Desde 1998 Paraguay ha enfrentado cuatro demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en las que se ha invocado los TLC firmados con cada uno de los países sede de las empresas demandantes. El caso más reciente corresponde a la demanda que Mota – Engil Engenharia e Construção, empresa de procedencia portuguesa, ha iniciado contra el Estado paraguayo en tribunales extranjeros y que, hasta la fecha, no ha sido resuelta. Estas demandas han significado para el Estado una erogación superior a los 60 millones de dólares sin contabilizar los costos de representación legal.
El CIADI se erige como el tribunal más emblemático por la cantidad de demandas recibidas contra Estados de América Latina y el Caribe, siendo esta la región más demandada en tribunales extranjeros. Estos tribunales constituyen un acceso jurídico privilegiado al que solo acceden los inversores extranjeros. Esto significa que ni los Estados ni las comunidades —a través de sus representantes legales— pueden acceder a estos espacios, que protegen a los grandes capitales transnacionales y garantizan la extracción de riqueza desde los territorios.
Por ello, en conjunto con organizaciones de América Latina, firmamos la carta dirigida al presidente de Colombia Gustavo Petro,
para que denuncie los tratados que amenazan nuestros territorios y se prioricen los derechos humanos y ambientales.
Heñoi reafirma su compromiso con la defensa de los territorios, los bienes comunes y los derechos comunitarios, fortaleciendo alianzas regionales y promoviendo espacios de formación que permitan hacer frente a los mecanismos de protección del gran capital. La participación en este primer encuentro en Bogotá representa un paso más en la construcción de estrategias colectivas para la incidencia internacional y la resistencia frente al extractivismo.
