Por Heñói

05/07/2024

Los eventos del jueves 4 de julio nos recordaron, una vez más, que el Paraguay es un país autoritario y represivo, pleno de desigualdades e injusticias. En las primeras horas del día se desplegó en el departamento de Itapúa un enorme operativo fiscal-policial con el objetivo de desalojar a una comunidad campesina del lugar donde se asentaban. Sumando policías de Itapúa, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí y Caaguazú, se conformó un contingente de 600 agentes apoyados por helicópteros, carros hidrantes y policía montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini. 

La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kilómetro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 años en el lugar, poseían viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervención de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hectáreas que, según la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hectáreas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem.

Las familias campesinas desalojadas llevan años buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situación. Habían propuesto impulsar la expropiación de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, según consta en medios periodísticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se había procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y maíz transgénicos.

Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribución de tierras existente en Paraguay. Según el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra más del 70% de las tierras a nivel país. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, indígenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por años como sin tierra y/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al país en el subdesarrollo y a la población mayoritaria a padecer pésimas condiciones de vida.

Las desigualdades estructurales del país se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itapúa, el último censo encontró que 178 grandes propietarios con fincas de más de 1.000 hectáreas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo también mostró que entre los dos últimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que más se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hectáreas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que más crecieron en superficie fueron aquellas de más de 1.000 hectáreas, lo cual confirma un proceso de mayor concentración de la tierra en los últimos años, agudizando la exclusión social.

A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o maní vienen cayendo en Itapúa (y en todo el país), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, así como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia lógica de estas dinámicas territoriales y productivas es la expulsión de la población y la reducción del trabajo: en Itapúa la población en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplomó un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%.

La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y legítima. Por la falta de políticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del país, llegándose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurrió en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centurión, ocupante del asentamiento 1° de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir.

Hoy día el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligación constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusión socioeconómica de la población campesina, en función a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperación de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, políticos, empresarios. Su función real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos.

En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. Sigue siendo un país al servicio del capital transnacional, gestionado por corruptos y mafiosos locales sin principios, sin ideas ni proyecto de nación.