17/Septiembre/2024

Por Heñói

Desaparece el monte. Porque deforestan e incendian, y con esos incendios se llevan millones de seres vivos que mueren de la manera más cruel. Porque, aunque lo nieguen, las prácticas agrícolas y los monocultivos forrajeros y forestales son los que generan los incendios, con el único fin de seguir acumulando dinero. 

Desaparece el río, porque al hacer desaparecer el monte se destruyeron las estructuras de captación de agua. Porque con su modelo de monocultivo: arado – compactación de suelo, el aporte hídrico de la cuenca disminuyó. Porque generan una alteración en el ritmo, intensidad y cantidad de las precipitaciones: llueve menos o llueve todo en pocos eventos extremos.

Desaparece la naturalidad de los ciclos hídricos, porque el aumento extremo de las temperaturas favorece la evaporación y la evapotranspiración, lo que a la vez destruye la vegetación que aporta humedad y participa en el ciclo del agua.

Lo veníamos diciendo desde hace años, hoy lo dice el tercer ranking anual del Índice de Futuro Verde¹ de MIT Technology Review Insights: Paraguay está en el puesto 71 entre 76 países evaluados; es decir, estamos entre los últimos en el desarrollo de un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono para nuestra economía y sociedad. El MIT – Massachusetts Institute of Technology, no es una pequeña ONG como Heñói, está ranqueada² como la mejor universidad del mundo.

El estudio del MIT mide el grado en que los países y territorios avanzan hacia un futuro verde mediante la reducción de las emisiones de carbono, el desarrollo de energías limpias, la innovación en sectores verdes y la preservación del medio ambiente, así como el grado en que los gobiernos están implementando políticas climáticas efectivas. 

Según el informe, Islandia ocupa el primer puesto y solo uno de los 10 primeros (Corea del Sur) no es europeo. De las llamadas “economías emergentes”, el país mejor clasificado es Costa Rica, en el puesto 24.

Las puntuaciones más bajas de la evaluación las llevan los países con dependencia económica de la producción de combustibles fósiles o de la extracción de recursos naturales. La mayoría de los rezagados climáticos lo son por apostar a industrias intensivas en carbono. En nuestro caso, todos los esfuerzos estatales y privados están orientados a un modelo de destrucción, con enormes emisiones de gases de efecto invernadero, que produce pobreza y pérdida de resiliencia para nuestra gente. Un modelo que hace desaparecer río, monte y futuro.

Mientras tanto, en nuestro país desaparece hoy la racionalidad, porque quienes lideran las decisiones económicas y productivas, en lugar de debatir con argumentos, se dedican a insultar y a pretender que desaparezca la sociedad civil. Y lentamente, junto al río y el monte, la biodiversidad y la sociedad civil, como por arte de magia, van desapareciendo en el Paraguay.

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1. El informe completo está disponible en: https://mittrinsights.s3.amazonaws.com/GFI23report.pdf

2. El ranking de universidades QS está disponible en: https://www.topuniversities.com/

4/Septiembre/2024

Por Luis Rojas

En el reconocido texto El desarrollo del subdesarrollo de 1969^[1], uno de los precursores de la teoría de la dependencia en América Latina, el economista André Gunder Frank desarrollaba la tesis de que el subdesarrollo no era una etapa previa al desarrollo, como afirmaban los teóricos de la modernización capitalista, sino que más bien es una situación económica desventajosa que se deriva del proceso de desarrollo de los países centrales en el sistema económico mundial. Es decir, el desarrollo de unos países causa el subdesarrollo de otros, pues los primeros se nutren y fortalecen a expensas de la explotación o el despojo de los segundos.

Salvando las distancias de tiempo y escala, lo dicho es una metáfora que describe lo que actualmente está sucediendo de diferentes formas en Paraguay en sus diversos territorios o áreas. Como muestra de ello, podemos observar lo que está ocurriendo en el segundo municipio más grande del país, Bahía Negra, situado al norte en el extremo del Chaco paraguayo, que se extiende de este a oeste haciendo frontera con Bolivia y Brasil, abarcando un territorio muy extenso, y para la gran mayoría, desconocido. Su tamaño es de 3,5 millones de hectáreas, mayor a la superficie de los departamentos de Concepción y Amambay juntos.  

En los últimos años, el territorio del Chaco viene sufriendo una expansión acelerada de una economía primario exportadora, extractivista, orientada fundamentalmente a las exportaciones agropecuarias. La ganadería es la principal actividad económica, secundada por monocultivos como los de soja, sorgo, trigo y algodón. La expansión de estas actividades tiene un altísimo costo en términos de deforestación y pérdida de biodiversidad, así como en la pérdida de los derechos territoriales de diferentes pueblos indígenas, y su consecuente proceso de empobrecimiento y degradación social.

El actual presidente Santiago Peña viene repitiendo un discurso, en consonancia con los gremios empresariales, sobre el supuesto desarrollo del Chaco paraguayo. En una visita a la localidad de Loma Plata manifestó que “Para los paraguayos es fundamental venir a ver lo que está ocurriendo aquí en el Chaco, hay mucha gente a nivel nacional e internacional que no puede creer lo que ha sido esta región, que es la más inhóspita y árida del país, pero sin embargo es uno de los polos de desarrollo más importante”^[2]. El nuevo polo de desarrollo señalado por Peña profundiza la inserción subordinada del Paraguay a la economía mundial en carácter de proveedor de materias primas, lo que fortalece y profundiza la cualidad de país subdesarrollado y dependiente que lo ha caracterizado desde hace más de un siglo.

Es innegable que el Chaco está sufriendo una gran transformación. Desde 1996, una oleada de ganaderos brasileños de la mano del entonces presidente Wasmosy se han instalado en esta región y otras similares, gracias a diversos privilegios, impulsando la expansión ganadera sobre los frágiles ecosistemas chaqueños y sobre territorios indígenas. Posteriormente se sumaron a esa oleada empresarios uruguayos y de otras nacionalidades, que vienen acaparando tierras de forma creciente. A la actividad ganadera se ha sumado el impulso a la agricultura mecanizada, que ha tenido resultados dispares, con magros resultados en rubros como la soja, en contraste a un importante crecimiento en otros como el algodón.

La localidad de Agua Dulce se ha constituido la cabeza de puente de la actual expansión agroganadera, en el centro económico y logístico para la transformación a gran escala de Bahía Negra. Ubicada en el centro geográfico del distrito, en el cruce de las dos rutas (de tierra) principales, la 14 y la 16, queda a 170 kilómetros al oeste de la capital del municipio, el aislado poblado ribereño de Bahía Negra. Se encuentra ubicada en las inmediaciones de la mayor reserva natural del país, el parque nacional Defensores del Chaco, que ya se ve amenazado por la extensión de las actividades mencionadas.

Mientras una veintena de grupos económicos y grandes terratenientes se van apoderando de la mayor parte del distrito, y expandiendo sus unidades de negocios, en gran medida en base a la deforestación de los frágiles ecosistemas chaqueños, la población mayoritaria queda al margen de ese supuesto desarrollo. Muchas comunidades indígenas han sido, y siguen siendo, despojadas de sus tierras, como el caso del pueblo Yshir, el pueblo Ayoreo y los Guaraní Ñandeva. La población del distrito manifiesta el total abandono en que se encuentran, la gran mayoría no tiene trabajo, y sus territorios se vienen destruyendo, imposibilitando continuar con las tradicionales prácticas de caza, recolección y pesca.

Los grandes dueños del Chaco paraguayo expanden sus dominios. Entre los principales están el empresario uruguayo Luis Saps cuenta con al menos 24 propiedades que suman 95.772 ha^[3], solo en Bahía Negra; el establecimiento Los Molinos S.A de capital holandés, con 61.923 ha; el Grupo Mao (ex grupo B&R) con 11 propiedades y 44.000 ha. Hay otros grandes propietarios extranjeros, como el uruguayo Horacio Fernández Seré y el brasileño Jair Antonio Frasson, así como otros de capital nacional, el grupo Zapag, el empresario Pedro Zucolillo y empresas menonitas, como Neufeld y Cía. S.A.

El narcotráfico y otras actividades ilícitas crecen en paralelo a la expansión de este modelo extractivo, con complicidad, por acción u omisión, de las instituciones estatales. Las tierras malhabidas e irregularmente apropiadas también gozan de impunidad en estos territorios, mientras las demandas indígenas y campesinas siguen sin encontrar respuestas favorables. Bahía Negra repite la historia ya conocida, el “desarrollo” y enriquecimiento de algunos, que ni siquiera pagan impuestos, se da a costa del empobrecimiento y la marginación de muchos más, y de la irrecuperable destrucción de la belleza natural de los territorios. Definitivamente, el subdesarrollo llegó al Paraguay para quedarse por un largo tiempo.  

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[1] Frank, André Gunder (1969) El desarrollo del subdesarrollo. Anagrama

[2] https://www.launion.com.py/santiago-pena-afirma-que-el-desarrollo-del-chaco-es-compatible-con-el-medioambiente-202317.html

[3] Datos del Servicio Nacional de Catastro, disponible en https://www.catastro.gov.py/index

1/Agosto/2024

Pobladores de la Colonia Jorge Sebastián Miranda (Ex Hugua Ñandú), ubicada en el distrito de Paso Barreto del Departamento de Concepción, manifestaron su preocupación ante el avance de plantaciones de eucalipto de la empresa Paracel en la zona.

A través de un comunicado, miembros de la comunidad donde se asientan unas 1.500 personas dedicadas en su mayoría a la agricultura y la ganadería afirmaron sentirse en riesgo ante las intensas fumigaciones que se realizan en los cultivos, el cambio de uso de suelo y la modificación que observan en la región del cerrado.

“Actualmente, grandes extensiones de monocultivos de eucaliptos ocupan desde las cercanías del río Aquidaban, extendiéndose hacia el norte, cubriendo parte de los distritos Paso Barreto y José Félix López (Ex Puentesiño), modificando totalmente el uso de suelo y suprimiendo la ecorregión denominada Cerrado Norte, caracterizado por ser un ecosistema con características particulares por contar con humedales, sabanas, praderas naturales, matorrales de bosques, entre otros”, señala parte del comunicado.

En comunicación con Eulogio Benítez, uno de los voceros de los vecinos organizados en asamblea permanente, comentó al Centro de Estudios Heñói que actualmente el arroyo Trementina, uno de los más emblemáticos de la zona, se secó por primera vez. En los alrededores también vienen observando la reciente sequía de humedales que eran de gran utilidad para la agricultura campesina.

En otra parte del comunicado informaron que “grandes establecimientos agropecuarios colindantes a la comunidad como: La Blanca, Ñu Apu’a, Mandyju y otros también se encuentran incursionando en el cultivo del mencionado rubro, realidad que coloca a la comunidad en situación de riesgo por las grandes cantidades de pesticidas utilizados en el cultivo y el cambio de uso de suelo”.

En ese sentido, Benítez señala que existen numerosas quejas de vecinos y vecinas que colindan con las mencionadas propiedades con respecto al mal olor que expiden las fumigaciones, principalmente con la llegada del viento sur, así como la proliferación de plagas, como hormigas, en las viviendas y chacras campesinas cada vez que se realizan las fumigaciones.

La comisión de vecinos en asamblea permanente denuncia que tanto Paracel como las instituciones estatales no han realizado un debido proceso de informar a la comunidad sobre las implicancia e impactos que tiene la plantación extensiva de eucaliptos en las comunidades. Asimismo, exigen la prohibición de dichas plantaciones a 500 metros del perímetro de la colonia.

Por otra parte, pobladores de Hugua Ñandú anunciaron que iniciarán un proceso de articulación con comunidades aledañas con las que también comparten las mismas quejas y preocupaciones sobre la situación socioambiental por la que se encuentran atravesando y elevarán sus denuncias a instancias locales, nacionales y de la empresa Paracel, asegurando que se encuentran amparados por el artículo 7 de la Constitución Nacional: “toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”.

Cabe señalar que no es la primera vez que Paracel posee denuncias de este tipo. Pobladores del distrito de Sgto. José Félix López (Ex Puentesiño) también vienen señalando que la empresa se encuentra deforestando remanentes boscosos en tierras públicas que se entran en conflicto con una comisión vecinal, así como la fumigación de plantaciones aledañas a comunidades campesinas e indígenas.

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Por Heñói

05/07/2024

Los eventos del jueves 4 de julio nos recordaron, una vez más, que el Paraguay es un país autoritario y represivo, pleno de desigualdades e injusticias. En las primeras horas del día se desplegó en el departamento de Itapúa un enorme operativo fiscal-policial con el objetivo de desalojar a una comunidad campesina del lugar donde se asentaban. Sumando policías de Itapúa, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí y Caaguazú, se conformó un contingente de 600 agentes apoyados por helicópteros, carros hidrantes y policía montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini. 

La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kilómetro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 años en el lugar, poseían viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervención de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hectáreas que, según la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hectáreas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem.

Las familias campesinas desalojadas llevan años buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situación. Habían propuesto impulsar la expropiación de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, según consta en medios periodísticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se había procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y maíz transgénicos.

Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribución de tierras existente en Paraguay. Según el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra más del 70% de las tierras a nivel país. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, indígenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por años como sin tierra y/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al país en el subdesarrollo y a la población mayoritaria a padecer pésimas condiciones de vida.

Las desigualdades estructurales del país se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itapúa, el último censo encontró que 178 grandes propietarios con fincas de más de 1.000 hectáreas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo también mostró que entre los dos últimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que más se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hectáreas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que más crecieron en superficie fueron aquellas de más de 1.000 hectáreas, lo cual confirma un proceso de mayor concentración de la tierra en los últimos años, agudizando la exclusión social.

A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o maní vienen cayendo en Itapúa (y en todo el país), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, así como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia lógica de estas dinámicas territoriales y productivas es la expulsión de la población y la reducción del trabajo: en Itapúa la población en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplomó un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%.

La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y legítima. Por la falta de políticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del país, llegándose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurrió en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centurión, ocupante del asentamiento 1° de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir.

Hoy día el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligación constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusión socioeconómica de la población campesina, en función a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperación de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, políticos, empresarios. Su función real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos.

En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. Sigue siendo un país al servicio del capital transnacional, gestionado por corruptos y mafiosos locales sin principios, sin ideas ni proyecto de nación.