En en el marco de las contribuciones para debatir tierra y reforma agraria en América Latina de camino al CIRADR+20, el autor de este artículo, Carlos Pástor Pazmiño, aporta una lectura sobre la Reforma Agraria desde Ecuador recuperando la memoria histórica para señalar desafíos presentes y futuros. Pástor examina cómo, a más de seis décadas de la primera ley de 1964, persisten problemas estructurales como la concentración de la tierra, el avance del agronegocio y la subordinación de la agricultura familiar campesina e indígena a las dinámicas de la agricultura empresarial. A través de una síntesis crítica de investigaciones previas, el texto argumenta que las reformas del siglo XX fueron respuestas de contención que consolidaron un modelo capitalista agrario, sin democratizar realmente el acceso a los recursos y, fundamentalmente, a la tierra. Frente a esto, se propone repensar una reforma agraria integral y popular, que articule justicia, soberanía alimentaria y respeto a la naturaleza desde las luchas de los territorios.
Carlos Pástor Pazmiño[1]
Resumen
El presente artículo sintetiza las reflexiones colectivas y personales derivadas de dos trabajos que constituyen pilares del pensamiento crítico agrario ecuatoriano contemporáneo: la obra colectiva 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (Rhon & Pástor, 2016) y la investigación Ley de Reforma Agraria, Política y Estado (Pástor Pazmiño, 2023).
Desde esa base teórica y empírica se construyen estas breves reflexiones sobre los debates rurales actuales y el estado de las discusiones sobre la reforma agraria en Ecuador. En el contexto de 2025, cuando se cumplen más de seis décadas de la primera Ley de Reforma Agraria (1964), el país sigue enfrentando las mismas tensiones estructurales: concentración de tierra, acaparamiento de recursos, expansión del agronegocio y subordinación de la agricultura familiar campesina e indígena.
Estas páginas buscan recuperar la memoria de las luchas campesinas e indígenas para repensar los horizontes de una reforma agraria integral y popular, que no se limite a la tierra, sino que reorganice la vida rural sobre la base de la justicia, la soberanía alimentaria y el respeto a la naturaleza.
Introducción: memoria agraria y actualidad política
La primera Ley de Reforma Agraria ecuatoriana, promulgada en 1964 por una Junta Militar, representó una coyuntura política marcada por la movilización campesina y las presiones internacionales. Aquella reforma, impulsada bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”, abolió el huasipungo [2], pero no transformó las estructuras de poder ni democratizó el acceso a la tierra.
Desde entonces —y tras la segunda ley de 1973— el país ha transitado por diversas fases de intervención estatal, todas ellas caracterizadas por una constante: el bloqueo estructural de la redistribución real y la tendencia a favorecer un modelo de modernización conservadora.
Este artículo parte de dos fuentes de reflexión:
- El trabajo colectivo desarrollado junto con Francisco (Paco) Rhon, publicado en 2016 bajo el título “50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas”, que analiza la génesis, los límites y las perspectivas del proceso reformista ecuatoriano.
- El estudio Ley de Reforma Agraria, Política y Estado (2023), que examina la continuidad histórica de las políticas agrarias y la captura de las instituciones públicas por los intereses de las élites.
Desde esa base, se construyen aquí reflexiones actuales sobre el debate rural contemporáneo y las luchas por una nueva reforma agraria, enmarcadas en la experiencia latinoamericana y en los desafíos del siglo XXI.
Perspectiva histórica: las reformas del siglo XX y sus límites
Las reformas agrarias de 1964 y 1973 fueron concebidas como respuesta a una doble presión: la movilización indígena-campesina en el ámbito interno y el impulso reformista de la Alianza para el Progreso en el contexto hemisférico. No obstante, como muestra la investigación de Rhon & Pástor (2016), estas reformas fueron instrumentos de ajuste del capitalismo agrario más que de transformación social profunda.
El proceso eliminó las formas precapitalistas de trabajo (huasipungo y precarismo) y extendió la frontera agrícola mediante la colonización amazónica, pero no afectó significativamente la estructura de propiedad. De hecho, el 74,5 % de las tierras adjudicadas entre 1964 y 1970 provinieron de programas de colonización, y solo el 25,5 % correspondieron a redistribución real. El resultado fue un cambio institucional sin cambio estructural: un nuevo orden rural capitalista donde la concentración se mantuvo bajo nuevas formas jurídicas. En el siguiente cuadro podemos ver algunos de los argumentos centrales sobre el tema desarrollados por los especialistas.
Cuadro 1. Perspectiva histórica y crítica de las reformas agrarias
El cuadro sintetiza la vigencia de las tesis históricas, por ejemplo, la lectura de Ibarra (2016) sigue vigente: él sostiene que la reforma fue una respuesta de contención más que de transformación. En 2025, esa lógica se repite cada vez que el Estado apacigua conflictos rurales mediante programas técnicos o subsidios, sin tocar la raíz de la concentración. Rafael Guerrero (2016) demuestra que la Costa ecuatoriana fue escenario de una reforma “a medias”: el Decreto 1001, que pretendía democratizar la tierra arrocera, provocó desplazamientos y violencia. Hoy, el avance del agronegocio —palma, banano, caña— reproduce esa tensión entre desalojo y modernización.
Así mismo Germán Carrillo (2016) vincula la reforma ecuatoriana con la política continental de la Alianza para el Progreso. Su tesis sostiene que, la ley de 1964 fue un “contrafuego” al proceso cubano, tesis que mantiene vigencia en un contexto donde las reformas agrarias latinoamericanas son sustituidas por discursos de productividad y competitividad global. Gonzalo Abad (2016) habla de la heterogeneidad de los actores —militares, terratenientes y tecnócratas— impidió una reforma radical. Esta alianza estructural entre poder político y económico continúa vigente en la captura de las instituciones agrarias por las élites productivas.
Finalmente, Raúl Harari (2016) subraya la dimensión humana: la transición hacia la agricultura industrial trajo consigo graves problemas de salud ocupacional y degradación ambiental. En 2025, la exposición a agroquímicos, la precarización laboral y la escasa cobertura del Seguro Social Campesino confirman que la “modernización” sigue cobrándose vidas campesinas.
Cuestiones pendientes y miradas alternativas
Los autores mencionados coinciden en que la cuestión agraria en Ecuador sigue bloqueada por la reconcentración de tierra, la expansión del agronegocio y la persistencia de un modelo de desarrollo centrado en el capital. La continuidad del conflicto agrario —ahora desplazado hacia la disputa por el agua, los territorios y la soberanía alimentaria— evidencia que los desafíos de los años sesenta siguen abiertos. En el siguiente cuadro encontrarán las principales tesis de las cuestiones pendientes y miradas alternativas
Cuadro 2. Cuestiones pendientes y miradas alternativas
El cuadro sintetiza la vigencia de las tesis contemporáneas, por ejemplo, North y Larrea (2016) constatan que la concentración de la tierra y del capital productivo continúa siendo uno de los rasgos más persistentes del agro ecuatoriano. Su propuesta de reforma integral —tierra, agua, crédito y mercados solidarios— sigue siendo el horizonte de los movimientos campesinos actuales. Así mismo Andrade y Zenteno (2016) advierten que la dependencia tecnológica y la expansión de la biotecnología (semillas híbridas y OGM) perpetúan la subordinación del pequeño productor al capital global. Su crítica a la “modernización sin redistribución” es hoy más relevante que nunca.
La visión de Rubio (2016) interpreta la actual fase como una reprimarización con despojo, donde el auge agroexportador se asienta sobre territorios campesinos desplazados. La entrada de capital financiero y la presión de megaproyectos extractivos reafirman su diagnóstico. Por otro lado, Santillana, Herrera y Daza (2016) denuncian que el discurso oficial del correísmo del “pago de la deuda agraria” fue solo una retórica vacía que ocultó la continuidad del agronegocio. Esta crítica mantiene vigencia frente a las políticas estatales que priorizan la productividad sobre la equidad.
Houtart (2016) plantea la disyuntiva civilizatoria entre agricultura industrial (lógica del capital) y agricultura familiar (lógica del valor de uso). En 2025, la emergencia climática, la pérdida de suelos fértiles y la dependencia alimentaria confirman su tesis: solo una reforma agraria integral y popular podrá garantizar la vida rural y la soberanía alimentaria.
Finalmente, podemos notar que las alianzas entre élites y Estado han mantenido intacta la estructura de dominación. Esta relación —visible en la orientación del crédito agrícola, la legislación y la gestión del agua— sigue siendo el principal obstáculo para democratizar el campo.
Debates rurales actuales (2025): modernización o soberanía
Los debates rurales ecuatorianos en 2025 giran en torno a la confrontación entre dos modelos:
- El agronegocio exportador, que concentra tierra y capital bajo la lógica del valor de cambio.
- La agricultura familiar campesina e indígena, que produce más del 60 % de los alimentos nacionales y representa la base de la soberanía alimentaria.
El conflicto se expresa también en la disputa por el agua y los territorios. Mientras las grandes plantaciones acceden al riego tecnificado, apenas un 37 % de las unidades campesinas cuentan con sistemas de manejo de agua. Esta desigualdad profundiza la dependencia y la exclusión.
La conflictividad rural ha crecido con la expansión de monocultivos, la minería y los proyectos hidroeléctricos. Frente a ello, los movimientos sociales impulsan propuestas de territorios agroecológicos y sistemas comunitarios de agua, que constituyen formas vivas de reforma agraria desde abajo.
Conclusiones: de la memoria a la acción
En más de sesenta años, la reforma agraria ecuatoriana no ha cumplido su promesa de justicia. Lo que comenzó como una respuesta a la movilización campesina terminó como una modernización conservadora al servicio de las élites. Sin embargo, la vigencia de las luchas rurales demuestra que la historia no está clausurada.
Hoy, el país necesita una reforma agraria integral y popular que articule la redistribución de tierra con el acceso al agua, el crédito, la tecnología apropiada y los mercados solidarios. Esta reforma no puede ser decretada desde arriba; debe construirse desde las comunidades y los territorios, con participación social, interculturalidad y respeto a la naturaleza.
Como educadores populares, tenemos la responsabilidad de repolitizar la memoria agraria y formar nuevas generaciones de campesinos e indígenas conscientes de su papel histórico. La tierra no es solo un medio de producción: es un espacio de vida, cultura y resistencia. La tarea pendiente sigue siendo la misma: transformar la estructura agraria para transformar el país.
Notas al pie
[1] Doctor en Estudios Latinoamericanos con formación en relaciones internacionales y ciencia política, especializado en cambio climático, negociación de conflictos, storytelling y gestión de alto impacto. 18 años de experiencia en 37 países, ha diseñado e implementado proyectos que integran investigación, docencia y desarrollo territorial en colaboración con universidades de prestigio como MIT y Oxford, así como con organizaciones sociales y de economía solidaria. Autor de más de 20 publicaciones y revisor científico en revistas internacionales. Fue rector fundador del Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, Popular y Solidaria, y actualmente se desempeña como docente, investigador y director de la Unidad de Formación Tecnológica y del Programa de Economía Social en la Universidad del Azuay.
[2] Nota del Comité Editorial: Huasipungo es el término quechua utilizado en Ecuador para definir a las pequeñas parcelas de tierra en las que se explotaba el trabajo indígena bajo condiciones de esclavitud.
Referencias
Andrade, P., & Zenteno, J. (2016). Trayectorias estatales y modernización agrícola en Ecuador. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 143–162). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones La Tierra.
Carrillo García, G. (2016). Modernización capitalista y contrarreforma agraria. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 85–104).
Guerrero, R. (2016). La lucha agraria en la Costa ecuatoriana. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 65–83).
Harari, R. (2016). Condiciones de trabajo y salud ocupacional en el campo ecuatoriano. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 191–210).
Houtart, F. (2016). Reforma agraria integral y popular: una alternativa civilizatoria. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 229–248).
Ibarra, H. (2016). Reforma agraria, acción colectiva y límites estructurales. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 45–63).
North, L., & Larrea, C. (2016). Concentración de la tierra y reforma agraria bloqueada. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 121–140).
Pástor Pazmiño, C. (2019). Ley de Reforma Agraria, Política y Estado: Continuidades y rupturas en la cuestión agraria ecuatoriana. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
Rubio, B. (2016). Capitalismo agrario y despojo en América Latina. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 163–190).
Santillana, A., Herrera, S., & Daza, E. (2016). La deuda agraria y la modernización conservadora. En F. Rhon & C. Pástor (Eds.), 50 años de Reforma Agraria: Cuestiones pendientes y miradas alternativas (pp. 211–228).
