7/06/2025
Por Heñói
Tras el breve pero intenso temporal que cayó en la madrugada del jueves, Asunción y Central, una vez más, amanecieron desbordadas. Calles, escuelas, estadios y barrios enteros quedaron bajo agua mientras más de 90.000 usuarios reclamaban estar sin energía eléctrica.
Avenidas transformadas en ríos en cuestión de segundos, trabajadores luchando contra el raudal, automóviles flotando a la deriva, fueron algunas de las escenas que dejaron en evidencia la extrema vulnerabilidad de nuestro país frente a la crisis climática.
Bajo la misma lluvia que arrasó con todo, más de 250 familias campesinas de la comunidad San Miguel, distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, amanecieron sin hogar. Dos días antes, habían sido violentamente desalojadas.
Llevaban más de nueve años asentadas en unas 2.300 hectáreas de tierra donde construyeron juntos: una escuela, una canchita y una capilla. Cultivaban más de 300 hectáreas de piña, variedades de maíz, maní, poroto, mandioca, y criaban vacas, gallinas y cerdos para el autoconsumo.
Todo fue destruido con un operativo policial que involucró a 400 efectivos y una retroexcavadora. Sin mostrar siquiera la orden judicial, arrasaron no solo con viviendas y cultivos, sino también con el puente que conectaba los departamentos de San Pedro y Canindeyú.
Durante el operativo, un campesino resultó herido de bala y otros dos al día de hoy permanecen desaparecidos. Los pobladores aseguran que las tierras son fiscales y que estaban realizando los trámites correspondientes ante el Indert. Incluso contaban con un dictamen favorable de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores para la ley de expropiación.
Pese a estos trámites institucionales en curso, la fuerza pública arremetió contra la comunidad favoreciendo a quien se presenta ahora como propietario de esas tierras, el señor Guillermo Luis Giménez Abente, pariente cercano del esposo de la diputada Cristina Villalba (ANR, oficialista), representante del departamento de Canindeyú.
Pero, ¿cuál es la relación que existe entre el desalojo campesino de esta comunidad y el temporal en la ciudad?
Dos caras de una misma crisis
El agronegocio, como modelo productivo de carácter extractivista, necesita garantizar su escala de producción y maximizar la renta a cualquier costo. Para ello, recurre a la deforestación, la destrucción de humedales, la contaminación del suelo —ya de por sí degradado—, del aire y del agua mediante el uso masivo de agrotóxicos, alterando gravemente los equilibrios ecosistémicos. Esta lógica productiva es la que nos hace cada vez más vulnerables a fenómenos climáticos extremos, como el último temporal donde en cuestión de horas cayeron 120 mm de lluvia, más del doble del promedio mensual (52 mm).
Pero esto no es todo. Uno de los aspectos más críticos de este modelo es que necesita eliminar todo obstáculo a su expansión, y eso incluye a las comunidades indígenas y campesinas que se resisten a esta forma de producción, proponen y practican otras formas de vida, más sostenibles y respetuosas con la naturaleza, ofreciendo alternativas viables al modelo hegemónico.
Hoy, en el departamento de Canindeyú, el 44% del territorio está ocupado por cultivos de soja transgénica. A esto se suma el avance del narcotráfico, que genera una creciente ola de violencia, operando en complicidad con sectores del poder político y con absoluta impunidad.
Mientras exaltamos la “garra guaraní” y el “dulce idioma” como símbolos de nuestra identidad nacional, los pueblos campesinos e indígenas —cuyas culturas hicieron posible y preservaron estos emblemas— son sistemáticamente perseguidos y expulsados de sus territorios. Se les niega no solo el derecho a la tierra, sino también la posibilidad de sostener sus modos de vida, transmitir sus saberes y preservar su propia existencia.
Forzados a migrar, en muchas ocasiones terminan en las periferias urbanas, engrosando los cinturones de pobreza, sobreviviendo en condiciones de vida extremadamente precarias, convertidos en mano de obra descartable o absorbidos por circuitos de microtráfico y violencia.
Y así, hacinados todos en la ciudad, desbordados en nuestras pequeñas desgracias individuales, a veces no logramos ver que nuestro padecimiento es colectivo. Un país que desampara en forma de desalojos o raudales que nos ahogan en la ciudad.
Mientras no discutamos a fondo y organicemos un proyecto de país que enfrente estas realidades, el Estado paraguayo seguirá actuando como un simple administrador de intereses privados y reproductor de violencia contra las grandes mayorías. Inundándonos de miseria y despojándonos de futuro.
