Sandino Flecha
Elisa Marecos
Alhelí González Cáceres
Centro de Estudios Heñoi
El costo ambiental del “hub tecnológico”
“Paraguay está preparado para convertirse en un hub tecnológico y logístico”, afirmó el presidente Santiago Peña en enero de 2025, durante la conferencia “Paraguay te espera” realizada en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Ante empresarios y líderes internacionales, Peña presentó al país como un destino estratégico para inversiones y desarrollo tecnológico, destacando la abundancia de energía hidroeléctrica como ventaja competitiva. 1
Pocos meses después, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio —en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado— reforzaba ese interés geopolítico: “Ahora están tratando de decidir qué hacer con el 50 % de energía… así que alguien inteligente va a ir a Paraguay y abrirá una instalación de inteligencia artificial”. 2
Ambas visiones coinciden en un mismo modelo: la mercantilización de la energía paraguaya como plataforma para la expansión de las Big Tech, centros de datos y criptomineras. Un modelo que ignora los impactos sociales, laborales y ambientales que estas actividades ya generan en distintas regiones del país.
Según datos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), solo entre enero y julio de 2023 el sector de criptominería consumió 479 GWh, 3 equivalente al consumo anual de más de 150.000 hogares paraguayos. Sin embargo, esta cifra refleja un momento previo a la irrupción de los grandes inversores. En 2025, la demanda del sector superó los 700 MW, con una proyección de alcanzar 1.000 MW al cierre del año, generando ingresos estimados de 240 millones de dólares para la ANDE. 4 La capacidad instalada del país para minería de Bitcoin alcanza aproximadamente el 4,3% del hashrate global, 5 posicionando a Paraguay como la cuarta jurisdicción más importante del mundo en este rubro. 6 Esta demanda crece en un contexto de fragilidad climática y falta de planificación energética de largo plazo.
El origen de las inversiones: actores, capitales y acuerdos comerciales
Para comprender por qué Paraguay se convirtió en un destino prioritario para este tipo de inversiones, es necesario observar el entramado jurídico que las promueve y protege, junto al contexto geopolítico que las incentiva.
A diferencia del relato oficial que sugiere la transformación de Paraguay en un “hub tecnológico”, en realidad lo que ocurre es la disposición de todo el potencial energético del país para el sector financiero especulativo que opera a través de grandes inversiones en criptominería y centros de datos con intereses geoeconómicos precisos. Grandes empresas como HIVE Digital Technologies, X8 Cloud, Penguin Corp o Alps, capitales provenientes de Canadá, Estados Unidos, Suiza e Italia, respectivamente, lo que buscan en realidad no es transferir infraestructura tecnológica al país, sino utilizar la energía paraguaya de bajo costo para minería de Bitcoin, con planes de migración progresiva hacia la Inteligencia Artificial, ambas actividades con un severo impacto socioambiental. Empresas como X8 Cloud 7 operan bajo jurisdicción estadounidense mientras sus infraestructuras se esparcen sobre toda la región, afectando la soberanía jurídica y territorial de los Estados y cuyas pretensiones de expansión fueron planificadas para los próximos 30 años.
La presencia de estas empresas no es casual ni puramente técnica, responde a una arquitectura global de la que los acuerdos comerciales son su proyección jurídico-institucional y cuyo rol es facilitar y proteger este tipo de inversiones en contextos geopolíticos complejos como el actual.
El Acuerdo de Complementación Económica ACE-59 del Mercosur, que garantiza la libre circulación de bienes y servicios ha sido el instrumento clave para que las criptogranjas instaladas en Ayolas, sobre las aguas de la represa de Yacyreta, operen con energía destinada originalmente al consumo binacional, sin controles ambientales transfronterizos. La ausencia de armonización normativa en materia ambiental dentro del Mercosur permite que actividades prohibidas o restringidas en un país se instalen en el país con menores exigencias o sistemas de control y regulación más laxos como es el caso paraguayo.
Por otra parte, el Tratado de Itaipú (1973) y su Anexo C establecen el precio al que Paraguay cede su excedente energético a Brasil. Históricamente, este precio ha sido muy inferior al de mercado, lo que ha incentivado al Estado paraguayo a buscar “destinos locales” para su energía – como la criptominería- que ofrezcan mejores ingresos. En marzo de 2026, los cancilleres de ambos países anunciaron avances sustanciales en la revisión del Anexo C, lo que podría modificar el panorama de disponibilidad energética a mediano plazo. 8 Paradójicamente, mientras se negocia un mejor precio con Brasil, el Estado paraguayo continúa cediendo energía a empresas extranjeras por debajo de los costos reales de producción y distribución.
La cesión de energía a empresas extranjeras ocurre mediante un complejo, pero efectivo, entramado jurídico y tributario. En el caso paraguayo, el régimen impositivo conocido como “Triple 10” o de neutralidad fiscal expresada en la Ley N° 6380/2019 establece una tasa impositiva del 10% para el impuesto a la Renta Empresarial, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta Personal. Este régimen ha sido identificado por analistas como un factor central de atracción de inversiones, sumado a la ausencia de impuestos a la renta de origen extranjero bajo el sistema tributario paraguayo. Se complementa con la Ley N° 7548/2025 de actualización del régimen de promoción de las inversiones contenido en la Ley 60/90 de Incentivos Fiscales, así como con el el Decreto Ejecutivo N° 5.306/2026 diseñado exclusivamente para garantizar energía eléctrica competitiva a largo plazo. Estos instrumentos constituyen el entramado legal que facilita la entrega de recursos estratégicos para el desarrollo nacional a capitales extranjeros, como es el caso de la energía hidroeléctrica.
Sin embargo, este beneficio fiscal no ha sido acompañado de mecanismos de retribución ambiental o social, constituyéndose en una herramienta jurídica que propicia y promueve actividades económicas de carácter meramente extractivo.
De modo análogo, en el escenario global actual, la declaración del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que señala a Paraguay como un “aliado estratégico en la región” y llama a invertir en el sector de la minería de datos e inteligencia artificial, no puede comprenderse como un comentario aislado. Desde HIVE Digital Paraguay 9 han señalado explícitamente que Paraguay ofrece “estabilidad geopolítica, energía hidroeléctrica de bajo costo y un gobierno abierto a la inversión extranjera” 10. Este alineamiento del gobierno paraguayo al gobierno estadounidense ha facilitado el apoyo de agencias como la Oficina de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) 11 a los proyectos de X8 Cloud en Paraguay. 12
Este conjunto de tratados, acuerdos y regulaciones locales opera como un escudo legal que blinda las inversiones frente a eventuales intentos de regulación o restricción, al tiempo que condiciona la capacidad del Estado paraguayo para definir soberanamente su política energética en beneficio de su población.
Casos paradigmáticos: Santa Lucía y Ayolas
Los marcos jurídicos, acuerdos comerciales y políticas energéticas descritos hasta aquí no operan únicamente en el plano diplomático o económico. Su impacto se traduce en transformaciones concretas sobre territorios y comunidades que comienzan a convivir con los costos ambientales y sociales del modelo extractivo digital promovido por el Estado paraguayo.
Los casos de Santa Lucía, en Villarrica, y Ayolas, vinculada al sistema energético de Yacyretá, permiten observar cómo la expansión de las criptogranjas y centros de procesamiento de datos reproducen un mismo patrón: ausencia de regulación ambiental efectiva, escasa participación ciudadana y priorización de los intereses corporativos sobre los derechos de las comunidades locales.
Entre junio y setiembre de 2024, el medio El Surtidor documentó los impactos directos de las criptogranjas en el barrio Santa Lucía de Villarrica. Los equipos de refrigeración y ventilación operaban 24 horas al día, alcanzando más de 70 decibelios, lo que impidió el descanso de los vecinos durante meses y provocó daños a la salud auditiva y mental de las familias afectadas. Pese a las denuncias, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Municipalidad no ofrecieron respuestas efectivas ni medidas de mitigación. 13
Un caso similar se registró en Ayolas, donde nuevas criptogranjas aprovechan la energía proveniente de Yacyretá, sin estudios de impacto ambiental ni procesos de participación pública.14 El caso es particularmente grave porque la energía de Yacyreta es binacional (Paraguay – Argentina), y el Acuerdo de Escazú -ratificado por Argentina- exige evaluación de impacto ambiental transfronteriza para proyectos que puedan afectar a comunidades del otro lado de la represa. Estas prácticas vulneran el principio de acceso a la información ambiental y la consulta ciudadana, ambos reconocidos en el Acuerdo de Escazú.
A estos casos se suma una nueva dimensión del problema: el proyecto de X8 Cloud, que aspira a una capacidad de hasta 500 MW en 2027,15 demandará una infraestructura eléctrica de alta tensión que podría repetir a escala amplificada los mismos patrones de exclusión de las comunidades locales de los procesos de decisión.
Lejos de constituir episodios aislados, estos conflictos anticipan las tensiones que podría enfrentar el sistema energético paraguayo si continúa la expansión acelerada de actividades intensivas en consumo eléctrico sin planificación ambiental ni criterios de soberanía energética.
Un modelo energético en riesgo
El sistema eléctrico paraguayo depende casi exclusivamente de Itaipú y Yacyretá, represas sujetas a la variabilidad del río Paraná, afectado por sequías prolongadas y alteraciones hidrológicas derivadas del cambio climático. La ANDE proyecta que, si continúa la política actual de cesión de energía a criptomineras y centros de datos, el país alcanzará el límite de su excedente energético hacia 2027. 16 Esto implicaría:
- Reducción de la reserva para consumo doméstico e industrial nacional.
- Mayor vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.
- Posible aumento de emisiones si se recurre a generación térmica.
Un factor agravante es la concentración de las inversiones en torno a un techo de capacidad de aproximadamente 5 GW de potencia disponible, límite reconocido por el propio ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. 17 La rápida ocupación de este margen por parte de proyectos de criptominería y centros de datos deja un margen muy estrecho para el desarrollo de la industria nacional que sí cuenta con capacidad de generar empleos intensivos y valor agregado a la economía paraguaya.
El cronograma de vencimiento de contratos con la ANDE -especialmente la fecha límite del 31 de diciembre de 2027- configura un escenario de alta incertidumbre. Operadores como Alps ya están reorientando inversiones hacia Bolivia y Venezuela, lo que revela la fragilidad del modelo: cuando la regulación local se ajuste para proteger el interés público, el capital se desplazará a otra frontera extractiva.18
La contradicción es clara: mientras el Estado promociona la energía hidroeléctrica como “limpia y renovable”, su uso intensivo y extractivo para actividades especulativas erosiona la capacidad de adaptación climática del país.
Ausencia de regulación y omisión estatal
Paraguay carece de un marco regulatorio específico que evalúe el impacto ambiental de la criptominería. La mayoría de las granjas operan con licencias comerciales locales o permisos de la ANDE, sin estudios de impacto ambiental aprobados ni audiencias públicas.
Paradójicamente, ANDE ha avanzado en la regulación económica del sector mediante el Decreto N° 7824/22, que creó la categoría de Gran Consumidor Intensivo de Energía (GCIE), estableciendo tarifas especiales para criptominería, centros de datos y servicios de procesamiento de información. Esta regulación tarifaria -que según ANDE generará 240 millones de dólares en 2025- contrasta con la ausencia total de regulación ambiental y de participación ciudadana, revelando una lógica de prioridad a la recaudación sobre la protección de derechos sociales y ambientales.19
Tampoco existe un sistema de monitoreo ambiental continuo que mida temperatura, ruido, consumo de agua o residuos electrónicos. Esta ausencia de control constituye una violación por omisión del deber constitucional de proteger el ambiente y la salud humana (Arts. 7,8 y 68)
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) ha advertido sobre la corporativización del sistema eléctrico, la precarización laboral y el riesgo de privatización del sector, a partir de proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Economía, Minas y Energía, que centraliza decisiones estratégicas sin participación pública.20
Energía, ambiente y derechos humanos
La discusión ya no es únicamente económica o energética, sino también democrática y ambiental. El derecho a un ambiente sano está estrechamente ligado al derecho a la energía como bien común. Su gestión debe orientarse a garantizar calidad de vida, equidad y sostenibilidad, no a maximizar ganancias de corporaciones tecnológicas y financieras.
El modelo actual consolida un extractivismo energético digital, donde la electricidad —producida a partir de bienes comunes— se convierte en una mercancía de exportación virtual.
Las consecuencias son múltiples:
- Ambientales: contaminación sonora y térmica, generación de residuos electrónicos, presión sobre los recursos hídricos.
- Sociales: conflictos territoriales, pérdida del descanso y salud comunitaria.
- Económicas: encarecimiento de tarifas y concentración de beneficios.
A estas se suman las consecuencias geopolíticas: la dependencia de inversiones extranjeras que operan bajo paraguas de tratados comerciales y alineamientos estratégicos limita la capacidad del Estado para regular en función del interés público. Los mismos acuerdos que facilitaron la llegada de las inversiones pueden operar como barreras para una eventual reversión o regulación más estricta del modelo.
Estas prácticas son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos ambientales, especialmente los principios del Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, que exigen una gestión participativa, transparente y precautoria de los bienes comunes.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: decidir si su energía servirá para alimentar un modelo extractivo digital, o para garantizar el bienestar, la salud y la resiliencia climática de su población.
El análisis de los actores involucrados -HIVE (Canadá), X8 Cloud (EE.UU), Alps (Italia), Penguin (Suiza/Paraguay) – y de los marcos legales que los amparan, ACE-59, Tratado de Itaipú, “Triple 10”, alineamiento estratégico con Estados Unidos- revela que el fenómeno no es simplemente una falta de regulación, sino el resultado de un entramado de decisiones gubernamentales que han priorizado la atracción de inversiones extranjeras sobre la protección de bienes comunes.
Mientras la política energética siga subordinada a intereses corporativos y sin control ambiental efectivo, el llamado “hub tecnológico” solo será un nuevo capítulo de extractivismo disfrazado de innovación. La verdadera innovación sería un modelo que combine el aprovechamiento sostenible del excedente energético con la generación de empleo calificado, la transferencia tecnológica genuina y, sobre todo, el respeto a las comunidades locales y al derecho humano a un ambiente sano.
- “Paraguay está listo para convertirse en un hub tecnológico y logístico”, destaca el presidente Peña en Panamá, MITIC,
- Marco Rubio destacó el potencial energético de Paraguay en el contexto de la IA”, ABC Color, 20 de mayo de 2025
- Preludio a la batalla energética de la IA”, El Surti, 12 de setiembre de 2025
- https://www.penguin.digital/en/news/bitcoin-mining-in-paraguay-to-inject-240-million-into-ande-in-2025
- El hashrate es un indicador de potencia de una red de blockchain que incluye la seguridad de la cadena.
- https://hashrateindex.com/blog/the-state-of-bitcoin-mining-in-paraguay-2026-2/
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/x8-cloud-will-develop-ia-infrastructure-in-paraguay-with-itaipu-energy/
- https://aijourn.com/paraguays-hydroelectric-surplus-is-becoming-the-worlds-next-ai-and-data-center-frontier-and-this-infrastructure-builder-has-been-proving-it-for-years/
- https://www.telesemana.com/blog/2026/02/02/hive-invierte-us-350-millones-en-data-centers-en-paraguay-y-construye-una-region-de-nube-para-sudamerica/
- https://www.binance.me/sv/square/post/23922804742770
- https://www.bnamericas.com/es/entrevistas/mi-objetivo-es-alcanzar-los-5gw-de-ia-afirma-x8-cloud-sobre-megaproyecto-en-paraguay
- https://www.ultimahora.com/dos-empresas-de-ia-sientan-bases-para-su-posible-arribo-al-paraguay
- “Rebelión contra la criptogranja”, El Surti, 10 de junio de 2025
- “Preludio a la batalla energética de la IA”, El Surti, 12 de setiembre de 2025
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/x8-cloud-will-develop-ia-infrastructure-in-paraguay-with-itaipu-energy/
- “Opciones para enfrentar la crisis eléctrica en el sistema paraguayo”, ABC Color, 6 de julio de 2025
- https://aijourn.com/paraguays-hydroelectric-surplus-is-becoming-the-worlds-next-ai-and-data-center-frontier-and-this-infrastructure-builder-has-been-proving-it-for-years/
- https://hashrateindex.com/blog/the-state-of-bitcoin-mining-in-paraguay-2026-2/
- https://www.abc.com.py/economia/2022/10/07/la-ande-establece-nuevo-tarifario-para-consumo-intensivo-de-electricidad/
- Comunicado SITRANDE, 25 de agosto de 2025
