¿Mario Abdo, Efraín o el Poder Popular?
Luis Rojas y Lisa Meyer
En el marco de una de las campañas electorales más aburridas, inexpresivas y que menos expectativas ha generado en la sociedad paraguaya, la campaña Elegimos Poder Popular, impulsada por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), se presenta como un viento fresco y renovador en la atmósfera asfixiante y turbia de la política paraguaya, como una de las iniciativas populares de mayor potencial transformador en un futuro próximo.
El CDP, herramienta de lucha popular que aglutina a organizaciones sociales y políticas, con el objetivo de resistir al modelo neoliberal e impulsar alternativas, en setiembre del 2017 ha levantado la consigna Elegimos Poder Popular, fruto del camino recorrido y ante el proceso electoral que se abría. El CDP ha enfrentado las políticas del gobierno de Cartes, por medio de huelgas generales, movilizaciones contra las leyes de privatización (APP) y militarización, por reforma agraria y libertad a los campesinos acusados en el caso Curuguaty. De la resistencia, del grito “Fuera Cartes”, el CDP ha pasado a la propuesta, convocando a la sociedad paraguaya a la construcción del Poder Popular, yendo más allá de las elecciones.
¿Por qué Elegimos Poder Popular? Ésta consigna es un puente hacia una patria nueva, un camino alternativo al presentado como único, una llave para abrir oportunidades, e incluso una forma de caminar del pueblo. Pero no es una consigna, un puente y un camino antojadizos, fruto del azar o de alguna moda política. Es el resultado de la historia de lucha de los pueblos, de las experiencias y las reflexiones, de la maduración de la conciencia y la organización, es una síntesis política actual de esa historia.
El proceso latinoamericano
Las naciones del continente nacieron en la cruzada europea de conquista y colonización de estas tierras, fueron forjadas en el hierro incandescente de la violencia, el genocidio y el sometimiento del que fueron víctimas los pueblos originarios, quienes resistieron hasta donde pudieron con sus cuerpos, sus flechas, su cultura y su lenguaje. La imposición colonial aplastó las formas comunitarias de vida, solidarias y de reciprocidad, de respeto a la naturaleza, y ha dejado una impronta cultural, económica y política de dependencia, autoritarismo y sumisión, que obstruye la participación y el bienestar de las mayorías sociales.
En un tiempo más reciente, en la segunda mitad del siglo XX, con economías subyugadas por el capitalismo, la mayoría de los países latinoamericanos padeció sanguinarias dictaduras militares, con el visto bueno de los EEUU, como fueron las de Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Bordaberry en Uruguay, Garrastazu Médici en Brasil, Somoza en Nicaragua y Duvalier en Haití, entre otras. Fueron la respuesta a la organización y lucha del pueblo, al Poder Popular en gestación que amenazaba a las oligarquías de la región. Con asesinatos, torturas y exilios contra el movimiento popular y sus dirigentes, reforzaron la cultura del miedo, la no participación y la resignación en gran parte de los violentados pueblos latinoamericanos.
Con el fin de la guerra fría y la hegemonía del capitalismo, las dictaduras militares dejaron de ser necesarias, dando paso a un nuevo periodo dominado por los rituales de la democracia representativa y la economía de mercado. Las elecciones “libres” legitimaron a gobiernos neoliberales, con su fórmula de tecnocracia, inversión extranjera y privatizaciones, como Menem en Argentina, Cardoso en Brasil, Wasmosy en Paraguay, Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú, Pérez en Venezuela o Salinas en México. Estos gobiernos provocaron una extrema polarización, con políticas económicas que concentraban la riqueza en pequeñas élites y empresas transnacionales, al tiempo de extender la pobreza, el desempleo, la marginación y la desigualdad, que llegaron a niveles inéditos, mientras los “representantes” del pueblo se enriquecían aceleradamente. La crispación social fue en aumento, generando grandes movilizaciones y luchas sociales, derrocando gobiernos, frenando privatizaciones, recortes sociales y el ALCA. Fueron años de efervescencia del Poder Popular, de pueblos ejerciendo en la calle la democracia directa y participativa.
Esas luchas gestaron un triunfo cultural sobre el neoliberalismo, a finales del siglo XX, como señala Luis Hernández (2016): “antes de las victorias electorales, la nueva izquierda había obtenido una victoria cultural”. Entonces emergieron los gobiernos progresistas por la vía electoral: Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, Correa en Ecuador y Lugo en Paraguay, expresaban la esperanza de los pueblos en cambios profundos en las estructuras económicas y políticas. Estos gobiernos, con diferencias significativas entre ellos, apostaron a la recuperación de la renta de los recursos naturales como el petróleo, el gas, la energía o la soja, para generar un proceso de redistribución de ingresos, a través de políticas sociales. Esta redistribución en el marco del modelo extractivista generó las condiciones para la posterior decadencia del progresismo, pues mantuvo la explotación intensiva de recursos naturales para financiar políticas que garanticen su permanencia en el poder.
Desde el 2010, la caída de los precios internacionales, la burocratización y corrupción de sectores de esos gobiernos, más las consecuencias del extractivismo, debilitaron su base social, situación aprovechada por el imperialismo norteamericano y las derechas locales en cada país. La restauración de gobiernos abiertamente neoliberales se inició con Honduras en 2009, la caída de Lugo en 2012, del kirchnerismo en 2015 y Dilma en 2016. Los progresismos de Venezuela, Bolivia y Ecuador han recibido fuertes golpes, pero se mantienen en el gobierno. El reciente encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil muestra con claridad la brutal hegemonía de la derecha sobre los espacios y mecanismos institucionales, develando su poder despótico bajo apariencias democráticas. Cuando lo institucional no alcanza, hasta la muerte es un recurso válido, como demuestra el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco. La crisis económica y la ofensiva de la derecha, las medidas neoliberales y el superextractivismo que impulsan, así como las persecuciones y criminalización que extienden, convocan a un nuevo ciclo de resistencias y luchas populares, en una coyuntura adversa que urge la construcción colectiva del Poder Popular.
El proceso paraguayo
Se enmarca en el mismo proceso latinoamericano, con características propias. A la colonización y evangelización eurocéntrica, sucedió una rica experiencia de Estado independiente, autónomo y soberano por seis décadas, la que fue destruida por la mayor de las violencias, una guerra de exterminio, un genocidio impulsado por potencias extranjeras, que derivó en un nuevo Estado, subordinado y sometido a las necesidades del mercado internacional. Esta recolonización del Paraguay fue política, con instituciones y partidos oligárquicos; económica, con latifundios y enclaves de exportación; y cultural, con una educación autoritaria y la difusión de ideas liberales y colonialistas.
Largas dictaduras profundizaron dichos rasgos de la estructura social, primero con Morínigo (1940 – 1948) y luego con Stroessner (1954 – 1989), soportando el pueblo cinco décadas de miedo, persecución y sometimiento. La brutal represión de estos regímenes desarticuló los esfuerzos de organizar al pueblo, reprimiendo huelgas, arrasando las ligas campesinas, encarcelando o exiliando a dirigentes políticos. Al tiempo que atacaba al pueblo, la dictadura engendró y alimentó una burguesía fraudulenta[1], que fue haciendo su poder económico en base a contratos con el Estado, corrupción, narcotráfico, tráfico de rollos, contrabando, lavado de dinero y evasión de divisas. Esta novel burguesía, tramposa desde sus orígenes, estaría llamada a ejercer el rol de clase dominante una vez que el tiempo de la dictadura haya pasado. Entre otras, las familias Stroessner, Rodríguez, Zucolillo, Domínguez, Wasmosy, Oviedo, Riquelme, Vierci, Cartes, Abdo Benítez conformaron esa nueva élite.
Con el fin de la dictadura en 1989, se abrió la transición hacia la democracia, lo que significó la esperanza de un país mejor. Se incorporaron los rituales de la democracia representativa, elecciones cada cinco años y mayores libertades públicas. Pero la transición se desarrolló bajo la hegemonía política del partido del dictador, la hegemonía económica de la burguesía fraudulenta, y la supervisión de los EE.UU., cuya embajada en Asunción se convirtió en un centro de gravitación política.
Los primeros años fueron de alta movilización popular, con ocupaciones de tierras, formación de centrales obreras y huelgas por mejores condiciones de vida, formación de organizaciones políticas de carácter alternativos. Sin embargo este crecimiento del Poder Popular se fue diluyendo, por la fuerte represión del Estado y el funcionamiento de un sistema electoral que, aunque generaba expectativas, era medularmente fraudulento, controlado por los partidos tradicionales. El eje de la democracia representativa, su sistema electoral, no era más que el aparato de la clase dominante para catapultar a los herederos de Stroessner[2] a los cargos más importantes, como presidentes, senadores, intendentes, etc., durante las tres décadas de la transición. Al gobierno no han llegado campesinos, obreros, indígenas o activistas sociales, sectores mayoritarios, sino solo los miembros de aquella élite. Fueron electos en 1991 el Gral. Rodríguez, vinculado al narcotráfico; en 1993 Wasmosy, barón de Itaipú; otro de los barones fue presidente en 1998, Cubas Grau; reemplazado por González Machi en 1999, cuya familia fue beneficiaria de tierras malhabidas.
El desgaste del modelo neoliberal requirió del discurso progresista para aplacar el descontento social: en 2003 fue electo Duarte Frutos, y en 2008 Lugo, concretándose con este último, la alternancia política. Éste fue un gobierno débil, cuyo principal sostén fue el conservador PLRA hasta el 2012, cuando le retiró su apoyo, facilitando su destitución. En 2013 volvió a ser electo un representante genuino de la burguesía fraudulenta, Cartes, quien llegó a la presidencia gracias a su enorme fortuna. No ha sido diferente la historia en cuanto a quienes fueron electos como congresistas, intendentes, ministros o jueces en estos años, en su gran mayoría, actores de la élite privilegiada.
En el 2018, Elegimos Poder Popular
Los casi treinta años de elección tras elección, de 1989 al 2018, han traído desilusión, engaños y desengaños, la permanencia de la pobreza, desigualdad social, migración, consumismo, criminalización y destrucción ambiental, endeudamiento, el crecimiento de la narcopolítica y el crimen organizado. Nuevamente la solución que se ofrece es lo que el CDP denomina el circo electoral, la elección entre Mario Abdo de la ANR y Efraín Alegre del PLRA, dos candidatos acomodados, neoliberales, que solo pueden reproducir por otros cinco años la misma historia. Esta elección llevará a la presidencia a un hombre de las élites, gracias a un árbitro subordinado al poder, el TSJE, y los abundantes recursos económicos, determinantes para sumar voluntades, costosas campañas y propagandas, comprar y trasladar a los votantes.
Frente a esto, el CDP levanta la consigna-camino del Poder Popular. Frente a los candidatos de la clase dominante, Elegimos Poder Popular, elegimos organizarnos, vecinos, campesinos, trabajadores, estudiantes, indígenas, sumar fuerzas individuales en fuerzas colectivas. Elegimos pasar de la sumisión y la pasividad al protagonismo organizado desde abajo. Elegimos concientizarnos, estudiar y debatir, sobre la patria nueva y los caminos a seguir. Elegimos participar por medio del Poder Popular, que no es otra cosa que el pueblo organizado, activo, informado, dedicado día tras día a la lucha, generando propuestas y peleando por su realización. El Poder Popular se construye desde espacios autónomos donde se practica la democracia directa, asamblearia, laboratorios de ensayo de una nueva sociedad democrática y justa, que se van articulando en una fuerza contrahegemónica al poder dominante.
Las experiencias de Poder Popular son muchas. Las luchas por la tierra que generaron nuevos asentamientos, la defensa de los bañadenses de sus barrios, la caída del Rector de la UNA y la ministra de educación por la lucha estudiantil, la solidaridad movilizada en torno al injusto proceso judicial de Curuguaty, sin olvidar la victoria contra el intento de privatización de las empresas públicas en el 2002. El pueblo conciente y organizado es la única posibilidad real de superar los límites de la democracia formal, por medio de la participación, la lucha en las calles, en el campo, en las escuelas y universidades, en los barrios. El pueblo movilizado masivamente conformará el poder constituyente de una nueva sociedad, donde todos y todas podamos vivir dignamente, en armonía con la naturaleza.
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[1] Término acuñado por Juan Carlos Herken (1975).
[2] Denominación utilizada por Idilio Méndez Grimaldi (2006).
