{"id":5118,"date":"2024-07-05T18:10:17","date_gmt":"2024-07-05T21:10:17","guid":{"rendered":"https:\/\/henoi.org.py\/?p=5118"},"modified":"2024-07-05T19:03:55","modified_gmt":"2024-07-05T22:03:55","slug":"tierra-policias-y-desalojo-en-edelira-sintomas-del-continuismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/henoi.org.py\/index.php\/2024\/07\/05\/tierra-policias-y-desalojo-en-edelira-sintomas-del-continuismo\/","title":{"rendered":"Tierra, polic\u00edas y desalojo en Edelira. S\u00edntomas del continuismo"},"content":{"rendered":"\n

Por He\u00f1\u00f3i<\/em><\/p>\n\n\n\n

05\/07\/2024<\/p>\n\n\n\n

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Fuerte contigente policial se moviliz\u00f3 para el dealojo. Foto: Gentileza<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

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Los eventos del jueves 4 de julio nos recordaron, una vez m\u00e1s, que el Paraguay es un pa\u00eds autoritario y represivo, pleno de desigualdades e injusticias. En las primeras horas del d\u00eda se despleg\u00f3 en el departamento de Itap\u00faa un enorme operativo fiscal-policial con el objetivo de desalojar a una comunidad campesina del lugar donde se asentaban. Sumando polic\u00edas de Itap\u00faa, Guair\u00e1, Caazap\u00e1, \u00d1eembuc\u00fa, Misiones, Paraguar\u00ed y Caaguaz\u00fa, se conform\u00f3 un contingente de 600 agentes apoyados por helic\u00f3pteros, carros hidrantes y polic\u00eda montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini. <\/p>\n\n\n\n

La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kil\u00f3metro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 a\u00f1os en el lugar, pose\u00edan viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervenci\u00f3n de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hect\u00e1reas que, seg\u00fan la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hect\u00e1reas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem.<\/p>\n\n\n\n

Las familias campesinas desalojadas llevan a\u00f1os buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situaci\u00f3n. Hab\u00edan propuesto impulsar la expropiaci\u00f3n de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, seg\u00fan consta en medios period\u00edsticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se hab\u00eda procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y ma\u00edz transg\u00e9nicos.<\/p>\n\n\n\n

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Las viviendas fueron derribadas con maquinarias y las pertenencias que las familias a la vera del camino. Fotos: Gentileza<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribuci\u00f3n de tierras existente en Paraguay. Seg\u00fan el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra m\u00e1s del 70% de las tierras a nivel pa\u00eds. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, ind\u00edgenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por a\u00f1os como sin tierra y\/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al pa\u00eds en el subdesarrollo y a la poblaci\u00f3n mayoritaria a padecer p\u00e9simas condiciones de vida.<\/p>\n\n\n\n

Las desigualdades estructurales del pa\u00eds se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itap\u00faa, el \u00faltimo censo encontr\u00f3 que 178 grandes propietarios con fincas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo tambi\u00e9n mostr\u00f3 que entre los dos \u00faltimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que m\u00e1s se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hect\u00e1reas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que m\u00e1s crecieron en superficie fueron aquellas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas, lo cual confirma un proceso de mayor concentraci\u00f3n de la tierra en los \u00faltimos a\u00f1os, agudizando la exclusi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o man\u00ed vienen cayendo en Itap\u00faa (y en todo el pa\u00eds), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, as\u00ed como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia l\u00f3gica de estas din\u00e1micas territoriales y productivas es la expulsi\u00f3n de la poblaci\u00f3n y la reducci\u00f3n del trabajo: en Itap\u00faa la poblaci\u00f3n en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplom\u00f3 un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%.<\/p>\n\n\n\n

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Fotos: Gentileza<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

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La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y leg\u00edtima. Por la falta de pol\u00edticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del pa\u00eds, lleg\u00e1ndose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurri\u00f3 en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centuri\u00f3n, ocupante del asentamiento 1\u00b0 de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir.<\/p>\n\n\n\n

Hoy d\u00eda el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligaci\u00f3n constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusi\u00f3n socioecon\u00f3mica de la poblaci\u00f3n campesina, en funci\u00f3n a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperaci\u00f3n de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, pol\u00edticos, empresarios. Su funci\u00f3n real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos.<\/p>\n\n\n\n

En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. Sigue siendo un pa\u00eds al servicio del capital transnacional, gestionado por corruptos y mafiosos locales sin principios, sin ideas ni proyecto de naci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

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Por He\u00f1\u00f3i 05\/07\/2024 Los eventos del jueves 4 de julio nos recordaron, una vez m\u00e1s, que el Paraguay es un pa\u00eds autoritario y represivo, pleno de desigualdades e injusticias. En las primeras horas del d\u00eda se despleg\u00f3 en el departamento de Itap\u00faa un enorme operativo fiscal-policial con el objetivo de desalojar a una comunidad campesina del lugar donde se asentaban. Sumando polic\u00edas de Itap\u00faa, Guair\u00e1, Caazap\u00e1, \u00d1eembuc\u00fa, Misiones, Paraguar\u00ed y Caaguaz\u00fa, se conform\u00f3 un contingente de 600 agentes apoyados por helic\u00f3pteros, carros hidrantes y polic\u00eda montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini.  La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kil\u00f3metro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 a\u00f1os en el lugar, pose\u00edan viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervenci\u00f3n de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hect\u00e1reas que, seg\u00fan la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hect\u00e1reas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem. Las familias campesinas desalojadas llevan a\u00f1os buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situaci\u00f3n. Hab\u00edan propuesto impulsar la expropiaci\u00f3n de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, seg\u00fan consta en medios period\u00edsticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se hab\u00eda procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y ma\u00edz transg\u00e9nicos. Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribuci\u00f3n de tierras existente en Paraguay. Seg\u00fan el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra m\u00e1s del 70% de las tierras a nivel pa\u00eds. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, ind\u00edgenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por a\u00f1os como sin tierra y\/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al pa\u00eds en el subdesarrollo y a la poblaci\u00f3n mayoritaria a padecer p\u00e9simas condiciones de vida. Las desigualdades estructurales del pa\u00eds se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itap\u00faa, el \u00faltimo censo encontr\u00f3 que 178 grandes propietarios con fincas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo tambi\u00e9n mostr\u00f3 que entre los dos \u00faltimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que m\u00e1s se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hect\u00e1reas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que m\u00e1s crecieron en superficie fueron aquellas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas, lo cual confirma un proceso de mayor concentraci\u00f3n de la tierra en los \u00faltimos a\u00f1os, agudizando la exclusi\u00f3n social. A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o man\u00ed vienen cayendo en Itap\u00faa (y en todo el pa\u00eds), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, as\u00ed como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia l\u00f3gica de estas din\u00e1micas territoriales y productivas es la expulsi\u00f3n de la poblaci\u00f3n y la reducci\u00f3n del trabajo: en Itap\u00faa la poblaci\u00f3n en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplom\u00f3 un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%. La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y leg\u00edtima. Por la falta de pol\u00edticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del pa\u00eds, lleg\u00e1ndose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurri\u00f3 en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centuri\u00f3n, ocupante del asentamiento 1\u00b0 de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir. Hoy d\u00eda el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligaci\u00f3n constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusi\u00f3n socioecon\u00f3mica de la poblaci\u00f3n campesina, en funci\u00f3n a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperaci\u00f3n de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, pol\u00edticos, empresarios. Su funci\u00f3n real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos. En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. 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Las familias campesinas desalojadas llevan a\u00f1os buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situaci\u00f3n. Hab\u00edan propuesto impulsar la expropiaci\u00f3n de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, seg\u00fan consta en medios period\u00edsticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se hab\u00eda procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y ma\u00edz transg\u00e9nicos. Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribuci\u00f3n de tierras existente en Paraguay. Seg\u00fan el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra m\u00e1s del 70% de las tierras a nivel pa\u00eds. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, ind\u00edgenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por a\u00f1os como sin tierra y\/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al pa\u00eds en el subdesarrollo y a la poblaci\u00f3n mayoritaria a padecer p\u00e9simas condiciones de vida. Las desigualdades estructurales del pa\u00eds se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itap\u00faa, el \u00faltimo censo encontr\u00f3 que 178 grandes propietarios con fincas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo tambi\u00e9n mostr\u00f3 que entre los dos \u00faltimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que m\u00e1s se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hect\u00e1reas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que m\u00e1s crecieron en superficie fueron aquellas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas, lo cual confirma un proceso de mayor concentraci\u00f3n de la tierra en los \u00faltimos a\u00f1os, agudizando la exclusi\u00f3n social. A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o man\u00ed vienen cayendo en Itap\u00faa (y en todo el pa\u00eds), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, as\u00ed como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia l\u00f3gica de estas din\u00e1micas territoriales y productivas es la expulsi\u00f3n de la poblaci\u00f3n y la reducci\u00f3n del trabajo: en Itap\u00faa la poblaci\u00f3n en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplom\u00f3 un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%. La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y leg\u00edtima. Por la falta de pol\u00edticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del pa\u00eds, lleg\u00e1ndose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurri\u00f3 en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centuri\u00f3n, ocupante del asentamiento 1\u00b0 de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir. Hoy d\u00eda el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligaci\u00f3n constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusi\u00f3n socioecon\u00f3mica de la poblaci\u00f3n campesina, en funci\u00f3n a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperaci\u00f3n de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, pol\u00edticos, empresarios. Su funci\u00f3n real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos. En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. 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Sumando polic\u00edas de Itap\u00faa, Guair\u00e1, Caazap\u00e1, \u00d1eembuc\u00fa, Misiones, Paraguar\u00ed y Caaguaz\u00fa, se conform\u00f3 un contingente de 600 agentes apoyados por helic\u00f3pteros, carros hidrantes y polic\u00eda montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini.  La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kil\u00f3metro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 a\u00f1os en el lugar, pose\u00edan viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervenci\u00f3n de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hect\u00e1reas que, seg\u00fan la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hect\u00e1reas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem. Las familias campesinas desalojadas llevan a\u00f1os buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situaci\u00f3n. Hab\u00edan propuesto impulsar la expropiaci\u00f3n de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, seg\u00fan consta en medios period\u00edsticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se hab\u00eda procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y ma\u00edz transg\u00e9nicos. Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribuci\u00f3n de tierras existente en Paraguay. Seg\u00fan el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra m\u00e1s del 70% de las tierras a nivel pa\u00eds. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, ind\u00edgenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por a\u00f1os como sin tierra y\/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al pa\u00eds en el subdesarrollo y a la poblaci\u00f3n mayoritaria a padecer p\u00e9simas condiciones de vida. Las desigualdades estructurales del pa\u00eds se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itap\u00faa, el \u00faltimo censo encontr\u00f3 que 178 grandes propietarios con fincas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo tambi\u00e9n mostr\u00f3 que entre los dos \u00faltimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que m\u00e1s se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hect\u00e1reas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que m\u00e1s crecieron en superficie fueron aquellas de m\u00e1s de 1.000 hect\u00e1reas, lo cual confirma un proceso de mayor concentraci\u00f3n de la tierra en los \u00faltimos a\u00f1os, agudizando la exclusi\u00f3n social. A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o man\u00ed vienen cayendo en Itap\u00faa (y en todo el pa\u00eds), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, as\u00ed como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia l\u00f3gica de estas din\u00e1micas territoriales y productivas es la expulsi\u00f3n de la poblaci\u00f3n y la reducci\u00f3n del trabajo: en Itap\u00faa la poblaci\u00f3n en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplom\u00f3 un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%. La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y leg\u00edtima. Por la falta de pol\u00edticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del pa\u00eds, lleg\u00e1ndose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurri\u00f3 en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centuri\u00f3n, ocupante del asentamiento 1\u00b0 de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir. Hoy d\u00eda el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligaci\u00f3n constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusi\u00f3n socioecon\u00f3mica de la poblaci\u00f3n campesina, en funci\u00f3n a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperaci\u00f3n de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, pol\u00edticos, empresarios. Su funci\u00f3n real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos. En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. 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