1.0henoihttps://henoi.org.pyadminhttps://henoi.org.py/index.php/author/admin/rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="C4cYVAqjDD"><a href="https://henoi.org.py/index.php/2023/02/21/la-ciencia-en-guerra/">LA CIENCIA EN GUERRA</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://henoi.org.py/index.php/2023/02/21/la-ciencia-en-guerra/embed/#?secret=C4cYVAqjDD" width="600" height="338" title="“LA CIENCIA EN GUERRA” — henoi" data-secret="C4cYVAqjDD" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://henoi.org.py/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script> https://henoi.org.py/wp-content/uploads/2023/02/guerra-1.jpg1827648Hay tantas guerras al mismo tiempo en el mundo… algunas evidentes, que se nos imponen todos los días desde los titulares de los diarios. Otras soterradas, ocultas por fuerzas poderosísimas que no quieren que salgan a la luz, y que hay que descubrirlas atando cabos, uniendo noticias dispersas. Ayer (20 de febrero de 2023), dos noticias que a simple vista parecen no tener relación, se refieren a una guerra que los grandes poderes económicos y políticos quieren mantener fuera de la atención pública: la guerra en el campo de la ciencia sobre el derecho de los pueblos a saber la verdad sobre el impacto destructivo de los agrotóxicos. Por un lado, Inside Higher Ed, un periódico virtual estadounidense focalizado en la educación superior, publica “Professor Says He Was Barred From Campus After FOIA Inquiry” (“Un profesor dice que se le prohibió la entrada al campus después de un pedido bajo la ley de acceso a la información pública”)[1]. David Carpenter, profesor de salud pública de la Universidad de Albany, en la capital del estado de Nueva York, fue suspendido de su trabajo y la universidad le ofreció un acuerdo de jubilación adelantada luego de que Monsanto le requiriera vía legal a la institución información confidencial sobre el distinguido académico, que ha declarado como especialista científico en numerosos juicios contra la productora de agrotóxicos. Por otro lado, en el diario argentino Página 12 aparece “Una investigación confirma vínculos entre agua, agroquímicos y cáncer”, con motivo de la publicación en una revista científica internacional, Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global) del estudio liderado por Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.[2] Esta investigación confirma, una vez más, lo que científicos y activistas comprometidos con la salud y el bienestar del pueblo vienen repitiendo desde hace décadas: las personas jóvenes de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de sufrir y morir de cáncer que las personas que no están expuestas a fumigaciones. Dicho estudio se basa en los trabajos de los “campamentos sanitarios” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, donde los estudiantes y docentes trazaban un perfil socio-sanitario de pueblos afectados por los agrotóxicos, reuniendo evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. A pesar de su importancia, las actuales autoridades de la Facultad censuraron y terminaron con esa experiencia única de investigación social. Las dos noticias revelan el descomunal aparato de represión científica de las transnacionales que manejan el oligopolio de la agricultura industrial basada en los cultivos transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Las mismas fuerzas que orquestaron en Paraguay el “golpe de estado” del CONACYT en 2019, porque no les gustaron los resultados de la rigurosa investigación de la Dra. Stella Benítez Leite[3]. No importa cuántos estudios de alta calidad científica demuestren el poder destructivo de esta industria, siempre habrá académicos a sueldo dispuestos a publicar estudios pagados por las empresas con resultados “inconcluyentes” que enturbien las aguas, y burócratas de la educación y de la ciencia que busquen ocultar la verdad. Así, dan libreto a las empresas inescrupulosas que usan esa supuesta “controversia” científica para que se redacten las Evaluaciones de Impacto Ambiental que justifican el envenenamiento de nuestros territorios, tal como podemos apreciar en este informe:  “El glifosato, uno de los herbicidas más populares, generalmente se considera que tiene un bajo potencial de riesgo para los mamíferos. Sin embargo, ha habido controversia en los últimos años sobre sus peligros, particularmente después de que el IARC concluyera en 2015 que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Sin embargo, esta conclusión no fue confirmada por la evaluación de la UE ni por una reciente evaluación conjunta WHO/FAO”[4]. Que vayan los funcionarios de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, a decirle a los campesinos y las campesinas de Santani que no se preocupen, que sus huertas y kokues se mueren, y que ellos pueden sufrir cáncer, pero que la ciencia no ha podido confirmar nada. Es hora de terminar con el mito de que la ciencia es aséptica y apolítica. Si queremos un pueblo saludable y bien alimentado, hay que apostar por una ciencia al servicio de ese pueblo, no de las billeteras de las multinacionales. [1] https://www.insidehighered.com/news/2023/02/20/professor-says-he-was-barred-campus-after-monsanto-info-request [2] https://www.pagina12.com.ar/525236-una-investigacion-confirma-vinculos-entre-agua-agroquimicos- [3] https://www.baseis.org.py/el-agronegocio-amenaza-el-desarrollo-de-la-ciencia-en-paraguay/ ; https://www.ultimahora.com/conacyt-hay-que-investigar-n2860391.html [4] Forestal Apepu S.A. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (versión actualizada). 18 May 2021, página 29. Foto de portada: Susana Balbuena – Heñói. Material libre para su difusión citando la fuente.