Heñói
El pasado 27 de enero, campesinos y campesinas organizados/as en la Federación Nacional Campesina, realizaron unamanifestación frente a la municipalidad de Itá, en el departamento Central, a raíz de la grave situación que se está viviendo en esta zona y en todo el país. La producción agrícola, tanto de alimentos para el autoconsumo familiar, así como para la venta, está en una situación crítica por varios factores: por un lado, los factores coyunturales (recientes), principalmente relacionados a la crisis climática, que en los últimos meses se ha expresado en una sequía prolongada y temperaturas extremadamente elevadas, golpeando fuertemente a los cultivos, que en un gran porcentaje se han perdido. Por otro lado, la situación productiva crítica también es consecuencia de factores estructurales (permanentes), entre ellos, la ausencia de políticas públicas que atiendan las necesidades de los campesinos y campesinas, la escasísima infraestructura y equipos con que cuentan por falta de créditos y apoyo estatal, y la inexistencia de un seguro agrícola orientado al pequeño productor.
Durante la movilización, el dirigente departamental de la FNC César Riveros, denunció la inacción de los entes estatales responsables, pues “ni siquiera se acercan a preguntar cómo están, qué necesitan, en qué podemos ayudarles. Nosotros vamos casi dos o tres veces a la semana a la Dirección de Extensión Agraria, los técnicos ni siquiera se preocupan, tal vez existe una orden superior que les prohíbe salir al campo, lo que nosotros entendemos es que ellos están haciendo el mayor esfuerzo para eliminar a los pequeños productores, porque este es el momento en que deberían haber salido para ayudarnos. Estamos perdiendo nuestra mandioca, nuestro maíz, poroto, estamos perdiendo todo…”.
En el caso del departamento Central, donde existe una gran cantidad de horticultores/as que desde hace décadas se dedican a la producción de tomate, locote, pepino, zanahoria, lechuga, entre otros rubros de huerta, se ha sumado un complejo problema, que afecta negativamente al sector: la presencia invasiva de las empresas inmobiliarias, que avanzan en el proceso de loteamiento de forma extendida y acelerada, sin ninguna planificación territorial, consideración social o regulación ambiental. Ni la pandemia detuvo la rápida apertura de nuevos loteamientos, en muchos casos sobre territorios anteriormente utilizados para la producción agrícola. El problema del hacinamiento y la falta de viviendas en el país, se trata de convertir en negocio para generar ganancias, no para resolver el problema de fondo, pues estos loteamientos desordenados en zonas periurbanas y rurales, muchas veces ni siquiera son acompañados por los servicios básicos indispensables, como son los desagües, el acceso al agua potable, la recolección de residuos y el transporte público; mucho menos con oportunidades de empleo en dichas zonas, que deja a quienes habitarán esos loteamientos a varias horas de sus lugares de trabajo.
La crisis económica y social de las últimas décadas ha provocado que muchas personas, ante la oferta económica y la presión de las inmobiliarias, terminen vendiendo sus tierras, ubicadas en zonas rurales productivas, para absurdos procesos de loteamientos, enmarcados en la lógica de la especulación inmobiliaria, que busca lucrar comprando barato, para luego vender en pedacitos, por un precio muy superior. Lo que sucede con total complicidad de las autoridades locales, que no planifican de forma racional el uso del territorio del municipio, no cuidan los recursos naturales ni las zonas productivas.
Muchos incendios en dichos territorios han sido intencionales, para habilitar lotes, afectando pasturas, cultivos, árboles y animales en las comunidades; esto es particularmente grave, porque los pequeños remanentes boscosos cercanos al Área Metropolitana de Asunción, constituyen zonas de amortiguamiento a las condiciones climáticas extremas, y facilitan la filtración, captación y almacenamiento de aguas de lluvia, y su disponibilidad, tanto en Asunción como en los distritos de Central. La situación fue descrita enérgicamente por el dirigente campesino, “están empedrando las chacras (…) están quemando los territorios…”.
En la movilización del 27 de enero, solicitaron al intendente de Itá, la declaración de emergencia productiva en el distrito y asistencia urgente a las familias afectadas. Al mismo tiempo, volvieron a presentar el proyecto de ordenanza municipal, para la “demarcación y zonificación territorial de las áreas de desarrollo de la agricultura familiar campesina y de las pequeñas empresas familiares hortícolas, granjeras y procesadoras de alimentos sanos y variados”. El mismo ya había sido presentado por la FNC en diciembre del 2020, buscando que el municipio avance en su función de ordenar el territorio, zonificando según criterios económicos, sociales y ambientales, tal como establece la ley municipal. No tuvo ningún avance en el tiempo transcurrido desde entonces.
El 31 de enero los y las miembros/as de la FNC fueron nuevamente al municipio, logrando ser recibidos por algunos concejales, a quienes solicitaron nuevamente una resolución en torno a las propuestas de emergencia productiva y de avanzar en el ordenamiento territorial. En consecuencia, el 7 de febrero la junta municipal de Itá declaró emergencia productiva agrícola en el distrito, por un periodo de 60 días, recomendando al intendente arbitrar los medios para asistir a la población afectada. Los productores y las productoras siguen esperando que esta declaración se concrete en una asistencia efectiva y tangible. En relación a la propuesta de ordenanza para la zonificación, no hubo mayores avances.
Ante la inacción del Estado y los atropellos de grupos de poder económico, la organización, movilización y presión de los sectores populares, se torna en la principal herramienta de lucha y reivindicación de los derechos de la población, al trabajo, a la tierra, a los alimentos, a una vida digna.
Fotos: Heñói y Federación Nacional Campesina
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