Omar Yampey, Heñói
El año 2021 ha sido un periodo complejo para las comunidades campesinas e indígenas, obligadas a enfrentar las consecuencias de la improvisación del Estado paraguayo para administrar la crisis sanitaria, económica, social y ambiental profundizada por la pandemia del COVID 19. Lejos de planificar políticas efectivas a partir de las propuestas de los sectores organizados de la sociedad en general y campesinas e indígenas en particular en las áreas de salud, educación, trabajo, alimentación, etc., el gobierno de Mario Abdo ha preferido la política del “sálvese quien pueda” individual aplicando medidas restrictivas y antipedagógicas sin acompañamiento efectivo para garantizar la supervivencia de la población; por el contrario, para el gobierno, fiel servidor de intereses empresariales, la pandemia significó una oportunidad para avanzar sobre los derechos de las comunidades y hacer todo tipo de negocios desde las instituciones públicas.
El contexto paraguayo no está exento del debate global sobre los caminos de la pospandemia donde se destacan tres grandes paradigmas para ver y entender los problemas de la sociedad actual que orientan los posibles escenarios de salida. Por una parte, se observa un escenario de mayor liberalización, ajustes en el sistema público, endeudamiento, dependencia y pérdida de derechos sociales. Por la otra, un escenario de políticas de reformas del sistema y los subsistemas de Estado para mitigar la inequidad y las desigualdades sociales. Por último, un escenario de cambio estructural del modelo de Estado, economía y sociedad dominantes, donde el centro de la cuestión se enfoque en la vigencia irrestricta de los derechos humanos y en el ejercicio de la soberanía nacional, territorial, ambiental y alimentaria de los pueblos “en cuanto esto da lugar al debate necesario sobre poder, libertad, democracia, igualdad, justicia, sostenibilidad y cultura” (1).
Lamentablemente el Estado paraguayo ha tomado el primer camino y su posición ante los problemas sociales se ha expresado además en las sucesivas improvisaciones y hechos de corrupción, en políticas asistencialistas, en el alineamiento a los intereses de los actores del agronegocio y de las empresas privadas, en la adecuación institucional para legalizar el acaparamiento de tierras e inaugurar un nuevo ciclo de conflictividad social a partir de desalojos a comunidades campesinas e indígenas de sus territorios.
En el decurso de este año se observa que en Paraguay coexisten dos países distintos, aunque no armoniosamente. La crisis económica a nivel mundial, agravada por la pandemia del covid-19, dejó al continente latinoamericano como uno de los más golpeados en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Los sectores populares en Paraguay tuvieron que enfrentar la crisis, el desempleo y el hambre con acciones solidarias en las zonas urbanas y un retorno al campo, ante la ausencia de políticas efectivas del Gobierno. Además, los productores/as de la agricultura familiar campesina e indígena tuvieron que enfrentarse a las vicisitudes de los impactos del cambio climático y a la ausencia de políticas públicas para el sector. En contrapartida, los agronegocios no solo se normalizaron, sino que además presentaron un dinamismo importante en la producción, precios y mercado.
A pesar de todo esto, los sectores populares en general, e indígenas y campesinos en particular, han protagonizado hitos históricos que con seguridad redefinirán las relaciones de fuerza y poder en los próximos años.
¿Quiénes manejan realmente nuestro querido Paraguay? (2)
Ante la incapacidad manifiesta de gestión del gabinete presidencial para planificar y administrar las instituciones del Estado, expuesta desde la asunción al mando y evidenciada con las sucesivas improvisaciones en la conducción de la pandemia, que además, tiene una estrecha, inmoral y antiética vinculación con la élite económica local, el gobierno actual delega su responsabilidad a esta élite y renuncia a construir, proponer y dirigir un modelo de desarrollo que incluya y respete a las grandes mayorías del pueblo paraguayo.
Si bien el agronegocio tuvo una relativa contracción en los primeros dos meses del año en comparación con años anteriores, a partir de marzo fue repuntando y siguió siendo uno de los sectores que más acumuló ganancias a pesar de la crisis económica suscitada por la pandemia. Así también, en el segundo trimestre, además de consolidarse en volumen producido y en ganancias, reforzó la ampliación y asimilación de parte del sector de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) al modelo dominante. En parte, buscando recuperar la legitimidad perdida en los últimos años, y defender sus intereses a partir del infame discurso de que si se aplica impuesto a la soja, los que saldrán perdiendo no son los grandes productores, sino los pequeños productores/as y la AFC.
El discurso a partir del cual promueven la “modernización” y sus negociados los sectores de poder económico y político en el país, es que la producción nacional es de baja calidad e insuficiente para cubrir la demanda nacional. Esto es, además de una falacia, una transferencia de la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado, que en lo que va del año han tenido una escasa ejecución presupuestaria, como son los casos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), con unas pocas migajas para la población productiva campesina, sin formular una estrategia de desarrollo nacional que parta de las necesidades concretas y de los planteamientos del sector campesino e indígena.
Este discurso de “modernización” es coherente con la línea del cambio de chip modernizante que además de estigmatizar y despolitizar, busca asimilar a pequeños productores/as a la lógica empresarial. Dado que en los primeros meses del año 12.000 hectáreas de la AFC han sido incorporadas a la dinámica de mecanización de la agricultura, y para mediados del mes de junio se destacaba la anexión al cultivo de soja de 43.000 fincas menores de 20 hectáreas de la AFC, según datos del propio sector sojero que han sido cuestionados por la intencionalidad de instalar la idea que la soja es viable para los pequeños/as productores/as. Esto anexión ha significado para el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) Héctor Cristaldo, resultados que “hablan por sí solos” y que es fundamental “integrar a los productores a los procesos y a las cadenas productivas, ante todo a la economía real para lograr mejores resultados”. En la misma dirección el ministro de agricultura y ganadería Santiago Bertoni, destacó esto como resultados “sumamente auspiciosos” y “exitosos”.
Despojándolos de su particularidad productiva y de su identidad, la pedagogía anticampesina e indígena constante en el sector privado y en las instituciones del Estado paraguayo, instalan la lógica del emprendedurismo, para terminar de liquidar la dinámica comunitaria y diversificada de la Agricultura Familiar Campesina, y para convertir a quienes hasta hoy han sido autónomos, en “empresarios” dependientes de insumos y tecnologías foráneos, de altos costos, imposibles de suplantar con recursos nacionales. Esto, además exime al Estado de sus responsabilidades para garantizar el acceso efectivo a derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades y transferirlas al productor/a individual por su éxito o fracaso.
“Salir de la pobreza extrema no significa que se estará bien, pero sí se podrá vivir”, explicó el ministro de Desarrollo Social, al tiempo de señalar que los programas de emprendedurismo son la clave para que vayan mejorando en su nivel de vida”.
Por el contrario, lo que sí se observa son las facilidades para el sector privado, como los importadores de productos hortícolas y el escaso control en el ingreso de contrabando de dichos productos al país. Las instituciones del Estado respondieron al lobby de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papa y Cebolla (Asicopace) y de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto (Asicoma) para acelerar la Acreditación Fitosanitaria para productos vegetales de importación (AFIDI), y dejaron sin respuestas a los reclamos de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas contra esa liberación para la importación; a las demandas de la Federación Nacional Campesina de planificar la producción para dejar de depender de la intermediación y de la importación; y a la propuesta del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas de lograr exportar sus productos al exterior.
Por si todo esto fuera poco, a mediados del año el sector privado, y en particular la Asociación Paraguaya de productores y Exportadores de Carne (APPEC), exigió a la Unión Europea que el documental “Los campos envenenados del Paraguay” sea “inmediatamente sacado de la programación y retirado cualquier apoyo del organismo internacional para su promoción”, dado que el documental tuvo la osadía de señalar que en “Paraguay los pesticidas envenenan la vida de los residentes. La industria de la soja, que alimenta al ganado del mundo, está causando estragos”. Tanta verdad revelada fue insoportable para la APPEC, que recurrió al lugar común de presentar los intereses de su gremio como los intereses de la sociedad paraguaya y con tono autoritario señaló: “No toleraremos ningún tipo de injerencia externa que afecte o divida nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra producción y mucho menos nuestra supervivencia (…) siendo que el mismo es engañoso, ofensivo y desprestigia no sólo la imagen de la fuerza productiva, sino del Paraguay mismo”. Por supuesto, la APPEC no se puede permitir que le disputen el monopolio de la división del país entre súper ricos y pobres.
Ensayo y error (3) . Una lógica sistémica del Estado paraguayo, entre el asistencialismo y la falta de planificación.
Muy por el contrario de lo que se suele sostener, el sistema económico dominante y la relación que establece con el Estado están muy lejos de una racionalidad-instrumental. En ese sentido, las políticas públicas planteadas desde el Estado, antes que nada, se basan en la lógica del ensayo y error, o como paraguayamente se suele decir, del tanteo libre.
Esta premisa se ajusta a la posición y respuestas que toma el Estado frente a los problemas y necesidades sociales, que se traducen en políticas públicas a través de proyectos, planes o programas. Entre los tanteos libres más destacados se encuentran el proyecto de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Paraguaya (DIAFPA), financiado por Itaipú y ejecutado por el MAG y la Oficina de Proyectos de las Nacionales Unidas (UNOPS), el Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA), ejecutado por el MAG y financiado por el Banco Mundial y el proyecto “Mi Huerta” financiado por Itaipú. Primero que nada, no son políticas que aborden estratégicamente la cuestión de la producción, y a su vez no nacen del debate entre los sujetos de la agricultura familiar sobre sus necesidades concretas, sino desde la lógica de la fragmentación y de la mecanización y los negocios que esto conlleva. Segundo, son políticas asistencialistas y válvulas de escape efímeras ante la desesperante situación que viven los productores/as. Tercero, tienen un marcado sesgo emprendedurista al ser los beneficiarios/as mayoritariamente productores/as individuales, y no sectores organizados de la producción.
Pero, aun así, los supuestos beneficios corren el riesgo de no llegar siquiera a estos productores/as, como en el caso del proyecto DIAFPA, que fue denunciado porque desde el MAG pretendían que la UNOPS deje de ser el ente administrador, para pasar a manos de sectores de la política partidaria como señaló uno de los productores, “el cambio de ente administrativo es meramente algo político. Ahí está metido Antonio Ibáñez (ex ministro del MAG) y su asesor político. Por eso, nosotros dudamos que esto nos lleve a buen puerto. Si se aprueba la modificación, Ibáñez tiene a todos sus hijos ahí y se va beneficiar”.
Otra clara muestra del tanteo libre como política del Estado a mediados de año, fue el intento de modificar el Estatuto Agrario (EA) con el fin de legalizar las ocupaciones irregulares e ilegales de no sujetos de la reforma agraria. En esta maniobra tuvieron participación sectores tan disímiles, además de los partidos con representación parlamentaria, como la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el propio INDERT y el movimiento social y campesino en particular.
La ARP pasó de estar activamente detrás de las modificaciones del EA a negar su participación. La UGP se posicionó por el rechazo de las modificaciones alegando un “desorden administrativo de la tenencia de tierra”, desconociendo que eso forma parte del origen histórico de la acumulación de riquezas de buena parte de sus agremiados, además estigmatizando a los “invasores de tierra” y a los “que quieren usar la sociedad paraguaya como un campo de batalla”, y se lanzó contra la Reforma Agraria, “poniendo en perspectiva la reforma agraria, creemos que ya forma parte de la historia de los fracasos de la gestión del Estado paraguayo, porque 80 años de reforma terminó siendo un festival de mentiras donde los avivados o los tramposos son los que tienen la iniciativa”. Por su parte, el INDERT no planteó el rechazo sino la modificación del proyecto defendiendo los intereses del sector ganadero.
Sin embargo, para el movimiento social en general y el campesino en particular, se trató de blanquear la tenencia de tierras malhabidas por parte de los herederos del régimen dictatorial estronista que se albergan en diferentes partidos políticos, además significaría “un paso atrás en la reforma agraria” y “una ruptura con el pacto social vigente en nuestro país”.
La corrupción (4) tuya (no la mía) de cada día. Una especie de dumping para liquidar la producción nacional
La esfera de lo privado tiene un halo de racionalidad, justicia y legalidad autoimpuesto. Lo que está dentro de lo privado es correcto y lo que está por fuera, lo público es ilegal, irracional e injusto. Este razonamiento es uno de los mecanismos que legitima la privatización de casi todas las funciones públicas, desmantelando paulatinamente lo poco que existe del Estado social de derecho y el sistema democrático en Paraguay.
Sin embargo, la corrupción es una propiedad del sistema económico dominante y de sus agentes. Bastaría con indagar el origen de la fortuna de la “burguesía fraudulenta (5)”, “barones de Itaipú” o “empresaurios”(6) paraguayos, quienes se parecen mucho a los ingleses, pero no a Darwin, Shakespeare, o Stephen Hawking, sino a los piratas.
Se dice esto porque a lo largo del año el tema de la corrupción y el contrabando han sido una constante, en especial desde la apertura de los pasos fronterizos con Argentina y Brasil que permanecieron cerrados a causa de la pandemia. Este fenómeno que no es nuevo y viene siendo denunciado sistemáticamente por productores/as frutihortícolas, por la competencia desleal que genera con productos de países vecinos, lentamente va liquidando la producción nacional.
En un claro contraste, las instituciones del Estado hacen la del monito sabio ninguneando cuando se trata de las demandas del sector campesino, pero implementan todo tipo de tanteo libre (como por ejemplo la creación de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando) cuando se trata de las demandas de los piratas organizados en la UGP, la ARP, la CAP, la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y otros navíos del sector privado.
Según registros de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) de la Dirección Nacional de Aduanas, desde el año 2018 a esta parte se han realizado 2421 operativos anti contrabando, donde se han incautado 1.116.041 kilos de productos frutihortícolas ingresados principalmente desde Argentina y Brasil. Si bien no se cuentan con datos comparativos por año, se sabe que “el contrabando a diferencia de marzo, abril y mayo del año pasado, está en un pico histórico en este momento. Es una fiesta total la forma que ingresa el contrabando, no recuerdo nada igual”.
En resumidas cuentas, el estado invierte tiempo y recursos en la propaganda del supuesto plan de lucha anti-contrabando y da la espalda al sector productivo campesino, que es dar la espalda, además, a la demanda de alimentos sanos, frescos y accesibles para toda la población nacional. Los entes privados se rasgan las vestiduras por la corrupción de los funcionarios públicos cuando ésta atenta contra sus intereses, pero siguen enriqueciéndose de forma legal o ilegal, al tiempo que se mantiene el plan de liquidación de la producción hortícola nacional.
Como señala un productor “ante la amenaza que corre el sector por la competencia desleal contra productos ilegales, espero que los controles sean tan rigurosos como las represiones que sufren los agricultores cuando salen a movilizarse en las rutas en reclamo de mercado seguro y justo”.
De esta manera, la corrupción, el contrabando, y la represión a los sectores productivos campesinos son una necesidad para controlar los precios del mercado, la reproducción del capital y mantener el enriquecimiento de los piratas, aunque en apariencia los denuncien. Como evidenciaron los productores hortícolas a mediados de año “el principal reclamo es que los intermediarios están pagando solo G. 2.500 por cada kilo de tomate, aprovechando que hay una sobreoferta a raíz del contrabando. El precio que reclamamos es de G. 4.500 por kilo como mínimo”. Incluso pidieron que las autoridades “intervengan las góndolas de los supermercados” donde, aseguran, “empresarios del rubro supermercadista ofrecen tanto frutas como vegetales introducidos al país de manera ilegal”.
Por último, el estado paraguayo no solo debería invertir recursos en hacer efectiva y no discursiva la lucha anti-contrabando, sino acompañar los procesos de organización de la producción nacional respetando la autonomía del sector. Además, debería invertir esfuerzos seriamente en desmantelar la pedagogía anti-campesina que atraviesa su conformación y buena parte de la sociedad paraguaya. Como se desprende en parte del Mapeo de Mercados Territoriales en Paraguay realizado por el Instituto Agroecológico Latinoamericano IALA Guaraní y la FAO, el problema no es el acceso a los mercados, sino que estos sean inclusivos, justos y valoricen todos los aportes socio-ambientales de la AFC, que son superiores al criterio de volumen de producción y ganancias monetarias, “siempre en las ferias esperamos que ofrezcan a menor precio o regatear el precio, y eso no lo hacemos en los circuitos comerciales, como los supermercados, etc., y cuando estamos en los mercados territoriales tenemos esa forma de actuar y ese es el problema que enfrenta el productor-vendedor”.
Un muro de piedra de Roma a Glasgow. Crónica de la férrea defensa del agronegocio
El Paraguay para afuera quedó retratado en dos postales. La primera, cuando a mediados de año el ministro de agricultura y ganadería tuvo como función presidir el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), con la misión de defender la producción insostenible de carne ante la Pre-Cumbre Alimentaria de las Naciones Unidas en Roma. El objetivo fue cuestionar y contrarrestar las críticas de grupos ambientalistas que acusan al sector de contribuir a la aceleración del calentamiento global. “No queremos que nos vengan a meter cosas raras y destruir nuestra economía, basada en ONG´s que no deberían tener el mismo peso de decisión que nosotros” expresaba el ministro.
A ésta férrea defensa se sumaron además del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cancillería Nacional, el Ministerio del Ambiente (MADES), el de Desarrollo Social (MDS), la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y representantes del sector productivo y sociedad civil para construir “una posición consensuada que defienda los intereses del sector productivo y de los consumidores paraguayos”.
La segunda postal y la más vergonzosa fue en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) en el mes de noviembre. La delegación paraguaya en Glasgow exigiendo una “visión de ciencia” y no de “curanderos”, haciendo todo lo contrario se animó a sostener contra toda evidencia científica y empírica que el modelo del agronegocio dinamiza la economía y provee alimentos, desestimando el impacto ambiental que genera en tanto causa principal de emisiones de gases de efecto invernadero en el país entre otros atentados a la razón, a la fe y a la ciencia que fueron rechazadas por organizaciones de la sociedad civil.
“Pero donde hay peligro, crece lo que nos salva”(7). Movilizaciones y acciones colectivas de las comunidades campesinas e indígenas
Para comprender los sucesos que se desarrollaron en el último trimestre del año es preciso realizar un breve recuento de las experiencias de movilización popular y lucha por los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que se han desarrollado a lo largo del año.
La primera síntesis y uno de los hitos más importante de la historia reciente del movimiento social y popular, que expresa todo el descontento contra el gobierno nacional por el manejo de la pandemia se da en el marzo paraguayo 2021, donde la novedad es que se ha identificado y centrado el antagonismo en la consigna “ANR nunca más”. A esta consigna, con sus reivindicaciones sectoriales se sumaron otros sectores sociales y políticos, como el movimiento feminista y el campesino. Las movilizaciones que duraron varias semanas, han demostrado el hartazgo de una mayoría de la sociedad paraguaya que no solo cuestiona el tiempo de la pandemia, sino los 70 años de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o partido colorado.
En otro sentido, se dijo más arriba que la lógica política del Estado es el ensayo y error, a lo que se agrega que en esta lógica en parte se busca asimilar a productores individuales y despolitizar a los sectores de la agricultura campesina organizada. El Estado reparte migajas a productores/as individuales y responde con silencio o represión a las demandas de sectores organizados. Esto queda patente en las diversas acciones desarrolladas por los productores/as desde mediados de año. El sector hortícola desplegó diversas acciones reivindicando apoyo técnico y crediticio, lucha efectiva anti-contrabando y por la renuncia del ministro de agricultura y ganadería por su inoperancia. Así también, una de las comunidades indígenas del pueblo Qom realizó un mitin de protesta frente a la fiscalía de Villa Hayes denunciando la inacción ante las amenazas recibidas por parte de sectores que quieren avanzar con la eucaliptación en sus territorios que amenaza sus medios de vida.
Por su parte, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina e Indígena realizaron sus exigencias para la implementación de la Ley 6669/20, que otorga a los pequeños productores recursos para el desarrollo de sus cultivos. A su vez, la Federación Nacional Campesina (FNC) realizó acciones por el cumplimiento de demandas locales, como ser la situación de productores/as hortícolas del departamento Central y por el proyecto de Restauración de los Sistemas de Producción de la Agricultura Familiar Campesina. Así también, se posicionó y desplegó acciones en contra de la modificación del Estatuto Agrario. En este sentido, también se posicionaron diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
El segundo trimestre del año fue testigo de una movilización de pequeños productores ante diversas instituciones del Estado, denominado Espacio de Acción Social por la situación de abandono en la que se encuentra el sector y por el acceso a derechos actualmente negados, como tierra, educación, trabajo y justicia.
A todo esto se agrega que desde la articulación Heñói Jey se desarrollaron la ferias anuales de semillas que articulan a productores y productoras defensores/as de semillas nativas y criollas (29), y un diálogo campo-ciudad en el marco del día mundial de la alimentación, oportunidad en la cual se pudo debatir en torno a la crisis alimentaria y ambiental, sobre las realidades de los bañados y del campesinado, las experiencias de las ollas populares, y la importancia de defender las semillas nativas, la producción agroecológica y la organización popular de cara a conquistar la soberanía alimentaria.
Por su parte horticultores de todo el territorio nacional se manifestaron en la capital del país por la invasión de productos de contrabando en el mercado local. No faltaron las manifestaciones por la reactivación de la AFC ante lo que se consideró el segundo año de pérdidas por los efectos del cambio climático y la falta de asistencia de las instituciones del Estado. De forma inédita se realizó una movilización de camioneros por la ley que regula los costos del flete, a la que se adhirieron otros sectores sociales como el campesinado por los acuerdos incumplidos por parte del Estado, docentes por reajuste salarial y personal médico por equidad salarial.
Recapitulando
Como ha sintetizado la lideresa y secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC) Teodolina Villalba en el marco del V Seminario Internacional de personas defensoras de DDHH en torno a la relación del Estado y las comunidades campesinas e indígenas en los últimos tiempos:
- En el año 2019 los aparatos especializados del Estado en común acuerdo dejan sin efecto el Plan de Acción Conjunta para casos de “invasión” de inmueble ajeno. A partir de ese momento quedó allanado el camino para que los procedimientos de desalojo sean efectuados por la policía sin presencia de la fiscalía y con el objetivo de avanzar sobre los aproximadamente ochocientos asentamientos por resolver titulación y otros con órdenes de desalojo.
- A mediados de 2020 miembros del poder legislativo encabezados por los senadores Fidel Zavala y Enrique Riera planificaron el despliegue del capital a partir de la creación del Sistema Nacional Catastro Registral (SINACARE) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE), con el objetivo de brindar las bases para un ordenamiento territorial del Paraguay en función a la defensa de la sacrosanta propiedad privada. En un contexto donde la gente atravesaba incertidumbre, penurias y hambre.
- A mediados de 2021 se propone modificar el Estatuto Agrario con el fin de legalizar las tierras malhabidas y de no sujetos de las reforma agraria, en su mayoría sojeros y ganaderos. El intento fue rechazado por las acciones colectivas del movimiento social en general y del campesino en particular.
- La antesala del infierno: lo que no lograron en dos años los sectores de poder económico y político lo hicieron en siete días. Entre el 23 y el 30 de septiembre los poderes legislativo y ejecutivo aprobaron la modificación del Código Penal que eleva las penas por ocupación de tierras, pasando de ser considerado delito a crimen.
A partir de esto se declaró el paraíso terrateniente y el infierno en la tierra para las comunidades inaugurándo así un nuevo ciclo de conflictividad social donde se han realizado una decena de desalojos forzosos en comunidades indígenas y campesinas, caracterizadas como arbitrarias e ilegales.
A raíz de esto emergen dos fenómenos relevantes. El primero, inicia un debate sobre los derechos ancestrales, el derecho positivo y la prelación de los mismos. En este debate intervinieron por una parte los que defienden el Paraguay para los de arriba, quienes sostienen que la propiedad privada es el eje central de la sociedad y el Estado, donde se destacan los partidos políticos Patria Querida y la Asociación Nacional Republicana (ambos partidos conservadores), el conjunto de navíos del agronegocio antes mencionado, y referentes del gabinete presidencial. Se puede decir que la coincidencia ideológica de estos sectores se da en tres puntos centrales:
a) El derecho a la propiedad privada es superior a la vida digna de las personas.
b) Considerar que un problema histórico estructural del Paraguay se resuelve con mayor penalización. “Ellos (refiriéndose al sector opuesto a la criminalización) lo que no quieren es elevar las penas, pero las penas se tienen que elevar porque la propiedad privada en Paraguay tiene que ser respetada”.
c) Las “invasiones” no son el camino, porque como declaró un senador de la ANR “Nosotros necesitamos que el mundo nos conozca como un Paraguay donde se respeta la propiedad privada, porque de lo contrario no van a venir los grandes capitalistas a hacer inversiones importantes en la República del Paraguay, que son los que al final hacen las grandes inversiones en la República del Paraguay y son los que dan trabajo”.
En contrapartida se expresaron organizaciones campesinas e indígenas, sectores políticos democráticos, centros académicos, organizaciones de la sociedad civil e incluso la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP). La coincidencia discursiva de estos sectores se identifica en los siguientes elementos:
- El derecho a la propiedad privada no es absoluto e intocable, es un derecho secundario. Éste se encuentra subordinado “al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso”.
- El camino para la superación de las condiciones en las que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas y el Paraguay en general no es el desalojo y la criminalización, sino conquistar la Reforma Agraria, el cambio del modelo de producción y la soberanía alimentaria.
- La lucha por la tierra es un imperativo ético y político para las comunidades campesinas e indígenas, y la ocupación de tierras es un medio para garantizar sus derechos productivos y reproductivos frente a la desigualdad y el despojo.
El segundo fenómeno relevante es que, al nuevo ciclo de conflictividad social y desalojos forzosos, corresponde un ciclo de resistencia y luchas por conquistar los derechos. La novedad de este proceso es que en lo que va de la historia reciente del Paraguay no se ha visto un nivel de articulación unitaria tan amplia de sectores tan diversos.
Esta certidumbre, de la unidad del campo popular con el protagonismo de las comunidades campesinas e indígenas permite pensar que donde hay peligro, crece también lo que nos salva.
Notas
- (1) Condiciones para la soberanía alimentaria: Defender y proteger la tierra, el agua, los territorios, las semillas y la biodiversidad: redistribuir la reforma agraria; asegurar el acceso a la tierra, a los territorios y los recursos; la agroecología y la agricultura campesina sostenible; la producción y el marketing cooperativos; evitar la dominación corporativa, la captura y el control de las semillas, las tierras, el agua, la tecnología, el conocimiento, los mercados y las políticas; resistirse a la privatización; desmantelar los regímenes neoliberales de comercio-inversión; frenar la criminalización de las comunidades en primera línea y de los defensores de los derechos; y apoyando los derechos de los suministradores de alimentos a pequeña escala y a sus trabajadores
- (2) Cuestionamiento sobre la desigualdad de los pueblos indígenas y campesinos frente a los agroempresarios realizado por el sacerdote Miguel Fritz en la apertura del novenario de la Virgen de Caacupé, multitudinario evento socio-cultural y uno de los más importantes del Paraguay.
- (3) Para un análisis crítico de la lógica de ensayo error de las políticas públicas ver: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article
- (4) Para un debate sobre la relación de la corrupción y el capitalismo ver: http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/416trabajo.pdf
- (5) Para la noción de burguesía fraudulenta ver:
- https://static.nuso.org/media/articles/downloads/158_1.pdf
- (6) Para la noción de empresaurios ver:
- https://nuso.org/articulo/la-politica-y-su-trasfondo-el-poder-real-en-paraguay/
- (7) Expresión utilizada por el poeta clásico alemán Friedrich Hölderlin en: https://es.aleteia.org/2021/07/27/de-quien-es-el-poema-que-ha-acompanado-al-papa-francisco-en-el-peligro/#
Fotos: https://cutt.ly/gUc6Q7E
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