En el año 2015, durante la COP21^[1] de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se aprobó el tratado internacional conocido como el “Acuerdo de París” con el objetivo de limitar el calentamiento global reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Acaba de terminar la COP28, siete años después del Acuerdo de París, y por primera vez la humanidad se propone por escrito frenar los combustibles fósiles, aunque con promesas diseñadas para hacer negocios, lo que permite augurar muy flacos resultados reales en esos objetivos. Antes de iniciarse el encuentro, ambientalistas de todo el mundo denunciaron la ilegitimidad y falta de compromiso de la reunión, dado que se hacía en Dubái, un país petrolero, y se había designado presidente al sultán Ahmed Al-Jaber, ministro de industria de Emiratos Árabes, y gerente de la compañía petroquímica estatal de ese país. Aun así, esta reunión generó mucha expectativa, dada la urgencia de medidas que frenen la destrucción ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero, principales causantes del cambio climático.

La influencia de la industria de los combustibles fósiles fue fuertemente cuestionada en esta COP, por lo que la inclusión de un compromiso de reducción de emisiones en el documento final resulta en una tibia victoria de los activistas a favor de detener el cambio climático.

Otro de los temas más debatidos en esta COP fue la constitución de un fondo de “pérdidas y daños”, una vieja promesa de los países ricos, principales destructores del ambiente, para pagar el costo de la destrucción del sur. El resultado de este debate es una burla para los pueblos del mundo y evidencia un desprecio absoluto hacia la justicia: con donaciones juntaron unos 600 millones de dólares, lo que no alcanza al 1% de los costos de daños anuales, y entregaron ese fondo para que lo administre ¡el Banco Mundial! Y en paralelo, constituyeron un fondo privado, Alterra, con un aporte inicial de 30.000 millones, presidido por el propio al Jaber. Esta otra iniciativa es una plataforma de captación de fondos privados, que tiene como objetivo 250.000 millones de dólares de aquí a 2030, para ofrecer financiación para los mercados de carbono.

Según informó el medio El Sutidor, la delegación paraguaya a la COP 28 fue la más nutrida de Latinoamérica. Incluyó al hijo del presidente, numerosos representantes de la industria y mercados de carbono (Capeco, UGP, Paracel), y otras figuras exóticas, pero no incluyó a representantes indígenas y campesinos, ni de la sociedad civil. En este contexto, el presidente de la república Santiago Peña, leyó un discurso que pareciera haber sido escrito por los empleados de la UGP o la ARP, los gremios que aglutinan a los mayores terratenientes y productores del agronegocio, y cuyas actividades son las que más daño vienen haciendo al ambiente. Peña expuso sobre un país imaginario en un discurso leído, a continuación analizamos y desmentimos algunas frases de su intervención:

“En mi país, 100% de la energía es limpia y renovable”

En realidad, casi todo el sistema de transporte individual, colectivo y de cargas, además de la agricultura mecanizada, se mueven con combustibles derivados de hidrocarburos. Es el principal producto importado del país, solo en 2022 alcanzó US$ 2.400 millones (más que el valor de las exportaciones de carne o de semillas de soja), el 16,5% de todas las importaciones. Las fuentes de energía utilizadas en Paraguay en 2022 provinieron en un 41% de biomasa (leña, carbón), obtenida por medio de deforestación o de monocultivos forestales exóticos, otro 39% de hidrocarburos y el 20% de electricidad.

“El Paraguay es un actor clave para la seguridad alimentaria y energética, tiene una enorme conciencia sobre el ambiente, y ha tomado pasos para ser considerado ejemplo en este campo”

Sin embargo, según datos del INE, el 25% de los hogares en Paraguay padecen inseguridad alimentaria moderada o grave, situación que afecta a más de 1,5 millones de personas. El Censo Agrícola 2022 muestra caída en los principales rubros agrícolas destinados a la alimentación en el país, comparándolos con el censo anterior del 2008: la superficie de cultivos de mandioca cayó 9%, la de maíz chipá 47%, la de maní se contrajo en 61% y la de porotos en 60%, mientras la de sésamo se redujo en 30% y la de zanahoria 22%. Esto representa menos alimentos y más caros, por lo que se tiene que recurrir a importantes volúmenes de alimentos importados. En el 2022 según el SENAVE se importaron 148 mil toneladas de hortalizas, 69 mil toneladas de frutas y 27 mil toneladas de semillas, entre otros rubros.

“Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad (…) El Paraguay aboga por un planeta verde, solidario y próspero, en el que todos cumplamos con los compromisos asumidos…”

Es cuanto menos discutible, por no decir disparatado, llamar desarrollo a un modelo latifundista, primario exportador de materias primas, que destruye la naturaleza, concentra la tierra y la riqueza, genera desarraigo, exclusión y migración, además de escasez de alimentos y empleos. El 1,6% de los propietarios concentra el 77% de las tierras; la población en las fincas rurales se redujo en un 40% desde el 2008; los trabajadores en tareas agropecuarias en fincas propias cayeron 56% y los trabajadores asalariados son 45% menos que en 2008 (Censo Agropecuario 2022). En consecuencia, la pobreza, la marginación social y la enorme desigualdad se mantienen como males endémicos del Paraguay, lo cual no puede ser considerado como desarrollo, mucho menos como un modelo solidario y próspero, al menos para las grandes mayorías. El gobierno del Paraguay no cumple ni siquiera sus compromisos con sus ciudadanos, quienes no gozan de múltiples derechos establecidos en su propia Constitución Nacional, desde hace 31 años.

“La cuarta comunicación nacional sobre cambio climático demuestra una reducción del 44% de las emisiones del sector de cambio de uso de la tierra y silvicultura, y un 40% de las emisiones de metano en el sector agrícola y ganadero, con respecto al año 2010”.

Los porcentajes de las emisiones de GEI en el país no hacen más que subir en cada reporte.  Con respecto al metano (CH4), es el segundo gas de efecto invernadero que se emite con mayor intensidad en el país con el 37,72%. Las emisiones de metano son generadas principalmente desde el sector de la agricultura y ganadería donde en realidad sufrió un aumento del 69,30 % en relación al año 1990 y un aumento del 1,14 % con respecto a 2017, según datos de la cuarta comunicación nacional.

“El 94% de la superficie sembrada de soja en la Región Oriental de mi país, de la que somos el 6º productor mundial, está libre de deforestación“

No es la primera vez que Peña menciona como un logro que la soja sembrada en el País está libre de deforestación, ignorando datos del informe del propio Infona^[2]  que registra más de 5 millones de hectáreas de bosques nativos deforestados en el periodo de 2005 y 2022. Además, 162.719 hectáreas^[3] fueron deforestadas para la producción de soja en el mismo periodo, luego de la promulgación de la Ley de Deforestación Cero vigente desde 2004.

“Nuestras emisiones de CO2 son las más bajas de la región latinoamericana, representando sólo el 0.10% de las emisiones globales”

Contar con un porcentaje bajo de emisiones en comparación con otros países industrializados no significa que estemos bien en términos de capacidad de hacer frente a efectos del cambio climático. Somos uno de los países más vulnerables del mundo por pobres, por carecer de infraestructura, por falta de diversificación productiva, por la absoluta imprevisión de un estado ciego y sordo al clamor de su pueblo.

“Estamos entre los 10 principales exportadores de carne vacuna del mundo, cuya calidad está garantizada por el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios y con alimentación basada en pastura natural”

Así como la soja, el modelo de producción ganadera del país se cimentó sobre inmensas hectáreas de bosques que fueron deforestados para la implantación de pasturas. Paraguay se ubica entre los primeros lugares del mundo en deforestación para la producción de carne vacuna. Se estima que, por cada 1.000 toneladas de carne, puede haber hasta 734 hectáreas deforestadas en el país. Esto supera ampliamente a Brasil, el mayor exportador del mundo, que “ya sea en la ecorregión del Cerrado, cuyo riesgo es de 55 hectáreas por cada 1.000 toneladas, o de la Amazonía, de 80 hectáreas por cada 1.000 toneladas” ^[4]

Poco antes de este cuento contado en Dubái, el Estado paraguayo cerró un acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional – FMI bajo la categoría “Servicios de Resiliencia y Sostenibilidad de los recursos naturales”. Son 302,1 millones de dólares que supuestamente van a destinar para “promover el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente”. El desembolso está condicionado a la aprobación de la reforma al sistema previsional y la creación de la superintendencia, entre otras exigencias de ese organismo, cuyas nefastas imposiciones son bien conocidas en la región.

Mentiras, cegueras, endeudamiento desaforado, represión al pueblo. Peña estuvo cantando versos en Dubái, y sigue cantando falacias en Paraguay. Nuestro futuro cercano, más que verde, se avecina bien negro.

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Notas

^[1] Las Conferencias de las Partes – COP son reuniones de representantes de Estados, de empresas, de la academia y de organizaciones de la sociedad civil. Se realizan periódicamente para debatir la vigencia de las Convenciones Marco de Naciones Unidas, y se numeran secuencialmente.

^[2] Nuestros Bosques 2020-2022, Instituto Forestal Nacional, 2022. Disponible en: https://infona.gov.py/infona-presento-actualizacion-del-reporte-nacional-de-cobertura-forestal-y-cambio-de-uso-de-la-tierra-al-2020-2022/

^[3] El Surtidor, disponible en: https://elsurti.com/chequeo/2023/10/03/el-discurso-desinformante-de-la-soja-libre-de-deforestacion-de-pena/

^[4] Trase Yearbook 2020, Instituto Ambiental de Estocolmo y Global Canopy. Disponible en: https://insights.trase.earth/yearbook/contexts/paraguayan-beef/

El proceso de diseño, ejecución y presentación del Censo Agropecuario Nacional 2022 ha ratificado una vez más el favoritismo excluyente que tienen los gobiernos y sus ministerios de agricultura en Paraguay, por el sector empresarial y por los agronegocios. Éstos fueron incluidos, consultados y agradecidos por su participación, mientras organizaciones campesinas e indígenas simplemente fueron ignoradas. Tal es la actitud del MAG hacia estos sectores, abandonados intencionalmente desde hace décadas, para provocar su debilitamiento, desarraigo, migración y desintegración. El objetivo es claramente dejar la tierra y el territorio rural para los empresarios, la inversión extranjera, los proyectos extractivos y el incremento de las ganancias privadas. En esta ocasión, organismos multilaterales como el BID y la FAO resultaron ser cómplices de la actitud excluyente del MAG, al acompañar y validar todo el proceso.

Algunos criterios adoptados por el Comité Técnico, con participación de la UGP, son cuanto menos cuestionables, con relación a la definición de fincas agropecuarias. Al considerar solo a las fincas que tienen cultivos para la venta, dejaron fuera del estudio a más de 46 mil fincas rurales con producción para el autoconsumo, extendiendo un manto de oscuridad sobre ellas, sus ocupantes y sus cultivos. Los resultados presentados sobre la distribución de tierras, evolución de cultivos, disminución de la población y el trabajo rural, tanto en el caso de hombres como de mujeres, son alarmantes.

En este informe elaborado por Luis Rojas, se presentan y analizan algunos de los principales resultados del CAN 2022. Puedes descargarlo en el siguiente enlace.