Autor: Sandino Flecha

Tierra, policías y desalojo en Edelira. Síntomas del continuismo

Tierra, policías y desalojo en Edelira. Síntomas del continuismo

Por Heñói

05/07/2024

Los eventos del jueves 4 de julio nos recordaron, una vez más, que el Paraguay es un país autoritario y represivo, pleno de desigualdades e injusticias. En las primeras horas del día se desplegó en el departamento de Itapúa un enorme operativo fiscal-policial con el objetivo de desalojar a una comunidad campesina del lugar donde se asentaban. Sumando policías de Itapúa, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí y Caaguazú, se conformó un contingente de 600 agentes apoyados por helicópteros, carros hidrantes y policía montada, para hacer efectiva la orden de desalojo emanada del fiscal Luis Albertini. 

La orden era desalojar a unas 100 familias campesinas del asentamiento Arapoty, del distrito de Edelira, en la zona del kilómetro 40 de Pirapey. Los campesinos estaban asentados desde hace unos 9 años en el lugar, poseían viviendas, cultivos y animales, todo lo cual fue destruido o perdido con la aparatosa intervención de las fuerzas estatales. La superficie objeto del desalojo abarcaba unas 348 hectáreas que, según la orden fiscal, son parte de una propiedad de unas 1.200 hectáreas perteneciente a un empresario belga de nombre Luck Vanryckeghem.

Las familias campesinas desalojadas llevan años buscando una respuesta por parte del ente responsable del acceso a la tierra, el INDERT, de modo a regularizar su situación. Habían propuesto impulsar la expropiación de estas tierras para los fines de la reforma agraria, lo cual no pudo avanzar por falta de presupuesto, según consta en medios periodísticos. No es el primer desalojo ejecutado en esta propiedad, en el 2023 ya se había procedido a uno, luego del cual los campesinos volvieron a reocupar el lugar. En la propiedad se quieren impulsar cultivos mecanizados, como soja y maíz transgénicos.

Indudablemente estos hechos son reflejos de la enorme desigualdad en la distribución de tierras existente en Paraguay. Según el Censo Agropecuario 2022, el 1% de los grandes propietarios concentra más del 70% de las tierras a nivel país. Al tiempo, existen miles de familias campesinas, indígenas, trabajadoras, tanto en zonas rurales como urbanas que no acceden a un pedazo de tierra, permaneciendo por años como sin tierra y/o sin techo, ante la indolencia estatal. Desde la guerra grande en el siglo XIX, la historia del Paraguay ha sido la historia de la desigual lucha por la tierra, donde el Estado ha sido capturado y puesto al servicio de la minoritaria clase terrateniente, para la defensa del latifundio y el modelo extractivista, subsumiendo al país en el subdesarrollo y a la población mayoritaria a padecer pésimas condiciones de vida.

Las desigualdades estructurales del país se expresan con sus particularidades en cada departamento. En el caso de Itapúa, el último censo encontró que 178 grandes propietarios con fincas de más de 1.000 hectáreas concentran el 39% de la superficie agropecuaria del departamento, siendo ellos solo el 0,5% de los propietarios. El censo también mostró que entre los dos últimos censos, del 2008 y 2022, las fincas que más se redujeron fueron aquellas que cuentan con una superficie de entre 1 y 20 hectáreas, mayormente campesinas, mientras que las fincas que más crecieron en superficie fueron aquellas de más de 1.000 hectáreas, lo cual confirma un proceso de mayor concentración de la tierra en los últimos años, agudizando la exclusión social.

A esto se suma que los cultivos campesinos como mandioca, poroto o maní vienen cayendo en Itapúa (y en todo el país), mientras los monocultivos como soja, trigo, arroz, así como las plantaciones de eucaliptos y forraje se expandieron notablemente. La consecuencia lógica de estas dinámicas territoriales y productivas es la expulsión de la población y la reducción del trabajo: en Itapúa la población en fincas se redujo 46%, pasando de 131.000 personas a solo 70.000 entre el 2008 y 2022. Al tiempo que el trabajo agropecuario en propia finca se desplomó un 63%, mientras que los trabajadores asalariados cayeron 25%.

La demanda de tierras por parte de las familias campesinas es real y legítima. Por la falta de políticas de Estado para responder a esta demanda es que se suceden hechos de violencia como los desalojos en diferentes zonas del país, llegándose incluso a quitar la vida a pobladores en dichos procedimientos, como ocurrió en el mismo distrito de Edelira el 15 de junio de 2022, cuando las fuerzas policiales asesinaron al joven campesino Edgar Centurión, ocupante del asentamiento 1° de mayo, de Pirapey, en una lucha similar de familias campesinas que buscaban un lugar donde vivir y producir.

Hoy día el gobierno paraguayo ha renunciado a su obligación constitucional de impulsar una reforma agraria para la inclusión socioeconómica de la población campesina, en función a un desarrollo rural sostenible. Tanto el INDERT como el INDI ya no impulsan expropiaciones con fines sociales, no tienen presupuesto ni realizan compras de tierras, ni mucho menos impulsan la recuperación de tierras malhabidas o lotes irregularmente apropiados por grandes terratenientes, políticos, empresarios. Su función real es mantener la actual estructura desigual de tenencia de tierras en favor de unos pocos.

En Paraguay el gobierno no es del pueblo ni gobierna para el pueblo. Sigue siendo un país al servicio del capital transnacional, gestionado por corruptos y mafiosos locales sin principios, sin ideas ni proyecto de nación.  

PARACEL: Precariedad laboral que intoxica

PARACEL: Precariedad laboral que intoxica

17/Junio/2024

Por Heñói

Alrededor de 150 trabajadores de una obra en construcción de la empresa PARACEL presentaron síntomas de intoxicación tras la ingesta de alimentos en mal estado. Los cuadros más graves fueron derivados a urgencias del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción. Según el informe médico, en total fueron atendidas 45 personas. Dos de ellas en estado de shock por los vómitos y diarrea persistentes.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 de junio y adquirió visibilidad pública a través de la cobertura de medios de prensa. Sin embargo, lejos de ser un caso aislado, esta intoxicación masiva representa apenas una pequeña muestra de las irregularidades y precariedades en que se encuentran los trabajadores que prestan servicios de manera tercerizada para la multinacional.

Entre agosto y diciembre del año 2023 el Centro de Estudios Heñói entrevistó a trabajadores de construcción de la futura planta, operarios que prestan servicios en las plantaciones de eucaliptos, entre otras áreas, todos ellos coincidieron en el malestar respecto a la alimentación proveída. Mencionaron recibir alimentos poco nutritivos, insuficientes para hacer frente al gasto energético que implica el tipo de trabajo que realizan e incluso en ocasiones comidas en mal estado. Manifestaron también haber recibido maltratos y abuso de poder por parte de sus encargados cuando reclamaban o se negaban a consumir estos alimentos.

Al ser consultado sobre las afecciones de salud más frecuentes entre los operarios de plantaciones uno de ellos refirió que la principal dolencia es estomacal:

 …la mayoría de las veces estomacal, por el tema de la comida, al menos para los que no trabajan en la parte de fumigación. Pero el tema es la alimentación, porque no es del día la comida”

Operario de las plantaciones

Sobre el tipo de alimentación que reciben emergieron este tipo de testimonios:

“En su mayoría fideo o arroz con algunas pequeñas porciones carne, a veces cocinan vorí vorí de pollo, pero con carne que expide un mal olor. Alimentos que huelen mal, en mal estado, nada de fruta. A veces traen pero no nos dan. Reclamamos, pero nadie atiende nuestros reclamos”

Operario de las plantaciones

“…muchas veces no comíamos, lo tirábamos todo porque era incomible”; “la mayoría de las veces daban pollo, fideo y arroz, pero no siempre estaban en buenas condiciones, no era rico”; “muchas veces abrías el pollo y no estaba cocinado, sangraba”

Grupo de ex operarios de plantaciones 2

“…muchas veces comíamos recién al volver a nuestras casas después de la jornada laboral”

Grupo de ex operarios de plantaciones 3

Estos trabajadores afirmaron también haber realizado quejas formales en varias ocasiones ante los encargados de la empresa Paracel sin que la situación haya cambiado.

Condiciones en la que los trabajadores se alimentan diariamente. Foto: gentileza

Paracel dice dar trabajo, pero no da la cara

La subcontratación y la tercerización son instrumentos de flexibilización y precarización laboral. La empresa principal que demanda la contratación de determinados servicios recurre a las empresas tercerizadas para evadir cualquier tipo de responsabilidad legal sobre el trabajador y evitar que su imagen corporativa se vea dañada en caso de que las irregularidades o prácticas de abuso y explotación laboral que internamente permiten y encubren, salgan a la luz.

Los empleos que ofrece Paracel a la comunidad en su mayoría se dan a través de este tipo de contratos. Empresas tercerizadas cuyos empleos resultan riesgosos, con contratos inestables, salarios por debajo de lo establecido, sin pago de horas extras, de sobreexplotación y en ocasiones en condiciones de semi esclavitud.

En este caso particular de intoxicación, la falta de control de calidad de alimentos evidencia la falta de cuidado y responsabilidad tanto de las empresas proveedoras como las contratistas sobre la seguridad alimentaria. Un círculo de evasión de responsabilidades y negligencias que se cierra al poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Las cifras de estos empleos indirectos generados son ampliamente publicitadas como parte de los supuestos beneficios y el desarrollo que la empresa dice llevar con su instalación al departamento de Concepción. Cifras que sirven para el discurso de progreso que vende la empresa pero que sin derechos laborales en la realidad efectiva no están mejorando la calidad de vida de nadie.

Cabe mencionar que Paracel se encuentra sujeta a una política de “Sostenibilidad Ambiental y Social” por parte del BID Invest, quien podría proveer un crédito de inversión, dónde se establecen 8 normas de desempeño (normas IFC). El caso en cuestión evidencia el incumplimiento de la norma 2: “Trabajo y condiciones laborales”

También te puede interesar

PARACEL: superposición de fincas y militarización del conflicto

Reportaje documental “¿Qué es PARACEL?”

El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

El Fondo nos evalúa mientras seguimos bicicleteando la deuda

12/Junio/2024

Por Alhelí González Cáceres

En el 2019 Mario Abdo Benítez inició el proceso de acercamiento al FMI en la búsqueda de la firma del Acuerdo Técnico sobre Instrumentos de Coordinación de Políticas (PCI) que le permite a Paraguay un acceso mucho más rápido al crédito si aplica el programa de estabilización económica o también conocido como “programa de reformas”.

El programa de estabilización económica se estructuran en torno a diez puntos, a saber: 1) Disciplina en la política fiscal, 2) redireccionamiento del gasto público en subsidios, 3) ampliación de la base tributaria mediante una reforma que adopte tipos impositivos marginales, 4) liberalización de las tasas de interés, 5) liberalización del tipo de cambio, 6) eliminación de barreras arancelarias a la inversión extranjera, 7) liberalización del comercio, 8) privatización de empresas estatales, 9) desregulación del mercado, 10) seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Con la firma del Acuerdo PCI el Fondo tiene vía libre para diseñar e implementar los programas de política macroeconómica, incluyendo el direccionamiento del Fondo para que el Estado aplique el programa de reformas económicas durante al menos dos años desde su firma.

Foto: Elisa Marecos Saldívar

Los acuerdos con el Fondo están sujetos a evaluaciones semestrales de cuyos resultados dependen los desembolsos comprometidos para Paraguay, dicha evaluación tendrá lugar en el mes de junio del presente año en curso. Para ello el gobierno de Santiago Peña ha acelerado la aprobación de las reformas que implican la aprobación del marco jurídico que las avale, como es el caso de la Ley 7235/23 de Jubilaciones y Pensiones, así como impulsa el proyecto de Ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, en el marco de la denominada “modernización del Estado”. Estas reformas implican la reestructuración de la maquinaria estatal, y sus primeros pasos pudieron observarse en la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas mediante la Ley 7143/23 que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, así como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas que, en su conjunto, forman parte de las exigencias del acuerdo firmado con el FMI.

Si bien ya en el 2020 durante la pandemia el FMI aprobó un fondo de emergencia por USD 274 millones al gobierno de Abdo, el gobierno de Peña también ha solicitado un crédito por USD 400 millones correspondientes a los fondos del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) a un plazo de 24 meses y a una tasa máxima de interés del 9.5%. Los desembolsos de este fondo dependen del grado de implementación del paquete de reformas fiscales y monetarias que el Ejecutivo se encuentra aplicando con toda rigurosidad.

Un buen alumno del Fondo

Las principales exigencias del Fondo incluyen mantener la estabilidad macroeconómica, la reforma del sistema de pensiones del funcionariado público y la racionalización de los programas de asistencia social, entre otros. La más importante del conjunto de medidas es el restablecimiento de la regla de déficit fiscal. Esta exigencia se encuentra establecida en la Ley N° 5098/2013 De Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes que estipula un techo al déficit de 1.5% respecto al PIB, siendo la prioridad de cara al 2026 (FMI, 2023).

Foto: Elisa Marecos Saldívar

La centralidad de las políticas económicas neoliberales es la regla fiscal. La también conocida como regla de equilibrio fiscal o de déficit cero no sólo abandona el propósito del desarrollo social y económico, sino que además impone elevados costos sociales por sus implicancias en términos de la instrumentalización de la política fiscal, cuyos alcances se ven limitados por la disciplina en las finanzas públicas en dirección hacia el déficit cero.

Es decir, desde el instante en el que los instrumentos de la política económica como lo son la política fiscal, monetaria, cambiaria y de rentas, son direccionadas para alcanzar el equilibrio, contribuyen a la profundización del ciclo recesivo, terminando por afectar lo que se persigue: el equilibrio macroeconómico y el despliegue de la economía.

Paraguay exhibe una economía disciplinadamente recesiva, en el sentido de que las políticas económicas de ajuste estructural que se han venido implementando desde hace décadas han operado como obstáculos para el desarrollo socio-productivo, para generar empleos de calidad y mejorar los indicadores de calidad de vida del conjunto de la población.

El foco en una política de equilibrio fiscal conduce al desequilibrio de las finanzas públicas, dado que, mientras exige la disminución de la presencia del Estado a través de la disminución del gasto público (principal mecanismo de redistribución de la riqueza), también demanda la reducción de la presión tributaria, propiciando regímenes tributarios regresivos. Es decir, la política económica neoliberal es en su conjunto ineficaz, recesiva y contradictoria, puesto que, al suprimir las fuentes de financiamiento del tesoro, el Estado se ve obligado a contraer deuda cada vez en mayor proporción, generando desequilibrios en las finanzas públicas a largo plazo.

Foto: Gentileza

El caso paraguayo es evidencia de la ineficiencia e ineficacia de las políticas económicas recetadas por el Fondo que, en la búsqueda de mantener el equilibrio macro deja al Estado sin margen fiscal para implementar políticas económicas que contribuyan a generar mejores condiciones de empleo y de desarrollo de las fuerzas productivas, mientras aumenta el endeudamiento y disminuyen las reservas internacionales, cuyo fondeo,  así como el pago de los servicios financieros de la deuda se realizan con más deuda.

Gráfico. Dinámica de la deuda pública como % del PIB

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo Estadístico del Banco Central

Concretamente, el problema de la política de déficit cero o de disciplina fiscal conduce al aumento del déficit privado que se traduce en una nueva forma de transferencia de riquezas desde el conjunto de la clase trabajadora hacia los capitales que operan dentro y fuera del territorio. Dado que el Estado concede subsidios al capital, transfiere recursos a actores privados mediante el rescate de empresas, la concesión de exoneraciones o exenciones fiscales, devuelve impuestos o establece regímenes especiales de tributación, entre otros mecanismos de transferencias como es el caso de la deuda e inclusive la política cambiaria.

La estabilidad macroeconómica como concepto se basa en dos principios: 1) Equilibrio fiscal y 2) baja inflación. En el caso paraguayo, el discurso de la estabilidad o del equilibrio macroeconómico es bastante cuestionable, pues si nos detenemos a analizar las finanzas públicas y más concretamente, las fuentes de financiamiento del plan de gastos de la nación, se puede observar la baja capacidad de financiamiento del Estado paraguayo. En el año 2022, el 49% del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) se financió con recursos institucionales (Fuente 30), frente a tan solo un 32% financiado con recursos del Tesoro (Fuente 10). En el PGN que se encuentra en ejecución, el 50% se financia con Fuente 30, frente a un 34% financiado con Fuente 10. La tendencia que puede observarse es la de que, cada vez más, el PGN se encuentra financiado con deuda y mediante el arancelamiento de bienes y servicios públicos, o la liquidación de activos de las instituciones del Estado (Zevaco y González, 2022).

La cuestión es que no puede lograrse el déficit cero sin ajuste y, por consiguiente, sin deuda. Y al hablar de ajuste, nos referimos a la pérdida de derechos laborales, económicos y sociales que conducen al deterioro de la calidad de vida de la población como resultado de la ruina de los servicios públicos. Por el lado de la inflación, es importante hacer notar que las estadísticas oficiales adolecen de credibilidad, pues la misma institución que se encarga de diseñar la política monetaria y tiene como objetivo controlar la inflación, se encarga también de monitorear las fluctuaciones en el índice de precios, indicador de la inflación.

Foto: Fotociclo

La preciada estabilidad macroeconómica de la que presume el gobierno de Santiago Peña en los foros empresariales regionales e internacionales se encuentra sostenida en la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría de la población y en ningún caso constituye elemento suficiente para generar empleos ni propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social.

Referencias

FMI. (2022). FMI alcanza acuerdo técnico sobre Instrumento de Coordinación de Políticas de Paraguay. Obtenido de https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/10/13/pr22350-imf-reaches-staff-level-agreement-on-paraguays-policy-coordination-instrument

Zevaco, S., & González, A. (2022). Inversión Fiscal del Estado: Derechos Vs. Capital. Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Paraguay, 405-420.

La captura del Estado paraguayo

La captura del Estado paraguayo

10/Junio/2024

A 9 meses del “vamos a estar mejor”

Por Omar Yampey

A 9 meses de la asunción del nuevo gobierno, se percibe el nacimiento de una sociedad cada vez más injusta, insegura y desigual. Muy por el contrario del eslogan en campaña propuesto por la dupla cartista de Santiago Peña y Pedro Aliana, de “vamos a estar mejor”, lo que se constata en la realidad es o un problema semántico (porque ellos si están mejor) o una llana estafa electoral (porque las grandes mayorías estamos peor).

Horacio Cartes, saluda al presidente Santiago Peña durante su informe de gestión ante la ANR. Foto: Elisa Marecos Saldívar

El proceso de configuración del “cartismo” en el poder comienza con la modificación de los estatutos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o partido colorado en 2010 para allanar el camino y la incursión a la política nacional directa de Horacio Cartes, y continua con el golpe de estado contra Fernando Lugo en 2012 y la elección presidencial de Cartes por el movimiento interno Honor Colorado (HC) en 2013. Con el control de la ANR por parte de HC se abría la gran puerta giratoria y la captura del Estado paraguayo para la ampliación de los negocios legales e ilegales del cartismo en el país.

En declaraciones periodísticas[1] el exsenador colorado Juan Carlos Galaverna explicitó que el comando del movimiento HC que se reúne periódicamente en el quincho de la casa de Horacio Cartes no es un club de amigos, sino una entidad política. Y que Cartes (el patrón) es el líder político, mientras que el presidente actual Santiago Peña el líder técnico. En otras palabras, el que define los objetivos estratégicos y ejerce el poder es el comando de HC y el que aplica lo resuelto es Peña. La voluntad del patrón, sus ambiciones y negocios están por encima de la institucionalidad de la propia ANR y de los fines y objetivos de las instituciones del Estado paraguayo.

Informe de gestión del presidente Santiago Peña ante la junta de gobierno de la ANR Foto: Elisa Marecos

La captura del Estado es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población[2]. El control de la ANR y la captura del Estado por parte del cartismo quedó de manifiesto en la rendición de cuentas por los nueve meses de gestión dada por el presidente Peña a la ANR antes que al Congreso Nacional, como lo estipula la Constitución Nacional.

Otras señales del Estado cooptado son la desigualdad de ingresos y en el acceso a la tierra sostenidos por una política fiscal y tributaria donde influyen sectores que, buscando mantener y aumentar sus beneficios, impiden el cumplimiento del rol redistribuidor del Estado[3]. Así también, la política agraria del Estado mantiene su tendencia histórica con tres características principales: se orienta al beneficio de los actores del agronegocio; es fragmentaria y de difícil acceso para los sectores campesinos e indígenas y, finalmente, su presencia efectiva es represiva y de criminalización[4].

Ya en el 2017 Serafini identificó la participación formal del sector privado en 35 entidades del sector público, siendo las de mayor participación la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) en los ámbitos agropecuario y de medio ambiente y dentro de los organismos colegiados del INDERT, IPTA, Consejo Asesor Agrario, INFONA, etc.

Otro indicador de puerta giratoria y captura del Estado es la composición del gabinete del cartismo en el gobierno. El propio Santiago Peña, hoy titular del poder ejecutivo, fue funcionario del Banco Central del Paraguay, ministro de hacienda y miembro del directorio del banco BASA. Similar trayectoria a la de Carlos Fernández Valdovinos, doctor por la Universidad de Chicago, funcionario del Banco Mundial y el FM, y actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien fuera presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) entre 2013-2018, luego presidente del directorio del banco BASA, hasta su nombramiento al frente del MEF. Es más, según medios de prensa formó parte del equipo de transición hasta su asunción al cargo de ministro siendo aún presidente de BASA[5].

Otros ejemplos similares son el de Cristina Alejandra Goralewski, titular del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y vinculada al sector yerbatero y a la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), y el del actual titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez García de Zúñiga, vinculado al sector privado y con lazos familiares con el presidente Peña[6]. Algunas de las empresas a las que estuvo/está vinculado el mismo son, Giménez Calvo SA, Almasol S.A ATL Logística SA, Bigbox SRL, dedicadas a los rubros de depósitos aduaneros, desarrollo de complejos industriales, etc. y en algunos casos proveedoras del Estado.

Otras expresiones más evidentes de la captura del Estado se dan en los vínculos entre la mafia, el narcotráfico y la política. “Desde Cartes a esta parte”, como señaló un experto en ABC Color[7], la narcopolítica ha inficionado al Estado paraguayo.

Se destacan también los casos de clientelismo y nepotismo político, donde allegados y familiares de políticos ocupan cargos en la función pública. Desde familiares de diputados y senadores nacionales, hasta la hija del vicepresidente de la república sin la idoneidad y probidad ocupan cargos públicos[8]. De esta forma, la captura del estado por parte del movimiento Honor Colorado, las puertas giratorias y conflicto de intereses entre lo público y lo privado y la infición de la mafia y el narcotráfico en la política debilitan aún más las instituciones del Estado, evidenciando la vergonzosa ilegitimidad de representatividad de los partidos políticos a las demandas ciudadanas, socavando lo poco que queda de sistema democrático en el Paraguay.

Fuente: Hína

Referencias

[1] https://www.ultimahora.com/el-comando-de-hc-no-es-un-club-de-amigos-es-una-entidad-politica

[2] https://www.oxfam.org/es/la-captura-del-estado-y-el-aumento-de-la-desigualdad-en-latinoamerica-y-el-caribe

[3] Serafini, V. (2017). Élites y captura del estado. Paraguay: un estudio exploratorio. Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana.

[4] Rojas, L. y Yampey, O. (2023). La vieja política agraria continúa. El 1,6% sigue estando mejor con el 77% de las tierras. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2023 (pp. 283-302). Asunción, Paraguay: Codehupy.

[5] https://www.abc.com.py/politica/2024/02/19/fernandez-valdovinos-siguio-en-basa-luego-de-ser-nombrado-ministro-de-economia/

[6] https://www.ultimahora.com/pena-designara-a-empresario-para-ministro-de-industria-y-comercio

[7] https://www.abc.com.py/policiales/2023/10/31/narcopolitica-hizo-que-paraguay-tenga-este-nivel-de-criminalidad-dice-experto/

[8] https://www.abc.com.py/politica/2024/01/17/lista-de-los-nepobabies-que-ya-estan-mejor/

Para hacer posible el futuro

Para hacer posible el futuro

5 de junio, Día mundial del Ambiente

05/06/2024

Por Heñói

El Paraguay reconoce constitucionalmente el derecho a un ambiente saludable y cuenta con normativa clara de protección ambiental. Sin embargo, su escaso cumplimiento se debe a que el estado nacional sigue orientando sus esfuerzos a sostener un modelo de producción extractivista que aniquila esa salud ambiental necesaria para la reproducción de la vida.

Nos referimos a la producción extensiva de organismos genéticamente modificados (soja, maíz, algodón, trigo); las miles de hectáreas de arroz con riego, y cada vez más eucaliptos, destinados a la producción de biomasa y pulpa de celulosa; la producción no sostenible de carne vacuna, seriamente observada por los potenciales mercados por la deforestación que conlleva y las emisiones de las que es responsable; inversiones transnacionales orientadas a la producción de biocombustibles, a quienes regalamos agua, energía e insumos; la prospección minera e hidrocarburífera entregada a capitales transnacionales, y la explotación aurífera que compromete nuestro territorio con sustancias tan letales como el mercurio y el cianuro.

Foto: Fernando Franceschelli

Hemos descripto en reiteradas ocasiones el grave daño que esta matriz económica produce en nuestra gente; en sus cultivos, su salud, su economía, su cultura y sus medios de vida. Hoy padecemos extremos climáticos devastadores, y padecemos una dependencia alimentaria, pérdida de agrobiodiversidad y dificultades cada vez mayores para producir cultivos básicos para la vida nacional, como consecuencia de alteraciones ecológicas severas.

Existe abundante información científica que explica que el “cambio de uso de suelo”, es decir, la pérdida de bosques y otros ecosistemas para favorecer la expansión agropecuaria, es la principal causa que impulsa y acelera el cambio climático. El modelo del agronegocio se ha apropiado de un tercio del planeta, y en nuestro caso impulsa todas las decisiones económicas y ambientales del país, en contra de nuestra soberanía y de los derechos de las personas que constituimos la nación paraguaya.

Foto: Inés Franceschelli

Hoy, en el día mundial del ambiente, venimos a reiterar nuestras demandas al estado nacional: Es URGENTE un cambio radical en la orientación de las políticas relacionadas con la gestión ambiental del país. En ese sentido exigimos:

  • Implementar una política de freno efectivo de la deforestación y de restauración de la superficie boscosa funcional, con el objeto de preservar bosques y suelos que se destinen a la producción de alimentos. Sanción y promulgación de una ley de Deforestación Cero para el Chaco.
  • Diseño y aplicación de planes de prevención, contingencia y mitigación en casos de desastres naturales en consulta y participación de las comunidades afectadas. Adoptar el principio precautorio como medida de acción, a fin de proteger el derecho al ambiente y los demás derechos que dependen de su concreción.
  • Eliminar los privilegios otorgados a algunos sectores de producción por sobre otros en detrimento al principio de igualdad, no discriminación y con consecuencias en el disfrute del derecho a un ambiente sano.
  • Aplicar de forma efectiva la Ley N.º 3239 «De los Recursos Hídricos del Paraguay», como eje para una política de recuperación de los territorios del agua, aquellos que la producen, almacenan, distribuyen y purifican, tales como humedales, cursos de agua y bosques. En ese marco, realizar un monitoreo y control de contaminantes en aguas, y establecer penas máximas para quienes las contaminen.
  • Y muy especialmente: Llevar adelante una reforma agraria integral de acuerdo con el mandato constitucional, con la implementación de una política de promoción de la agroecología como camino para la preservación de territorios y como estrategia para hacer frente al cambio climático. Tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, y detener de inmediato el envenenamiento de nuestro territorio.
Foto: Elisa Marecos

A la sociedad nacional, llamamos: Es IMPRESCINDIBLE apoyar a quienes luchan por la sostenibilidad, en defensa de las comunidades campesinas e indígenas, por la seguridad y soberanía alimentaria, por el derecho al agua.

Queremos un futuro posible. Si no cambiamos el rumbo, vamos camino a un país insostenible e inhabitable.

UN PAÍS A LA VENTA: PARAGUAY, TIERRA DE EXTRACTIVISMO

UN PAÍS A LA VENTA: PARAGUAY, TIERRA DE EXTRACTIVISMO

Paraguay, situado en el corazón de América del Sur, es un país mediterráneo con una gran biodiversidad, abundantes recursos hídricos, y grandes extensiones de territorio recientemente deforestadas o en proceso de deforestación.

En sus orígenes como país independiente a principios del siglo XIX, luego del sometimiento colonial español, Paraguay se caracterizó por su fuerte liderazgo nacionalista y anticolonial, que lo llevó a convertirse en un territorio autosuficiente e igualitario. Este período de prosperidad llegó a su fin con la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), en la cual Argentina, Brasil y Uruguay, con el financiamiento de la corona británica, destruyeron al país y a la mayoría de su población.

Desde entonces, comenzó el proceso de neocolonialismo extractivista que se mantiene hasta hoy, y que ha llevado al país a una de las desigualdades socioeconómicas más altas del mundo, con una alta concentración de poder y riqueza en manos de unas pocas élites. En el centro de la disputa en Paraguay está la tierra.  A pesar de que la constitución garantiza el derecho a la tierra del pueblo paraguayo, y obliga la reforma agraria, la realidad es que el país exhibe el peor índice GINI de tenencia de la tierra del mundo: 0,93 (el 1,00 expresa la desigualdad perfecta). Como referencia, el índice de GINI europeo es de 0,57 y el de América Latina es de 0,79. La conflictividad social que deviene de esta inequidad se costea con la vida y la libertad de los y las luchadores campesinos e indígenas.

El extractivismo se manifiesta en numerosos ámbitos: económico, industrial, laboral, educativo, pero sus expresiones más notables son la producción de commodities, tales como soja, maíz y trigo transgénico, la producción industrial de carne bovina, las plantaciones de eucalipto, la minería y criptominería. En este sentido, Paraguay representa la peor expresión regional del libre comercio.

Comunidad Guahory. Territorio recuperado por la lucha campesina contra los agronegocios. Foto: Inés Franceschelli

La injusticia en la posesión de tierras impacta directamente en la vigencia del derecho a la alimentación. Paraguay pasó de ser en el un país autosuficiente en materia alimentaria hasta la década de 1990, al extremo actual, en que se importa más del 60% de los productos frutihortícolas necesarios para el consumo.

No es casualidad entonces que la desnutrición crónica afecte al 13% de la infancia, y la inseguridad alimentaria grave impacte en el 6% de la población en promedio, es decir, cerca de medio millón de personas que no pueden comer todos los días.

Foto: Sandino Flecha

Los millones de hectáreas dedicadas a los monocultivos extractivos están sujetas a un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, en muchos casos sustancias prohibidas por la Unión Europea, pero que son fabricadas en Europa o por empresas europeas. Hablamos de 60 millones anuales de kilos de venenos que se vierten en los territorios, contaminan aguas, suelos, para generar una renta que la nación paraguaya no alcanza a ver. Hablamos de casi 10 kilos de veneno por persona por año.

Estos monocultivos, junto con la producción de carne bovina y de carbón vegetal para exportación, es la principal causa de la persistente deforestación con ritmo alarmante: En los últimos 10 años el país perdió 2,5 millones de hectáreas de vegetación nativa, donde se desplazó población campesina e indígena, en algunos casos todavía en aislamiento voluntario. Esta deforestación implica directamente pérdida de biodiversidad, una alta vulnerabilidad climática, más pobreza, exclusión y humillación para el pueblo.

Cultivos de soja custodiado por fuerzas policiales. Foto: Kregg Hetherington

Mas recientemente el Paraguay recibe un fuerte caudal de inversiones transnacionales orientadas al desarrollo de “soluciones verdes”, como la producción de hidrogeno “verde” o de celulosa a gran escala. Estas inversiones cuentan con condiciones excepcionales de subordinacion nacional, como exoneración impositiva y la posibilidad de repatriar capitales sin costo alguno, a cambio de unos pocos empleos precarios.

Es para luchar contra estas realidades que nacen la Red de Semillas Heñói y el Centro de Estudios Heñói, trabajando con organizaciones campesinas e indígenas en el desarrollo de capacidades y la incidencia política.

Heñói es una ONG paraguaya que comenzó como una red de base de campesinos, activistas e investigadores que trabajaban para fortalecer la participación democrática, los derechos humanos y la sostenibilidad social y ambiental.

La Red de Semillas Heñói es una red operativa y política de productores de semillas, que une a productores tradicionales involucrados en el rescate y promoción de las semillas nativas. La Red de Semillas tiene como funciones principales proteger y promover las semillas tradicionales, unir a los productores de semillas en una alianza política para enfrentar la violencia en los territorios impuesta por el modelo agroindustrial, y fortalecer la capacidad de incidencia en las instituciones públicas. Por último, la red tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas de sus miembros, ya que conecta a los productores de semillas, agricultores y consumidores de una manera que crea mercados locales para sus semillas y cultivos.

HEÑÓI – Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay, que reivindiquen o promuevan derechos humanos, la ampliación de la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la organización comunitaria, la promoción de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental, tendientes a una democracia más participativa, más conectada con los procesos de integración de la región y orientada al disfrute de una mejor calidad de vida para la población del país. Dirige su accionar prioritariamente a la formación de una ciudadanía crítica, en la construcción de una sociedad equitativa, solidaria, respetuosa de los derechos humanos y de la naturaleza. Para cumplir con esos objetivos, HEÑÓI cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye especialista en agronomía, agroecología, comunicación, economía, sociología, trabajo social, humanidades.

Alfonso Maidana, productor y guardián de las semillas nativas en Itapúa. Foto: Sandino Flecha
El miedo al pueblo

El miedo al pueblo

7/Mayo/2024

Por Heñói

Una vez más, la Federación Nacional Campesina (FNC), acompañada por organizaciones indígenas y populares, marchó el 21 de marzo de 2024 por las calles de Asunción trayendo a la ciudad sus reivindicaciones y su lucha por un Paraguay mejor. El propósito de esta columna no es agregar a la cobertura de la acción política del campesinado y sus aliados, sino llamar la atención sobre un aspecto que no se menciona: el miedo del gobierno paraguayo a su propio pueblo.

Es difícil tener cifras precisas del número de gente que participó en la marcha, pero fueron varios miles de participantes quienes con trabajos comunitarios y de autogestión de todo un año organizaron la movilización anual.

Esta demostración de dignidad, de autonomía y de organización que significa un faro ejemplar y de esperanza para el pueblo y para los movimientos sociales y políticos del Paraguay hace más de 30 años, para el Estado paraguayo prebendario, corrupto y clientelar es un mal ejemplo que debe ser invisibilizado y silenciado.

El Estado ausente para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su pueblo está presente para garantizar que la pedagogía anticampesina e indígena se reproduzca por la vía del consenso y el uso de la fuerza, en los centros educativos, en los desalojos y hasta en los márgenes de las calles de Asunción.

Lo que no se destina a garantizar estos derechos, se destina a la vigilancia de la marcha que tuvo un alto costo para todo el pueblo paraguayo.

Cualquiera que asistió a la marcha tiene que haber notado el extraordinario operativo policial que la rodeaba: viendo el número de policías que abrían la movilización, un visitante extranjero podría haber pensado que se trataba justamente de una marcha policial. Y decimos “un visitante extranjero”, porque los paraguayos ya estamos acostumbrados a esas excesivas demostraciones de fuerza.

El despliegue policial incluyó helicópteros sobrevolando la marcha

Si bien no es objeto de esta columna, cabe señalar que la evolución de las fuerzas especializadas del Estado paraguayo es exactamente proporcional al avance del modelo del agronegocio, el declive de la agricultura campesina e indígena y el control social para el ejercicio del poder sin oposición del coloradismo. A partir de 1990 con la creación de la Compañía Antimotines (Casco Azul), la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) en 1998; la creación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la síntesis superior de la fuerza y violencia con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC – CODI), en 2013 y el Grupo Lince en 2017.

Esta evolución de las fuerzas represivas se apreció en la marcha del 21 de marzo: a los efectivos que vestían el uniforme tradicional hay que agregarle la presencia de un helicóptero, motociclistas uniformados de negro con las caras cubiertas y sin identificación, camionetas con vidrios polarizados y sin chapa.   

¿Cuánto le cuesta al pueblo paraguayo ese despliegue? La Dirección General de Administración y Finanzas de la Policía Nacional informó a través del Portal de Información Pública, en nota del 26 de marzo, que se presupuestaron 200 millones de guaraníes para doscientas patrulleras, omitiendo el número de equipamiento (vehículos terrestres, helicópteros, etc.) por ser “de carácter reservado y confidencial”. El Departamento de Planificación de Operaciones Policiales informó, en nota del 2 de abril de 2024, que fueron asignados 3636 efectivos policiales de distintas dependencias. 3636 policías y el equivalente a más de 70 sueldos mensuales para “controlar” una movilización popular absolutamente pacífica, sin ningún tipo de incidentes.

Los medios de prensa comerciales continúan con sus campañas de intimidación a la población reportando sobre la ola de inseguridad que envuelve al país… Tal vez sea porque la policía, en vez de estar protegiendo a los ciudadanos de los hechos delictivos, está ocupada en defender a los gobernantes de quienes ellos perciben como su mayor enemigo: un pueblo con dignidad que defiende su derecho a marchar y manifestarse, y que se encuentra cada vez más harto del régimen de miseria y opresión a que se lo somete.

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica

Impactos de la liberalización económica del Paraguay. Una mirada sociohistórica


23/Abril/2024

Por Heñói

Foto: Sandino Flecha

Los debates sobre liberalización o proteccionismo en términos del funcionamiento de la economía han colmado las esferas de discusión no sólo académicas, sino también en el ámbito de las organizaciones de la clase trabajadora desde el siglo XIX. Por ejemplo, el discurso presentado por Marx en 1848 precisamente en el marco de la discusión sobre el librecambio da cuenta de un debate no resuelto, en tanto continúa presentándose en las reflexiones sobre el papel del Estado y la inversión extranjera en el desarrollo.

En este sentido, los argumentos que se exponen en las líneas siguientes han resultado de problematizar la concepción respecto al desarrollo y a las posibilidades que se presentan para las economías dependientes y periféricas, en tanto estas se encuentran inmersas en las dinámicas globales del capital y a las exigencias de la acumulación. Así como por supuesto, a su desarrollo cíclico, contradictorio y profundamente conflictivo.

Este documento es el resultado de una investigación realizada por Luis Rojas, Alhelí Cáceres, Sintya Valdez y Alan Fretes y forma parte de un trabajo mas amplio denominado “Poder Corporativo, Estado y luchas sociales Apuntes desde el derecho y la economía política internacional” publicado por Clacso.

Descargue el capítulo sobre Paraguay aquí.

Powered By EmbedPress