Por F. Javier Murillo Arroyo1
Ciclo de colaboraciones del Centro de Estudios Heñói
1 Profesor de Economía Política en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Miembro Coordinador del Diploma de Formación Permanente de la UCM “Análisis crítico de la Economía Capitalista” e integra el Grupo de Investigación Economía Política: Capitalismo y Desarrollo Desigual. Sus líneas de investigación incluyen el análisis de los procesos de acumulación, ajuste salarial, tendencias de concentración y centralización de la riqueza y el análisis del proceso europeo de integración.
“No os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador”.
En estos términos se expresa Marx en el Discurso sobre el libre cambio pronunciado en 1848, en el que desgrana el verdadero significado del debate entre proteccionismo y librecambio. El citado texto resulta esclarecedor para comprender los verdaderos intereses que defiende el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, así como el rechazo que está encontrando entre la clase trabajadora a ambos lados del Atlántico.
Las crecientes dificultades a las que se enfrenta el capitalismo a nivel mundial, que se expresan en el deterioro tendencial de la tasa de ganancia, explican la feroz disputa por los mercados y el reposicionamiento del capital financiero internacional. En la batalla que se libra por el reparto del mercado mundial, la burguesía europea se ha lanzado al arrebato con el objetivo de extender su área de influencia hacia el continente sudamericano. Los segmentos dominantes del capital procedente de los países de Mercosur han considerado que esta alianza puede resultar funcional a sus propios intereses a efectos de reforzar su posición en la economía mundial.
A falta de la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los países implicados, los líderes de Mercosur y de la UE alcanzaron un acuerdo el pasado mes de diciembre que cerraba un largo proceso de negociaciones, mediante el que pretenden crear un área de libre comercio entre dos regiones que concentran más de 700 millones de personas y un PIB agregado de más de 22 mil millones de dólares.
En primer lugar, se ha de destacar el contexto de opacidad en el que han tenido lugar las negociaciones. Atendiendo al carácter de ambas entidades supranacionales, tanto UE como Mercosur, se puede entender que haya sido así: en ambos casos se erigen como instrumentos institucionales que el capital utiliza para auspiciar medidas que resulten funcionales a sus propios intereses, sorteando tanto los mecanismos democráticos estatales como los resortes de oposición que la clase trabajadora ha podido levantar en los espacios nacionales.
A la luz de quienes serán los beneficiarios de las medidas recogidas en dicho acuerdo, es fácilmente comprensible que la negociación haya tenido lugar de espaldas a la población de las sociedades afectadas. El acuerdo comercial entre Mercosur y la UE se consagra a la rentabilidad, situándola por encima de las necesidades sociales y de la naturaleza. Las grandes empresas multinacionales de ambas regiones sacarán provecho del nuevo marco regulatorio, reforzando su posición competitiva en los mercados. Todo ello, favorecerá un escenario de mayor concentración y centralización de la propiedad.
El capital europeo pretende aprovechar el menor grado de protección social que tienen los trabajadores del sector agroindustrial en América del Sur. La mayor incidencia de la informalidad, la menor sindicación y el grado más reducido de protección en materia de seguridad social y salarios permitirá unas condiciones más ventajosas para la explotación de la fuerza de trabajo. En Sudamérica, serán los grandes latifundios los más beneficiados por el acuerdo, al ampliar sus mercados potenciales.
Los trabajadores de ambas regiones sufrirán las consecuencias de este proceso. No solo por el impacto que generará sobre los salarios sino también por la pérdida en términos de empleo que implica. La pequeña agricultura y ganadería, circunscrita en la mayoría de los casos al ámbito familiar, así como la producción de las cooperativas, sucumbirá frente a la mayor competencia de las grandes empresas del sector agropecuario. El mayor tamaño de sus explotaciones les permite disfrutar de unas economías de escala frente a las que los pequeños productores no pueden competir. Además, la ausencia de cláusulas espejo en el acuerdo, que garantizarían que las normas de producción del Mercosur coincidan con las de la UE, permitirá que puedan aprovechar un marco más laxo de regulación laboral, sanitaria y medioambiental. El contraste entre lo que se exige a los pequeños agricultores en Europa y lo que se tolera a las grandes multinacionales de la agroalimentación es atroz.
Asimismo, el acuerdo no hace sino agudizar los desequilibrios entre ambas regiones: lejos de corregir las asimetrías productivas, las intensifica. Así como potencia las exportaciones del sector primario entre los países de Mercosur, promueve la entrada de manufacturas y servicios procedentes de Europa en estos países, especialmente en lo que se refiere a algunas ramas productivas particularmente sensibles para sus estructuras productivas. Sectores como el automovilístico, la industria química, el sector farmacéutico y también la banca se verán afectados. De este modo, la entrada de multinacionales europeas en estos sectores provocará la destrucción de cierta parte del tejido industrial sudamericano y, por lo tanto, la liquidación de miles de puestos de trabajo. Y se ahondará la posición de vulnerabilidad que estas economías mantienen en los mercados mundiales.
Todo ello redundará, además, en la agudización de los problemas ambientales. El refuerzo de la agroindustria y el monocultivo, especialmente de sectores como la producción de soja, de caña de azúcar, de biomasa forestal o de carne procesada, implicará la devastación de ecosistemas, más deforestación y, por tanto, pérdida de biodiversidad. En el centro de la producción no se sitúa la soberanía alimentaria sino la defensa de los intereses de la elite económica. Asimismo, el comercio de mercancías en ambos sentidos provocará un mayor número de emisiones asociadas al transporte. Aunque se ha recogido la pretensión de cumplir con ciertos objetivos climáticos, en realidad es un movimiento que únicamente responde a una estrategia de lavado verde de imagen, ya que no establece medidas específicas para alcanzarlos.
Con base a todo esto se puede afirmar que la agenda política se rige por los intereses de las grandes empresas y no por las necesidades de la mayoría de la población. A ambos lados del océano se está levantando un movimiento de resistencia frente a la ratificación del acuerdo, liderado por trabajadores, pequeños productores y organizaciones ecologistas que denuncian los problemas asociados a su implementación. Es necesario articular una estrategia internacional entre los pueblos de América del Sur y de Europa para rechazar frontalmente la ratificación de este acuerdo en los parlamentos de los países de ambas regiones: su implementación representaría un paso atrás en la lucha de los intereses de la mayoría de la población y en la defensa de una estrategia de desarrollo sostenible y respetuosa con el ambiente. La única libertad que promueve es la libertad de explotación para el capital. Por eso, las organizaciones de los trabajadores y los pueblos de ambas regiones deberían tejer alianzas para frenar su implementación.
