Como pueblo paraguayo, llevamos 153 años disputando la tierra, y perdiéndola lentamente. Un ejemplo de este desangre sostenido es el padecimiento de 50 familias que vienen soportando violencia y humillación desde hace meses, y que el pasado 20 de enero sufrieron la expulsión de nuestro propio territorio por parte de brasileños.
La Comunidad Cristo Rey vivía y producía riqueza, bienestar y felicidad en un predio de 400 hectáreas en Guayaibi, San Pedro, desde 2008. La tierra que ocupan está en disputa con Miguel Ángel Montaner, propietario de la agroganadera Capibara, que en 7.000 has produce carne bovina y pretende vender bonos de carbono, ya que el lugar guarda una reserva boscosa.
La comunidad sufrió un aparatoso y violento desalojo en julio de 2022, y otro a fines de octubre. En este último, la violencia policial no solo destruyó casas, escuela, iglesia, sino que además envenenó los pozos de agua, robó animales menores, celulares, motos y cuanto objeto de valor encontró. Talaron todos los árboles frutales y arrasaron los cultivos (¡y dicen que defienden nuestra seguridad y soberanía alimentaria!)
La comunidad quedó arrinconada a la vera del camino, en carpas. Un contingente de cientos de policías quedó durante días en el lugar, alcoholizados, terminando de destruir y ensuciar todo lo que había.
La presidenta del INDERT prometió una solución a corto plazo, y ofreció mudar a la gente hasta Itakyry, Alto Paraná, a una tierra cuyo título está a nombre del propio INDERT. A pesar de tratarse de un predio totalmente cubierto por soja, donde no hay ni un árbol donde guarecerse ni una gota de agua disponible, los pobladores de Cristo Rey aceptaron la propuesta y comenzaron a planear su éxodo.
Con el apoyo de mucha gente solidaria y su propio trabajo juntaron lo necesario para mudarse en cuatro camiones. Mientras, los funcionarios del INDERT aseguraban que se estaba regularizando la situación, que estaban hablando con vecinos, sin precisar cómo se haría esa reubicación. Se hizo una mensura judicial, pero los funcionarios se contradecían, unos decían que el predio estaba disponible para reubicar las familias y otros no.
Finalmente, después de 4 meses de negociaciones, las 50 familias decidieron trasladarse para que el INDERT concrete la recuperación de la tierra. Cargaron sus magras pertenencias en los camiones y viajaron más de 200 km. Al llegar a la zona se encontraron con una sorpresa: cientos de hombres alcoholizados, muchos de ellos armados, casi todos brasileños, cerraban todos los caminos de acceso al lote del Estado Nacional.
Los brasileños no estaban solos, sino acompañados por policías, por el Fiscal Edgar Benítez, y el Intendente Miguel Ángel Soria. Este último forma parte de un clan que domina el territorio: Miguel Ángel, su hijo Carlos y su ahijado Hugo Barreto han hecho un pasamanos de la intendencia desde 2001. Hacen y deshacen en el distrito como señores feudales.
Los borrachos brasileños y sus socios “autoridades nacionales” no se limitaron a impedir el acceso, sino que además destruyeron los caminos con topadoras, dejándolos inútiles para el tránsito de todo el pueblo paraguayo. El intendente impidió el uso de la plaza pública de Itakyry afirmando que los paraguayos “no pueden usarla porque ensucian”. Amenazaron, exhibieron su poder de fuego, y afirmaron que las autoridades del INDERT no tienen nada que hacer allí.
En síntesis, los pobladores de Cristo Rey se vieron obligados a regresar a Guayaibi, y quedó en evidencia que el Paraguay ha perdido definitivamente el territorio de frontera con Brasil. Nuestras autoridades no mandan allí, salvo quienes se han sometido al mandato de los dólares de la soja que detentan los brasileños.
Es claro que estos invasores operan al amparo de jueces, fiscales y policías corruptos. Pero hay un mega poder en Paraguay que ampara todo este sistema de pérdida de soberanía: los autodenominados gremios “de la producción”.
Son quienes en enero hicieron retroceder al Servicio Nacional de Catastro y al Ministerio de Hacienda en un ajuste del impuesto inmobiliario que, según las mismas autoridades, “muestra rezago de 70 años”.
Son los mismos que validan las violaciones de derechos humanos cometidas en cada desalojo ilegal e ilegítimo, violaciones cometidas por policías y fiscales contratados por ellos. Son los que presionaron hasta lograr la cancelación del protocolo de desalojos que aseguraba cierta legitimidad en el accionar judicial.
Son quienes desacreditan las advertencias de científicos sobre el impacto que sus actividades causan en el planeta, acelerando el cambio climático y poniendo a la humanidad al borde del abismo.
Y son, para colmo, quienes se niegan a pagar impuestos a pesar de robarse con su soja y su carne, nuestras aguas, la riqueza de nuestros suelos, la biodiversidad del país y la salud de nuestra gente.
Para los pobladores de Cristo Rey la lucha sigue. Para el pueblo paraguayo la guerra en defensa de nuestro territorio sigue.
Lo que quizá debería detenerse de una vez es nuestra obediencia a las autoridades que miran el despojo sin mover un dedo. Si la policía y el poder judicial hacen lo que les mandan los brasileños, ¿por qué seguimos pagando impuestos que los financian? Si los terratenientes se benefician de impuestos inmobiliarios ridículamente bajos, ¿por qué el resto de los paraguayos debemos subvencionarlos?
¿Habrá llegado la hora de aceptar de una vez por todas que Paraguay es un no-país, un territorio de saqueo manejado por vendepatrias? ¿Habrá llegado la hora de declarar so’o, frenar nuestra obediencia impositiva, y unirnos en una estrategia soberana para recuperar nuestro territorio?
Fotos: Heñói
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