De: Centro de Estudios Heñói

El 30 de abril de 2023 demostró que el Paraguay se está consumiendo en un laberinto sin salida. Los verdugos de un pueblo empobrecido, ganan. Los constructores de la exclusión y los privilegios, triunfan. Los maestros de la corrupción y la impunidad, son premiados. Los propulsores del crimen organizado, festejan. Los minoritarios grupos de poder imponen sus intereses, sus candidatos, su voluntad, su próximo gobierno.

El 30 de abril demostró, una vez más, que en Paraguay no hay democracia, ni real, ni formal. No es real porque no hay trabajo digno para la gran mayoría, no hay educación y salud públicas de calidad, no hay tierras y viviendas para miles de familias, no hay igualdad en casi nada, ni siquiera en padecer las desgracias de sobrevivir bajo los gobiernos colorados, desgracias que no las sufren los de arriba, los acomodados, que tienen empleos seguros y ahorros bancarios, que van a sanatorios y colegios privados, detentan muchas tierras y propiedades de todo tipo.

Pero ni siquiera es una democracia formal, al menos con rituales eleccionarios mínimamente creíbles. Según los resultados del 30 de abril, los que saquearon y destruyeron la república, merecen otro periodo de gobierno más y, además, con absoluta mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. El árbitro electoral, el TSJE, aunque digan lo contrario, desde su creación constitucional está controlado por la ANR, al igual que la gran mayoría de sus funcionarios, los locales de votación, las mesas, sus miembros, el transporte, los recursos. El árbitro general, el Poder Judicial, está en la misma situación. El aparato partidario es avasallante, y está difuminado dentro del Estado, con profundos y letales tentáculos. No hay juez imparcial, no hay igualdad electoral, menos aún con las urnas electrónicas, que nadie puede controlar, más que los “técnicos informáticos[1]” de la justicia electoral. La igualdad de condiciones frente a una competencia electoral, es la condición mínima para que exista una democracia al menos formal. Ni eso.

Y con todo este brutal sesgo, el resultado fue la victoria de una numerosa minoría. Santiago Peña obtuvo 1.292.000 votos, el 42,7% de quienes fueron a votar. El 57,3% no lo votó, 1.730.000 personas. Pero se destaca que solo fue a votar el 63% de la población habilitada, una numerosa masa de 1.760.000 personas no fue. En resumen, tomando el padrón nacional total, a Peña lo votó el 27%, mientras que no lo votó el 73%, nada menos que 3.490.000 paraguayos y paraguayas. Peña ganó con esa minoría, por varios factores, entre ellos los ya señalados, además de la inexistencia en el país del ballotage o segunda vuelta, como existe en todos los demás países de la región.

En el Congreso, la hegemonía será colorada en ambas cámaras. También aquí las leyes y las instituciones benefician a este partido. El sistema electoral paraguayo, diseñado por los mismos grupos que gobiernan, premia a los grandes partidos, y castiga a los pequeños, o con menos recursos. Como ejemplo se puede señalar que, los colorados obtuvieron el 43,6% del total de votos emitidos para el Senado, y obtuvieron 23 bancas, por el sistema D’hondt utilizado. Es decir, obtuvieron el 51% de las bancas, con el 43% de los votos. Además de tener las instituciones y los recursos a su favor, el sistema los premia más allá de sus votos obtenidos. Si a la ANR se le suma el otro partido tradicional, el PLRA, la hegemonía conservadora en el Estado es aplastante, y esto se traducirá inevitablemente, en políticas económicas, culturales y sociales,  conservadoras, neoliberales, retrógradas.

Dicho esto, ¿qué se puede esperar del nuevo periodo de gobierno del partido colorado? Sencillamente, será la continuidad de los gobiernos colorados anteriores, con diferencias sólo en la superficie, en las apariencias. Después de la efímera experiencia de gobiernos no colorados, con el breve gobierno de Fernando Lugo y el brevísimo periodo de Federico Franco, el país ha soportado los gobiernos de Horacio Cartes (2013 – 2018) y de Abdo Benítez (2018 – 2023). Ahora, de la mano del primero (y el bolsillo), llega Santiago Peña.

¿Qué cambiará, entre un gobierno colorado y otro gobierno colorado? Cambiará quiénes administran y quiénes se quedan con las mayores tajadas del periodo. Será un reacomodo entre los grupos de poder, dentro de los grupos dominantes (llamarlos élites sería muy generoso). ¿Qué seguirá, en esencia, igual? La economía excluyente, el modelo agroexportador, la concentración de tierras, la deforestación, los negocios con entes públicos, el enorme déficit social, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, entre otras patologías.

Peña no será cambio, será continuidad de los males que azotan al país, con tendencia a empeorar. Cambiar algo para no cambiar nada, para que los de arriba sigan arriba, y los de abajo sigan abajo. El cielo y el infierno con sus mismos huéspedes. El de Peña será el gobierno de Cartes, será otro periodo de la descompuesta agrupación que gobernó para su beneficio, bajo dictadura y bajo una supuesta democracia, que ya terminó. Veamos por qué Peña, en lo importante, será continuidad:

Impuestos y Déficit fiscal: Paraguay, desde hace décadas, tiene un sistema tributario regresivo y débil. No pagan más lo que ganan más, el sistema se sostiene en recaudar principalmente con el IVA de los sectores populares y de ingresos medios. La presión tributaria del país, 11%, es mucho más baja que la de todos los países de Sudamérica. Como los ingresos tributarios no alcanzan, el déficit fiscal es permanente desde el 2012 (los gastos superan a las recaudaciones): fue de -6% en 2020, -4% en 2021 y -3% en 2022. Este año también será negativo, como en los cinco años del gobierno de Cartes. Los impuestos a la soja, a los bancos, a los terratenientes, siguen siendo extremadamente bajos. Al igual que la inversión social, en salud, educación, viviendas.

Endeudamiento Público: el resultado de lo anterior, es el acelerado endeudamiento estatal que se inició en el 2013, facilitado por Franco, impulsado luego con Cartes. Cuando éste asumió en 2013, la deuda pública alcanzaba unos US$ 3.500 millones (equivalente al 10% del PIB); fueron cinco años de vertiginoso endeudamiento, cuando se fue, en 2018, dejó una deuda de US$ 7.500 millones (el 20% del PIB). El gobierno de Abdo hizo lo mismo, incrementó las deudas hasta llegar a cerca de US$ 15.500 millones (el 37% del PIB), generando una pesadísima carga para el pueblo, de cara al futuro. Cada año, el servicio de la deuda (pagos de intereses y capital) se incrementa, llegando a unos US$ 1.000 millones por año, que se restan al presupuesto general de gastos de la nación. Peña será continuidad, no aumentará los impuestos a quienes sí pueden aportar más, y seguirá echando mano del endeudamiento, hasta donde el Estado aguante.  

Modelo agroexportador más crisis climática: con Peña,la economía del país, como durante Cartes y Abdo, continuará girando en torno a la producción de commodities de exportación: derivados del complejo sojero, ganadero, forestal. La vigencia de este modelo en Paraguay ha mostrado sobradamente sus resultados: ingresos por exportación concentrados en una minoría empresarial y terrateniente; expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus territorios, y consecuente exclusión social; concentración de la tierra y aumento de la criminalización social; dramática destrucción de la naturaleza, deforestación desenfrenada, contaminación con agroquímicos y derivados del petróleo, empobrecimiento de los suelos; crisis climática y sus variantes, calor extremo, sequías e inundaciones prolongadas, etc.; contracción en la producción de alimentos campesinos, aumento de la importación y el contrabando de productos agrícolas y derivados, aumento de precios e inflación permanentes. Lo sustentable y sostenible, serán solo palabras en discursos, por otros cinco años más.

Desempleo, pobreza, desigualdad: sin un proyecto de desarrollo nacional, sin reforma agraria, sin industrialización, sin inversión pública en áreas estratégicas como la investigación y la promoción social, sin diversificación de la economía, la gestión Peña prologará las gestiones Cartes y Abdo: mucha gente sin trabajo, mucha más viviendo de trabajos precarios, bajos salarios, changas o lo que la desesperación ordene. Ante la falta de empleos y bienes públicos, la gran masa de gente en situación de pobreza tiene garantizados sus lugares, en los márgenes de la sociedad. La desigualdad extrema, grotesca e inmoral seguirá siendo marca país; los potentados sinvergüenzas y los hambrientos ninguneados, serán actores principales de la serie Paraguay 2023 – 2028, que se verá en las calles.  

Clientelismo, corrupción, crimen organizado e impunidad: la continuidad colorada en los tres poderes, garantiza la continuidad de sus principales fortalezas como organización política: sus redes clientelares (cargos de confianza, funcionarios, proveedores, contratistas, entre otros), serán alimentadas apuntando a la permanencia en el poder. La corrupción, desde el stronismo hasta nuestros días, ha corroído todas las instituciones estatales, así como a actores privados que se benefician de ella. El crimen organizado, principalmente el relacionado al narcotráfico y lavado de dinero, seguirá progresando en el país, destacando nuevas facetas, entre ellas, el de ser el nuevo punto de salida de cocaína hacia Europa. La narcopolítica tendrá continuidad, entre el gobierno del patrocinante y el patrocinado. El sometido Poder Judicial y la Fiscalía General, dan señales claras de que nada va a cambiar, que la impunidad seguirá premiando a los miembros y cercanos al poder. Parece ser que ni las significativas designaciones, permitirán un cambio de rumbo en esta materia, la cosa está podrida en serio, y no alcanza con cambio de nombres.

Otras continuidades: se darán en diferentes áreas, sin ser exhaustivos, mencionamos las siguientes: en materia de relaciones internacionales, seguiremos sometidos a las necesidades del Brasil y los EEUU. Taiwán seguirá siendo más importante que China continental, la energía de Itaipú seguirá desarrollando la industria brasileña, y el gobierno colorado de Peña seguirá alimentando su clientela con los royalties y las donaciones correspondientes. La renegociación de Itaipú será una nueva entrega de los intereses nacionales, a cambio de poco. En materia de transporte, seguiremos dependiendo de los caros y contaminantes derivados de hidrocarburos internacionales, renunciando a nuestra riqueza hidroeléctrica; el transporte público seguirá siendo privado, ineficiente y caro, y continuará castigando a sus resignados usuarios. Como seguirán los dramas de la inseguridad, la violencia, las adicciones, las cárceles llenas de gente pobre, la desesperanza, queda a su entera imaginación. Lo mismo en relación al beligerante contexto mundial que se viene.

El 30 de abril, Peña ha ganado. El continuismo también. En su campaña electoral, anunció una y otra vez que, con su elección, VAMOS A ESTAR MEJOR. No prometió eliminar la pobreza, ni a los narcos, ni la impunidad, ni la degradación social, ni la exclusión estructural. Solo que VAMOS A ESTAR MEJOR; nunca aclaró quiénes, pero es previsible. Toda duda quedará despejada a partir del próximo 15 de agosto, cuando sea investido el nuevo rostro del viejo aparato stronista que se niega a desaparecer.

Lo que no genera dudas, es que serán cinco años de padecimientos, resistencias, luchas. A 212 años de haber conquistado la independencia patria y a 153 de haberla perdido, es bueno saberlo. Y prepararse.

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[1] TEDIC presentó una serie de propuestas al TSJE, elaboró investigaciones y las puso al servicio de la ciudadanía, de los partidos políticos, organizaciones, etc. donde se puede ver el impacto negativo de las urnas y su vulnerabilidad al fraude. Nada de esto fue tomado en cuenta.

Heñói

Con el lema “Frente a las crisis globales, construimos Soberanía Alimentaria para asegurar un futuro a la humanidad”, la Vía Campesina conmemora el día de las luchas campesinas con un llamado a la acción global.

El 17 de abril de 1996 fue perpetrada la recordada masacre de Eldorado dos Carajás, en el Estado amazónico de Pará, en el norte del Brasil. Campesinos que exigían su derecho a la tierra fueron duramente reprimidos, y 19 de ellos fueron asesinados por la policía militar, presionada por sectores del agronegocio. Aquel día, unas 1.000 personas del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) marchaban hacia Belén, capital del estado, para exigir la expropiación de una hacienda que era ocupada por unas 3.500 familias de sin tierras. Unos 150 policías fuertemente armados despejaron brutalmente la carretera, dejando un tendal de heridos y muertos en el lugar. Dos años después, la hacienda fue declarada por el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) como improductiva y se inició la conformación del asentamiento 17 de Abril, como parte de la reforma agraria impulsada por la lucha campesina en el Brasil, donde se asentaron unas 700 familias rurales. En perspectiva, una terrible masacre, una conquista, miles de luchas y pasos aún pendientes.

De aquel vergonzoso suceso han pasado 27 años. El contexto mundial actual se presenta sombrío, amenazante. La economía neoliberal globalizada y su sistema agroalimentario industrial, liderados por las mega corporaciones transnacionales, han convertido a los alimentos y la naturaleza en mercancías destinadas a aumentar sus lucros, generando sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los pueblos, como el hambre en aumento por la inflación de los precios, el desempleo creciente por la insostenible mecanización de los procesos productivos, la destrucción del medio ambiente por la explotación irracional de la naturaleza. La justa y necesaria reacción de los pueblos agredidos, que se organizan, debaten y se movilizan para exigir el cumplimiento de sus legítimos derechos, es reprimida por los sectores de poder que instrumentalizan a los Estados y sus instituciones, generalizando la criminalización, la persecución y la judicialización de las luchas populares, sean estas por la tierra, el trabajo, la defensa de los bienes comunes o el acceso a bienes básicos como los alimentos, la salud o la vivienda. 

En Paraguay la situación es crítica. La expansión del irracional modelo agroexportador sigue su curso, con la soja y maíz transgénicos, la ganadería industrial, los monocultivos forestales, mega plantas industriales de biocombustibles y celulosa, todo lo cual implica la continua expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus territorios. El Estado sigue apostando a la criminalización como principal respuesta a los reclamos sociales; la denominada ley Zavala-Riera del 2021, que aumentó los años de cárcel para quienes luchan por el acceso a la tierra, sigue señalando el rumbo represivo del gobierno y los grupos de poder en el país. El escenario socioeconómico sigue siendo el de la exclusión social, la tremenda desigualdad, la violencia y el crimen organizado que se multiplican, la falta de horizonte para la gran mayoría de la población.

Sin embargo, siguen vivas las luchas campesinas, indígenas, y de los sectores urbanos. La conquista en 2018 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) fue un gran paso hacia la construcción de otro modelo de vida y producción, con un horizonte de Soberanía Alimentaria y sostenibilidad ambiental. Queda pendiente que esa declaración materialice sus postulados en la realidad de nuestros países, lo que será posible con la lucha consiente de los pueblos organizados. De ahí el llamado de la Vía Campesina a la acción global. Porque un futuro distinto para todos y todas es posible. Hay camino, hay compañeros y compañeras de viaje. Es tiempo de alimentar las luchas.

Portada: Vía Campesina

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Una vez más, la dignidad campesina, indígena y popular retumbará en las calles de la capital del país. Retumbará en las gargantas de miles de compatriotas, las justas demandas de Tierra, Territorio, Trabajo y Soberanía. Es el eco recurrente de nuestra historia, los gritos que emergen de las injusticias. Son los sectores excluidos, perseguidos, estigmatizados, quienes con alegría y generosidad año tras año nos recuerdan que hay esperanzas, que hay salidas, que puede haber futuro para todos y todas.

Aunque muchos sectores de la sociedad intentan no ver o ningunear la marcha de cada año, y la traten como parte del paisaje de cada marzo, la Federación Nacional Campesina desde hace 29 años la sostiene como expresión visible de la lucha organizada del campesinado y los sectores populares, como ratificación de su existencia a pesar de las persecuciones y el abandono que sufren, como reafirmación de la verdadera alternativa que constituye la agricultura campesina e indígena en la crisis actual.

Frente al abismo negro de la desesperanza que significan la deteriorada situación económica y social, la crisis climática y ambiental, la política ejercida de espaldas al pueblo, los sectores populares demandarán TIERRA, TERRITORIO, TRABAJO Y SOBERANÍA, como elementos fundamentales para la construcción colectiva de una patria nueva. 

¿Por qué TIERRA? Porque campesinas, campesinos, indígenas y la clase trabajadora de las ciudades, ya no tienen lugar para producir y vivir. La concentración de la tierra en el país alcanzó niveles grotescos de desigualdad: el 2% de propietarios latifundistas poseen el 85% de la tierra, muchas de ellas apropiadas de forma ilegal. Redistribuyendo la tierra se puede aumentar el empleo, la producción de alimentos y el bienestar de las familias paraguayas.

¿Por qué TERRITORIO? Porque las comunidades campesinas e indígenas han venido siendo expulsadas de los mismos, los cuales han sido devastados, deforestados, contaminados, por un modelo de producción extractivo que privilegia el dinero sobre la vida. El territorio debe volver a ser espacio común para la multiplicación de la biodiversidad, para hacer frente a la crisis climática y generar formas de producción sostenibles e incluyentes.

¿Por qué TRABAJO? Porque el desempleo, subempleo y las diferentes formas de trabajo precario, son realidades extendidas que degradan las condiciones de vida de la población, generando pobreza, desarraigo, migración, violencia, depresión. El trabajo en condiciones dignas debe ser el motor del desarrollo económico y social, la fuente de bienestar y realización de todos y todas.

¿Por qué SOBERANÍA? Porque el país fue convertido en una colonia del capital internacional, dependiente del financiamiento, la producción, las decisiones extranjeras. Una patria nueva requiere reconquistar nuestra soberanía, en el más amplio sentido: política, económica, alimentaria, energética, cultural.

Por todo esto marchamos. Y porque sabemos que el pueblo organizado y movilizado, es la única fuerza capaz de frenar la barbarie y proponer alternativas que nos permitan ejercer nuestros derechos. Marchamos para vivir dignamente en esta tierra generosa a la que pertenecemos todos y todas quienes la habitamos.

Foto: Susana Balbuena – Heñói

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Hay tantas guerras al mismo tiempo en el mundo… algunas evidentes, que se nos imponen todos los días desde los titulares de los diarios. Otras soterradas, ocultas por fuerzas poderosísimas que no quieren que salgan a la luz, y que hay que descubrirlas atando cabos, uniendo noticias dispersas. Ayer (20 de febrero de 2023), dos noticias que a simple vista parecen no tener relación, se refieren a una guerra que los grandes poderes económicos y políticos quieren mantener fuera de la atención pública: la guerra en el campo de la ciencia sobre el derecho de los pueblos a saber la verdad sobre el impacto destructivo de los agrotóxicos.

Por un lado, Inside Higher Ed, un periódico virtual estadounidense focalizado en la educación superior, publica “Professor Says He Was Barred From Campus After FOIA Inquiry” (“Un profesor dice que se le prohibió la entrada al campus después de un pedido bajo la ley de acceso a la información pública”)[1]. David Carpenter, profesor de salud pública de la Universidad de Albany, en la capital del estado de Nueva York, fue suspendido de su trabajo y la universidad le ofreció un acuerdo de jubilación adelantada luego de que Monsanto le requiriera vía legal a la institución información confidencial sobre el distinguido académico, que ha declarado como especialista científico en numerosos juicios contra la productora de agrotóxicos.

Por otro lado, en el diario argentino Página 12 aparece “Una investigación confirma vínculos entre agua, agroquímicos y cáncer”, con motivo de la publicación en una revista científica internacional, Clinical Epidemiology and Global Health (Epidemiología Clínica y Salud Global) del estudio liderado por Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.[2]

Esta investigación confirma, una vez más, lo que científicos y activistas comprometidos con la salud y el bienestar del pueblo vienen repitiendo desde hace décadas: las personas jóvenes de los pueblos afectados por las fumigaciones con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de sufrir y morir de cáncer que las personas que no están expuestas a fumigaciones.

Dicho estudio se basa en los trabajos de los “campamentos sanitarios” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, donde los estudiantes y docentes trazaban un perfil socio-sanitario de pueblos afectados por los agrotóxicos, reuniendo evidencias claras del incremento de enfermedades vinculadas al modelo agropecuario. A pesar de su importancia, las actuales autoridades de la Facultad censuraron y terminaron con esa experiencia única de investigación social.

Las dos noticias revelan el descomunal aparato de represión científica de las transnacionales que manejan el oligopolio de la agricultura industrial basada en los cultivos transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Las mismas fuerzas que orquestaron en Paraguay el “golpe de estado” del CONACYT en 2019, porque no les gustaron los resultados de la rigurosa investigación de la Dra. Stella Benítez Leite[3].

No importa cuántos estudios de alta calidad científica demuestren el poder destructivo de esta industria, siempre habrá académicos a sueldo dispuestos a publicar estudios pagados por las empresas con resultados “inconcluyentes” que enturbien las aguas, y burócratas de la educación y de la ciencia que busquen ocultar la verdad. Así, dan libreto a las empresas inescrupulosas que usan esa supuesta “controversia” científica para que se redacten las Evaluaciones de Impacto Ambiental que justifican el envenenamiento de nuestros territorios, tal como podemos apreciar en este informe: 

“El glifosato, uno de los herbicidas más populares, generalmente se considera que tiene un bajo potencial de riesgo para los mamíferos. Sin embargo, ha habido controversia en los últimos años sobre sus peligros, particularmente después de que el IARC concluyera en 2015 que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Sin embargo, esta conclusión no fue confirmada por la evaluación de la UE ni por una reciente evaluación conjunta WHO/FAO”[4].

Que vayan los funcionarios de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, a decirle a los campesinos y las campesinas de Santani que no se preocupen, que sus huertas y kokues se mueren, y que ellos pueden sufrir cáncer, pero que la ciencia no ha podido confirmar nada.

Es hora de terminar con el mito de que la ciencia es aséptica y apolítica. Si queremos un pueblo saludable y bien alimentado, hay que apostar por una ciencia al servicio de ese pueblo, no de las billeteras de las multinacionales.

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[1] https://www.insidehighered.com/news/2023/02/20/professor-says-he-was-barred-campus-after-monsanto-info-request

[2] https://www.pagina12.com.ar/525236-una-investigacion-confirma-vinculos-entre-agua-agroquimicos-

[3] https://www.baseis.org.py/el-agronegocio-amenaza-el-desarrollo-de-la-ciencia-en-paraguay/ ; https://www.ultimahora.com/conacyt-hay-que-investigar-n2860391.html

[4] Forestal Apepu S.A. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (versión actualizada). 18 May 2021, página 29.

Foto de portada: Susana Balbuena – Heñói.

Material libre para su difusión citando la fuente.