Censo Agropecuario 2022: los lobos cuidando de las gallinas.

Centro de Estudios Heñói

El 4 de mayo del 2018 fue suscrito entre el gobierno paraguayo, encabezado entonces por Horacio Cartes, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elContrato de Préstamo N° 4423/OC-PR, por valor de US$ 15 millones, para la realización del nuevo Censo Agropecuario Nacional, cuya última edición fue realizada en el 2008. Dicho préstamo fue aprobado por el Congreso Nacional por ley en el 2018, previéndose su ejecución ya para el 2019, bajo la coordinación del MAG.

Consta en el contrato del préstamo que el objetivo del proyecto es “contribuir a mejorar la disponibilidad y calidad de la información agraria en el país, con el fin de apoyar la toma de decisiones de agentes públicos y privados”. Recién el 3 de febrero de 2020 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 3299, declarando de interés nacional dicho censo. Menciona que el Paraguay tiene compromisos con la FAO, en proporcionar información estadística comparable del país, en el marco del Censo Agropecuario Mundial 2020 (CAM 2020).

Sin embargo, en el 2019 y 2020 no se ejecutó el Censo. El 28 de enero de 2021, el gobierno de Mario Abdo emitió un nuevo decreto, el 4795, que dispone la realización del censo durante el ejercicio 2021, para lo cual crea un Comité Técnico que tiene como función la coordinación técnica del censo y hacer cumplir el plan de trabajo establecido. El artículo 4 de dicho decreto establece que los miembros de dicho Comité serán 6, de los cuales 5 representan a instituciones públicas (Dirección de Censo y Estadística del MAG; Dirección de Proyectos del MAG; Dirección de Planificación del MAG; representante de la DGEEC; representantes de la UNA), y una institución privada, la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Para entender el porqué del privilegio que el gobierno otorgó solo a una institución privada de ser parte del Comité Técnico, en este caso al gremio autodenominado “de la producción”, que es más bien el partido de los sectores terrateniente, ganadero, sojero y forestal (la UGP), dejando de lado nuestras fundamentadas sospechas, recurrimos al MAG a través del portal de acceso a información pública (Solicitud 50100), preguntando los motivos de esa inclusión, además de por qué no se incorporó a representantes de organizaciones campesinas e indígenas. Las respuestas del director de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, Ing. José Serrati, sorprenden por su transparencia:

Consulta: ¿Por qué se incorporó a una entidad privada al Comité? Respuesta: “Es a fin de poder tener la mayor información referencial del sector productivo a nivel empresarial (producción de soja, maíz, arroz, trigo, canola, etc.)”.

Consulta: ¿Por qué no se incorporó a representantes de organizaciones campesinas e indígenas? Respuesta: “El Comité Técnico es un área con funciones de coordinación técnica más que nada para hacer cumplir el cronograma de trabajo establecido”.

Más claro, agua: la información relevante para el gobierno es la que provenga del sector empresarial y sus rubros, enumerados expresamente por Serrati. La información del sector campesino e indígena, es decir de quienes producen los alimentos que necesitamos las familias paraguayas para permanecer son vida y salud, no tiene relevancia para el gobierno, por lo cual no fue incluidos en dicho Comité. La inclusión de la UGP en el comité del censo agropecuario expresa la realidad del sector: existen políticas públicas para el sector empresarial, y un claro plan de ver desaparecer al sector campesino. Esto es transversal, sucede a nivel de investigación científica, de producción, de créditos y comercialización. También en la política y gobernanza de la tierra, siempre favorable al sector empresarial.

En rigor, la información surgirá del Censo mismo, no de un gremio específico. De hecho, el artículo 7 del decreto establece que es obligatorio el censo en todos los establecimientos y fincas dedicadas a la producción agraria en el Paraguay, y que la información generada es confidencial. Claramente no era necesaria la presencia de la UGP en el Comité Técnico, para “proveer información” del sector productivo.

Pero la cuestión principal detrás de esto, es otra. No es que el MAG incluyó a la UGP: es que la UGP dirige al MAG. El ministro Bertoni, así como los viceministros, son secretarios ejecutivos de las directrices del gremio autodenominado de la producción, que es el que define en realidad la política agraria del país, o su falta. En diciembre, Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, sugirió que ante la sequía se adopten políticas de refinanciación crediticia y suspensión tributaria, y a los pocos días el MAG presentaba las resoluciones respectivas en esa dirección.

Otras políticas dictadas por los integrantes de la UGP, como los programas de mecanización de fincas campesinas o la reforestación con especies exóticas, son implementadas por el MAG. El mismo libreto se repite con la liberación de semillas transgénicas, la extrema fragilidad de las normas ambientales, la creciente importación de alimentos, etc. Los discursos del gobierno en los foros internacionales, como la cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o la Cumbre Mundial sobre Alimentación de la FAO, son redactados por los escribas del agronegocio en el país.

Es muy grave el hecho de que el censo agropecuario esté dirigido por un gremio con intereses económicos tan fuertes, orientados al avance de la agricultura empresarial, la ganadería de exportación y los monocultivos de eucaliptos, y en consecuencia, su interés en las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Es más grave aun considerando el escenario apocalíptico de destrucción planetaria que padecemos, y que está causado principalmente por la producción a gran escala que este gremio promueve. Las informaciones obtenidas en el censo podrán ser sistematizadas, organizadas y presentadas de acuerdo a los intereses de dicho sector. No sería raro que el censo concluya que la soja es el principal rubro de la agricultura familiar, que la concentración de la tierra en pocas manos ya no existe en el Paraguay, o que los monocultivos de eucalipto enfriarán el planeta.

Llamativamente (¿o felizmente?) en el 2021 no avanzó la ejecución del censo, por lo que el gobierno publicó el decreto 6089 el 12 de octubre de 2021, modificando el plazo de ejecución, pasando el mismo al periodo entre marzo y julio del 2022. Urge que el proceso sea abierto y transparente, con participación de toda la sociedad, en particular de campesinos e indígenas que, a pesar de todo, siguen alimentando a nuestra población, y además conservan lo poco que queda de ecosistemas en estado natural, dando alguna esperanza de resistencia ante el sufrimiento y la aniquilación que nos ofrece el cambio climático.

 

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