Paraguay, camino a un escenario convulsionado. Elementos del Primer trimestre del 2021 para el análisis
Heñói Centro de Estudios
El primer trimestre del 2021 ha sido escenario de múltiples tensiones y contradicciones en torno a la situación social y productiva en el país. La agravada crisis sanitaria se suma a una prolongada crisis económica y social, ninguna de las cuales ha sido abordada seriamente por el gobierno actual. Entre los principales hechos acontecidos en el primer trimestre estuvieron los siguientes: proyectos de modernización de la Agricultura Familiar Campesina; liberalización para importación, contrabando y reacciones sociales; el veto al proyecto de ley de Marina Kue y alternativa propuesta; movilizaciones y protestas nacionales contra el gobierno por la crisis social y sanitaria.
El campo (de algunos) no se toca
A principio de este año se pudo notar con nitidez un balance sobre dos países distintos que coexisten, aunque no armoniosamente. La crisis económica a nivel mundial, agravada por la pandemia del covid-19, dejó al continente latinoamericano como uno de los más golpeados en materia de seguridad y soberanía alimentaria. Los sectores populares en Paraguay tuvieron que enfrentar la crisis, el desempleo y el hambre con acciones solidarias en las zonas urbanas y un retorno al campo, ante la ausencia de políticas efectivas del Gobierno. En contrapartida, los agronegocios no solo se normalizaron, sino que además presentaron un dinamismo importante en la producción, precios y mercado. Incluso se anunció el inicio de la construcción del Frigorífico Chajhá, de los empresarios y ganaderos Horacio Cartes y Maris Llorens con una inversión de USD 60 millones.
“Tenemos un sector muy pujante tanto en la ganadería como en la agricultura, pero tenemos una brecha muy grande que debemos ir cortando entre los pequeños y los grandes productores, uso tecnológico, rendimientos y ese es el desafío principal”. (Moisés S. Bertoni, MAG. ABC 03/01/2021)
Esta noción recurrente del “cambio de chip”, frase acuñada por el poco recordado ministro de agricultura del gobierno Cartes, Jorge Gattini, en relación a la agricultura familiar campesina, se retomó de forma institucional a mediados del mes de febrero con el Proyecto DIAFRA (Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina, financiado con recursos de Itaipú), con un componente central de innovación productiva mecanizada “con la finalidad principal de convertir a la agricultura familiar en un negocio rentable que verdaderamente pueda generar el desarrollo que nosotros esperamos como MAG” (Bettina Aguilera, MAG. La Nación 09/02/21). Nuevamente se cae en el “error” de considerar a la agricultura campesina como idéntica a la agricultura empresarial, intentando mecanizar en base a monocultivos las fincas a toda costa, ignorando las necesidades reales de campesinos y campesinas.
La “visión agrarista” del MAG es muy particular, dado que existe una brecha entre el discurso planteado y la materialidad en términos de ejecución presupuestaria, pues en el año 2020 el ente ejecutó menos del 50%, a modo de ejemplo, en inversión física (maquinarias, equipos, herramientas) solo se ejecutó el 44%, y en transferencias (al sector campesino e indígena) solo se utilizó el 26% del valor total asignado.
“La limitada capacidad productiva de nuestros agricultores” o el mito para hacer negocios legales e ilegales
El discurso a partir del cual promueven la “modernización” y sus negociados los sectores de poder económico y político en el país, es que la producción nacional es de baja calidad e insuficiente para cubrir la demanda nacional. Esto en realidad es una transferencia de la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado, que en el primer trimestre han tenido una escasa ejecución presupuestaria, como son los casos del MAG y el INDERT, con unas pocas migajas para la población productiva campesina, sin formular una estrategia de desarrollo nacional que parta de las necesidades concretas y de los planteamientos del sector campesino e indígena.
Por el contrario, lo que si se observa son las facilidades para el sector importador de productos hortícolas y el escaso control en el ingreso de contrabando de dichos productos al país. Las instituciones del Estado respondieron al lobby de la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papa y Cebolla (Asicopace) y de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Mercado de Abasto (Asicoma) para acelerar la Acreditación Fitosanitaria para productos vegetales de importación (AFIDI), y dejaron sin respuestas a los reclamos de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas contra esa liberación para la importación; a las demandas de la Federación Nacional Campesina de planificar la producción para dejar de depender de la intermediación y de la importación; y a la propuesta del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas de lograr exportar sus productos al exterior.
A raíz de este conflicto latente productores frutihortícolas desplegaron un conjunto de acciones de protesta pública que incluyó cierre de rutas, donación de la producción y destrucción de productos excedentes no comercializados.
A este escenario se ha sumado un cuadro inflacionario de la mayor parte de los productos de la canasta básica familiar, y en particular del rubro frutihortícola, como revelan datos comparados entre 2020 y 2021 en una de las cadenas más grandes de supermercados del país, que son presentados en la siguiente tabla.
Marina Kue, sigue sin ser pueblo mba´e
Uno de los episodios más relevantes de la última década de la lucha por la tierra en el Paraguay se volvió a reeditar a principios de este año. Contrariamente a su posición inicial, el presidente de la República vetó el proyecto de ley 6700/2020 de expropiación de las tierras de Marina Kue. Esta decisión fue tomada a raíz de la presión ejercida por los sectores de poder económico como la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y otros, “realmente se cumplió lo que esperábamos. Hubiera sido un desastre para nuestro país. El presidente actuó como le corresponde a un jefe de Estado, aparte de demostrar a los oportunistas políticos populistas que la soberanía de la nación no se negocia con acuerdos coyunturales parlamentarios” (Pedro Galli, ARP. ABC 13/01/21).
Paralelamente, en el mes de marzo la Comisión Vecinal Naranjaty, compuesta mayormente por víctimas de la masacre del 2012 en Marina Kue, presentó un proyecto de ley a las autoridades responsables, como una alternativa viable para regularizar la situación de las tierras en disputa. El proyecto contempla la inscripción en los registros públicos de la donación de estas tierras, realizada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A. (LIPSA) al Estado paraguayo – que en su momento aceptó la donación, pero jamás las registró – y su posterior transferencia al INDERT para ser destinadas a la reforma agraria. Para lograr esto, la Comisión Naranjaty acampó varias semanas en la plaza de Armas frente al Congreso, donde recibieron la solidaridad de varias organizaciones sociales.
Movilizaciones y protestas nacionales contra el gobierno por la crisis sanitaria
El mes de marzo estuvo signado por las manifestaciones y protestas de sectores sociales disconformes con las decisiones y políticas del gobierno. Confluyeron las marchas de la Comisión Vecinal Naranjaty por la regularización de las tierras de Marina Kue en Curuguaty, con la movilización a escala nacional del Marzo Paraguayo 2021, desencadenada por el colapso del sistema sanitario, la crisis económica y por la crisis de legitimidad de las autoridades políticas. Estas manifestaciones condujeron a la renuncia de funcionarios del Estado, y al segundo pedido de juicio político al presidente de la república, que fue finalmente bloqueado en el Congreso Nacional.
La novedad del marzo paraguayo 2021 es que se identificó y centró el antagonismo en la consigna “ANR nunca más”. A esta consigna, con sus reivindicaciones sectoriales se sumaron otros sectores sociales y políticos, como el movimiento feminista y el campesino. Las movilizaciones que duraron varias semanas, han demostrado el hartazgo de una mayoría de la sociedad paraguaya, y ante la represión como principal respuesta gubernamental, la resolución de la crisis se aplaza nuevamente hacia un futuro cargado de conflictividad social.
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