La alquimia del desastre: políticos entreguistas y terratenientes insaciables

Heñói

Centro de Estudios

Desde su llegada al Paraguay a inicios del siglo XX, el escritor español Rafael Barrett percibió con mucha claridad los males de la sociedad paraguaya, erigida sobre las ruinas de la Triple Alianza y su cruzada civilizatoria, males que denunció con vehemencia mediante su palabra portentosa, lo que en poco tiempo le costó el exilio. En una conferencia brindada a obreros en aquellos años, Barrett afirmaba que, a la luz de lo que observaba en el Paraguay, “la tierra es lo fundamental, sin la tierra no hay nada. El dueño de la tierra es el que impone la ley…”; pero no solo denunciaba, también proponía: “la tierra es para todos (…) goce de la tierra el hombre en proporción de su esfuerzo (…). No toleremos que un zángano necesite leguas y leguas para extender su ociosidad (…), no toleremos que la tierra sea de quien no la merece (…) Luchemos por conseguir que la tierra sea de quien la trabaja…”. Cien años después, aquellas palabras mantienen absoluta vigencia en el Paraguay del siglo XXI, pues la estructura latifundista de distribución de las tierras perdura hasta hoy.

La tierra, su posesión, control y propiedad, sigue siendo el núcleo del conflicto social en el país. La lucha por la tierra en el Paraguay, nombre con el cual Carlos Pastore bautizara a su emblemático libro, ha tenido innumerables episodios, con una alta carga de violencia, desde la formación de los grandes latifundios extractivos, de la mano del entonces presidente Bernardino Caballero y otros próceres de la enajenación de la riqueza nacional, en beneficio de grandes terratenientes, mayormente extranjeros. Ya entonces se gobernaba para los poderosos, con la excusa del “progreso” de todos, falsa promesa para el enriquecimiento de pocos con la complicidad de los gobernantes, tal como denunciaba el propio Pastore: “los gobernantes de entonces abandonaron los intereses del pueblo para servir a los intereses del capital extranjero”, práctica que no ha cambiado a pesar del tiempo transcurrido, solo cambiaron los nombres y los métodos.

¿A cuento de qué viene todo esto? De un nuevo intento del poder político, en este caso en el ámbito del Congreso Nacional, de entregar tierras campesinas al sector de los terratenientes, haciendo el menor ruido posible. ¿Cómo? A través de un proyecto de ley presentado por dos diputados colorados y uno liberal en junio del 2019, con el objetivo de modificar algunos artículos del Estatuto Agrario que permitan, literalmente, blanquear la posesión irregular e ilegal de tierras campesinas que fueron usurpadas por no sujetos de la reforma agraria, es decir, por no beneficiarios del Estatuto Agrario. Dicho proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2020, y tuvo mesa de entrada en la Cámara de Senadores, el 11 de marzo de 2021, donde se encuentra pendiente su tratamiento, con el peligro de una sanción ficta el próximo 5 de junio.

Entre las innecesarias y peligrosas modificaciones al Estatuto Agrario, propuestas en este proyecto, se destacan tres por la claridad de sus intenciones:

El artículo 16 – Beneficiarios de la ley, establece las condiciones para ser beneficiario con tierras de la reforma agraria. El proyecto propone modificar el inciso b; donde dice: “Dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal”, cambiaría por “Dedicarse a la agricultura”, eliminando el requisito de que esa dedicación sea directa y habitual. Habilita la posibilidad de que ese beneficiario “se dedique a la agricultura” a través de personas contratadas, por tanto, la modificación se adecua al perfil de un empresario rural.

La propuesta de modificación de los artículos 20 y 26 está orientada a los intereses del sector ganadero. El actual Estatuto Agrario permite crear asentamientos coloniales ganaderos exclusivamente en el Chaco, no así en la región Oriental; la modificación permitirá la creación de asentamientos ganaderos en esta región y, por tanto, validará la presencia de ganaderos en los lotes entregados originalmente a familias campesinas. Incluso proponen que los lotes ganaderos en la región Oriental puedan tener una superficie de hasta 470 hectáreas, cuando que a las familias campesinas solo se han adjudicado lotes de hasta 10 hectáreas de tierra. Por tanto, un lote ganadero podrá sustituir a 47 lotes de familias campesinas.

Finalmente, la propuesta de modificación del artículo 88 – Ocupantes de inmuebles rurales de patrimonio del Organismo de Aplicación, es la más cristalina en sus verdaderas intenciones. El artículo vigente expresa que los ocupantes de inmuebles del INDERT, para tener el derecho de adquirir dicho lote, deben cumplir con los requisitos establecidos para ser beneficiarios del Estatuto Agrario; con la modificación, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: “Los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región Oriental patrimonio del Organismo de Aplicación, al momento de la promulgación de la presente Ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”. El enunciado propuesto es una contradicción jurídica y lógica a toda la filosofía del Estatuto Agrario. Además, habilita descaradamente a que los que NO pueden ser beneficiarios con tierras a través del Estatuto Agrario, SÍ sean beneficiarios “por única vez”. Es decir, permite violar la ley por única vez, creando un paréntesis jurídico en el tiempo, para luego volver a la situación anterior. Lógicamente, volver ya con las tierras usurpadas por ganaderos y empresarios agrícolas, limpias y blanqueadas a nombre de sus nuevos dueños.

La situación descrita no representa nada nuevo, tan solo es el más reciente capítulo de la histórica sumisión del poder político al poder terrateniente, que tiene innumerables episodios en nuestro país. Entre ellos, la entrega de parte de la dictadura stronista a políticos, empresarios y militares cómplices, de más de 6 millones de hectáreas de forma fraudulenta, según el informe sobre tierras malhabidas de la Comisión de Verdad y Justicia. Según dicho informe, esta práctica estatal ilegal continuó durante los gobiernos de la “transición”, detectando otras 1,7 millones de hectáreas irregularmente entregadas entre 1989 y 2003. A esto se suman miles de lotes en las colonias campesinas ocupados o “comprados” por sojeros y ganaderos, con la complicidad y la corrupción de autoridades y funcionarios del ente agrario y del poder Judicial, y muchas veces con un alto costo en vidas y bienes de compatriotas. Lotes usurpados e irregularmente ocupados, que precisamente con esta propuesta se pretende blanquear.

Un intento reciente en la misma dirección, durante el 2020, fue el impulso dado por el gobierno actual y varios senadores, en especial Enrique Riera y Fidel Zavala, al proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE). Proponían la unificación del Servicio Nacional de Catastro y la Dirección Nacional de Registros Públicos en un nuevo ente, que contaría con una nueva Dirección de Regularización, con atribuciones para resolver conflictos en torno a la posesión y propiedad de tierras. Esta dirección se prestaría igualmente para “legalizar” posesiones irregulares. El proyecto, rechazado por organizaciones campesinas y sociales, sigue pendiente de tratamiento en el Congreso.

Si hay algo que abunda en el Paraguay son precisamente las tierras, pues el territorio nacional abarca más de 40 millones de hectáreas, y nuestra población apenas supera los 7 millones de habitantes. La tierra no debería faltar a ninguna familia en nuestro país. El grave problema es la desigualdad en su distribución, donde grupos empresariales y familiares, como los de Favero, Cartes, Riquelme, Zavala, Rieder, Zucolillo, entre otros, acaparan miles y miles de hectáreas para la producción extractiva o la especulación, privando a millones de compatriotas del acceso a un lote de tierra.

Esta desigualdad se ha mantenido en el tiempo, e incluso incrementado, gracias al sometimiento de los políticos y del propio Estado, a los intereses y deseos del sector terrateniente, mayormente ganadero y sojero, que en esta oportunidad quiere dar un nuevo manotazo jurídico a las tierras que de hecho ya usurpan y destruyen con las prácticas productivas más dañinas que existen. Quieren hacer “trampita”, por única vez, para titular lo que no les pertenece, lo que hoy debería estar produciendo alimentos y bienestar para las miles de familias rurales que siguen deambulando detrás de un inaccesible pedacito de tierra. Y no es problema de tierras, sino de hombres -y mujeres- y estructuras injustas. Como decía el inagotable Barrett, “no es la población lo que empequeñece la tierra, sino el egoísmo”.

 

Foto: Susana Balbuena – Heñói.

Material libre para su difusión citando la fuente.

One thought on “La alquimia del desastre: políticos entreguistas y terratenientes insaciables

  1. Los politiqueros son los que permiten , y por tanto responsables , del origen y negociados de las tierras mal habidas. Lo llaman inversionistas.Pero, el resultado lo tenemos a la vista. Un país fragmentado en clases economicas-sociales. Y no hay corrientes de pensamiento de que vaya a cambiar eso, a corto plazo. Tal vez generaciones venideras implementen justicia, cuando las desigualdades sean ya intolerables…como en la revolución francesa, cuando el pueblo pasaba hambre y los ricos tenían de todo..,.

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