¡ÑASEKE CALLEPE!

Desde que asumiera Mario Abdo en agosto de 2018, la fuerza pública ejecutó más de 30 desalojos violentos. Al menos 30.000 personas quedaron, de la noche a la mañana, sin techo, cama, mesa, útiles escolares, ropa, enseres. Los beneficiarios de estos atentados contra el pueblo fueron empresarios, en su mayoría brasileños, y pretenciosos apellidos de la oligarquía de pelaje intermedio que regentea nuestro territorio, nacida y criada en las entrañas del estronismo: Núñez y Riquelme entre ellos.

Abdo recibe instrucciones directas de los gremios autodenominados “de la producción”, que ordenaron al Ministerio del Interior “agilizar los desalojos”[1]; para el efecto, derogaron el “Protocolo de Acción Conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno”, instrumento vigente desde el 2011, que exigía el cumplimiento de una visita previa, de una planificación interinstitucional para garantizar vigencia de derechos, y que el fiscal acompañe el procedimiento policial del desalojo. El sector que detenta y pretende ampliar latifundios, se vale de un Estado a su servicio para descartar estas medidas precautorias.

En esta línea de gestión, el gobierno hizo explícita la inminencia de 800 desalojos “que requieren pronta solución”[2]. Así es como están amenazados la colonia Guahory (Tembiapora, Caaguazú); el asentamiento San Juan (Puente Kyha, Canindeju); el campo comunal Cerrito Totora (Horqueta, Concepción); el Asentamiento 1º de marzo (Naranjito, Canindeju); el asentamiento Cristo Rey (Guayaibí, San Pedro); la Colonia Ka’aguy Rory (3 de Mayo, Caazapá); la Colonia Santa Librada (San Juan Nepomuceno, Caazapá), entre tantos otros. También en las zonas urbanas se agitan las amenazas de los desahucios, ante la voracidad de la especulación inmobiliaria en expansión.

Además de la derogación de este instrumento, el nombramiento de Mario Vega, líder sojero[3], al frente del INDERT, aporta una señal más de la orientación que está tomando la gestión de la tierra, a favor del latifundio.

Foto: Inés Franceschelli. A ésto queda reducida una finca campesina después de un desalojo; casa, enseres, cultivos, ropa, muebles, útiles escolares, convertidos en cenizas.

Sería absurdo no interpretar la magnitud de esta amenaza sobre la vida de las y los paraguayas/os. Si tenemos más del 30% de la superficie nacional invadida por extranjeros; si hay 4.225 metros cuadrados de plazas invadidas por seccionales coloradas desde hace 50 años; si el Estado ha reconocido la existencia de casi 8 millones de hectáreas de tierra fiscal en manos de gente que no debería tenerla (lo que conocemos como tierras malhabidas), esta nueva oleada de invasiones empresariales arremete contra nuestra gente, contra la producción de nuestros alimentos, contra nuestro derecho a habitar nuestro país con dignidad. Son invasiones de nuestras tierras que el pueblo paraguayo, más temprano que tarde, va a desocupar, reconquistando nuestra soberanía.

El líder de la UGP[4], Héctor Cristaldo, decía en setiembre pasado “Las 100.000 hectáreas invadidas representan unas 300.000 toneladas de soja que se dejarán de producir y US$ 84 millones que dejarán de ingresar al Paraguay”. Nosotros afirmamos que los millones de hectáreas invadidas por ellos representan todo lo que falta para lograr el bienestar y la vida digna a todos los que no somos sojeros ni empleados de la cadena de tráfico de mercancías, es decir, del 98% de nuestra gente. El hambre del pueblo paraguayo es directamente proporcional a los latifundios destinados a los agronegocios, práctica económica que no aporta absolutamente nada al bienestar nacional. El Gobierno Nacional nos obliga a todos los habitantes “comunes” -como nos califican ellos- del Paraguay a subsidiar la producción de mercancías para la exportación. Ese subsidio es equivalente a todo el endeudamiento externo del país, contraído desde julio del 2012 a la fecha[5].

Las movilizaciones anunciadas por la Federación Nacional Campesina a partir del lunes 28 de octubre llevan la consigna “Contra los desalojos y la represión, por una patria nueva”. Son un llamado a defendernos de los abusos e injusticias; son una señal de que tanta barbarie solo se puede frenar en la calle, con el pueblo movilizado gritando BASTA a los corruptos.

[1] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/09/12/gremios-de-la-produccion-piden-agilizar-los-desalojos/

[2] https://www.ultimahora.com/dejan-efecto-protocolo-aplicado-caso-invasion-propiedad-privada-n2844791.html

[3] El Sr. Vega es dirigente de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná – CAP, miembro de la Unión de Gremios de la Producción UGP.

[4] Unión de Gremios autodenominados “de la producción”.

[5] La deuda pública total alcanza hoy US$ 8.506, y equivale al 21,3% del Producto Interno Bruto.

Foto portada: Fanpage Federación Nacional Campesina (FNC)

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