¿Derecho a la alimentación? No. Paraguay camina en sentido contrario. Derecho a la alimentación.

Con un 11% de la población subalimentada; con más de 1,6 millones de mujeres en edad fértil padeciendo anemia; con una dependencia alimentaria que compromete más del 70% de la demanda, Paraguay no solo está lejos de alcanzar la vigencia del derecho a la alimentación,sino que además camina en sentido contrario.

Inés Franceschelli y Miguel Lovera. Heñói

Introducción

Según el reciente informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  Paraguay tiene a unas 800.000 personas subalimentadas, el 11% de su población[1]. El mismo informe afirma que sigue “aumentando el hambre mundial en los últimos años,  (…)  Se estima que aproximadamente  821 millones de personas, de las cuales una de cada nueve personas en todo el mundo— están subalimentadas. La subalimentación y la inseguridad alimentaria grave parecen estar aumentando en casi todas las regiones de África, así como en América del Sur (…)”. Esta noticia es poco alentadora en la búsqueda del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, establecido por Naciones Unidas en el 2016: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Los datos de la situación en Paraguay, país extraordinariamente rico en bienes comunes,  ponen en evidencia la distancia entre los alimentos y las personas que habitan el país, y los nulos esfuerzos estatales para garantizar que la reducida población nacional se alimente adecuadamente. Entre los 34 países de América Latina y el Caribe, Paraguay se ubica en el puesto 28; la incidencia de subalimentación solamente es mayor en Haití (45,8), Guatemala (15,8), Honduras (15,3), Nicaragua (16,2), y Venezuela (11,7).

Considerando las numerosas advertencias e intercambios de conocimiento desde la sociedad civil hacia el Estado sobre esta situación, solo queda inferir que su política en cuanto a la alimentación y nutrición persiguen el objetivo de mantener a la población sometida a la escasez, para así lograr su obediencia a través de dádivas, consistentes en raciones alimentarias de bajísimo costo y dudoso valor nutritivo en momentos oportunos, a saber, campañas electorales y emergencias. Esto último ha sido muy obvio en la pasada temporada electoral que se iniciara a mediados del 2017 y concluyera en abril del 2018[2].

Marco normativo

Ya han transcurrido dos años desde que la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, emitiera su Informe acerca de la vigencia del Derecho a la Alimentación y Nutrición adecuadas en Paraguay, y las recomendaciones correspondientes

Por un lado, estas recomendaciones sugerían una batería de medidas destinadas a recuperar la producción a pequeña y mediana escala, valorando el aporte de pueblos campesinos e indígenas en la producción de alimentos sanos:

“Proteger y promover la agricultura familiar como modelo productivo (…) ; mejorar el proceso simplificado para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar en las compras públicas (…); Crear bancos de semillas para mantener una diversidad genética de semillas (…);Promover la agricultura orgánica, así como la agroecología (…); Elaboración y adopción, con la plena participación de los pueblos indígenas, de un nuevo marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, consonante con el marco constitucional y con los estándares internacionales al respecto (…)”.

En esta misma línea, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en sus observaciones finales a Paraguay en marzo de 2015[4] formuló una recomendación específica con relación a la confrontación de modelos productivos:

“El Comité reitera su recomendación anterior (E/C.12/PRY/CO/3, párrafo 27) y urge al Estado parte a que tome las medidas necesarias para controlar el cultivo de soja a fin que éste no traiga aparejado el detrimento del disfrute de los derechos económicos sociales y culturales, particularmente, a un nivel de vida adecuada, a la alimentación y al agua y a la salud. El Comité insta al Estado parte a que adopte un marco legal efectivo de protección al medio ambiente, particularmente contra el uso indiscriminado de agro-tóxicos, que prevea sanciones apropiadas para los responsables y una indemnización adecuada a las personas afectadas”[5].

Una segunda línea de recomendaciones estaba orientada a que el Estado Nacional asuma su obligación de garante de una alimentación y nutrición adecuadas a toda la población, partiendo de que éste es un Derecho Humano, y constituye una obligación vinculante ampliamente establecida en el derecho internacional, particularmente en la Observación General Nº 12. Sobre este tema, el Comité DESC recomendó la adopción de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional:   “el Comité recomienda al Estado parte acelerar sus esfuerzos para adoptar el Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional”[6].  En este sentido, es de destacar la sanción de la ley Marco de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la AlimentaciónEl Proyecto había sido presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez, en 2013. El proyecto tuvo sanción ficta el 17 de setiembre de 2018.

Foto: Susana Balbuena

Esta Ley tuvo un proyecto original debatido ampliamente, a partir del 2005 hasta el año 2011por organizaciones sociales, campesinas, indígenas, ambientalistas y urbanas. Tras las elecciones del 2013, este grupo de parlamentarios tomó aquella iniciativa y realizó algunos ajustes al mismo proyecto. Concretamente las siguientes:

  • Modificaron el Artículo 5. En el proyecto original estaba la siguiente frase como obligación del estado, que se eliminó: “(el estado) Reglamentará el artículo 107 de la Constitución Nacional y ejecutará una política antimonopolio que garantice la competencia en el mercado, y prevenga y sancione la suba artificial de precios de alimentos”. Esta modificación sugiere que se buscó proteger intereses mercantiles por sobre el derecho de la población.
  • Eliminaron los Artículos 16 y 17 que hacían referencia a la exigibilidad de la Ley[8]. Al eliminarse esta disposición, se priva a la Ley de los mecanismos para hacerla un instrumento de compromiso efectivo por parte del estado.

A pesar de estas mutilaciones, el nuevo instrumento legal podría constituirse en una herramienta útil para requerir a los gobiernos la atención de esta necesidad elemental para la vida, consagrada como Derecho Humano.

La otra novedad legislativa durante el periodo observado, es el tratamiento del proyecto de ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, presentado en el año 2017 por los Senadores Enrique Bacchetta, Blanca Ovelar, Arnoldo Wiens, Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna y Mario Abdo,. Se habían presentado otros dos proyectos similares y por consenso entre los proyectistas se acordó la discusión del refereido proyecto. El mismo tuvo media sanción en la Cámara de Senadores, se realizaron modificaciones en la Cámara de Diputados y a la fecha del cierre del informe está pendiente el nuevo tratamiento en la Cámara de Senadores.

Esta propuesta también ha sido debatida ampliamente entre organizaciones campesinas, y algunos de sus planteos siguen en debate. En particular no existe consenso acerca de los siguientes puntos:

La ley no apunta a dar solución al problema fundamental del ámbito de la alimentación en el país, que es la producción. La producción de alimentos, ya sea la tradicional como la de otros alimentos provenientes de especies de adopción reciente, tiene en las condiciones agroecológicas del país y en su población campesina una garantía de excelencia, como se comprueba en los procesos de producción agrícola y en el variado y numeroso material genético y en el sofisticado conocimiento agrícola de esta población.

Finalmente se destaca que en el Sistema de Monitoreo de recomendaciones que el sistema de Naciones Unidas realizara a Paraguay (SIMOREninguna de las doce recomendaciones relacionadas con el ODS 2 tienen ningún trámite de seguimiento por parte del Estado nacional.

Situación del derecho

El lunes 22 de octubre de 2018 se dio a conocer la siguiente noticia:

Un adolescente de 16 años falleció ahogado este lunes en un esteral ubicado en la compañía Santa Rita, en la ciudad de San Ignacio, Misiones. Según datos preliminares, el menor de edad estaba tratando de pescar para dar de comer a sus 13 hermanos”. Se trataba de  Efraín Esteban Vázquez Gamarra, de 16 años. El lugar en donde fue encontrado tiene aproximadamente 40 centímetros de profundidad, por lo que no se descarta que se haya desvanecido a causa de una hipoglicemia por la falta de consumo de alimentos. Cástulo Talavera  (un vecino) contó que vio al adolescente caminando cuando, en un momento dado, desapareció, inmediatamente fue a buscarlo junto con otro vecino, pero lo hallaron muerto. «Por necesidad murió, porque a veces no comen, es difícil la situación de ellos, solo quería algo que comer, siempre me pedía para su avío, era mi amigo», contó entre lágrimas Talavera

¿Cómo es posible que un adolescente  muera como consecuencia del hambre, en un país que produce “alimentos para 70 millones de personas”?[11]

Paraguay es el tercer exportador de soja del mundo, séptimo de maíz, sexto de carne, décimo de trigo; contradictoriamente, en el último quinquenio se evidencia una creciente dependencia alimentaria:

Esta contradicción solo se explica analizando la dinámica productiva nacional, en la que los “agronegocios” (ganadería extensiva y monocultivos agroindustriales) avanzan en el control del territorio, con subsidios, políticas públicas y los medios de comunicación favorables, mientras que la agricultura campesina, verdadera productora de alimentos, está amenazada por la especulación inmobiliaria, el saqueo e invasión de sus tierras, la falta de toda asistencia del estado, y niveles de criminalización sin precedentes. Esta confrontación de matrices y modelos productivos vulnera el derecho a una alimentación y nutrición adecuada, y sucede bajo la atenta mirada de un Estado al servicio de los intereses empresariales.

Además de la opción práctica de adherirse a las leyes del “mercado” para la gestión económica e institucional del Estado, existe una adhesión ideológica a la doctrina neoliberal para el manejo de la economía, por la cual el Estado, no solamente dejará de invertir en el bienestar general del pueblo, y particularmente se desentenderá de su alimentación, sino que actuará decididamente en contra de los intereses del pueblo aunque esto implique el “hambreamiento” de miles de ciudadanos de todas las edades. Esto se revela claramente a través de las políticas de distribución y acceso a la tierra -que en el Paraguay son equivalentes en resultados al aseguramiento de la producción y distribución suficiente de alimentos- sobre las que sectores campesinos, sociales e intelectuales de la población, han advertido particularmente sobre esas implicancias.

Foto: Susana Balbuena

Para evaluar esta situación, basta analizar las cifras que constituyen formas de subsidios a un sector, mientras que el otro sector carece de todo apoyo estatal:

Costos Laborales: según la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX)[12] del Gobierno, el Paraguay se encuentra entre los países sudamericanos con el menor costo laboral para los empresarios. Esto favorece aún más a los establecimientos ganaderos: mientras el salario mínimo legal actual es de US$ 364[13], para establecimientos de hasta 4.000 cabezas de ganado el salario mínimo es de US$ 129, y para aquellos de más de 4.000 cabezas, es de US$ 178 mensuales[14].

Impuestos: Paraguay cuenta con la combinación de impuestos más bajos de la región. Desde el 2004 está vigente el sistema denominado “triple 10”: 10% para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Renta Personal y Renta Empresarial. En el caso de productores agropecuarios, están gravados con el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO) y el IVA Agropecuario, con tasas y aportes bajos: en el 2016, el IRAGRO aportó el 2,2% (unos US$ 46 millones) de la recaudación total de impuestos, cuando que su participación en el PIB fue de 25 %[15]. Ese año el IVA Agropecuario recaudó alrededor de US$ 68 millones, el 3,2 % del total, aunque este impuesto es pagado, por una parte, por los consumidores finales del mercado local, mientras que las empresas agroexportadoras recuperan nuevamente el tributo como devolución de crédito fiscal. De enero a setiembre de 2018, la devolución del IVA a las agroexportadoras alcanzó unos US$ 129 millones[16]; en el 2016, las devoluciones habían alcanzado aproximadamente US$ 55 millones. A esto se suma un impuesto inmobiliario al sector rural extremadamente bajo, pues se gravan las tierras con una tasa de 1% anual sobre un valor fiscal fijado por el gobierno, muy por debajo de los valores de mercado de las tierras. Este desfasaje se observa en todas las regiones del país[17], por ejemplo, en zonas sojeras, donde el valor promedio de mercado de la hectárea es de US$ 14.100, el valor fiscal alcanza US$ 196. Aplicando el 1 % sobre ese monto, el impuesto por hectárea alcanza 1,9 dólares al año. En zonas de ganadería extensiva, la hectárea promedio se vende por US$ 1.000, pero su valor fiscal es de solo US$ 19.

Instituciones y políticas públicas: el sector ganadero y el frigorífico cuentan con un importante apoyo de parte del Estado, con instituciones, políticas y presupuesto. Entre otros instrumentos cuentan con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), el Vice Ministerio de Ganadería (VMG), el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Fondo Ganadero (FG), la Mesa Sectorial de Carne y Cuero de REDIEX del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Además, los gremios ganaderos como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) cuentan con representación en los Consejos Directivos de varias instituciones públicas, como el INDERT, Banco Nacional de Fomento (BNF), Instituto Forestal Nacional (INFONA), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Instituto Paraguayo de tecnología Agropecuaria (IPTA), Fondo Ganadero (FG). La Policía Nacional cuenta con una Brigada Especial para la seguridad ganadera, dependiente de la Comisión Nacional de Lucha contra el abigeato, cuya sede se encuentra en la propia ARP. En el caso del BNF, el 32 % de los créditos de esta banca en el 2017 fueron otorgados al sector agropecuario, con una cartera vigente de unos US$ 200 millones.

Las informaciones precedentes, entre otras condiciones, demuestran el otorgamiento de grandes incentivos y subsidios a la producción ganadera y sojera en el país. Con respecto a la primera, los siguientes datos demuestran su acelerado crecimiento[18]:

  • La ganadería ocupa más de 17 millones de hectáreas, casi el 50 % de la superficie agropecuaria del país[19]. Los productores ganaderos en realidad tienen mucha más tierra, llegarían a los 30 millones de has. En contrapartida, las fincas campesinas no superan las 2 millones de hectáreas.
  • El hato ganadero pasó de 7 millones de cabezas en el 2007 a 13.9 millones en el 2016.
  • El faenamiento bovino pasó de 1 millón de toneladas en 2006 a 2 millones en el 2015.
  • El faenamiento de frigoríficos destinado a exportación, pasó del 87 % al 99,6 % entre el 2007 y el 2016.
  • Las exportaciones de carne pasaron de US$ 463 millones en el 2007 a 1.449 millones en el 2017. El volumen de exportación pasó de 132 mil a 482 mil toneladas entre el 2005 y 2017.
  • Paraguay es el 6° exportador mundial de este rubro. Los principales mercados de la carne en el 2017 fueron Chile, con el 37 %, Rusia con el 25 % y Brasil con el 8 %.
  • Los mercados de exportación de la carne paraguaya pasaron de 13 en el 2013 a 51 en el 2017.

Si a este escenario sumamos las realidades de fraude e ilegalidad sistémica en la tenencia de la tierra, y el irreversible e impune daño ambiental causado por la ganadería y los monocultivos, está claro que estas actividades trasladan a la sociedad estos altísimos costos ambientales, y aleja la posibilidad de una sociedad nacional que acceda de manera igualitaria a la riqueza del país.

Destruir el suelo de la finca campesina para subsidiar el secado de granos. En 2017 el gobierno paraguayo presentó ante el Green Climate Fund – GCF una propuesta de programa denominada “PROEZA: Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático”. Buscaban financiación para lograr durante 10 años la implantación de cerca de 25.000 has de monocultivos de eucalipto para producir leña. Estas plantaciones van a ser impulsadas en las tierras de 30.000 familias campesinas, a razón de 0,8 has por finca, en 64 distritos de la región oriental[20]. El destino de esa leña es principalmente el secado de granos de soja en silos. La propuesta tuvo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, y logró en 2018 una financiación de 25 millones de dólares no reembolsables, más otros 50 millones que se ofrecerán como créditos para fincas medianas, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo – AFD. Así el sector ha logrado la promoción de monocultivos de árboles, sobre todo eucalipto, lo que constituye un gigantesco subsidio a los sojeros, y una amenaza a la resistencia campesina e indígena a su modelo productivo, que con esta práctica se sumaría a la cadena de valor de la soja.

Foto: Susana Balbuena

Conclusiones y recomendaciones

Existen, en el Paraguay y en el exterior, numerosos estudios que definen caminos estratégicos para avanzar en la vigencia del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Todos ellos explican el crecimiento del hambre y la malnutrición en el mundo, relacionándolos con el control corporativo del sistema agro-alimentario; todos ponen énfasis en que la producción extensiva de ganado y los monocultivos son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, aún por encima del uso de combustibles fósiles. Todos sugieren la recuperación de la agricultura campesina e indígena, que integra rubros diversificados, protege suelo, no deforesta ni contamina. Todos proponen recuperar la agroecología y los circuitos comerciales cortos para los alimentos, lo que mejora la calidad y sanidad de los mismos. Sin embargo Paraguay, en su condición colonial, camina en sentido contrario.

Por lo expuesto se recomienda al Estado paraguayo, entre otras posibles medidas:

·         Considerar las recomendaciones que en este sentido ya realizaran el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales DESC, y la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, en 2015 y 2017 respectivamente.

·         Revisar la política de protección y promoción de la Agricultura Campesina, especialmente la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, y la creación del “Fondo solidario de reserva de tierras”

·         Incorporar a la nueva ley Marco de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación, mecanismos de exigibilidad.

·         Establecer programas específicos de defensa de la Agricultura Campesina y de producción de alimentos; especialmente se recomienda la promoción de la producción hortícola y la recuperación de la producción semillera nacional.

·         Modificar el sistema impositivo que constituye en la actualidad un gigantesco subsidio encubierto a los agronegocios.

Observación general: tienen datos/reflexiones/análisis sobre el impacto de las violaciones del derecho a la alimentación en las mujeres? O datos desagregados por sexo con relación a las tasas de desnutrición. Respuesta: el informe FAO no desagrega por sexo la sub y malnutrición. En el copete pusimos el dato de la anemia en mujeres fértiles, uno de los pocos disponibles.

 

Bibliografía

Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay. Naciones Unidas, 2017

La nutrición y los sistemas alimentarios, un informe del grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición. FAO, marzo 2018

Derechos Humanos Paraguay 2016 y 2017. Codehupy, 2015/2016

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2018. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Roma, FAO.

Global Food Security Index, The Economist, 2017

Informes Anuales del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas SENAVE

Gestión social y ambiental del Proyecto PROEZA. STP 2018.

Informe – Precios rurales de referencia a diciembre 2017. Servicio Nacional de Catastro, 2018

Sistema de Monitoreo de Recomendaciones SIMORE Plus. Ministerio de Relaciones Exteriores

Fuentes informativas consultadas: Ultima Hora, ABC Color, La Nación, 5 Días.

[1] Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2018. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Roma, FAO.

[2] Como ejemplo de las numerosas denuncias de esta práctica puede consultarse: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/viveres-y-sidra-para-atraer-a-votantes-1651534.html

[3] OACDH. s/f. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=101

[4] Comité DESC. Observaciones finales. Paraguay. Documento E/C.12/PRY/CO/4, 20 de marzo de 2015.

[5] Idem, párrafo 25.

[6] Idem, párrafo 26.

[7] Expediente S-136273, disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/101631

[8] Textualmente expresaban: “Artículo 16°. Mecanismos de exigibilidad. Cualquier persona física, grupo de personas o entidad con personería jurídica, sin necesidad de patrocinio de abogado/a, podrá presentar denuncia ante la Defensoría del Pueblo, las Direcciones o Departamentos de Derechos Humanos de los diferentes Ministerios, los Juzgados de Paz, las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso Nacional, las Comisarías de la Policía Nacional, o en cualquier otra entidad estatal de derechos humanos a nivel nacional, departamental o municipal. Toda denuncia será derivada a la Defensoría del Pueblo, por la institución en la que fue realizada, en un plazo no mayor de 3 días. Artículo 17°: La Defensoría del Pueblo tendrá a su cargo estudiar las denuncias y determinar a través de las previsiones de esta ley, del análisis del contenido del derecho a la alimentación y de las obligaciones jurídicas del Estado respecto de éste, si el derecho ha sido violado o no. En caso de rechazar la denuncia, la Defensoría emitirá una resolución fundada, siendo su decisión recurrible ante el Tribunal de Cuentas. En caso de admitir la denuncia, la Defensoría actuará conforme con los deberes y atribuciones conferidos por la Ley”

[9] http://www.mre.gov.py/SimorePlus/Home/Resultado?idMeta=178#

[10][10] https://www.ultimahora.com/menor-muere-ahogado-tratando-pescar-dar-comer-sus-hermanos-n2775049.html

[11] http://www.abc.com.py/nacionales/unos-70-millones-consumen-alimentos-paraguayos-1501369.html

[12] http://www.rediex.gov.py/

[13] Utilizando un tipo de cambio de Gs 5.800 por dólar.

[14] Resolución MTESS N° 386/18

[15] Verónica Serafini, Cuando ganan los sojeros, BASE IS, 2017.

[16] https://www.ultimahora.com/devolucion-del-iva-agroexportadores-crecio-aceleradamente-cinco-anos-n2773514.html

[17] Servicio Nacional de Catastro, Informe – Precios rurales de referencia a diciembre 2017. En www.catastro.gov.py/

[18] Datos del SENACSA y la ARP.

[19] MAG, Censo Agropecuario Nacional 2008.

[20] Gestión social y ambiental del Proyecto PROEZA. Disponible en: http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2017/01/PROEZA-ESMF-TRAD-Espa%C3%B1ol-22-setiembre-2017.pdf

 

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