El grano de la discordia

El grano de la discordia[1]

Luis Rojas[2]

Como un deja vu interminable, este año, por enésima vez, se viene discutiendo el a estas alturas ya famoso tema del impuesto a la exportación de soja. Y no es que el impuesto de marras sea el principio del apocalipsis, como lo presentan algunos, ni la solución a todos nuestros problemas, como insinúan otros. Es un tema que despierta pasiones y desata viscerales confrontaciones porque emerge desde uno de los puntos neurálgicos de la estructura social paraguaya: la propiedad de la tierra y el uso que de ella se hace.

Paraguay es (¿o era?) un paraíso en cuanto a recursos naturales: 40 millones de hectáreas, una población no muy numerosa que resulta en una alta proporción de tierras por habitante (Alemania tiene más de 80 millones de habitantes y Japón unos 130 millones sobre territorios más pequeños); suelos fértiles, abundante disponibilidad de agua dulce, un clima favorable, rica biodiversidad, lo cual genera un espacio ideal para las actividades agropecuarias. A partir de estas constataciones, resulta un absurdo trágico que, en un país tan privilegiado por la naturaleza, sobrevivan casi 2.000.000 de personas en situación de pobreza, casi 800.000 subalimentadas, miles y miles de familias sin tierra, sin techo, sin trabajo.

Y todo esto en pleno siglo XXI, cima de la historia de la humanidad, con el mayor caudal de conocimientos, tecnologías, experiencias y capacidades desarrollados, en la heroica y brutal marcha que lleva transitando desde hace miles de años. Tanta riqueza natural, tanto trabajo e inteligencia acumulados deberían haber derivado en un mundo satisfecho, platónico, utópico al estilo de Tomás Moro, una tierra sin mal, sin hambre, sin violencia egoísta, de bienestar y gozo colectivos. Pero no, el 2018 en el mundo y en esta parte del mundo, sigue sembrado de brutales contradicciones, de obesos y famélicos en el cuerpo y en los bolsillos, de ciudadanos de carne y hueso y ciudadanos de papel, de terratenientes y desterrados, de viajeros y náufragos como diría Galeano.

Porque la economía mundial está organizada para el progreso de algunos y el sometimiento de otros, el bienestar de los primeros a costa del sacrificio de los otros. Al igual que la economía paraguaya, enmarcada en la lógica de hierro de la acumulación capitalista, y su contracara, la desacumulación de humanidad. Y aquí volvemos al principio: en Paraguay el potencial productivo de la naturaleza, en particular de la tierra, está apropiado, acaparado y dirigido fundamentalmente a la producción de dinero, por medio de la producción de mercancías, hoy día llamadas commodities. Y lo que más dinero produce en este tiempo en el sector agropecuario de nuestro país son la soja transgénica, seguida de la carne vacuna. Las exportaciones de la primera durante el 2017 alcanzaron un valor de 3.345 millones de dólares, mientras que de la segunda, 1.214 millones[3]. Mucho dinero, tanto que ambos sectores en 4 años generan divisas equivalentes al costo sobrefacturado que alcanzó la Itaipú binacional, de 20.000 millones de dólares, obra de dejó, dicho sea de paso, un tendal de desplazados rurales y unos pocos nuevos ricos, los barones, los artífices de aquella gran estafa al país.

Volviendo a lo nuestro, ¿por qué el grano de soja genera tanto dinero y tantos conflictos en el Paraguay? Veamos tres de los principales elementos determinantes:

La propiedad concentrada de la tierra: los cultivos de soja ocupan unos 3,5 millones de hectáreas, cerca del 65 % del total de cultivos en el país; la ganadería extensiva acapara más de 17 millones de hectáreas. Las tierras campesinas no llegan a 2 millones de hectáreas, así como las de comunidades indígenas, siendo estas poblaciones muchísimo más numerosas. Esta estructura latifundista de tenencia de la tierra, ha sido reconocida por el propio Banco Mundial, que afirma que “El actual modelo de desarrollo rural ha alimentado la concentración de la tierra, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de des­igualdad de tierras en el mundo con un coeficiente de GINI de 0,93”[4]. La tierra en Paraguay, apropiada históricamente la mayoría de las veces en procesos ilegales y fraudulentos, está destinada a la producción de dinero, por medio de la soja y la carne, para el enriquecimiento de una casta de terratenientes, sojeros, ganaderos, agroexportadores, bancos y proveedores de insumos y maquinarias industriales.

Los bajos impuestos: Paraguay es de lejos el país con la menor presión tributaria de la región, en torno al 10 % del PIB, lejos de Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, todos por encima del 30 %. Además de ser bajas las tasas de los impuestos, la distribución interna en el país es particularmente beneficiosa para el sector agropecuario, en base a los siguientes elementos: los impuestos a las rentas, el IRAGRO para los productores agropecuarios, y el IRACIS para las empresas industriales y comerciales, suman a sus bajas tasas una altísima evasión, en complicidad con las autoridades tributarias; el IVA Agropecuario es pagado en el mercado interno por los consumidores, y cuando de exportaciones al exterior se trata, es devuelto mayormente por el fisco a las agroexportadoras (desde enero a setiembre de 2018, la devolución del IVA alcanzó unos US$ 129 millones[5]); el anteriormente mencionado impuesto a la exportación directamente no existe; el impuesto inmobiliario aplicado a la propiedad rural es escandalosamente bajo, pues se cobra sobre un valor fiscal fijado por Hacienda, que dista enormemente del precio de mercado de las tierras, como, por ejemplo, en la zona de Alto Paraná, donde el valor promedio de mercado de una hectárea es de US$ 14.100, mientras que el valor fiscal oscila, según el distrito, entre US$ 316 y 196[6]. Dado que la tasa del impuesto inmobiliario es del 1 %, el impuesto por hectárea pagado fluctúa entre 3,1 y 1,9 dólares al año, unos 15.000 Gs, situación que se repite en todos los departamentos. Por todo esto, uno pensaría que estos impuestos fueron diseñados directamente por el sector empresarial agropecuario, y no se equivocaría.

La destrucción ambiental: el “éxito” sojero y ganadero se sostiene sobre una base perversa, el traslado de gran parte de sus costos a la sociedad en su conjunto, a las generaciones actuales así como a las futuras. La acelerada expansión de ambos rubros viene acabando con los bosques de la región Oriental y más recientemente, del Chaco, donde el país se destaca por tener la mayor tasa de deforestación del mundo (en promedio unas 1.000 hectáreas por día[7] durante el 2017), ignorando diariamente las leyes ambientales y el sentido común de supervivencia. La contaminación de tierras, aguas y seres vivos por el uso intensivo y extensivo de agrotóxicos, parece un siniestro plan de exterminio socioambiental: solo en el 2017, se importaron 50 millones de kilos de estos biocidas (32 millones de kilos de herbicidas, 10 millones de fungicidas y casi 8 millones de insecticidas)[8]. Aunque parte de estos productos se triangula hacia otros países, una gran parte se vierte anualmente sobre el territorio nacional, particularmente sobre las 3,5 millones de hectáreas de la patria sojera. Comunidades rurales enteras han tenido que desarraigarse y migrar por el daño ambiental ocasionado a los bosques, suelos y los indispensables cursos de agua. El éxito de unos se sustenta en la superpoblación inhumana de bañados, asentamientos improvisados, de los márgenes sofocantes de la sociedad.

En resumen, el exitoso modelo agroexportador se sustenta en una enorme concentración de tierras, amplios privilegios tributarios y dantescos costos ambientales trasladados al resto de la sociedad. La contracara del abundante dinero que ingresa por sus exportaciones son la eliminación de empleos y condiciones de vida, la caída de la producción de alimentos tradicionales, el raquítico presupuesto social del Estado paraguayo, además de la hipoteca ambiental a ser pagada, con dolor y lágrimas, por los hijos e hijas de esta irresponsable generación.

Los pueblos indígenas, el campesinado y la sociedad paraguaya, que sobrevivieron a la colonización, a las guerras externas e internas, a las dictaduras militares, a gobernantes corruptos de toda laya, padecen y parecen sucumbir inexorablemente frente a la sojización de la economía, la política y la cultura actual. Un impuesto o una ley no cambiará esto. Solo un pueblo consiente y organizado en la construcción de otra sociedad, puede cambiar el rumbo del Titanic agroexportador.

 

[1] Artículo elaborado para la Plataforma Jaha Japolí.

[2] Investigador del Centro de Estudios Heñói y miembro de la SEPPY.

[3] Heñói, Serie Agronegocios en Paraguay, 2018.

[4] Banco Mundial, Paraguay. Notas de política 2018.

[5] https://www.ultimahora.com/devolucion-del-iva-agroexportadores-crecio-aceleradamente-cinco-anos-n2773514.html

[6] Servicio Nacional de Catastro, Informe – Precios rurales de referencia a diciembre 2017. En www.catastro.gov.py/

[7] http://guyra.org.py/informe-deforestacion-2017/

[8] Heñói, Serie Agronegocios en Paraguay, 2018.

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