LUCHAR PARA COMER

LUCHAR PARA COMER

Por Heñói

  1. Introducción

En el mundo, al menos 3.900 millones de personas padecen hambre o mala nutrición. En Paraguay, según FAO[1], son más de 840 mil quienes padecen hambre[2], y cerca de 2 millones quienes están en riesgo en cuanto a seguridad alimentaria. ¿Cómo es esto posible si los agronegocios crecen en superficie cada año, produciendo “alimentos” para millones de personas?

En el último decenio (2009-2018) la población del Paraguay creció 14%. Sin embargo las estadísticas oficiales dicen que la importación de alimentos básicos de la dieta de esta población creció mucho más: 57% las hortalizas, 85% las legumbres, 222% los frutos frescos, considerando solamente las cifras oficiales, ya que “importamos” legal e ilegalmente, más de la mitad de los vegetales que consumimos. Claramente esto no sucede porque comamos cada vez más, sino por la decreciente producción de alimentos en el país.

La conclusión más evidente de las cifras aquí expuestas es que nuestro país padece una creciente dependencia alimentaria externa. No tenemos ninguna garantía sobre la inocuidad de estos alimentos; basta dar una ojeada a las noticias de los países vecinos, de donde proviene nuestra comida, para constatar el riesgo al que nos exponemos; un ejemplo es el hecho de que “más de la mitad de la verdura que llega al Mercado Central (de Buenos Aires) queda descartada por exceso de agrotóxicos”[3]. Esto se conoce gracias a que el mercado central de esa provincia cuenta con laboratorios que analizan las partidas que ingresan; ninguna institución en Paraguay, pública ni privada, monitorea la calidad y la inocuidad de lo que nos venden.

  1. Podíamos. ¿Y ahora no podemos?

Paraguay es un país de extraordinaria fertilidad. Su población practica desde siempre una agricultura diversificada, integrada con la cría de animales, sostenible y productiva, de alta calidad y en gran cantidad: históricamente el país ha ejercido soberanía alimentaria.

La organización rural tradicional de las familias y las comunidades permitió una distribución horizontal del poder en la sociedad, incluyendo a las mujeres. Éstas criaban hijos en su chacra, con sus semillas. Sobrevivientes de la hecatombe de la “Guerra Grande”, y ante la falta de mano de obra masculina, llevaron la pesada carga de la reconstrucción nacional desde el kokue, garantizando a sus familias, y a los habitantes urbanos, una dieta completa y saludable. Ese modelo productivo ha sobrevivido hasta hoy, con mucho en contra, completamente alejado de políticas públicas, burócratas y gobiernos de turno. Existen comunidades campesinas prósperas en el país: en los asentamientos Crescencio González, Arsenio Vázquez, en Colonia Barbero, y en tantos otros, no solo es posible hallar especies y variedades de cultivos en franca desaparición; es posible además constatar la sobrevivencia de prácticas de producción y de vida en las que rigen los principios de solidaridad y cooperación; comunidades productivas que remedan las Estancias de la Patria, señales de un pasado de autonomía y soberanía.

El discurso oficial los tilda de “¡desadaptados!”, ya que no adoptan la tecnificación agrícola; no quieren usar el último grito de la moda en cuanto a semillas con modificación genética, y se resisten a las fumigaciones. Compiten, con sus sencillas herramientas (pala, azada, machete), y su conocimiento empírico, contra mega empresas, doctores en ingeniería agronómica, civiles armados, latifundios y maquinarias. Lo que producen, “apenas” alimentos, es la verdadera competencia de grandes empresas transnacionales que fabrican comida ultraprocesada, ofrecida a los gritos en supermercados, canales televisivos y carteles en la vía pública.

  1. La situación actual de dependencia

La dependencia alimentaria se profundizó en la última década del SXX, junto con la expansión desaforada de los monocultivos transgénicos, en especial la soja. La oligarquía que se inauguró con la “democracia” en 1989, ha recibido el mandato imperial de imposibilitar la vigencia del estado de derecho, para negar identidad y derechos a la población nacional. Si el capital transnacional manda que un territorio se destine a la producción no sostenible de mercancías o materias primas, y ese mandato establece las reglas de un determinado orden geopolítico, las personas somos prescindibles. De la dictadura a la “dictablanda”, han aplicado una sostenida campaña de exterminio del campesinado paraguayo.

Así, hoy presenciamos que la competencia de modelos planteada más arriba, muestra por un lado a un modelo dominante, el de los agronegocios, que extrae recursos de nuestra sociedad: suelo, agua, salud, arraigo, esperanza. A partir de nuestros bienes, ofrece materia prima innecesaria[4] y obtiene a cambio dinero.

Por otro lado, el modelo soberano, el de la agricultura campesina, cuyo valor real en la economía alcanza cerca del 50% del PIB, es un sistema que ofrece alimentos a la gente por unos 20.000 millones de dólares, que es lo que le cuesta al pueblo alimentarse cada año. Este modelo ofrece además salud, poder, autonomía, soberanía, fuerza, y recibe a cambio futuro y próximas generaciones. Este modelo no extrae, sino que entrega equidad e identidad. Los campesinos y las campesinas tienen, además, el conocimiento, la determinación y la organización social necesarios para enfrentar el cambio climático.

  1. Contra el hambre, la lucha

La actual situación de dependencia alimentaria sucede en un contexto regional de avance neoliberal, crisis ambiental, pérdida de derechos de trabajadores, amenazas de militarización. Las reformas legislativas, los privilegios tributarios, la entrega de soberanía por la vía de tratados de libre comercio, la corrupción e impunidad en el reparto de tierras, las rémoras autoritarias son señales de la determinación del “gran capital” de adelantarse en el plan de control territorial y de la fuerza social. Estas amenazas ensombrecen la perspectiva de recuperación de una soberanía alimentaria. Por el contrario, muestran un horizonte en el que las hambrunas serán inminentes.

Desde nuestra perspectiva, son muchas las áreas en las que se hace necesario al pueblo paraguayo resistir y luchar por transformaciones. Algunas de ellas son:

Derecho a la tierra. La derogación del “Protocolo de Acción Conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno” fue decidida en una reunión en la que participaron ministros y los representantes de los gremios autodenominados “de la producción”[5]. El instrumento, vigente desde el 2011, exigía el cumplimiento de una visita previa, de una planificación interinstitucional para garantizar vigencia de derechos, y que el fiscal acompañe el procedimiento policial del desalojo. El sector que detenta y pretende ampliar latifundios, se vale de un Estado a su servicio para descartar estas medidas precautorias. El gobierno hizo explícita la inminencia de 800 desalojos “que requieren pronta solución”[6], lo que pone en un horizonte cercano alta conflictividad social, ya que las organizaciones campesinas anunciaron que van a resistir. La designación de Mario Vega, líder sojero[7], al frente del INDERT, aporta una señal más de la orientación que está tomando la gestión de la tierra, a favor del latifundio. La historia del Paraguay muestra la ya larga experiencia de las comunidades campesinas para resistir en territorio a partir de la organización; enfrentan la invasión brasileña y uruguaya, resisten ante la especulación inmobiliaria y las mafias que gestionan títulos de propiedad; enfrentan balas y procesos judiciales; y cargando la memoria viva de los mártires de la lucha por la tierra, siguen resistiendo.

Derecho a las semillas. Los agronegocios dependen del mercado comercial de semillas cuyo valor asciende a 41 mil millones de dólares en el mundo[8]; Monsanto, DuPont y Syngenta, controlan el 55% de este mercado. En nuestro país, en 2018 se importaron semillas por casi 65 millones de dólares. Prácticamente no producimos semillas hortícolas. Monsanto Paraguay SA (hoy propiedad de Bayer SA) concentra más del 32% del volumen importado legalmente. En cuanto a semillas hortícolas, la empresa Rural Makro Import Export SA (de capital brasileño) se queda con más del 42% de la renta de esas importaciones[9].

De esta manera, la agricultura empresarial, concentrada en las pocas corporaciones citadas más arriba, eliminó  la competencia ejercida por la agricultura campesina y se aseguró de someter a la dependencia de sus productos tanto a los productores como a los consumidores de alimentos de casi todo el mundo.

Especialmente importante se hace rechazar cualquier intento de modificación de Ley de Semillas, en especial la adopción de UPOV 91. Si este cambio se da, las semillas del acervo tradicional de la agricultura paraguaya quedarán inmediatamente “ilegalizadas” como material de propagación agrícola.

Freno a los venenos, y derecho a alimentos inocuos. Los agronegocios usan cada vez más agrotóxicos, cada vez más potentes. Syngenta, BASF y Bayer controlan el 51% de las ventas globales, con valor de 63 mil millones de dólares[10]. En nuestro país el mercado formal de agrotóxicos en 2018 superó los 1.000 millones de dólares. Las cinco mayores importadoras, Tecnomyl, Glymax Paraguay,  Monsanto Paraguay, Matrisoja y Syngenta Paraguay controlan el 49,5% del ese negocio.

En las ciudades, la mortandad de peces registrada a mediados de este año alertaba a la población sobre el alto riesgo de contaminación de las aguas de las que nos abastecemos. Nuestros vecinos Brasil y Argentina tienen constatados altos niveles de contaminación del Paraná con agrotóxicos. El pueblo paraguayo necesita conquistar garantías acerca de los alimentos frescos y el agua que consumimos.

En el campo, el impacto del envenenamiento de los latifundios agrícolas viene siendo denunciado por organizaciones y comunidades desde hace por lo menos 2 décadas. En agosto pasado el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, condenó al Paraguay por no haber cumplido sus responsabilidades que hubieran evitado la muerte de Rubén Portillo Cáceres en la Colonia Yeruti, Canindeju. Parte de esa condena  ordena la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro[11]. Urge obligar al SENAVE y al MADES a cumplir con su tarea, y obligar el cumplimiento de normas ambientales y productivas que mitiguen el grave daño causado por el envenenamiento de nuestro territorio.

Resistencia identitaria para la resistencia ambiental. La velocidad de los cambios económicos y tecnológicos acentúa las desigualdades e impone  patrones de consumo que nada tienen que ver con la vida, la salud, la prosperidad. Parte de la victoria simbólica de los agronegocios está relacionada con que hemos naturalizado la idea de que comer rápido es moderno; de que cualquier tecnología es progreso; de que bosque es desorden y monocultivo es orden. Para los agronegocios, sus empresas y sus ejecutivos, modernidad y progreso tienen formato globalizado, que desprecia la diversidad cultural, por considerarla un obstáculo para la rápida instalación de mandatos de consumo. Las pérdidas culturales y ambientales son factores determinantes que favorecen la pérdida de autonomía.

Nuestro país, en aquellas comunidades campesinas e indígenas que siguen produciendo alimentos, mantiene prácticas gastronómicas, de tradición oral, educativas, de cuidado, opuestas al individualismo capitalista, competitivo y egoísta. Conservamos la minga y el jopoi, prácticas sociales colectivas de reciprocidad. Conservamos el guaraní. Conservamos un vasto y profundo conocimiento botánico que es la base de nuestro sistema de salud popular. Y a partir de la fortaleza de sabernos nosotros, podremos conservar mejor nuestros ecosistemas, como lo hacen quienes aún resisten en territorio.

Derecho a una democracia. Paraguay se ha comprometido, junto a todos los Estados miembro de las Naciones Unidas, a alcanzar en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. El ODS 2 es poner fin al hambre; nuestros gobiernos deberían hacer esfuerzos para alcanzar ese compromiso. Sin embargo:

En el legislativo: En julio pasado el diputado colorado Raúl Latorre presentó un proyecto de Ley con el nombre “Pan para todos”. La ley planteaba que los locales gastronómicos y los supermercados depositen en un lugar los alimentos que pensaban llevar a la basura, bajo amenaza de ser multados. En marzo y mayo las cámaras de Senadores y Diputados aceptaron el veto de Mario Abdo a la Ley «marco de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación».

En el ejecutivo: MADES afirmó que en los peces muertos no habían encontrado agrotóxicos; más tarde aclaró que tampoco habían hecho análisis para buscarlos. El MAG ya sabemos, en manos de Rodolfo Friedman.

El poder judicial completamente al servicio del agronegocio y los latifundistas. A este paso, el agotamiento de la base generadora de recursos, base de la producción de alimentos del país, está asegurado. La cantidad y calidad de los suelos es el factor principalmente afectado por el modelo de explotación vigente. Este modelo es necesario para la implementación del esquema de dominación hegemónica, que prioritariamente apunta a sumir a la población en una prisión consumista, viviendo del salario de hierro proveído por los pocos “dominadores” del capital disponible en el sistema económico, y garantizándose así el control de la gran masa poblacional y su fuerza laboral.

Al pueblo le queda luchar para seguir comiendo, seguir produciendo, seguir viviendo. Y para conquistar nuevamente nuestra soberanía alimentaria, base de una democracia real.

[1] FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2018. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. FAO, Roma.

[2] Prevalencia de subalimentación en la población total: 11,2%. Misma fuente.

[3] https://www.infobae.com/tendencias/ecologia-y-medio-ambiente/2019/02/11/mas-de-la-mitad-de-la-verdura-que-llega-al-mercado-central-queda-descartada-por-exceso-de-agrotoxicos-detectado-en-sus-laboratorios/

[4] El 44% de las calorías que produce la cadena agroindustrial se pierden en la producción de carne (Aunque la mitad de todas las calorías cosechadas por la cadena se convierten en forrajes para el ganado, sólo 12% llegan a la gente en la forma de carne y lácteos). Otro 9% de las calorías de los cultivos industriales se usan en la producción de agrocombustibles o productos no alimentarios. Al menos 15% de las calorías cosechadas por la cadena agroindustrial se pierden en el transporte, el almacenamiento y el procesamiento. Aproximadamente 8% de las calorías de la cadena terminan en los botes de basura. Fuente: ¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? 3º Edición, 2017. ETC Group. Disponible en: https://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara

[5] https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/2019/09/23/eliminan-protocolo-desalojos-seran-inmediatos/

[6] https://www.ultimahora.com/dejan-efecto-protocolo-aplicado-caso-invasion-propiedad-privada-n2844791.html

[7] Es dirigente de la Coordinadora Agrícola del Alto Paraná – CAP, miembro de la Unión de Gremios de la Producción UGP.

[8] ¿Quién nos alimentará? ETC Group

[9] Tu vida pende de un grano. Heñói. Disponible en https://henoi.org.py/2019/07/19/tu-vida-pende-de-un-grano/

[10] ¿Quién nos alimentará? ETC Group

[11] Dictamen aprobado por el Comité al tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2751/2016*,**. Comité de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Imagen de portada: Susana Balbuena – Japolí

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